CARATULA

 

 

 

Comisión: “Facultades y deberes del síndico y otros sujetos de los concursos. “

 

 

 

Datos de los autores:

 

Nombre y Apellido: Gustavo Filizzola

Fecha de nacimiento: 11 de diciembre de 1965

Profesión: Contador Público Nacional; Especialista en Sindicatura Concursal

 

Nombre y Apellido: Juan Carlos Romero

Fecha de nacimiento: 08 de octubre de 1951

Profesión: Contador Público Nacional; Especialista en Sindicatura Concursal

 

Nombre y Apellido: Ricardo Ruiz Vega

Fecha de nacimiento: 23 de enero de 1944

Profesión: Contador Público Nacional; Especialista en Sindicatura Concursal

 

Nombre y Apellido: Carlos Alberto Tabasco

Fecha de nacimiento: 30 de junio de 1947

Profesión: Contador Público Nacional; Licenciado en Administración; Especialista en Sindicatura Concursal

 

Dirección y código postal: (5500) Colón Nº 137, primer piso, of. 1, ciudad de Mendoza

Teléfono/s: 4324765 – 4201270 - 154716839

 

Direcciones de correo electrónico: gfilizzo@fcemail.uncu.edu.ar; juancaromero03@gmail.com; ruizvegaricardo@gmail.com; tabasco@speedy.com.ar

 

 

 

 

Título de la ponencia: ALGO MÁS SOBRE HONORARIOS


ALGO MÁS SOBRE HONORARIOS

 

Gustavo Filizzola, Juan Carlos Romero, Ricardo Ruiz Vega y Carlos Tabasco

 

SUMARIO

Quienes, por diferentes motivos, hemos trabajado en procesos concursales sabemos que, consciente o inconscientemente  accedimos a una verdadera especialidad. Sin embargo, pensamos que los honorarios a los que todos aspiramos, como retribución de esa tarea, en la actualidad, no resultan acordes con la dedicación y responsabilidad que debe asumirse por imperio de la ley, en especial para aquellos actores que intervienen como resultado de un sorteo y, por lo tanto no están al alcance de poder convenirlos  voluntariamente con los concursados/as

DESARROLLO:

Hemos elegido un tema que no por lo remanido deja de tener actualidad en razón que aunque sea abordado en casi todas los congresos o jornadas, cuando llega el momento de ser tratado, es decir, en oportunidad de modificarse o sustituirse la LC, pareciere que los responsables de  redactar los anteproyectos, proyectos y/o texto definitivo de las leyes, mirasen para otro lado, no tomando en cuenta las críticas, procediendo absolutamente al revés del clamor de los trabajos sobre el tema y, en la mayoría de los casos, sin dar explicación alguna o exponer detalladamente los motivos del porqué se procedió de la manera decidida.

Para no retrotraernos a épocas que podrían ser criticadas por su antigüedad, comenzaremos este breve análisis con lo que estableció la ley 19.551, vigente a partir del 1º de julio de 1972.[1]

Los puntos 131 y 132 de su Exposición de Motivos[2] consignan que fue especial preocupación de la Comisión, establecer normas sobre honorarios que contemplen adecuadamente los intereses del concurso y una justa retribución para los profesionales y demás funcionarios no permanentes. Que, si bien no puede decirse que existan sistemas perfectos, se ha procurado, por una parte, dar mayor extensión a los límites máximos y mínimos de regulación para adecuar la justicia de ella a las circunstancias de cada caso, previendo a su vez otros donde los valores en juego puedan no haber sido determinados de una manera objetiva o no dar base suficiente para una regulación equitativa (concurso preventivo o clausura por falta de activo, por ejemplo). Que, sin entenderse necesario exponer el contenido total de los preceptos se indica: a) Se precisa detalladamente la oportunidad en que la regulación debe efectuarse según los distintos supuestos previsibles. Con ello se supera lo inarmónico o insuficiente de la ley actual (refiriéndose a la ley 11.719); b) Se establecen proporciones de regulación en caso de acuerdo y de quiebra liquidada, tratándose de dar mayor amplitud a las escalas a fin de establecer en cada caso particular las soluciones equitativas que los jueces pueden valorar; c) Se prevén los casos especiales de conclusión o clausura final, valorando la circunstancia de cada situación y la justa retribución; d) Se soluciona especialmente la remuneración especial admisible en cada caso de continuación de la empresa, permitiendo diversas soluciones que puedan adecuar la retribución a la naturaleza de los trabajos y los propios de la explotación; e) Finalmente, se dispone la inaplicabilidad de aranceles locales, atento el carácter de la ley de concursos y se regla la apelación.

