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Morichetti, Carlos Alberto s/quiebra s/concurso especial (promovido por Banco Supervielle Societé Generalé SA)

PARTE/S:

Morichetti, Carlos Alberto s/quiebra s/concurso especial (promovido por Banco Supervielle Societé Generalé SA)

TRIBUNAL:

Cám. Nac. Com.

SALA:

A

FECHA:

01/04/2008

  Buenos Aires, 1 de abril de 2008

Y VISTOS:

I.1) Apeló el acreedor hipotecario el pronunciamiento dictado en fojas 985/992 en cuanto fijó la reserva de gastos en los términos del artículo 244 de la ley de concursos y quiebras en el 25% del precio obtenido en la subasta, esto es, la suma de $ 125.000.

Los fundamentos fueron expuestos en fojas 1030/1031 y respondidos por la Sindicatura en fojas 1037.

2) El recurrente se quejó de la decisión adoptada en la anterior instancia con base en que el quántum fijado por la a quo resulta excesivo y desproporcionado. Explicó que la Sindicatura estimó el monto a reservar en la suma de $ 93.354,32 y que varios de los ítem contemplados por dicho funcionario fueron desestimados -gastos de publicación de edictos ($ 2.522) y tasa de justicia ($ 14.250) y que otros como el rubro “honorarios” ($ 70.000) no guardan relación con los estipendios efectivamente fijados en la resolución atacada ($ 20.000) considerando que los honorarios del letrado del síndico no deben ser incluidos en la reserva.

3) Señálase liminarmente que en caso de falencia del deudor, si bien la ejecución hipotecaria constituye un concurso especial, no deja de estar inserta en un procedimiento de ejecución colectiva, en el que los acreedores, sin distinción deben contribuir a los gastos del concurso. Ello significa que la contribución del acreedor hipotecario respecto de gastos de conservación, custodia, administración y realización del bien afectado al privilegio especial, así como su aporte para solventar los honorarios de los funcionarios del concurso responden a principios de derecho concursal que permiten mantener la igualdad de los acreedores y su obligación de contribuir en la ejecución colectiva al pago de los gastos que la misma genera en la medida que lo ha beneficiado.

En suma, la reserva para gastos y honorarios de los funcionarios del concurso prevista por el artículo 244, ley de concursos parte del supuesto de que, para hacer efectivo un privilegio, fueron menester erogaciones tendientes a la conservación del crédito y la adecuada defensa de la masa.

Recuérdase que el desapoderamiento inmediato que produce la quiebra, implica el cese de la administración por el fallido, de su patrimonio y, su reemplazo por el síndico. Con lo cual, las acreencias que se devenguen con motivo de los gastos que irroguen los bienes desapoderados a partir de ese momento están a cargo del concurso, toda vez que en definitiva constituyen una actividad útil a fin de administrar y conservar el patrimonio falencial, ahora administrado por el síndico bajo el control judicial, a fin de proceder a su liquidación, con miras a obtener el mayor resultado posible, extremo que en definitiva incide en beneficio del aquí apelante en la medida en que esas erogaciones se refieran al bien asiento de su privilegio (cfr. Cámara, Héctor: “El concurso preventivo y la quiebra” - Vol. III - pág. 2056 y ss.). De ahí el consiguiente deber de contribución que la ley impone sobre él pese a su privilegio, dada la comunidad de la masa concursal de naturaleza iuspublicística, se reitera.

En esta inteligencia, y en supuestos como el de la especie, deben reservarse los importes correspondientes, inclusive para honorarios de los funcionarios del concurso habidos exclusivamente sobre esos bienes pues estas regulaciones quedan sujetas generalmente a decisiones posteriores basadas en la discriminación de labores. Así las cosas, las reservas se hacen sobre fondos que corresponderían al acreedor hipotecario para retribuir gastos que han sido en su beneficio y que, de lo contrario, serían a cargo del concurso, con la eventual recuperación del saldo por parte del contribuyente, si así fuera menester.

(…)

5) Por todo ello, esta Sala

RESUELVE:

Recepcionar parcialmente el recurso incoado en fojas 999 y, por ende, modificar el pronunciamiento dictado en fojas 985/992 con los alcances indicados en el considerando 4.

