“Guzman Ana Maria s/ concurso preventivo s/ incidente de impugnación al acuerdo por Intraguillermo María del Carmen” (FG nº 106.166).

Juz. 12 – Sec. 24 – Sala A 14572/09

Excma. Cámara:

1. El juez de primera instancia rechazó la impugnación al acuerdo introducida por María del Carmen Intraguillermo.

Fundó su decisión en que no se acreditó que la concursada hubiera ocultado fraudulentamente parte de su activo.

Explicó que para que proceda tal causal de impugnación no basta la mera comprobación de maniobras tendientes a distorsionar datos referidos a la composición real del activo sino que debe acreditarse, además, la intención fraudulenta del deudor tendiente a condicionar la voluntad de los acreedores comprendidos en la propuesta.

En el caso, juzgó que la impugnación era improcedente porque aún cuando se pudo verificar que la concursada ocultó el 25% de un inmueble no se probó la intención de defraudar al único acreedor verificado, quien prestó su conformidad e incluso firmó el escrito de contestación de la impugnación al acuerdo solicitando el rechazo de tales impugnaciones.

Por lo demás, el juez afirmó que el ocultamiento del 25% del inmueble motivó que se designara un coadministrador y que no se comprobó la existencia de los locales denunciados por la impugnante ni mediante la prueba aportada por esta ni mediante la labor de la sindicatura.

2. Apeló María del Carmen Intraguillermo en los términos que surgen de fs. 597/604. Destacó que este concurso esta plagado de irregularidades.

Relató que la concursada es la madre de su ex marido, quien omitió denunciarla como acreedora pese a que fue condenada a pagarle una indemnización de $10.000 por haber sido condenada por el delito de falsedad ideológica en el que resultó damnificada. De esa forma la concursada la privó de 2

intervenir en el trámite del concurso que fue decidido por un único acreedor, el doctor Solmesky, que es el letrado patrocinante de la concursada. En ese contexto, la apelante se agravió de que en tales circunstancias el juez haya desoído sus denuncias respecto del ocultamiento fraudulento de activos desplegado por la concursada. Reiteró que ocultó parte de los locales que posee en Comodoro Rivadavia, como así también la percepción de alquileres.

3. Considero que el recurso de apelación deducido por el acreedor impugnante debe ser admitido.

En efecto, evaluadas las circunstancias del caso, la composición del activo y pasivo de la deudora, y demás información brindada por la sindicatura respecto del concursado en su informe general, concluyo que la propuesta ofrecida vulnera el orden público económico (art. 52 inc. 4 LC).

Ana María Guzman no se presentó en concurso preventivo para lograr una solución colectiva a su estado de insolvencia sino que utilizó el proceso concursal para defraudar los derechos de su principal acreedora, María del Carmen Intraguillermo.

María del Carmen Intraguillermo es la ex esposa de uno de los hijos de la concursada. Conforme acreditó en autos, querelló a Ana María Guzman por haber incurrido en el delito de falsedad ideológica cometido en el marco de una maniobra que la concursada puso en marcha junto con su hijo para ayudarlo a insolventarse fraudulentamente, de modo que pudiera eludir el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias que le reclamaba por el hijo de ambos su ex mujer. Así, ambos habrían simulado la venta de un inmueble del hijo a favor de Guzman, mintiendo sobre el hecho de que el mismo era la sede del hogar conyugal.

Tal hecho motivó una condena en sede penal por falsedad ideológica y la consiguiente condena civil por $10.000 a favor de la querellante. La condena data del 16 de marzo de 2001 (v. fs. 138/143 de los autos principales) y fue confirmada el 12 de julio de 2001 por la Cámara Nacional de Apelaciones competente (v. fs. 144/145 del concurso). En base a dicha condena Intraguillermo Interin, Ana María Guzman se había presentado en concurso preventivo ocultando tal circunstancia a Intraguillermo, y omitiendo denunciarla como acreedora. Ministerio Público de la Nación 3

inició un incidente de ejecución de condena, en el que obtuvo el 3 de abril de 2002 una orden de embargo contra Guzman (v. fs. 118 del concurso).