El criterio allí expuesto, en lo relativo a la regulación de los honorarios, fue acertado en cuanto .opinamos que las leyes, en general, deben ser amplias, abarcando la generalidad de los casos, evitando la casuística y el reglamentarismo extremo, de tal manera que sus normas, aplicadas por los jueces se adapten a los casos particulares, fundando sus decisiones con arbitrio y equidad.

No obstante, también se dijo que “la regulación de honorarios ha sido reglamentada en forma tan minuciosa y discriminada por la ley 19.551 que su comentario se vuelve una glosa de sus disposiciones particulares…En principio pueden considerarse superadas las imprevisiones y problemas sobre el particular, de la ley 11.719.”[3]

Así, el art. 288 LC establecía cinco oportunidades en que los jueces debían regular honorarios. Se criticó que su inicio era inapropiado, pues sólo mencionaba a los funcionarios intervinientes en los casos que especificaba en sus cinco incisos y, luego, cuando particularizaba en cada inciso, se mencionaba a profesionales intervinientes –no profesionales- enumerados por el art. 264, inc. 1 (arts. 289, 290, 291 y 292).[4] Sin embargo, no nos detendremos en este aspecto -que la jurisprudencia se encargó de precisar- pues no hace al tema principal de esta ponencia que es la insuficiencia y, hasta arbitrariedad de la ley de concursos vigente respecto a la retribución por honorarios a quienes han realizado tareas de beneficio común para la seguridad, conservación y administración de los bienes y diligencias propias del proceso concursal.

Su art. 289 establecía que, en caso de acuerdo[5] los honorarios totales[6] debían ser regulados sobre el monto del activo prudencialmente estimado por el tribunal, en proporción no inferior al dos por ciento ni superior al ocho por ciento, teniendo en cuenta los trabajos realizados y el tiempo de desempeño.

Destacamos el amplio margen de discrecionalidad (del 2% al 8%) que tenía el juez[7] para regular los honorarios en base a dos pautas: la labor realizada y el monto del activo en juego.

Como también lo establece el art. 256 de la ley 24.522 dichos porcentajes se calculan sobre el monto del activo prudencialmente estimado por el tribunal.

Debido a que no es el enfoque de esta ponencia, respecto a la base regulatoria nos remitimos a la excelente obra de Pesaresi y Passaron ya citada.[8]

En 1983, luego de desastre de Malvinas y antes de la obligada salida democrática, el estado de cosas en el país en relación a la deuda externa argentina forzaba una solución urgente haciendo necesario el obtener el anticipo, a cuenta de mayor suma, de un préstamo puente. Los bancos prestamistas condicionaban su aporte a la modificación del art. 4º de la ley 19.551 que postergaba la verificación de los créditos que debían pagarse íntegramente en el extranjero, respecto a los que debían cumplirse en el país. Fue así que el gobierno militar, considerando que resultaría evidente que la modificación de ese solo artículo era confesar el sometimiento liso y llano a la presión extranjera, sancionó, de apuro, la ley 22.917.[9] Dicha circunstancia quedó en evidencia a los pocos días pues hubo que dictar una ley “fe de erratas”, la 22.985 que enmendó cantidad de errores y/u omisiones, la mayoría gramaticales.[10]

Traemos a colación ese triste episodio –lesivo de nuestra soberanía como país- pues la ley 22.917 modificó el art. 289 de la ley 19.551 y estableció un segundo límite máximo en el total de las regulaciones fijándolo en 8% del pasivo verificado.

