“G. T. C. c/ R. L. B. y otros - ordinario” - TSJ DE CÓRDOBA - 17/03/2009

 

SUMARIO

1. Para la admisibilidad del recurso extraordinario se exige que se haya debatido en el pleito una cuestión federal (Fallos: 101:70; 148:62; 306:1740; 307:129). La cuestión federal como requisito propio del recurso extraordinario federal se encuentra contemplada en el artículo 14 incisos 1, 2 y 3 de la ley 48. (…) En ese orden, la impugnación resulta improcedente ya que en la resolución impugnada no existió discusión en torno a la interpretación de norma alguna comprendida en el plexo normativo comprensivo del llamado derecho federal, toda vez que este Alto Cuerpo en dicha resolución se limitó a efectuar el análisis de normas de derecho común. En efecto, tal como lo ha expresado reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación la determinación de la tasa de interés a aplicar como consecuencia del régimen de la ley de convertibilidad 23.928 no constituye cuestión federal susceptible de habilitar la instancia extraordinaria, sino que queda ubicada en el espacio de la razonable discreción de los jueces de la causa que interpretan dicho ordenamiento. En consecuencia, al no estar en discusión la inteligencia de una norma integrante del llamado “derecho federal” no se ha configurado el requisito de cuestión federal contenido en el inciso 3 del artículo 14 de la ley 48.-

 

2. La doctrina jurisprudencial elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de sentencias arbitrarias ha establecido reiteradamente que ella no tiene por objeto la corrección en tercera instancia de decisiones que a criterio de los recurrentes se estimen equivocadas (Fallos 245:327), sino que, por el contrario, está dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de las calidades mínimas para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial (…). La tacha de arbitrariedad, en consecuencia, cabe sólo frente a desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a consecuencia de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (…), esto es, atiende a aquellos casos excepcionales en que, deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impiden considerar al pronunciamiento de los Jueces ordinarios como la sentencia fundada en ley a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos 311:786).-

 

3. Resulta inadmisible el recurso extraordinario si los argumentos desarrollados en el decisorio que se impugna no son rebatidos en términos que satisfagan el requisito de “fundamentación autónoma” a que se refiere el artículo 15 de la Ley 48. No configura una correcta fundamentación del recurso extraordinario, el aserto de determinada solución jurídica en tanto no esté razonada, constituya agravio concretamente referido a las circunstancias del juicio y contemple los términos del fallo en recurso, del cual deben rebatirse, mediante una prolija crítica, todos y cada uno de los argumentos en que se apoya y dan lugar a agravios (…)

 

FALLO EXTENSO

AUTO NÚMERO: CUATRO.//-

Córdoba, DIECISIETE de MARZO de dos mil nueve.-

Y VISTOS:-

Estos autos caratulados: “G. T. C. C/ R. L. B. Y OTROS - ORDINARIO” (Expte. Letra “G” N° 01, iniciado el veinte de febrero de dos mil dos)), en los que:-

1. A fs. 1669/1673 C. G. T. interpone recurso extraordinario de apelación federal (art. 14, ley 48) en contra del Auto Número Cuarenta y dos de fecha catorce de agosto de dos mil seis, por el que se resolvió: “1. Rechazar la impugnación formulada a fs. 1652/1654 de autos por C. E. G. T. y R. O. y en consecuencia, mantener la tasa de interés de la Sentencia Número Cinco de fecha veinticinco de marzo de dos mil tres … ” (fs. 1660/1664vta.).-

Luego de realizar un breve relato de los antecedentes de la causa y del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad desarrolla las siguientes causales de arbitrariedad: -

Primera Causal: La sentencia es “arbitraria” por sustentarse en afirmaciones dogmáticas que sólo constituyen un fundamento aparente.-

Aduce que la tasa de interés aplicada tiene efectivamente la finalidad de reajustar el capital.-

Deduce que si se parte de esa premisa se debe considerar si efectivamente se ha constatado una disminución del capital y que no surge de las constancias de autos tal circunstancia. Alega que ello es suficiente para declarar la nulidad de la resolución.-

Segunda Causal: La sentencia es “arbitraria” al prescindir del texto legal sin una razón plausible.-

Expresa que la misma resolución reconoce la vigencia de la ley 23928 que prohíbe los sistemas de reparación de capital utilizando la tasa de interés como vehículo de dicho propósito y que a pesar de ello, impone la tasa de interés con ese fin.-

