Cese de la inhabilitación y rehabilitación de los fallidos en la opinión de la CSJN.

 Por Claudio Alfredo CASADIO MARTINEZ  

 

I. Introito.

 

Tanto la quiebra como el concurso preventivo producen distintos efectos personales y patrimoniales sobre el deudor in malis, algunos comunes a ambos institutos y otros exclusivos de la quiebra.

Dentro de este último grupo tenemos la intercepción de la correspondencia, la prohibición de salir del país y la inhabilitación entre otros.

Ahora, el más Alto Tribunal de la Nación, tal como ha acontecido con otras cuestiones concursales ha debido “interpretar” el texto de la LCQ con referencia a este último instituto.

 

II. Situación en la ley 19551.

 

El anterior estatuto falimentario preveía en su art. 244 que “El fallido no rehabilitado no puede ejercer el comercio por sí o por interpósita persona, ni ser socio, administrador, gerente, síndico, liquidador o fundador de sociedades comerciales o civiles; tampoco puede ser factor o apoderado con facultades generales para el ejercicio de actividad comercial…”, ello con independencia de las inhabilidades, incapacidades o incompatibilidades que estén contenidas en otras leyes (Cfme art. 247).

Para obtener la rehabilitación era menester proceder a la formación de un incidente de “calificación de conducta”, donde el juez concursal procedía, valga la redundancia, a calificaba el accionar del deudor que lo llevo a la situación de falencia.

Tres eran las alternativas que tenía frente a sí el magistrado al resolver la cuestión: fraudulento, culpable o casual, para ello se basaba en el informe general del síndico (con un ejemplar del mismo se iniciaba el incidente) y las impugnaciones y probanzas que se acercaran.

Ahora bien, tal como expresáramos, a partir de la resolución a la que se llegara en este incidente se establecía en que momento se debía decretar la rehabilitación, estableciéndose, con matices una relación causa-efecto:

Así teníamos:

 

Calificación

Rehabilitación

Casual*

Inmediatamente

Culpable

5 años[1]

Fraudulenta

10 años[2]

 

Por su parte el art. 253 estipulaba que “la rehabilitación hace cesar los efectos personales de la quiebra y los de la calificación de conducta, en su caso. Los efectos patrimoniales del concurso siguen aplicándose, pero el fallido queda liberado de los saldos que quedare adeudando en el concurso, respecto de los bienes que adquiera después de la rehabilitación”.

La derogación del incidente de calificación de conducta por su íntima vinculación con la rehabilitación, obligó a modificar el sistema de ésta.

 

III. La inhabilitación automática.

 

La ley 24522 en su art. 234 estipula que “El fallido queda inhabilitado desde la fecha de la quiebra”, con lo cual se instaura un régimen de inhabilitación automática, de plazo mucho menor que su predecesor y aplicable en todos los casos, sea cual fuere la razón por la que se “cayó” en quiebra. Claro que como veremos hay excepciones.

Acotemos que la inhabilitación comienza a correr desde el dictado de la sentencia de quiebra, la cual se hace extensiva a las personas físicas que integraron los órganos de administración: automáticamente para quienes lo integran al momento de la quiebra y desde que queda firma la determinación de la fecha inicial de cesación de pagos para los demás.

Esta inhabilitación, como todas las de su género, implica una restricción a la realización de ciertos actos jurídicos[3] y en materia concursal el 238 LCQ dispone que “Además de los efectos previstos en esta ley o en leyes especiales, el inhabilitado no puede ejercer el comercio por sí o por interpósita persona, ser administrador, gerente, síndico, liquidador o fundador de sociedades, asociaciones, mutuales y fundaciones. Tampoco podrá integrar sociedades o ser factor o apoderado con facultades generales de ellas” e innumerables normas legales establece otras inhabilidades para los fallidos[4].

 

IV. Cese de la inhabilitación y rehabilitación.

 

Como vemos se encuentra bastante claro el dies a quo empero no queda perfectamente indicado el dies ad quem. Conforme el art. 236 LCQ “La inhabilitación del fallido… cesa de pleno derecho al año de la fecha de la sentencia de quiebra… salvo que se dé algunos de los supuestos de reducción o prórroga….”, es decir que la rehabilitación a que hacía mención la ley 19551 habría pasado ha llamarse “cese de la inhabilitación” y acontece de pleno derecho.

Rehabilitar significa “habilitar de nuevo o restituir a una persona o cosa su antiguo estado”[5] y ese es el significado que debemos asignarle concursalmente.  Si bien más técnicamente se ha indicado que en el ámbito de la quiebra, la rehabilitación puede ser definida como una declaración judicial en virtud de la cual se habilita de nuevo al quebrado para el ejercicio de aquellas actividades y derechos para los que había sido inhabilitado como consecuencia de la declaración de quiebra[6].