La Exposición de Motivos de esta ley de facto consigna en el punto 35, f) que “el art. 289 contempla uno de los casos más debatidos en sede de la Comisión y que se refleja en alguna de las sugerencias recibidas. Tras ponderarse distintas alternativas, se entendió que la adopción de un segundo límite máximo, referido al pasivo, puede significar un parámetro de justicia apto para decidir las cuestiones y asuntos más significativos. En la Comisión se consideró –aún cuando al respecto no hubo acuerdo entre sus miembros- que situaciones de exorbitancia podrían en su caso motivar soluciones extraordinarias para su razonable ajuste, sin ser necesaria previsión específica dentro de la ley común.”

Para los suscriptos, la explicación entrecomillada no tiene explicación razonable. ¿Qué situaciones de injusticia podrían presentarse cuando el juzgador tenía dentro del cien por ciento del máximo posible de regular a todos los funcionarios intervinientes solo el veinticinco por ciento? Los argumentos son inentendibles.

Veremos que, además, han obrado y obran negativamente, por ejemplo, respecto a la independencia de criterio que los profesionales deben tener en la conformación de la masa pasiva. En efecto, el límite máximo referido al pasivo verificado puede hacer –y, en la práctica sucede- que en la etapa de verificación de créditos, quienes serán beneficiarios de honorarios a regular, no tengan interés en la reducción del pasivo; por lo menos, a límites menores que el activo estimado.

En el IIº Congreso Argentino de Derecho Concursal celebrado en 1984 en Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, el Dr. Emilio Ramón Hurtado expuso un trabajo de su autoría donde demostraba numéricamente lo absurdo de ese tope o límite máximo.[11]

Esa y otras críticas no fueron escuchadas y la ley 24.522 mantuvo el tope sobre el pasivo en el segundo párrafo del art. 256. Ya dice el dicho popular: no hay peor sordo que el que no quiere oír.

Pero, entrando de lleno en lo que respecta a la reducción, en algunos casos, superior al 50% de los honorarios, diremos que en el año 1995 es sancionada y promulgada la ley 24.522 que, con una modificación posterior sobre el tema, rige a la fecha de esta ponencia.

Se ha dicho que la “arrolladora vigencia del entonces superministro[12], más su temperamento prepotente e incontrolado, explican que la nueva ley de concursos, que terminaría con la recesión y el desempleo, se sancionara ya mismo. ¿Qué primero hay que proyectarla? Pues que se proyecte en treinta días. Y ésa fue la idea: un proyecto de nueva ley en treinta días.”[13]

Expongamos ahora que dicen los coautores del proyecto de ley: “En definitiva, la ley 24.522 con las reformas introducidas al régimen de los honorarios persigue por un lado, evitar que los honorarios se constituyan en un lastre que impida la recuperación de la empresa concursada, y por otro que en todos los procesos el síndico reciba una retribución decorosa.”[14]

Concretamente, la ley 24.522 redujo los márgenes regulatorios de la siguiente manera: a) En los casos de acuerdo preventivo el cálculo sobre el activo prudencialmente estimado que, según la ley 19.551, era del 2% al 8%, quedó fijado entre 1% al 4%, mientras que el tope sobre el pasivo verificado que era del 8% se redujo al 4%; b) En los casos de quiebra liquidada, el cálculo sobre el activo realizado que era entre al 8% al 25% quedó reducido en el entorno del 4% al 12%; c) En los casos de continuación de la empresa el cálculo, realizado sobre el resultado neto obtenido de esa explotación, se redujo del 20% al 10%.