Interin, Ana María Guzman se había presentado en concurso preventivo ocultando tal circunstancia a Intraguillermo, y omitiendo denunciarla como acreedora.

De hecho, surge de las constancias de autos que Ana María Guzman solicitó la apertura de su concurso preventivo el 22 de noviembre de 2001. Es decir, cuatro meses después de que la condena por falsedad ideológica en su contra hubiera quedado firme.

Afirmó estar en cesación de pagos y denunció tres acreedores por deudas fácilmente preconstituibles (un mutuo, y dos fianzas por locaciones), documentadas en instrumentos privados que carecen de fecha cierta, y que jamás se presentaron a verificar. En cambio, la concursada omitió denunciar como acreedora a la incidentista, que según se verificó luego, era su principal, sino única acreedora.

Así privó a la incidentista de participar en el concurso, que siguió adelante merced al único crédito que obtuvo verificación; un crédito por $3.000 del abogado Alberto Solmesky que es el letrado patrocinante de la concursada (v. fs. 74 y 91 de los autos principales).

Con su conformidad (v. fs. 97 del concurso) se pretendió imponer a Intraguillermo la abusiva propuesta que involucraba una quita del 80%, con 3 años de espera desde la homologación, en diez cuotas anuales sin intereses ni ajustes de ninguna naturaleza (v fs. 92 del cocnurso).

La utilización abusiva que realizó la señora Guzman de este proceso concursal es tan contundente como evidente es la complicidad de su abogado, Alberto Solmesky que puso sus conocimientos técnicos al servicio del fraude.

Cabe advertir que el abogado Solmesky no sólo es el abogado patrocinante de la concursada sino que también fue quien la asistió en la causa penal que motivó la condena por falsedad ideológica y originó el crédito de Intraguillermo y 4

luego fue el único acreedor verificado, cuya conformidad determinó la existencia de acuerdo. Incluso, la causa del crédito verificado a su favor no es otra que la regulación de honorarios en el juicio penal donde Intraguillermo era querellante.

En ese contexto, procede admitir el recurso de apelación deducido en autos.

Este Ministerio Público considera que el régimen concursal no puede ser utilizado en forma abusiva, para que el deudor se libere de sus obligaciones mediante el pago de sumas insignificantes, evitando las consecuencias de la declaración de quiebra en materia de inhabilitación (art. 234 a 238 L.C.), responsabilidad (art. 160 a 171 L.C.) y acciones persecutorias (art. 119 L.C.), si hubiere lugar. Sobre todo, teniendo en cuenta la dificultad de controlar las negociaciones individuales que realiza el deudor con sus acreedores a fin de obtener las conformidades.

De otra manera, el sistema concursal se transformaría en un medio apto para socializar las pérdidas del empresario, lo que repugna a los principios de un sistema de economía de mercado que se basa en la asunción de riesgos.

Si el proceso concursal se utiliza abusivamente, se desvanece la alternativa de ganar y perder que detona la búsqueda de una gestión eficiente, minimizando el riesgo empresario en que se asienta el desarrollo de un sistema económico liberal evolucionado. Ello encarece el crédito y desalienta la inversión.

También se derrumba la seguridad jurídica cuando pierden eficacia los medios jurídicos compulsorios para que los acreedores cobren sus créditos. En efecto, cuando el crédito nace –dice Piero Pajardi- su titular asume en el confronte de todo el patrimonio del deudor una posición jurídica de legítima expectativa. Su buena fe, en asumir el crédito y el relativo riesgo de insatisfacción, va fuertemente protegido. Y no sólo por razones objetivas vinculadas a la salud del ordenamiento jurídico, sino sobre todo por respeto a la persona del acreedor que ha Desde ese punto de vista, la homologación de un acuerdo que implica desvirtuar la eficacia de los medios compulsivos con que cuentan los acreedores para hacer valer sus derechos, va más allá de su particular interés para convertirse en una cuestión que afecta el interés general. Ministerio Público de la Nación 5

tenido confianza, porque sabía que el ordenamiento lo protegería en virtud de la justicia de su causa.

