Frigorífico Yaguané SA s/quiebra s/inc. de informes sobre la explotación de la empresa

PARTE/S:

Frigorífico Yaguané SA s/quiebra s/inc. de informes sobre la explotación de la empresa

TRIBUNAL:

Cám. Nac. Com.

SALA:

A

FECHA:

10/08/2006

 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2006

Y VISTOS:

1. Apeló la sindicatura subsidiariamente la resolución copiada a fs. 15, mantenida a fs. 22, en cuanto se consideró innecesario el nombramiento de una letrada por parte del Tribunal para actuar en las causas que la sindicatura deba intervenir y que se tramitan en extraña jurisdicción, entendiendo que resulta aplicable al caso lo establecido por el artículo 257 de la LC.

El recurso se encuentra fundado con la memoria de fs. 17/21, en los términos del artículo 248, CPCC, donde sostuvo que la necesidad del certificado ampliatorio de las atribuciones conferidas a la Dra. Capó para que represente a esta quiebra en los Tribunales de la Provincia de Buenos Aires, con las limitaciones que establece el artículo 182 de la LC y lo ya dispuesto en relación a los honorarios que le correspondan a cargo de esta quiebra, está dada por la existencia de numerosos juicios laborales y de accidentes de trabajo que tramitan ante los Tribunales Laborales del Departamento Judicial de La Matanza, y en la asistencia letrada obligatoria que establecen las leyes de procedimiento locales, tanto para el actor como para el demandado.

En fs. 32 se expidió la señora fiscal general ante esta Alzada, produciendo el dictamen que luce en la citada foja.

2. En primer lugar cabe señalar que con motivo de la sanción de la ley 26086, modificatoria de los artículos 21, 132 y 133 de la ley 24522, podría considerarse que la cuestión ha devenido abstracta en la medida en que se impone la intervención del síndico en todos los juicios que permanecen radicados en extraña jurisdicción.

No obstante ello, el tema a decidir en autos se relaciona con la necesidad de recurrir a un abogado de la matrícula para que actúe junto con el síndico, en aquellas causas que continúan su trámite fuera de la jurisdicción del Tribunal donde se encuentra radicado el juicio universal.

2.1. El actual régimen concursal prevé que el patrocinio letrado de la sindicatura se encuentra a su cargo (artículo 257, LC).

Sin embargo, es evidente que esta norma sólo se aplica cuando la posibilidad de esa contratación es meramente opcional o discrecional para el síndico, como acontece con todo lo referido a la tramitación del expediente principal y sus incidentes, mas no cuando -como ocurre en la especie- dicha actuación resulta forzosa por así exigirlo las normas procesales locales para la actuación en extraña jurisdicción.

En el “sub lite”, los procesos en que deba intervenir el síndico no tramitan ante esta jurisdicción donde se halla radicado el concurso, sino que se ventilan en una circunscripción distinta y se hace exigible la actuación de un profesional inscripto en la matrícula del lugar del juicio, por imperio de las normas locales vigentes. En este marco, sólo puede pretenderse del síndico, razonablemente, abarcar los trabajos “normales” o “habituales” de un concurso, mas no aquellos que exigen un despliegue profesional obligatorio o extraordinario en otra jurisdicción en procesos que no han sido atraídos al Juzgado del concurso.

Es por ello que, cuando se trata de juicios que requieren la actuación de un profesional, que además de reunir la condición de abogado debe hallarse matriculado en el departamento judicial de que se trate, condiciones estas que no pueden exigirse a un auxiliar judicial de esta jurisdicción por el solo hecho de desempeñarse como síndico, si además sólo reviste ordinariamente la condición de contador público. Resulta claro pues que, debe autorizarse la asistencia letrada de un profesional del derecho para atender este tipo de actuaciones, cuyos honorarios deberán estar a cargo del concurso en la medida en que sea necesaria o redunde en beneficio de la masa.

En mérito a las consideraciones expuestas, y aun cuando pudiere entenderse que la actual redacción de los artículos 21, 132 y 133 de la ley 24522 (modificada por la ley 26086) hubiera tornado abstracta la cuestión traída a conocimiento de la Sala, la pretensión recursiva será admitida del modo en que fue propuesta por el apelante.

3. En consecuencia, oída la señora fiscal general ante esta Alzada,

SE RESUELVE:

a. Admitir el recurso de apelación interpuesto por la sindicatura a fs. 20 (punto IV) y revocar el proveído de fs. 15, debiendo la señora jueza a quo proveer en consecuencia.

b. Notifíquese a la señora fiscal general ante esta Cámara y oportunamente devuélvase a primera instancia encomendándose al señor juez a quo que disponga la notificación de la presente resolución.

Alfredo A. Kölliker Frers - Isabel Míguez - María E. Uzal

Excma. Cámara:

1. El juez de primera instancia determinó a fs. 2989/90 la comisión a percibir por el sucesorio del martillero Legorburu.

2. Apelaron los restantes martilleros intervinientes en la causa. Expresaron agravios a fs. 3039/43.

3. Las cuestiones relativas a honorarios no comprometen el interés general cuyo resguardo me compete (artículo 120, CN).

Considero, pues, que las actuaciones están en condiciones de ser resueltas por VE.

Buenos Aires, setiembre 6 de 2005

Alejandra Gils Carbó

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