En el régimen vigente hasta 1995 el síndico debía vigilar el cumplimiento del acuerdo preventivo o resolutorio y, por dicha tarea, ejercida con posterioridad a la homologación y hasta el cumplimiento, tenía derecho a ser retribuido con hasta el 2% de lo pagado a los acreedores comprendidos en dicho acuerdo.[15] El régimen vigente asigna la tarea de controlador necesario en la etapa de cumplimiento del acuerdo preventivo –recordemos que la modificación eliminó el llamado acuerdo resolutorio- al comité definitivo de acreedores y, si se previera remuneración, debe estar regulada en el acuerdo. Por la actuación en la quiebra la remuneración al comité es fijada por el juez teniendo en cuenta la naturaleza y extensión de las funciones cumplidas.[16] No obstante, en los pequeños concursos, el art. 289 de la ley 24.522 establece que contralor del cumplimiento del acuerdo estará a cargo del síndico, en caso de no haberse constituido comité de acreedores y, en tal caso, los honorarios por su labor en esta etapa serán del 1% de lo pagado a los acreedores. Como se observa, también en este supuesto la reducción alcanzó a la mitad.

Seamos realistas; quienes presentan esta ponencia han ejercido como síndicos durante varias décadas. En ese lapso, no conocieron caso alguno que los honorarios hayan actuado como salvavidas de plomo para ninguna empresa viable. Ello, por diferentes razones. Primero porque justamente los jueces, al regular, evalúan, aún con los nuevos y vigentes parámetros, esa circunstancia. También porque los profesionales prefieren cobrar a una empresa concursada y en recuperación y no participar de un incierto dividendo concursal.

También afirmamos que los más perjudicados por la reducción en los parámetros regulatorios fueron aquellos funcionarios que, en razón de su actuación, no pueden pactar anticipadamente con el/los concursado/s sus honorarios ni el comenzar a percibirlos antes de las respectivas regulaciones.

Por último, la ley 25.563, asestó un nuevo castigo a los márgenes regulatorios estableciendo que, para el caso que el monto del activo prudencialmente estimado supere la suma de cien millones de pesos, los honorarios previstos no podrán exceder el 1% del activo estimado.[17]

En otra ponencia, referida a la composición de la sindicatura dijimos, refiriéndonos al proyecto que pasó a ser la ley de concursos vigente que, ingresó por la Cámara de Diputados y allí fue aprobado, sin discusión parlamentaria[18] pues en dicha Cámara el Poder Ejecutivo tenía gran preponderancia entre los legisladores “levanta manos” o, como también se los ha dado denominar, con “disciplina partidaria” o, según otros, afectos a la “obediencia debida”[19].

Consideraciones similares nos merece la ley 25.563 y, al respecto, tomaremos del ya citado libro de Pesaresi y Passaron[20] las siguientes citas. Comenzaremos con la de Esparza: “en un todo de acuerdo y sintonía con el espíritu… de la ley 24.522, el legislador de la ley 25.563 introduce una innecesaria e irritativa modificación en materia de honorarios profesionales… una muestra más de absoluta displicencia e irresponsabilidad con la cual nuestros legisladores manejan los dineros ajenos. Ello tanto para los fondos públicos, como en este caso para los privados”, y enfatiza que la “crisis económica y eventualmente sus soluciones no pasan por la modificación (de la retribución de quienes) intervienen en el concurso. El origen del saneamiento o costo de la crisis e incluso de los procesos concursales no tiene relación con los honorarios profesionales… Disposiciones como éstas (que seguramente en la práctica no serán respetadas) no solo siguen desprestigiando y pauperizando las profesiones, sino que además son un claro síntoma de la falta de visión política de nuestra clase dirigente, que no valora adecuadamente el saber y la capacitación profesional.[21]

Según Dasso, con la reducción “se cierra el elenco de estímulos para el concursado”, el cual se traduce en una “tentación para los síndicos de infravalorar (el activo) para no llegar al tope y paradójicamente la del deudor para lograr convicción sobre el alto valor económico de (aquel)”[22]

Para significar que la retribución profesional se ha transformado en una recurrente variable de ajuste, Barreiro y Lorente recurren a la expresión “y van… “[23]; mientras que Truffat apunta que con este mecanismo se vuelve “a castigar a los profesionales con una inopinada reducción de honorarios… además de las ´sobrevaluaciones´ de activos por parte de los deudores para tener esta nueva escala retributiva (a la que responderán no pocos síndicos en valuar con puntillosidad inusual), y a la baja, en la oportunidad (de presentar el informe general)… Además la ley demuestra no confiar con la prudencia de los jueces (ya poco afectos en la última década a regular con generosidad el accionar de los letrados).[24]

