La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto ayer el acuerdo preventivo (APE) celebrado por Sociedad Comercial del Plata (SCP) con sus acreedores, en lo que fue el default corporativo más grande de la Argentina.

El concurso de acreedores se inició el 9 de setiembre de 2000 e involucró un pasivo de u$s 1.200 millones. El mismo fue homologado en 2004 y en el APE la compañía logró una quita de casi 80% en su deuda.

Los activos de SCP hoy son el 50% de Trilenium, Casino del Tigre, donde el otro 50% lo tiene Boldt. Soldati también es propietario del Tren de la Costa.

La homologación del APE había sido otorgada por el Juzgado de Primera Instancia 15, posteriormente ratificada en junio de 2005 por la Sala D de la Cámara Comercial. El Banco Provincia y la Fiscal General ante la Cámara Comercial se presentaron en queja ante la Corte contra la sentencia de segunda instancia que homologó el APE presentado por SCP y que autorizó la venta del 81% del paquete accionario de esa empresa en Compañía General de Combustibles.

La Fiscal imputó a la Cámara “la falta de consideración de las irregularidades relativas a la asistencia de los bonistas y a su registro, que quedó en manos de SCP, sin control del juzgado”.

Sobre la venta de CGC, la fiscal consideró que hubo una “verdadera licuación del paquete accionario de SCP”.

El Banco Provincia denunció, por su parte, que lo resuelto en el APE se traduce en la afectación confiscatoria de su derecho de propiedad, ya que su acreencia habría quedado reducida al 0,66% de su valor.

La Cámara había defendido su sentencia invocando la aceptación del APE por una “importante mayoría de capital y por una suficiente mayoría de personas” y había sostenido que permitir la capitalización de CGC parecía el único camino ante la imposibilidad de la empresa de conseguir financiamiento externo.

A su turno, la Corte consideró que la mayoría indicada por la Cámara es cuestionable, porque fueron verificados créditos de tenedores de Obligaciones Negociables en un total de u$s 30 millones, cuando en realidad la suma total asciende a u$s 258 millones. “La cámara supuso que casi el 90% del total del capital verificado por los bonistas había adherido a la propuesta cuando sólo lo había hecho menos del 11%”, puntualizó.

“El proceso concursal no puede convertirse en una carrera de obstáculos para quienes deben concurrir a fin de ejercer sus derechos, en la que se introducen imprevistamente exigencias” que no han tenido la “publicidad” apropiada, dijo la Corte, y añadió que la forma en que se llevó a término del APE implicó “una lesión de la defensa en juicio y al debido proceso”.

“Existe una duda razonable sobre la transparencia de la información y sobre los obstáculos que encontraron los acreedores para expresar su voluntad”, sostuvo la Corte, y agregó que “no cabe duda de que el abuso del derecho es también aplicable”.

“De esta manera, está claro que al procedimiento seguido para la aprobación de la propuesta han operado una serie de factores que confluyeron en la limitación de las facultades de los acreedores y que, como resultado de ello, la propuesta que debieron aceptar afecta de un modo sustancial el derecho de crédito”, continuó.

Con estos fundamentos, la Corte deja sin efecto el APE de SCP y devuelve la causa a la Cámara para que se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a las precisiones del fallo. La mayoría de la Corte para dejar sin efecto el APE de SCP se reunió con un voto conjunto de Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Eugenio Zaffaroni, más un voto concurrente de Elena Highton de Nolasco. Votaron en disidencia Juan Carlos Maqueda, Enrique Petracchi y Carmen Argibay.