La credibilidad de los ordenamientos jurídicos modernos en tema de derecho de fondo –dice el autor- se asienta en su capacidad concreta de tutelar el derecho de crédito, que es un soporte indefectible de la libertad y del crecimiento (v. Pajardi P. “Radici e ideologie del fallimento” E. Giuffrè, Milán, 2002, pág. 66 y 6).

Desde ese punto de vista, la homologación de un acuerdo que implica desvirtuar la eficacia de los medios compulsivos con que cuentan los acreedores para hacer valer sus derechos, va más allá de su particular interés para convertirse en una cuestión que afecta el interés general.

Así lo ha entendido el legislador al habilitar al Ministerio Público Fiscal como parte en la impugnación del acuerdo (art. 276 L.C.) y al conferirle al juez la atribución –y el deber- de no homologar una propuesta abusiva (art. 52 inc. 4 L.C.) (conf. autos: “Compañía Argentina de Servicios Hipotecarios (CASH) S.A. s/ concurso preventivo s/ inc. de impugnación al acuerdo preventivo promovido por Calcon Construcciones S.R.L.”, dictamen nº 105.803 de fecha 05.05.2005, con fallo de la Sala E de fecha 19.05.05, que remitió a sus fundamentos).

“Uno de los principios fundamentales de cualquier organización –y también de la democracia- es el de saber premiar y poder punir. Si una organización contiene bolsones de impunidad, éstos se transforman en áreas de ineficiencia y parasitismo. Por lo tanto, una democracia que se transforma en una república de la impunidad es seguramente una pésima democracia.” (Sartori, Giovanni, “In Parlamento a Turni Alterni”, 2-6-07, www.corrieredellasera.com.it).

En consecuencia, se impone la necesidad de no premiar, y por el contrario, punir la conducta del deudor con la no homologación del acuerdo. Ello, en tanto se ha conducido de forma tal que este proceso concursal fue utilizado abusivamente para defraudar los derechos de la principal acreedora.

Recientemente, la Corte Suprema de Justicia revocó la homologación del acuerdo preventivo judicial de Sociedad Comercial del Plata S.A. 6

(S n° 620 L.XLII). La Corte consideró que existió una violación del derecho de defensa en juicio y del debido proceso, así como una afectación sustancial del crédito como consecuencia del ejercicio abusivo del derecho contrariando los fines que la ley tuvo en miras al establecer el concurso preventivo (considerando 10 y ss. del voto de la mayoría).

Estas mismas circunstancias se presentan en el caso dado que la señora Guzman se presentó en concurso para violar el derecho de defensa en juicio y del debido proceso de dos modos. En primer lugar, impidiendo la promoción de la vía ejecutiva que la impugnante había puesto en marcha para cobrar. En segundo lugar, impidiendo su participación en la votación del acuerdo al omitir denunciarla entre sus acreedores. Por otro lado, existe una afectación sustancial del crédito en tanto que Guzman pretende imponerle un acuerdo que licúa su crédito al 20% sin intereses con 3 años de espera y a cobrar en 10 años. Y eso, con el voto de su abogado patrocinante que es el único acreedor verificado. Tal conformidad, emitida en un evidente conflicto de intereses sólo puede ser reputada abusiva (art. 1071 CC) puesto que el abogado que asesoró a la señora Guzman para que presentara este concurso preventivo donde se defraudarían los derechos de la acreedora Intraguillermo, fue quien decidió la existencia del acuerdo que se impondría a la acreedora perjudicada.