II. Es criterio de esta Sala, en su actual composición, que los parámetros arancelarios para la fijación de los estipendios en procesos de esta índole -ejecución hipotecaria devenida en concurso especial- no deben ser los mismos para la parte del trámite de ejecución hipotecaria propiamente dicha que para el estadio procesal sobrevenido luego de la transformación en concurso especial.

Para la parte 1 del trámite precedentemente aludida y con particular referencia a los trabajos desarrollados en ella por los letrados de la ejecutante, los emolumentos deben ser fijados conforme a las pautas del artículo 40 de la ley arancelaria, contemplando las etapas efectivamente cumplidas y tomando como base regulatoria el monto del crédito materia de la ejecución o el resultante de la sentencia de trance y remate, si ésta hubiere llegado a dictarse (arts. 19 y 20, LA).

En cambio, para la etapa de concurso especial tanto en lo referente a los honorarios de los funcionarios concursales (síndico y letrados), como a los letrados actuantes por el acreedor hipotecario, los honorarios deben ser fijados de acuerdo a las reglas de los incidentes (arts. 287, LCQ y 33, LA) utilizando como base regulatoria -a diferencia del supuesto anterior- el monto resultante de la subasta.

a) Por lo supra expuesto y merituando la labor profesional desarrollada por su eficacia, extensión y calidad, y las etapas efectivamente cumplidas, se elevan a cuarenta y tres mil cuatrocientos pesos los honorarios fijados a fojas 991/2 a favor de los doctores Pablo A. Pirovano y Andrés Sanguinetti -en forma conjunta- aclarándose que de ese total la suma de pesos veintinueve mil cuatrocientos corresponde a los trabajos cumplidos en la ejecución hipotecaria propiamente dicha y la de pesos catorce mil a la etapa del concurso especial (arts. 6, 7, 9, 11, 19, 37 y 40, L. 21839, modificada por L. 24432).

b) En cuanto a la importancia, extensión y calidad de las tareas desempeñadas por los profesionales que actuaron en el concurso especial, se confirman en siete mil quinientos y en dos mil quinientos pesos los honorarios fijados a fojas 991/2, a favor del síndico Hugo O. D’Ubaldo, y de la doctora Patricia I. D’Albano Torres, respectivamente (arts. 287, LCQ, y 6, 7, 9, 11 y 33, L. 21839, modificada por L. 24432).

c) Por último, corresponde expedirse respecto de los agravios vertidos por la letrada patrocinante del síndico en fojas 1004, contra lo resuelto en fojas 991/992, en cuanto la señora jueza de grado resolvió que la forma de pago de sus emolumentos sería la prevista por el artículo 257 de la ley de concursos y quiebras.

El artículo 257 de la ley 24522 establece que el síndico puede requerir asesoramiento profesional cuando la materia excede de su competencia, y patrocinio letrado. En todos los casos los honorarios de los profesionales que contrate son a su exclusivo cargo.

Una interpretación exegética de la norma relacionada, nos indica que los honorarios han sido correctamente regulados al letrado del síndico.

En efecto, la norma eliminó la alternativa que permitía al juez incluirlos, o no, como gasto del concurso (art. 281 de la derogada L. 19551), lo que revela el criterio, subyacente en la norma vigente, de reconocer en el síndico, en general, legitimación para actuar en el proceso sin patrocinio de abogado, como lo revela además la preferencia por los contadores públicos que posean títulos universitarios de especialización en Sindicatura concursal [art. 253, inc. 1)]. La decisión por el síndico de adoptar tal asistencia halla fundamento en la conveniencia de que lo asesore quien, sin subrogarlo en su tarea y responsabilidad, le aporte conocimientos técnicos que no necesariamente ni en todo caso posee.

En consecuencia, y de conformidad con lo expuesto, se rechaza el recurso de apelación interpuesto en lo que a este aspecto se refiere.

III. Devuélvase a primera instancia encomendándose al señor juez a quo disponer las notificaciones pertinentes.

María E. Uzal - Isabel Míguez - Alfredo A. Kölliker Frers