Grispo considera que la prudencia de los jueces en la regulación de los honorarios profesionales es sumamente adecuada a la realidad actual, motivo por el cual ve con disfavor el detrimento dispuesto. En definitiva, concluye, este agregado “tiene como propósito una nueva reducción de los emolumentos profesionales en los concursos, utilizando los mismos como variable de ajuste en los costos de éste tipo de procesos.”[25]

Graziábile admite, en cuanto a su oportunidad, que “no tiene fundamento temporal… introducir (este cambio) en la ley, sin mayores consideraciones y sin realizar un análisis profundo sobre el tema de los honorarios en los concursos.”[26]

Gebhartdt manifiesta que al igual “que como lo hizo en su momento la ley 24.522, se reducen fuertemente los honorarios de los profesionales” y que el “sistema utilizado es, de nuevo, desaprensivo con la situación que emerge frente a otros concursos de activos menores de cien millones; allí el máximo es del 4%, lo cual exhibe la desproporción del sistema consagrado, afortunadamente sólo hasta el 10 de diciembre de 2003.”[27]

Junyent Bas y Molina Sandoval sostienen que “esta norma es innecesaria y sobreabundante” porque la ley 24.522 “no ha abandonado el principio de equidad en las regulaciones de honorarios” pues estaba contemplada la “posibilidad de reducir los honorarios sin tener en cuenta los mínimos legales” (art. 271 LC). Proponen que, para superar la discriminación, difícil de explicar, que implica la posibilidad de regular honorarios menores cuando el activo supere los cien millones frente a honorarios mayores cuando el activo no supere ese límite, calcular los estipendios con dos alícuotas diferenciadas. Esto es, aplicando una primera escala entre el 1% al 4% hasta los cien millones y de hasta el 1% en lo que exceda de cien millones respecto al activo.[28]

En algunas ocasiones hemos escuchado decir al Dr. Ariel A. Dasso, refiriéndose al tema desarrollado en esta ponencia: “si el pago es con maníes, asesorarán los monos”. En efecto, sin honorarios justos, la calidad de los servicios podría llegar a ser acorde con el quantum de la retribución, con resultados negativos para los procesos concursales y en desprestigio de la actuación de los profesionales intervinientes, no obstante la pretendida especialización en una temática tan compleja.

Para terminar algunas palabras respecto a las oportunidades de regular. Como se dijo, se hallan previstas en el art. 265 LC. En el caso de acuerdo preventivo la regulación corresponde cuando es homologado. Todos sabemos que, pese al principio de celeridad procesal[29] habitualmente transcurren dos o más años desde la apertura. En la mayoría de los casos son apelados y deben sumarse muchos meses más hasta que la alzada se expida y queden firmes. Recién ahí comienza el cómputo del plazo de noventa días para que se tornen exigibles[30].

Por ello sostenemos que resulta necesario establecer en la ley alguna forma de anticipos tal como, por ejemplo, lo prevé el art. 270 LC en casos de continuación de la empresa.

Pensamos que tales anticipos, confiados en su cuantía a la prudencia de los jueces, coadyuvarán a evitar conductas hoy ilegales pero que, a veces, se tornan necesarias, indispensables, por razones alimentarias, de aquellos profesionales que no tienen otros ingresos ni patrimonio suficientes para sobrevivir mientras desempeñan con gran dedicación sus funciones concursales a la espera de percibir sus honorarios luego de lapsos tan prolongados.

 

CONCLUSIÓN:

De lege ferenda, por los motivos expuestos, proponemos en materia de regulación de honorarios profesionales, volver a los porcentajes de la ley 19.551 –que ya había morigerado los que preveía la ley 11.719- eliminando, en los concursos preventivos el tope aplicado sobre el pasivo verificado y la reducción de la escala cuando el activo prudencialmente estimado supere cualquier importe. Asimismo, que en los concursos preventivos, se establezca un sistema de anticipos o pagos a cuenta, de manera similar al sistema contemplado por el art. 270 LC.