10335 - Molina, Héctor R.

16/09/2009

  Responsables por deuda ajena. Responsabilidad solidaria. Quiebra del deudor principal. Improcedencia de la atribución de responsabilidad al director
MOLINA, HÉCTOR RICARDO - CÁM. NAC. CONT. ADM. FED. - SALA III - 16/09/2009
Nacional
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Jurisprudencia
Texto Completo
  
Buenos Aires, 16 de setiembre de 2009
Y VISTOS:
Estos autos “Molina, Héctor Ricardo c/DGI”; venidos en recurso del Tribunal Fiscal; y
CONSIDERANDO:
I. A fojas 1268/1271, la Sala B del Tribunal Fiscal confirmó con costas, la resolución 43/1999 dictada por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Región 9 de la DGI, por la cual se estableció la responsabilidad solidaria del actor respecto a la obligación determinada a la firma “Indual SA” frente al IVA con intereses resarcitorios y multa en los términos del artículo 45 de la ley 11683 por los períodos enero de 1993 a agosto de 1994.
Para así resolver aclaró en primer término que se tratarían en forma conjunta las apelaciones del actor y la de los señores Novillo Astrada y Laviana (Exptes. acumulados 17.289-I y 17.301-I); ya que los argumentos son semejantes y los recurrentes se desempeñaban como miembros del Directorio de Indual SA hasta que se decretó la quiebra de la empresa en agosto de 1994.
Señaló luego que: a) la responsabilidad solidaria no es objetiva, es decir por el mero hecho de ser director, gerente o representante de la empresa, sino que el presupuesto de responsabilidad es el incumplimiento de sus deberes como directores [conf. art. 18, inc. a), L. 11683 - t.o. 1978]; y además es subsidiaria, es decir debe encontrarse firme la intimación al responsable por deuda propia y este no haberla cumplido. b) En el caso del Presidente del Directorio de la SA, por ser el representante legal de la sociedad, la responsabilidad no puede ser afectada por acuerdo de partes (conf. art. 37 del reglamento). c) La carga probatoria de las causales exonerativas de la responsabilidad, recae en el propio contribuyente [conf. art. 18, inc. a), L. 11683]. d) Los actores no participaron en el procedimiento de determinación en razón del estado falencial de la empresa y que la representación quedó en manos del síndico, pero la vista previa fue notificada también “al responsable”. e) En cuanto a la determinación practicada a Indual SA consideró que la pericia contable efectuada sobre la Libro Diario General, seguir la cual el saldo de impuesto ajustado quedaba neutralizado por los créditos fiscales allí consignados, no resulta suficiente por falta de comprobantes que respalden las registraciones. Los actores desistieron de la prueba informativa por la que se hubiera podido requerir a los proveedores copia certificada de las respectivas facturas. Además, la empresa no presentó declaración jurada de IVA en los períodos cuestionados. f) En cuanto a la responsabilidad solidaria de los recurrentes, señaló que la única prueba ofrecida fue la testimonial, la que no resultó suficiente para exculpar a los directores Novillo Astrada y Molina, pues resultó probado que el manejo de los fondos estaba en cabeza de Novillo Astrada y Molina tenía la responsabilidad administrativa y era el contador de la empresa. g) Para confirmar la sanción tuvo en cuenta el análisis efectuado en la resolución determinativa de los incumplimientos de los recurrentes en el marco de la ley de IVA, sin que se haya acreditado causa exonerativa de culpabilidad alguna
II. Apelan los señores Molina y Novillo Astrada (fs. 1278 y 1279). El señor Molina aduce que era un empleado y contador de Indual SA por lo cual las circunstancias de hecho no debieron considerarse en forma conjunta con la del presidente y dueño de la firma, señor Álvarez Laviana. Señala que exigirle comprobantes a ex directores de una empresa fallida, es una prueba de cumplimiento imposible. La pericia contable, efectuada sobre el Libro Diario, acredita la existencia de crédito fiscal, el que también resulta acreditado con el expediente de la quiebra de Indual SA. Agrega que durante los períodos fiscales determinados -1/1993 a 8/1994-, Indual SA se encontraba en concurso preventivo, bajo la supervisión del síndico designado por el Juzgado, el que emitió el informe exteriorizando la existencia de un crédito fiscal al 1/1994 de $ 340.417,25, y al 31/4/1994 otro de $ 335.468,24, lo que no fue considerado por el Tribunal Fiscal. También se acreditó el crédito fiscal con los listados de movimiento con proveedores por el período marzo de 1993 a junio de 1994. Todo ello acredita la inexistencia de deuda tributaria en cabeza de lndual SA. Pide en subsidio, que se produzca la prueba informativa ofrecida en el punto VII del recurso. Agrega que no puede cargar con la responsabilidad solidaria por el obrar negligente del síndico; y que es el Fisco quien debe probar la existencia del elemento subjetivo a que se refiere el artículo 8 de la ley 11683, el que no aportó prueba alguna para hacer extensiva la responsabilidad solidaria a su mandante. Añade que tratándose de una SA, era el representante legal -Sr. Laviana- el obligado al pago del tributo y no los directores y/o demás empleados; siendo que además le pertenecía a este el 99,95% y era quien tomaba las decisiones, como se acreditó con las declaraciones testimoniales. Se queja de la sanción impuesta, ya que no tenía el manejo de los fondos por lo que no existió culpa o dolo y por último de la imposición de costas. Cita jurisprudencia favorable a su postura (fs. 1284/1303).
