REGLA DEL CASO

En el proceso falencial el ejercicio del derecho de retención no resulta admisible, pues es contradictorio con la idea de que todos los acreedores queden subordinados a los efectos de la quiebra, de acuerdo con la ley concursal. Por ello, aunque se trate de créditos posteriores a la quiebra los que originan el ejercicio de tal facultad, respetando la télesis de la norma (art. 131 LCQ) se debe entender que, en caso de falencia del obligado, la operatividad del instituto se encuentra suspendida.-

DATOS
“Bessone Leticia Beatriz-quiebra propia simple - otros incidentes (arts. 280 y sgtes. L.C.) - Iniciado por Iván Augusto Ferrer (Expte. N° 939332/36)” - CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE TERCERA NOMINACIÓN DE CÓRDOBA - 22/12/2008
SUMARIOS

DERECHO COMERCIAL. CONCURSOS Y QUIEBRAS. CREDITOS POSTERIORES A LA QUIEBRA. DERECHO DE RETENCIÓN. SUSPENSIÓN DE SU OPERATIVIDAD. DERECHO CIVIL. DERECHO REALES. CONDOMINIO. ADMINISTRACIÓN DE LA COSA COMÚN. CONSENTIMIENTO TÁCITO. MEJORAS. GASTOS ÚTILES. INTERPRETACIÓN.-
1. Todos los comuneros tienen derecho a administrar la cosa común y en caso de desacuerdo la deliberación se regirá por mayorías. En el caso, la pasividad por parte del responsable de la administración de la fallida frente al uso y goce del condómino, revela un consentimiento tácito del uso y administración por parte del ocupante y con ello, descarta que pueda tenerse por cierta una oposición. No obstante, para el reconocimiento del gasto de las mejoras, debe tenerse en consideración la naturaleza de las obras soportadas por el incidentista, siendo que el comunero administrador goza del derecho de reclamar al otro las erogaciones provenientes de mejoras necesarias como también las útiles dispuestas sobre el bien, siempre que respeten su destino y no sufra deterioro en interés particular del que la ejecuta (art. 2684 C. Civil). En lo que hace a los actos de uso y goce que permite la norma citada con base en un tácito asentimiento, la jurisprudencia se ha ido afirmando en el sentido de admitir aquellas innovaciones que constituyan una consecuencia o necesidad de tales actos consentidos. Al señalar el art. 2681 del C. Civil que ninguno de los condóminos puede hacer en la cosa común innovaciones materiales sin el consentimiento de todos los otros, en rigor se está refiriendo a modificación física que altere su sustancia o forma.- La norma del art. 2685 del C. Civil autoriza el reclamo de la erogación efectuada por el comunero en lo que refiere a gastos de conservación o reparación de la cosa común, pero, ante la ausencia de designación expresa de administrador, los actos de alguno de los condóminos que se comenzaron a ejercer de hecho sobre el bien, deben ser valuados como de gestor oficioso (…).-
2. Debe serle reconocido al condómino no sólo los gastos urgentes o necesarios para el mantenimiento de la cosa sino también los que han rendido provecho para todos los comuneros, que se identifican como “útiles”. En la situación de autos, se aprecia incuestionable que las mejoras introducidas en el inmueble -de cuya realidad no existe discusión- han respetado el destino de vivienda. (…) Debe admitirse que los trabajos tenidos por el juez como voluntarios, como lo son: arreglos de la pileta de natación, portero eléctrico, luces dicroicas de bajo consumo, arañas, cable telefónico y aberturas, importan un manifiesto provecho para cualquier poseedor de la propiedad y aumentan su valor, de modo que mal podrían asimilarse a lo que la doctrina identifica como voluntarias, dirigiéndose a las de mero lujo o recreo o de exclusiva utilidad para el que las hizo. (…) revelan reparaciones útiles al destino del bien y que beneficia a la comunidad de propietarios.-
3. El ejercicio del derecho de retención sobre el bien que recibió las mejoras no resulta admisible cuando el condómino obligado se encuentra en falencia. Si bien es cierto que la suspensión del derecho de retención que regula el art. 131 de la L.C.Q. contempla la situación que deviene de su ejercicio antes de la declaración de quiebra del desapoderado, ello no autoriza a desconocer que la ratio legis estriba en que la facultad de retención es particularmente negativa para el proceso liquidatorio, cuyo objetivo primordial es la realización de los bienes del fallido. Como lo señala Rivera, el mantenimiento del derecho de retención resulta contradictorio con la idea de que todos los acreedores queden subordinados a los efectos de la quiebra y sólo ejercen las facultades sobre los bienes del fallido a través del síndico y de acuerdo con la ley concursal (…)Por este motivo, no obstante se trate de créditos posteriores a la quiebra los que originan el ejercicio de tal facultad, lo cierto es que respetando la télesis de la norma, no podría mas que aceptarse que en caso de falencia del obligado la operatividad del instituto se encuentra suspendida, puesto que el pago del crédito que autoriza su ejercicio se encuentra sometido al régimen de reparto impuesto en caso de quiebra, en el caso particular, a lo reglado por el art. 240 de la L.C.Q..- En otras palabras, admitir que no se encuentra suspendida en el caso de falencia la facultad reconocida por el art. 3939 del Código Civil llevaría a desconocer el régimen de proporcionalidad que regula la ley para los créditos beneficiados con la preferencia del art. 240 de la L.C.Q.., lo que a mi entender no puede aceptarse (…)