Entonces nos preguntamos ¿la rehabilitación y el cese de la inhabilitación son la misma cosa?

Para responder a este interrogante (negativamente y en minoría, acotemos) hemos ensayamos en otra oportunidad la siguiente diferenciación[7]:

ü      El cese de la inhabilitación acontece de pleno derecho, es decir por el sólo transcurso del tiempo.

ü      La rehabilitación requiere un pronunciamiento judicial expreso al respecto, siendo aquella, presupuesto necesario para ésta, sin que puedan asimilarse.

 

V. La sentencia de rehabilitación.

 

Reiteramos que lo antes expuesto es sólo una tesis, sin embargo adhiriendo o no a la misma, sobreviene la cuestión del carácter que posee la sentencia de rehabilitación, ¿es declarativa o constitutiva? ¿sus efectos se retrotraen al año de la sentencia de quiebra (fecha de cese de la inhabilitación de pleno derecho) o sólo los produce hacia el futuro? y lo que es aún más importante ¿es necesario el dictado de la misma? 

Las opiniones en doctrina se encuentran divididas. Por un lado autores de la talla de Arecha[8], Rivera, Roitman y Vitolo[9], han sostenido que la resolución judicial que se tome tiene carácter declarativo y al sólo fin de tornar operativo el levantamiento, con carácter retroactivo al momento en que se produjo el cese efectivo de la inhabilitación, interpretación a la cual ha adherido también parte de la  jurisprudencia[10].

En las antípodas situamos la postura de Conil Paz[11] para quien la misma sólo posee carácter constitutivo, sin efecto retroactivo.

¿Cuál es la diferencia entre ambas posturas? Se ha explicado[12] que las sentencias declarativas o de mera declaración son aquellas que eliminan la falta de certeza acerca de la existencia, eficacia, modalidad o interpretación de una relación o estado jurídico. Mas adelante indica que una modalidad dentro de las declarativas se encuentra configurada por las llamadas sentencias constitutivas, que son aquellas que insustituiblemente producen los efectos mencionados, poniendo como ejemplo la declaración de incapacidad, de adopción, de divorcio, entre otras.

 Es decir que mientras las sentencias declarativas se limitan a reconocer o hacer explícita una situación jurídica existente con anterioridad, las constitutivas establecen un estado jurídico nuevo, inexistente antes de su dictado.

En la cuestión bajo análisis, postura que adoptemos tendrá importantes consecuencias prácticas. Veamos.

Si a una persona física se le ha decretado la quiebra el 30 de junio de 2008 conforme hemos analizado, el 1 de julio de 2009, habrá cesado su inhabilitación. Empero supóngase que sólo se decreta la rehabilitación en mayo de 2010 ¿Qué ocurre si nuestro deudor recibió una donación el 30 de diciembre de 2009, es decir cesado la inhibición pero sin declararse la rehabilitación? ¿Los bienes donados son objeto de desapoderamiento o no?

Repárese que para esa fecha ya hacía 6 meses que había cesado su inhabilitación, pero no había sido rehabilitado por sentencia.

En nuestra opinión como el art. 107 LCQ establece que cesa el desapoderamiento con la rehabilitación y no con el mero cese de la inhabilitación al no estar rehabilitado el fallido estimamos que se torna operativo el art. 107 LCQ y los bienes deben ser objeto de desapoderamiento.

El caso analizado se refiere concreta y puntualmente al ejemplo planteado pero verificada en los hechos concretos del caso.

 

VI. El caso “Barreiro”.

 

            Resumiendo la plataforma fáctica del precedente que hoy nos convoca, tenemos que a una persona física le fue decretada la quiebra el 15/3/99 con lo cual la inhabilitación habría cesado de pleno derecho el 16/3/00.

            La sentencia de rehabilitación fue dictada el 10/10/06.

            Entre ambos momentos (16/4/05 y 11/01/06) se produjo el fallecimiento de los progenitores del fallido.

            Entonces la cuestión medular pasa por determinar si los bienes de los acervos sucesorios de los padres del fallido son objeto de despoderamiento o no, y la claro está la respuesta que brindemos a los interrogantes antes planteados, nos permitirán responder éste.

 

VII. Los fallos de primera y segunda instancia.

 

En primera instancia se entendió que la sentencia de rehabilitación carecía de efectos retroactivos al año de la fecha del decreto de quiebra.

Ante apelación del fallido, la Sala A de la CNCom.[13], resolvió que corresponde confirmar la resolución pues, de acuerdo a una interpretación armónica de lo previsto en los arts. 107 y 236 de la ley de quiebras, se mantienen las inhibiciones decretadas como consecuencia de la quiebra luego de la rehabilitación, pero tales restricciones pesan solo sobre los bienes adquiridos hasta el decreto que dispone la rehabilitación, y los adquiridos con posterioridad escapan al ámbito de la quiebra.

