I. Introducción.

 

            La verificación de créditos en los concursos, como etapa fundamental de todo proceso universal, símil movimientos posibles de una partida de ajedrez, depara innumerables variantes prácticamente imposibles de prever, si bien como en aquel juego existen una serie de “movimientos” comunes muy estudiados y analizados por la doctrina especializada.

            En este marco no es de extrañar que surjan situaciones no previstas por el ordenamiento falimentario y que los jueces deben resolver conforme los principios de leyes análogas o por los principios generales del derecho, tal como postula el art. 16 del Código Civil.

            Estimamos que éste es uno de esos casos.

 

II. Las obligaciones no tributarias a favor del estado.

 

            En toda economía, aún las más liberales, donde impera el principio del “laissez faire, laissez passer”, el Estado posee cierta intervención (mayor o menor como quedó dicho) sea actuando como prestamista (por lo general a bajo costo y para actividades de fomento), como vendedor de bienes o proveedor de servicios.

            Cuando el deudor de estas prestaciones ingresa en cesación de pagos y recurre a las ¿soluciones? de la ley de concursos y quiebras (LCQ), ese Estado-Acreedor debe concurrir a verificar su acreencia.

            Empero su particular “status” jurídico hace que tal concurrencia a verificar no se encuentre exenta, en ocasiones de matices diferenciados, como veremos a continuación.

 

III. Plataforma fáctica.

 

            El gobierno de la ciudad de Buenos Aires (CABA) requiere la verificación de créditos provenientes de prestaciones asistenciales brindadas por distintos hospitales municipales a los afiliados de una obra social que se encuentra concursada.

            Al respecto cabe indicar que se emitieron facturas que es la documental que en definitiva se presenta al efectuar la petición insinuatoria.

            La concursada invoca como defensa la prescripción de algunas acreencias, la cancelación de un crédito mediante la entrega de cheques y desconoce otros de los instrumentos insinuados.

 

IV. La prescripción.

 

            En cuanto a este tópico recordemos que estamos ante la extinción de las acciones derivadas de un derecho, por su abandono por el titular durante el término fijado por la ley[1] produciéndose como consecuencia de ello la liberación del deudor[2] siendo su finalidad proteger el orden y seguridad jurídica, atento que si bien el ordenamiento legal tutela los derechos subjetivos, no por ello puede amparar la desidia ni la negligencia.

            Ante la falta de una regulación específica, en casos como éste, el interprete tiene ante si distintas opciones para determinar cuando prescriben estas acreencias del Estado. En este caso se ha planteado la disyuntiva entre la normativa del código de comercio y la del civil. Acotemos que también tiene ante si la opción de utilizar la prescripción tributaria, si bien la descartamos por su carácter especialísimo.

            Analizada la cuestión, la Cámara expresa que aunque en este supuesto se han emitido facturas, no resulta aplicable al caso el plazo de prescripción establecido por el art. 847[3] del Código de Comercio, porque se trata de una locación de servicios concertada dentro de un marco normativo particular con una entidad estatal.  Además se hace hincapié que no se trata de casos de compraventa de mercaderías u otros supuestos afines.

            Por estos motivos entienden que resulta de aplicación el art. 4023[4] del Código Civil.

            En concreto expresan que las acreencias, más allá de que excedan el plazo de cuatro años (comercial), al no haber transcurrido el plazo decenal (civil), no se encuentran prescriptas.

 

V. El pago y el desconocimiento.

 

            Con referencia a estas circunstancias, fundamentalmente de hecho, que son llevadas a sus estrados,  la Alzada hace mérito de las probanzas del caso.

            Así, para tener por efectuado el pago que alega la concursada (y niega el insinuante) se entiende como suficiente la copia del recibo adjuntado por la concursada del que se desprende la imputación concreta a la factura reclamada emitida por el Hospital emisor de la factura. Asimismo se enfatiza que la perito contadora, halló registrado el pago mediante entrega del cheque en la contabilidad de la concursada y en el “Libro de Ingresos Facturación” del Hospital, como así la falta de inclusión de la factura en el lista de créditos pendientes del nosocomio y que la experta tuvo a la vista una boleta de depósito del Banco Ciudad de Buenos Aires en la cuenta del Hospital por el mismo importe del giro.