A fojas 1304/1323, el señor Novillo Astrada, presenta el memorial con agravios sustancialmente análogos a los del señor Molina, los que se dan por reproducidos en honor de brevedad.
III. Los artículos 16 y 18 de la ley 11683 (t.o. 1978, actual 8) prevén la responsabilidad solidaria de los directores, gerentes o administradores de empresas junto con los deudores de la obligación tributaria, para el supuesto de no satisfacerse el gravamen por incumplimiento de sus deberes, debiendo darse para su procedencia tres condiciones: a) que los deudores no cumplan con la intimación administrativa previa -tal como aconteció en autos-, b) que el responsable haya omitido el cumplimiento de sus deberes y c) que dicho incumplimiento le sea imputable a título de dolo o culpa.
Ello así, el presupuesto de la responsabilidad solidaria es el antijurídico incumplimiento de los deberes tributarios que el responsable por deuda ajena tuviere a su cargo, no siendo suficiente ocupar el cargo de director o gerente de la persona jurídica; por lo cual solo a los que administran o disponen de los bienes sociales les alcanza la responsabilidad solidaria (conf. CS, “Monasterio Da Silva”, del 2/7/1970; esta Cámara, Sala I, 28/10/1999, “Brogger”; esta Sala, 30/4/2001, “Taris SA”).
Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta de los directores que omiten cumplir su deber como administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal responsabilidad a quien por sus funciones no tenga el manejo de los fondos, y por lo tanto se halle en la imposibilidad de pagar prevista como eximente, como asimismo aquella sociedad que haya impedido a sus administradores por diversas causas efectuar los pagos fiscales correspondientes (conf. Sala V, 7/8/2000, “Caputo, Emilio y otro c/DGI”).
IV. En las resoluciones determinativas 43/1999 y 77/1999 (vide fs. 4/15 y 490/501) se tuvo en cuenta que se exigió previamente el pago al deudor principal Indual SA; así como que se les corrió vista a los aquí recurrentes como sujetos responsables en forma personal y solidaria, en razón del cargo de Directores de la SA que detentaban en los períodos fiscales investigados-enero 1993 a agosto de 1994-.
Sin embargo, y más allá de esas dos circunstancias que no se encuentran controvertidas, existen otras circunstancias relevantes que surgen del expediente de la quiebra de Indual SA, que impiden tener por acreditado que la omisión en el pago del IVA pueda serle imputada a los actores.
En efecto: a) el 29/7/1993 Indual SA se presentó en concurso preventivo, declarándose la quiebra el 22/9/1994.
b) En el informe del síndico se fija como fecha de cesación de pagos el 3/10/1991 (vide especialmente pto. V, fs. 45/47).
c) El capital social estaba casi totalmente en manos del Presidente de la SA, señor Álvarez Laviana (99,50%, vide informe del Síndico, especialmente f. 42).
V. Conforme lo establece el artículo 16 de la ley 24522, la administración del patrimonio del concursado si bien permanece en cabeza del deudor, lo es bajo la vigilancia del síndico. Parte de la doctrina entiende que la admisión del concurso preventivo determina una especie de “desposesión atenuada del deudor”, que conserva la administración pero pierde la disponibilidad de su patrimonio (Provinciali, R., Tratado de Derecho de Quiebra, T. III, pág. 314, Barcelona, 1958).
En relación a la actividad de los directores que aquí interesa -pago de los tributos-, no es dable soslayar que el síndico actuante en el concurso preventivo, efectuó el análisis de los libros IVA-Ventas e IVA-Compras y adjuntó listados de facturas de proveedores de donde surge crédito fiscal a favor de la empresa (vide fs. 59/203).
VI. Por lo cual considerando también las declaraciones testimoniales (fs. 1183 y 1184), la actuación de los recurrentes en relación a la omisión del pago del IVA que se les reclama, no puede serles imputada.
Lo ya dicho hace innecesario analizar los restantes argumentos de los recursos relativos a la procedencia de la determinación de IVA efectuada sobre el libro IVA-Ventas, y a las sanciones impuestas a los recurrentes.
VII. Por tanto se hace lugar a los recursos de fojas 1278 y 1279 y se revoca el fallo en relación a los señores Molina y Novillo Astrada, con costas de ambas instancias al Fisco.
En atención a la forma en que se decide déjase sin efecto la resolución de foja 1280, debiendo el Tribunal Fiscal fijar nuevamente los honorarios de acuerdo al resultado alcanzado.
Regístrese y notifíquese. JORGE ESTEBAN ARGENTO CARLOS MANUEL GRECCO SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ SUSANA MARÍA MELLIDPROSECRETARIA DE CÁMARA