Remarcan que debe distinguirse entre los efectos personales y patrimoniales de la inhabilitación, y remarcan que el mecanismo instituido por el art. 236 LCQ posee un vacío en particular respecto del cese del estado de inhabilitación, pues también allí cabe distinguir entre: a) el cese de los efectos patrimoniales y b) el cese de los efectos personales.

Postulan que el art. 238 LCQ es claro en la previsión de efectos que son netamente personales (ejercicio del comercio, desempeño del cargo de administrador, gerente, síndico, liquidador o funcionario de sociedades, asociaciones, mutuales y fundaciones, integración de sociedades o ser factor o apoderado con facultades generales de ellas) y estiman que respecto de estos efectos son las claras previsiones del efecto de pleno derecho.

Por el contrario el cese de los efectos patrimoniales, debe ser interpretado a la luz de los principios de orden público sobre los que se asienta la normativa concursal, los cuales intentan proteger los derechos e intereses del conjunto de los afectados por la situación particular de cesación de pagos en que incurre el deudor, y a cuyo fin ordena el ejercicio de las pretensiones contra este último y su satisfacción, mediante un procedimiento obligatorio de carácter colectivo y universal, que atañe a la totalidad del patrimonio del deudor, prenda común de todos los acreedores y garantía de satisfacción de sus créditos, que debe resolverse a los fines que aquí ocupan respetando las situaciones especiales o particulares según las disposiciones legales preestablecidas, lo que encuentra sustento en la norma básica del ordenamiento jurídico que protege el derecho de propiedad y de igualdad del conjunto de los involucrados.

Aclaran que la inhabilitación contemplada en la ley 24.522 no tiene carácter represivo, sino que tiende a tutelar el crédito y la seguridad del tráfico mercantil  y por ello los bienes adquiridos por el cesante hasta su rehabilitación y sus frutos forman parte del proceso concursal, en virtud del principio de desapoderamiento, aun en el supuesto de rehabilitación, y deben liquidarse conforme el régimen concursal a fin de satisfacer los derechos de los acreedores concúrsales, ya que la rehabilitación no termina con la ejecución colectiva.

La Sra. Fiscal de Cámara adhiriendo a  otros dictámenes se pronunció por el progreso del recurso.

 

VIII. El dictamen de la Procuración General de la Nación y la sentencia de la Corte.

 

            Procuración considera que la sentencia recurrida es arbitraria, atento que la Cámara entendió que el cese de la inhabilitación no opera de pleno derecho al año de la fecha del decreto de quiebra, sino a partir de una declaración judicial obtenida mediante un trámite previo, decisión, que interpreta se aparta de la solución y alcance contemplado en el marco normativo aplicable.

            En su opinión la interpretación dada por los jueces de Cámara vinculada con el requisito de un procedimiento previo no surge del texto de la Ley 24.522,  ya que el art. 236 dispone que la inhabilitación del fallido, cesa “de pleno derecho” al año de la fecha de la sentencia de quiebra, o en que quede firme la resolución que fija el momento inicial del estado de cesación de pagos.

Por ello si el estado falencial fue decretado, tal como se expresó, el 15 de marzo de 1999 resulta claro en su opinión que el cese de inhabilitación del fallido operaba automáticamente, salvo que se configuraran los supuestos de reducción o prórroga al que alude la LCQ, circunstancias que no concurrieron en el caso, toda vez que el recurrente no fue sometido a proceso penal alguno.

Entonces habiendo adquirido el fallido la posesión de los bienes que componen el acervo hereditario desde el día del fallecimiento de sus progenitores (artículo 3410 del Código Civil), hechos que acontecieron luego de haber transcurrido el lapso anual computado desde la fecha de la sentencia de quiebra, los mismos no pueden serle desapoderados.

A estos fundamentos adhieren la mayoría los integrantes del Alto Tribunal, mientas la minoría propugna su rechazo por cuestiones formales.

 

IX. Colofón.

 

            El más Alto Tribunal se ha expedido adhiriendo a lo que llamaríamos una interpretación literal de la LCQ, con cuenta con numerosos adherentes.

            Estimamos que con ella se abre aún más la puerta que abrieron los legisladores, para que los deudores se vean tentados a pedir su propia quiebra, para así al año “renacer de sus cenizas” y adquirir bienes sea por herencia, donación o legado alejados de las “manos” de sus acreedores o bien peticionar el levantamiento de embargo de sus haberes.

            Claro está que esta situación debería haber sido prevista como una consecuencia lógica por quienes sancionaron el actual estatuto falimentario, y que como explicáramos brevemente, redujeron notablemente los plazos de la ley precedente y los distingos que la misma efectuaba.

            Parafraseando a Truffat[14] ¿deberemos decir: “Incidente de calificación de conducta, Volvé! Te perdonamos”? queda para el lector la respuesta al interrogante.