SOCIEDADES. SINDICO SOCIETARIO. Honorarios. Prescripción trienal. Art. 848 inc. 1° del Código de Comercio. Procedencia. Inaplicabilidad del plazo de caducidad establecido en el Art. 251 de la Ley 19.550 de Sociedades Civiles y Comerciales. Omisión del reclamo de honorarios por un plazo superior a cuatro años. Renuncia del derecho. Improcedencia “Monti, Miguel Angel c/Management Company S.A. s/ ordinario” – CNCOM – 15/09/2009 “Dada la naturaleza de la relación del síndico con la sociedad, las acciones para el cobro de los honorarios devengados por el ejercicio de dichas funciones, prescriben a los tres (3) años, en los términos del art. 848, inc. 1°, Cód. Comercio, plazo que debe computarse desde la asamblea que omitió considerar el asunto o lo consideró en la forma que se cuestiona (cfr. Roitman, Horacio, “Ley de Sociedades Comerciales comentada y anotada”, Ed. La Ley, t. IV, Buenos Aires, 2006, ps. 681/682; Verón, Alberto, “La sindicatura en las sociedades anónimas”, Ed. Abaco, Buenos Aires, 1977, p. 119; Nissen, Ricardo A., “Curso de Derecho Societario”, Ed. Ad Hoc, Buenos Aires, 1998, p. 498; Martorell, Ernesto Eduardo, “Los síndicos de sociedades anónimas (y el consejo de vigilancia)”, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1991, p. 154). En esa inteligencia, el art. 848, inc. 1°, Cód. Comercio, comprende a aquéllas acciones que se vinculan directa o indirectamente con el contrato social, y así debe calificarse el derecho del síndico a percibir sus honorarios, pues tal acción deriva -en resumidas cuentas- del contrato social y de las operaciones sociales concretadas por el síndico, en cumplimiento de las atribuciones y deberes determinados en los arts. 294 y cc. LS.”

“No es viable confundir (como lo hace la demandada) la aplicación del plazo de prescripción, con el de caducidad previsto en el art. 251 LS, toda vez que -más allá de tratarse de institutos jurídicos con efectos disímiles- sólo es posible la caducidad de la acción social dirigida a la impugnación del acto asambleario considerado perjudicial para los intereses de la sociedad, mas no así para los intereses exclusivamente particulares como lo son los del síndico.”

“Conforme al art. 292 LS, la remuneración del síndico es fijada por el estatuto o establecida por la asamblea. Adviértase que la ley no prevé ni acepta su determinación por un convenio entre la sociedad y el funcionario, lo cual, supondría una delegación en el directorio de tareas que, ante el silencio del estatuto, son propias de la asamblea. Es que no parece que ese convenio haya podido ser aceptado por quien, precisamente, debe fiscalizar la regularidad de los actos de la sociedad y de sus órganos (cfr. CNCom., Sala D, 20/03/2000, in re: “Camaly, Alberto Jorge c. Rotativos Venus San Juan S.A.” [Fallo en extenso: elDial - AA409] , LL, 2000-E, 571; DJ, 2003-984; Roitman, ob. cit., p. 679).”

“El sujeto que no reclama lo que le es debido (y a Monti le era debida la remuneración de sus funciones de sindicatura, desde que no se ha probado la existencia del pacto, invocado por la demandada), queda sometido al curso de la prescripción (que le hace perder su acción para reclamar por los ejercicios anteriores al 30/06/2003, pero no su derecho a la remuneración), pero no queda impedido de reclamar por no haberlo hecho antes.”

“De allí que el hecho de pretender en estas actuaciones el cobro de esos honorarios, no es exactamente “incompatible” o “incongruente” con la anterior omisión de reclamo. Es decir: el nuevo acto no es “contrario” a los previos “actos propios” del reclamante -u “omisión de actos propios”, en estrictez-, a cuyo respecto no puede desconocérsele un derecho por el simple motivo de no haberlo ejercido antes. En definitiva, juzgo que la “omisión” de reclamo no puede ser equiparada a una “renuncia” del derecho que luego se invoca, como ocurrió en la especie (en igual sentido, cfr. CNCom., Sala D, 20/03/2000, in re: “Camaly…” [Fallo en extenso: elDial - AA409] , cit. supra).”

“Como es sabido, bien juzga quien bien distingue (qui bene distinguit, bene judicat): los casos iguales deben tratarse de igual manera; los casos distintos deben tratarse distintamente (cfr. esta CNCom., esta Sala A, 25/06/2009, in re: “Mendoza, Juan Carlos c. La Caja de Seguros S.A.”). Y es, efectivamente, el sometido a juzgamiento, un caso distinto al tratado por la CSJN, toda vez que en este último supuesto el funcionario sindical, al efectuar su reclamo, había dejado transcurrir un plazo que duplicó sobradamente (doce años) al aquí comprometido (cuatro años y nueve meses). Desde esa perspectiva no pueden sino ser desoídas las defensas de la demandada, al no resultar congruente -atendiendo a las particularidades del sub lite- que ésta pretenda desconocer el derecho que le asiste al actor, más aún cuando de los propios libros societarios de Management Company S.A. se extrae -literalmente- la declaración formulada por los miembros del órgano de gobierno reconociendo la omisión del pago de dicha remuneración a Monti durante los años 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006.”