            Se remarca que el gobierno de la CABA tenía la carga, ante aquellas probanzas, de demostrar que tal giro no pudo ser efectivamente cobrado, sea mediante la exhibición del cheque rechazado o con los movimientos de la cuenta que dieran cuenta de esa circunstancia.

            En concreto, en este supuesto prospera la posición de la concursada.

            Con referencia a las facturas emitidas por distintos Hospitales porteños y desconocidas, se hace mérito a que la contadora indica que algunas de ellas tienen sello de recepción por la concursada, quien no planteó la falsedad de dichas atestaciones ni intentó demostrar que los sellos y los adjuntos no pertenecen a la obra social.

            Respecto de las restantes, que carecerían de tal constancia de recepción, se requirieron informes a sus emisores (excepto en un caso) quienes indicaron los tratamientos brindados y reconocieron su libramiento.

            Por ello se admiten las facturas en cuestión, excepto dos del hospital al que no se requirió informe. En este caso se expresa que al no haberse probado la prestación de los servicios en cuestión, no encontrándose recibidas por la deudora ni tampoco contabilizadas en sus libros, no pueden ser receptadas.

 

VI. Los intereses.

 

            Con referencia a la forma de “actualizar” (latu sensu) los montos adeudados, la Sala expresa que en casos de deudas provenientes de tributos impagos, tiene sentada la doctrina (al igual que las salas B y C de la CNCom.) que cabe admitir el devengamiento de accesorios por todo concepto -compensatorios y punitorios- hasta el límite de dos veces y media la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento de documentos a treinta días.            

            En idéntica senda concluyen que “si bien aquí no se reclama un tributo impago sino una obligación nacida de prestaciones asistenciales a los afiliados de la obra social, pero de todos modos, existen intereses normativamente previstos, júzgase procedente su admisión hasta ese tope”.

            En otra oportunidad[5] hemos expresado que somos de la opinión que no puede pretender limitarse la potestad judicial para revisar las tasas de interés fijada, sean éstas convencionales o legales.

            Ello así por cuanto resulta inadmisible que el Estado, encargado de tutelar el recto proceder de los ciudadanos y su comportamiento, tenga a su favor un “bill de indemnidad” para aplicar tasas que contradicen esa misma finalidad, pues el primer custodio de la moralidad debe ser el propio Estado.  Además debe tenerse presente que hoy la represión de la usura, como derecho que debe garantizar el Estado, tiene alcance constitucional en virtud de lo normado por el art. 21 inc. 3 del Pacto de San José de Costa Rica que se encuentra incorporado a nuestra Constitución Nacional[6].

            En este caso, al no tener acceso a los escritos de las partes y sentencia de primera instancia desconocemos los argumentos por los cuales la acreedora se agravió por la morigeración de intereses (¿Existía un pacto por mayores intereses? ¿Existe una ley, ordenanza o resolución que los fija? ¿Se pretendían aplicar los intereses que se cobran por impuestos?)

            No obstante, analizando las distintas alternativas posibles, podemos decir que de haber tasa pactada o legal, somos de la opinión que los intereses no pueden superar el tope receptado por el tribunal como límite a la moral y buenas costumbres, por más que el titular del crédito sea el Estado.

            Sin mediar pacto debería aplicarse en este caso la tasa activa que recordemos es la receptada por sendos plenarios tanto de la CNCom.[7] como de la CNCiv.[8] capitalinas.

 

 

VII. Nuestra opinión y conclusión

 

            Con referencia a la prescripción, no encontrándonos frente a una verificación entre comerciantes, sino ante una prestación de un servicio (vinculado a la salud) por el estado a una obra social, y por ello vemos correcto aplicar la prescripción civil y no la prevista por el código de comercio.

            En lo atinente a las merituación de la prueba para considerar el pago y desconocimiento también concordamos con la solución propuesta.

            Finalmente en cuanto a los intereses estimamos que si se pactaron los mismos o están fijados legalmente, la solución es también la acertada, empero si no se verifican estas dos condiciones estaríamos en presencia de una vulneración de la “pars conditio creditorum”.

            En síntesis, un fallo atinado, que más allá de nuestra posible discrepancia, debe venir a llenar una nueva laguna de nuestro ordenamiento positivo.