Acusa que la citada norma mantiene su vigencia y es aplicable al caso de autos, como a todos los créditos, de manera que no () es posible prescindir de su texto, y mucho menos reconociendo expresamente su vigencia.-

Expresa que el fallo en el que un tribunal se autoatribuye una potestad propia del poder legislativo resolviendo con prescindencia de esa decisión de profundo contenido político, incurre en la causal de “arbitrariedad”.-

 

2. Mediante decreto de fecha veintisiete de octubre de dos mil seis (fs. 1685), se corrió traslado a la contraria quien contestó a fs. 1690/1694 de autos.-

 

3. A fs. 1696, se dicta el decreto de autos, el que firme deja la causa en estado de ser resuelta.-

Y CONSIDERANDO:-

I. El recurso extraordinario federal ha sido interpuesto oportunamente y por quien tiene capacidad para recurrir (arts. 257 y cc. del C.P.C. y C. de la Nación). Por ello, corresponde analizar si la impugnación deducida cumplimenta los demás recaudos formales necesarios para su concesión.-

 

II. INEXISTENCIA DE CUESTIÓN FEDERAL-

1. Para la admisibilidad del recurso extraordinario se exige que se haya debatido en el pleito una cuestión federal (Fallos: 101:70;; 148:62; 306:1740; 307:129).-

La cuestión federal como requisito propio del recurso extraordinario federal se encuentra contemplada en el artículo 14 incisos 1, 2 y 3 de la ley 48.-

En ese orden, la impugnación resulta improcedente ya que en la resolución impugnada no existió discusión en torno a la interpretación de norma alguna comprendida en el plexo normativo comprensivo del llamado derecho federal, toda vez que este Alto Cuerpo en dicha resolución se limitó a efectuar el análisis de normas de derecho común. –

En efecto, tal como lo ha expresado reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación la determinación de la tasa de interés a aplicar como consecuencia del régimen de la ley de convertibilidad 23.928 no constituye cuestión federal susceptible de habilitar la instancia extraordinaria, sino que queda ubicada en el espacio de la razonable discreción de los jueces de la causa que interpretan dicho ordenamiento (Fallos T. 329, P. 6076 T. 329, P. 5467 T. 323, P. 2122 T. 325, P. 2652 T. 318, P. 1214, 318, P. 904).-

En consecuencia, al no estar en discusión la inteligencia de una norma integrante del llamado “derecho federal” no se ha configurado el requisito de cuestión federal contenido en el inciso 3 del artículo 14 de la ley 48.-

 

III. INEXISTENCIA DE SENTENCIA ARBITRARIA. FALTA DE FUNDAMENTACIÓN AUTÓNOMA-

La doctrina jurisprudencial elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de sentencias arbitrarias ha establecido reiteradamente que ella no tiene por objeto la corrección en tercera instancia de decisiones que a criterio de los recurrentes se estimen equivocadas (Fallos 245:327), sino que, por el contrario, está dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de las calidades mínimas para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial (Fallos 237:74).-

Su finalidad es resguardar las garantías de defensa en juicio y debido proceso, exigiendo que los pronunciamientos de los Jueces sean fundados y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos 261:209; 274:135; 279:355; 284:119; 297:100).-

La tacha de arbitrariedad, en consecuencia, cabe sólo frente a desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a consecuencia de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (Fallos 311:1950; 315:449; 323:3139), esto es, atiende a aquellos casos excepcionales en que, deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impiden considerar al pronunciamiento de los Jueces ordinarios como la sentencia fundada en ley a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos 311:786).-

2. Que el cumplimiento de los requisitos propios de la impugnación federal, condicionante para el ejercicio de la competencia extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debe ser observado aún cuando la recurrente procure descalificar el decisorio de autos con fundamento en la pretoriana causal de arbitrariedad.-

Ello, por cuanto el recurso de que se trata, por su fin y naturaleza, traducidos en su nombre, es un remedio excepcional, cuya aplicación debe hacerse tratando de no desnaturalizar su función, so riesgo de convertirlo en una nueva instancia ordinaria de todos los pleitos que se tramitan ante los Tribunales del país (Fallos 245:327; 247:713).-

3. Que, en ese orden, es menester destacar que resulta inadmisible el recurso extraordinario si los argumentos desarrollados en el decisorio que se impugna no son rebatidos en términos que satisfagan el requisito de “fundamentación autónoma” a que se refiere el artículo 15 de la Ley 48.-

