Laboratorios San Justo SA s/quiebra

Buenos Aires, 28 de marzo de 2003

Y VISTOS:

Por los fundamentos y conclusiones del dictamen de fs. 943, que se dan por reproducidos por razones de brevedad, confírmase la resolución de fs. 917.

Devuélvase.

José L. Monti - Bindo B. Caviglione Fraga - Héctor M. Di Tella

Excma. Cámara:

1. En la resolución de fs. 917, el juez de primera instancia rechazó la petición formulada en fs. 897 por un profesional letrado -quien es titular de un crédito por honorarios que se encuentra verificado- para que el síndico lo incluya en el proyecto de distribución de fondos. Señaló el juez que el proyecto está aprobado y que en virtud de la regla del artículo 218 de la ley 24522 la decisión adoptada en ese sentido causa ejecutoria. Por tal motivo desestimó la pretensión del abogado.

Sin perjuicio de lo decidido, el juez expresó que al profesional le podría corresponder el derecho a cobrar su crédito contra la sindicatura, como consecuencia de la omisión en que incurrió el órgano sindical al no incluirlo en el proyecto de distribución de fondos.

2. Apeló el síndico y fundó su recurso en fs. 927/30.

3. El letrado que solicitó su inclusión en el proyecto contestó el traslado del memorial mediante el escrito de fs. 936/37, en el que postuló la confirmación de lo resuelto.

4. Considero que el recurso debe ser rechazado, porque en realidad no existe agravio actual para el apelante que justifique la consideración y resolución del recurso.

En efecto, que el acreedor cuya acreencia fue omitida entre los créditos participantes de la distribución pueda promover acciones contra el síndico en forma personal, es un extremo no depende de ninguna autorización o siquiera declaración del juez de primera instancia: se trata de un acto que se encuentra en el ámbito de sus potestades jurídicas (arg. artículos 505, 898 y concs. del CC) y que, en la eventualidad de ser contratado, dará al funcionario la oportunidad de ejercer su derecho de defensa. Así como el silencio del juez al respecto no impediría que el profesional promueva demanda, del mismo modo la expresión objetada por el síndico apelante no conducirá necesariamente al ejercicio de la acción.

Por lo demás, a mi criterio no puede interpretarse que la expresión del juez a quo implique un juicio sobre la procedencia de la hipotética demanda a entablarse, ya que sólo se menciona “el derecho que le pudiere corresponder al profesional”. El modo verbal empleado denota que se trata de un mero juicio de posibilidad que no importa juzgar sobre el fondo de la cuestión.

Por las razones expuestas, opino que debe desestimarse el recurso en examen.

En los términos que anteceden dejo contestada la vista conferida por VE en fs. 942.

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2002

Alejandra Gils Carbó