Además, el hecho de que el abogado aceptara cobrar menos del 20% de su crédito según los términos de la propuesta sólo puede entenderse dada su connivencia con la concursada. Ninguna otra explicación le cabe, dado que la propuesta era por demás abusiva teniendo en cuenta que el síndico identificó un patrimonio de al menos $ 230.532 (v. informe general a fs. 81/85 del concurso). Tal patrimonio, alcanza para satisfacer con creces las deudas verificadas en este concurso.

La aceptación de tales quitas y esperas por parte del abogado constituye un grave indicio de que el acuerdo no fue más que una maniobra para que la deudora defraude los derechos de la acreedora Intragullermo. Tales irregularidades verificadas en el trámite agravan el estado de indefensión al que se vio sometida la acreedora Intraguillermo cuyos derechos ya Ministerio Público de la Nación 7

Sumado a ello, debo señalar que las irregularidades verificadas en el trámite concursal evidencian que no se respetó el debido proceso ni las garantías de los acreedores relativas a la protección de su crédito.

Los obstáculos a los que se vio sometida la acreedora excluida lejos de mermar cuando accedió a este concurso, se vieron acrecentados. Sus denuncias relativas a que Ana Maria Guzman había ocultado la existencia de su crédito y pretendía imponerle el acuerdo con el voto de su abogado fueron desechadas (v. contestaciones de la sindicatura en los autos principales, fs. 153 y fs. 351 entre otras). La investigación se centró en las cuestiones referidas al ocultamiento de activos, cuando existían pruebas acabadas de que el fraude era mucho mayor puesto que el concurso estaba orientado a desbaratar los derechos de la acreedora desplazada. Luego, su impugnación al acuerdo fue rechazada por extemporánea (fs. 355 del concurso), pese a que en el expediente se había omitido declarar la existencia del acuerdo en los términos del art. 49 LC, por lo que el acuerdo no estaba ni siquiera en condiciones de ser sometido a impugnaciones (art. 50 LC). La acreedora Intraguillermo debió ocurrir en queja a esta Cámara para que tal irregularidad fuera puesta de manifiesto (v. fs. 369 del cocnurso) y el juez a quo dictara la resolución del art. 49 LC (fs. 374 del concurso).

Finalmente, las irregularidades se irradian hasta la fecha, cuando aún no encontrándose firme el rechazo a la impugnación al acuerdo -objeto de este recurso- y sin que se hubiera dictado siquiera la resolución homologatoria, en el proceso principal se esta discutiendo si corresponde concluir el concurso por pago del acuerdo (v. autos principales fs. 843/844 donde la concursada deposita $2119,40 en pago a la acreedora Intraguillermo, aplicando la propuesta homologada por su abogado; fs. 871 donde la sindico se pronuncia a favor de que se concluya el concurso por pago del acuerdo).

Tales irregularidades verificadas en el trámite agravan el estado de indefensión al que se vio sometida la acreedora Intraguillermo cuyos derechos ya 8

habían sido expoliados como consecuencia de haber sido excluida del trámite del concurso, urdido a sus espaldas para defraudar sus derechos.

En ese marco, considero que V.E. debe revocar la resolución apelada y rechazar la homologación de la propuesta porque es abusiva y en fraude a la ley (art. 52 inc. 4 L.C.).

Por lo demás, advierto que la actuación del abogado en la maniobra defraudatoria intentada en este proceso debe ser puesta en conocimiento del Colegio Público de Abogados a los efectos que estime pertinentes.

Por último, toda vez que se advierte que la síndico mantuvo una actitud pasiva ante el trámite irregular y abusivo de este concurso (v. a modo de ejemplo fs. 153, fs. 351 y fs. 871 de los autos principales) encomiéndese al juez de primera instancia que investigue tal conducta y en su caso, aplique las sanciones que correspondan.

Dejo así contestada la vista conferida.

Buenos Aires, marzo 13 de 2010.

Fdo. Alejandra Gils Carbó

Fiscal General