QUIEBRAS. Prestadora de los servicios médicos – asistenciales. Expropiación de inmuebles de la fallida. MEDIDAS CAUTELARES. Afiliados al plan de salud. Pretensión de que el Estado Nacional se haga cargo de las prestaciones respecto de la totalidad de los afiliados, sin distinción alguna, y mediante el pago de la cuota que ya venían abonando. Rechazo

“Asociación Francesa Filantropica y de Beneficiencia s/quiebra s/ incidente de medidas cautelares (para afiliados del Hospital Frances)” – CNCOM – 15/09/2009

“No cabe a la autoridad judicial manifestarse sobre compromisos o promesas que hubieran efectuado determinados funcionarios, sino resolver sobre el caso en concreto que se le presenta, buscando una solución justa en el marco de las normas aplicables.”

“…Ante la quiebra de la prestadora de los servicios médicos-asistenciales, y sin posibilidad de continuar con dicha prestación debido a la expropiación referida, a través de la medida tomada por el magistrado de grado, solamente aquellas personas que no tienen obra social, ni son pamibles, ni tienen una enfermedad preexistente, quedarían fuera de la cobertura ordenada por el a quo. Esto es, un 11,28% de los afiliados de la fallida. A los fines de decidir de tal manera se tuvo en cuenta que tales personas tendrían las aptitudes necesarias para acceder a otra cobertura médica privada, pues contarían con recursos económicos para ello, habida cuenta que ya se encuentran abonando una cuota, y no tendrían, en principio, una enfermedad declarada u otra circunstancia que pudiera impedirle tal acceso.”

“A ello debe agregarse que, tales personas, aún cuando no contraten otra empresa de medicina prepaga, no se encontrarían desamparadas en su derecho a la salud, pues el Estado Nacional brinda tales prestaciones a todos los ciudadanos a través de los hospitales públicos.”

“La diferenciación efectuada por el magistrado de grado lo ha sido con base en cuestiones de hecho. En efecto no se encuentran en las mismas condiciones aquellos afiliados que están incorporados a otras obras sociales, o los que son pasibles de incorporarse a PAMI, ni los que tienen una enfermedad declarada, con aquellos afiliados que no la tienen y pueden acceder a una cobertura privada. De ello se sigue que, al no encontrarse tales grupos de personas en iguales circunstancias no existe inconveniente desde la perspectiva de la afectación de la garantía constitucional de igualdad, en que se asigne a tales grupos regímenes diferentes, máxime si se tiene en cuenta que el criterio de distinción utilizado para asignar la diversidad de tratamiento no se muestra irrazonable.”