La semana próxima comienza a regir la reforma a la Ley de Concursos y Quiebras n° 26.684 que incluye una participación más relevante de los trabajadores en el proceso. Estos tendrán la posibilidad de comprar la fábrica fallida ofreciendo en pago el monto de sus créditos, si se organizan como una cooperativa. Un proyecto rectificatorio mejoraría los honorarios de la sindicatura que ya venían siendo postergados. Les acercamos un resumen de las principales reformas a la ley.

La nueva Ley de Concursos y Quiebras plantea nuevos desafíos a los abogados de acreedores laborales al incrementar la participación de los trabajadores en el proceso de concurso preventivo y de la quiebra [ver Ley 26.684]. (Corresponde al link http://www.boletinoficial.gov.ar/DisplayPdf.aspx?s=BPBCF&f=20110630 que es el archivo electronico del Boletin Oficial de la Nacion del jueves 30/06/2011 donde se publico la ley)

En el trámite del concurso preventivo las innovaciones se refieren a:

  • La presentación en concurso debe incorporar la nómina de empleados y el detalle de la deuda laboral y previsional a título meramente informativo (art. 11);
  • El auto de apertura del concurso debe disponer que la audiencia informativa -a realizarse sobre el vencimiento del período de exclusividad- se notifique a los trabajadores del deudor. También debe ordenar al síndico que verifique si la información dada por el concursado sobre su deuda laboral y previsional es veraz, mediante una auditoría de su documentación y libros (art. 14);
  • Los trabajadores tienen un representante en el Comité de Control que en las sucesivas etapas del procedimiento emite opinión, sobre todo para la autorización de actos de disposición de bienes (arts. 14, 32, 45, 201, 260);
  • Se amplía el derecho de pronto pago a todos los créditos que gocen de privilegio general o especial y se eleva a un 3% los ingresos mensuales brutos de la empresa que se afectarían a ese fin ante la falta de fondos líquidos (art. 16);
  • No se suspende el pago de intereses sobre los créditos laborales por salarios y toda indemnización derivada de la relación laboral (art. 19);
  • Se derogó la norma que disponía que la apertura del concurso dejaba sin efecto los convenios colectivos de trabajo por el plazo de tres años (art. 20);
  • Reconoce a los trabajadores de la concursada -que no tuvieren el carácter de acreedores- el derecho a revisar los legajos y ser informados por el síndico sobre los créditos verificados (art. 34);
  • La cooperativa de trabajo conformada por trabajadores de la misma empresa puede formular ofertas de compra del paquete accionario si fracasa el acuerdo con el deudor y se abre el denominado cramdown (art. 48);

En el régimen anterior el concurso preventivo transcurría a espaldas de los trabajadores, según se advierte con el tenor de las reformas. Antes el comité de acreedores estaba formado por aquellos de mayor monto y generalmente eran bancos.

Esto planteaba un cuadro de absoluta disparidad porque si un banco pierde su crédito, pierde un negocio –generalmente, una ínfima porción de su patrimonio-, pero si un trabajador pierde su empleo, en la mayoría de los casos, pierde una vida de trabajo y capacitación, tanto como el sostén de su familia. Esta situación era absolutamente ignorada por la Ley 24.552 y sus sucesivas modificaciones.

El hecho de que ahora los trabajadores puedan opinar sobre la marcha del proceso y revisar los legajos de los créditos es una medida positiva y eficaz a favor de la transparencia del proceso y contra el fraude concursal. Nadie mejor que quienes trabajan en la empresa para saber si los créditos verificados existen de verdad o no

Sin embargo, lo más destacado de la nueva reforma es el reconocimiento dado a las Cooperativas de Trabajo. A partir de ahora, los trabajadores que se organicen en una Cooperativa podrán comprar la empresa en quiebra ofreciendo en pago el monto parcial o total de sus créditos laborales. Antes, la compra de los activos por la Cooperativa sólo podía realizarse con sus propios ingresos obtenidos mediante una ocupación temporaria o con intervención del Estado a través de una Ley de Expropiación.

La ley anterior preveía la posibilidad de que la Cooperativa de Trabajo continuara con la explotación de la empresa fallida, pero se trataba de una solución temporaria. Sólo era admitida con el objetivo de posibilitar la venta de la empresa en marcha, sin ninguna restricción sobre el destino de la actividad ni de los trabajadores. Ahora, uno de los elementos trascendentales de la reforma es que el juez puede ordenar la continuación de la actividad productiva, no sólo para obtener un mejor precio de los bienes en la venta, sino porque la considere viable económicamente.

Los mecanismos incorporados en la etapa de quiebra podrían resumirse en los siguientes pasos:

  • Se habilita a la Cooperativa de Trabajo como un sujeto legitimado para pedir la continuidad de la explotación de la empresa en quiebra (art. 190);
  • La empresa fallida continúa operando en manos de la Cooperativa hasta tanto se resuelva lo que corresponda con respecto a la continuidad de la explotación (art. 190);
  • La Cooperativa de Trabajo integrada por 2/3 de los trabajadores puede solicitar la continuidad de la empresa a su cargo cumpliendo los siguientes requisitos: (1) demostrar que es factible mantener la explotación sin contraer nuevos pasivos; (2) justificar la ventaja que resultaría para los acreedores de la enajenación de la empresa en marcha; (3) presentar un plan de explotación; (4) indicar los contratos que deben mantenerse; (5) justificar la ventaja que la continuidad proporcione a terceros; (6) explicar las reorganizaciones que sea necesario realizar para que la explotación sea económicamente viable; (7) la designación de los colaboradores que se necesiten para llevar adelante el plan de explotación y (8) la forma en que se va a cancelar el pasivo de la quiebra (art. 190 y ss).
  • Se prevé que el Estado brinde asesoramiento técnico a la Cooperativa (art. 191 bis)
  • Los acreedores hipotecarios o prendarios mantienen inalterable su privilegio bajo algunas condiciones: no pueden ejecutar las garantías si no están vencidas y si la cooperativa se hace cargo de los pagos posteriores. Tampoco pueden ejecutar las garantías si la resolución verificatoria de sus créditos no está firme, en caso de continuidad de la empresa. Es posible suspender la ejecución de los bienes en la quiebra si los acreedores hipotecarios o prendarios dan su conformidad. A su vez, por decisión fundada, el juez puede suspender la ejecución por dos años a pedido de la Cooperativa de Trabajo (art. 195).
  • El adquirente de la empresa fallida sólo asume el pasivo laboral respecto de los derechos laborales de quienes continuaron la explotación (art.199)
  • La Cooperativa puede solicitar la adquisición de los activos en la quiebra, haciendo valer la compensación de los créditos laborales verificados, de acuerdo a sus privilegios (art. 203 bis).
  • En el proceso de enajenación por subasta pública o licitación, la cooperativa adquiere legitimación para opinar sobre la tasación y  puede realizar oferta en igualdad de condiciones (art. 205).

Lo notable de la nueva reforma a la Ley de Concursos y Quiebras es que no son innovaciones de laboratorio de eficacia incierta, sino que se incorporó a la letra legal un fenómeno social, apolítico y exitoso que permitió recuperar más de 200 empresas fallidas en manos de los trabajadores.

Un proyecto de rectificación en trámite mejoraría los honorarios de los síndicos, que ven perjudicada su ecuación económica con motivo de la reforma y cuyo reclamo merece ser atendido.