No configura una correcta fundamentación del recurso extraordinario, el aserto de determinada solución jurídica en tanto no esté razonada, constituya agravio concretamente referido a las circunstancias del juicio y contemple los términos del fallo en recurso, del cual deben rebatirse, mediante una prolija crítica, todos y cada uno de los argumentos en que se apoya y dan lugar a agravios (Fallos 308:761, 2263 y 2421; 310:722;; 311:499 y 2619).-

4. En el sub lite, la presentación del recurrente denota la ausencia de la debida fundamentación, puesto que no rebate mediante una crítica vinculada, los argumentos dados en la resolución por este Tribunal Superior de Justicia. –

En efecto, en dicha resolución se ratificó la doctrina constante del Tribunal Superior de Justicia en el sentido que “Ese ordenamiento “Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario” (B.O. 7/1/2002), deroga el art. 1°, Ley 23.928 y faculta al Poder Ejecutivo a establecer el sistema que determinará la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras (art. 2 ib). Sin embargo, no modifica el art. 7°, Ley 23.928 que prohíbe “actualizar monetariamente, aplicar indexación por precios, variación de costos ó repotenciación de deudas cualquiera fuere su causa”. Sin embargo, el propio decreto que reglamenta esa ley (N° 214/02) admite el menor poder cancelatorio de la moneda de curso legal frente a la Divisa que antes fue su marco de conversión. Ello porque prevé un coeficiente de estabilización en los supuestos que allí se establecen. “Frente a lo expuesto y congruentes con la postura asumida inveteradamente por este Cuerpo, es menester conseguir esa recomposición por vía indirecta. Esta decisión importa “mantener la estricta igualdad de la prestación debida conforme las circunstancias del caso” (C.S.J.N. “Vieytes de Fernández -Suc.-v. Provincia de Bs. As”, Fallos 295:973). Además, no desatiende que la generalizada crisis actual afecta la capacidad de pago de los deudores y que la incertidumbre económica, agravada por profusas medidas legislativas en materia monetaria intentando atender las cambiantes condiciones del mercado financiero, perjudican el acceso al crédito. “Todos estos aspectos nos deciden a establecer un criterio que prudentemente alcance el objetivo enunciado siguiendo los lineamientos fijados por la Corte Federal a partir de la vigencia de la Ley de Convertibilidad (”Yacimientos Petrolíferos Fiscales v. Provincia de Corrientes y otro”, Fallos 315 (1):158) y en la facultad de libre determinación que luego reconoce a los Tribunales inferiores respecto de la tasa moratoria legal (Bco. Sudameris c/ Belcam S.A. y otro”, Fallos 317:505)”.-

En este marco se concluyó que: “en la especie, el producto de dichos índices arroja una suma de dinero cuyo valor es conteste a la necesidad de restaurar de modo efectivo la pérdida del poder adquisitivo de nuestro signo monetario, sufrida por quien pagó oportunamente, en virtud de una sentencia que quedó sin efecto por una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y cuyo reintegro se dilata” (fs. 1663).-

De este modo, la argumentación dada por este Alto Cuerpo revela la existencia de fundamento normativo y el seguimiento de un razonamiento lógico a los fines de justificar la aplicación de la norma en cuestión, lo que vislumbra la inexistencia de arbitrariedad en la resolución objeto de recurso.-

 

IV. En consecuencia, las deficiencias señaladas precedentemente justifican una decisión adversa a la apertura de la instancia federal.-

 

V. Costas.-

En cuanto a las costas, éstas deben ser soportadas por el vencido, en mérito de lo cual corresponde regular los honorarios del Dr. G. A. V.. Por ello, teniendo en cuenta que el marco legal (arts. 90 y 91 Ley 8226, de aplicación en virtud del art. 125 de la Ley 9459) establece un mínimo de cuarenta jus así como las reglas de evaluación cualitativa establecidas en el art. 36 de dicho plexo legal, es justo y equitativo fijarlos en la suma de cincuenta jus.-

Por ello, habiendo dictaminado la Fiscalía General de la Provincia,-

 

SE RESUELVE:-

I. No conceder por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el recurso extraordinario interpuesto, con costas al vencido.-

II. Regular los honorarios profesionales del Dr. G. A. V. en la suma de cincuenta jus. –

Protocolícese, hágase saber y dese copia.//-