La ejecución de un saldo deudor de cuenta corriente bancaria

Drucaroff Aguiar, Alejandro

Voces 

Título: La ejecución de un saldo deudor de cuenta corriente bancaria

Autor: Drucaroff Aguiar, Alejandro

Publicado en: LA LEY 08/07/2011, 5

Fallo Comentado:  Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala F ~ Banco Santander Río S.A. c. Cambello, Andrea Edith 

Sumario: I. Introducción. II. La sentencia. III. La ejecución del saldo deudor de cuenta corriente bancaria. IV. Cuentas no operativas y débitos de tarjeta de crédito. V. Colofón.


I. Introducción

El fallo de la sala F de la Cámara Nacional en lo Comercial que origina estas reflexiones, analiza diversas circunstancias que pueden plantearse en ejecuciones de saldos deudores de cuentas corrientes.

Se trata de cuestiones que han dado lugar a controversia en los últimos años, lo que otorga al caso interés doctrinario.

Por otra parte, la sentencia recuerda —con conceptos claros y precisos— los límites del debate en dichos procesos, resultantes del reducido marco cognoscitivo propio de las ejecuciones y, particularmente, de aquellas donde se demanda el cobro de acreencias originadas en el cierre de cuentas corrientes bancarias.

 

II. La sentencia

En el caso fallado, ante la demanda promovida por el banco acreedor, la accionada había opuesto —en lo que al presente análisis importa— excepción de inhabilidad de título.

Resulta del fallo que tal defensa se articuló con base en hechos no vinculados con la cuenta corriente en sí ni con su cierre, sino mediante la invocación de una relación laboral entre la demandada y otra empresa, ajena a la litis. Puede presumirse que ello se traía a colación para plantear —por vía de la aludida excepción— una ausencia de legitimación pasiva en la reclamada.

Asimismo, se sostuvo que la cuenta corriente origen de la ejecución era de las denominadas “no operativas” y había sido abierta a efectos de debitar en ella saldos deudores de tarjeta de crédito.

El Tribunal comienza estableciendo los alcances del conocimiento en los procesos ejecutivos, cuya naturaleza restringe el debate al examen de las formas extrínsecas del título e impide la discusión causal. La misma, como es sabido, queda reservada al proceso ordinario posterior en el cual será factible el planteo de toda defensa vinculada con la causa obligacional, en forma irrestricta.

En lo relativo al supuesto específico de la ejecución de cuenta corriente bancaria, el fallo destaca que su existencia no ha sido negada, así como tampoco medió cuestionamiento puntual y concreto sobre las formas extrínsecas del certificado de saldo deudor ejecutado, emitido conforme a lo prescripto por el art. 793 del Código de Comercio (Cód.Com). Recuerda que, con arreglo a dicha norma, la certificación bancaria debe precisar el importe del saldo debido al momento del cierre de la cuenta y contar con las firmas conjuntas de los funcionarios de la entidad financiera habilitados por la ley para emitirla.

Estos recaudos bastan para la habilidad del título, como lo sostiene la jurisprudencia plenaria de la Cámara desde antiguo (1)y la Sala sentenciante dejó establecido su cumplimiento en el caso resuelto, resaltando, a mayor abundamiento, la competencia del Fuero para intervenir en la ejecución (arts. 8 inc. 3° CCom y art. 43 bis del decreto-ley 1285/58) (Adla, XVIII-A, 587).

Se refiere luego el Tribunal a la improcedencia de ejecutar —por la vía del art. 793 CCom— saldos de tarjeta de crédito, cuando se trate de cuentas corrientes abiertas “exclusivamente” (las comillas pertenecen a la sentencia) para posibilitar el débito de aquéllos y su posterior ejecución. Hace mención a que, para el cobro de los aludidos créditos derivados del uso de tarjetas, debe acudirse a la preparación de vía ejecutiva que regula el art. 39 de la Ley de Tarjeta de Crédito 25.065 (LDT) (Adla, LIX-A, 62).

También expresa que no sería suficiente —para justificar la apertura de una cuenta corriente “no operativa”— la renuncia del titular de la tarjeta, pues esa cláusula devendría nula por imperio del art. 37 inc. b de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC) y del art. 14 inc. a de la LDT.

Sentado el contexto normativo, entiende el fallo que la demandada no acreditó la existencia de una cuenta no operativa o abierta con la exclusiva finalidad de debitar operaciones de tarjeta de crédito.

Ello, unido a la falta de cuestionamiento de las formas extrínsecas del certificado de saldo deudor y a la vigencia del art. 793 CCom, avala la aptitud ejecutiva del título ejecutado y el consiguiente rechazo de la excepción tratada.

Por último, la sentencia consigna la innecesariedad de la apertura a prueba del caso, reivindica la facultad que el ordenamiento procedimental confiere al juzgador a esos fines y subraya que, dada la forma en que quedó planteada la defensa y los medios probatorios ofrecidos, acceder a su producción implicaría desnaturalizar el trámite de la ejecución, ajeno —como queda expuesto— a la indagación causal.

 

III. La ejecución del saldo deudor de cuenta corriente bancaria

El buen funcionamiento del sistema financiero es una cuestión de interés general. Aunque nadie podría discutir la validez de esta afirmación, es oportuno replantearla al analizar los alcances del proceso de ejecución que habilita el art. 793 Cód.Com, pues los fines que la norma tuvo en su origen no se han visto modificados y siguen vigentes hoy.

No se concibe el desarrollo de la economía ni su crecimiento —ambos requisitos necesarios para la satisfacción de las necesidades de las personas y la plena vigencia de sus derechos, consagrados en el orden jurídico— sin un sistema financiero sólido y capaz de cumplir su rol en ella. Hace al bien común que así sea.

Puede discutirse largamente qué tipo de sistema es mejor para el país, cuáles son las deficiencias que deben corregirse en él, hacia dónde debe orientarse el crédito y tantos otros aspectos —propios de la política económica— de notorio interés. Lo que no está en discusión es la necesidad de que el sistema exista y funcione del mejor modo posible.

La morosidad es —tampoco se lo discute— uno de los parámetros determinantes de la fluidez del crédito y de la magnitud de la tasa de interés. Importa a la sociedad que el crédito sea todo lo amplio y lo accesible que se pueda lograr. Interesa, por ende, que la morosidad sea mínima, controlable y que no perjudique dichos objetivos. La abreviación sustancial de los procesos tendientes al cobro de deudas derivadas de cuentas corrientes bancarias es coherente con ellos, más cuando la prolongación de los tiempos de los litigios es —incluso en las ejecuciones— un problema serio con graves consecuencias y notoria tendencia a empeorar.

Los bancos operan bajo autorización y contralor de la autoridad de aplicación, el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Deben cumplir altas exigencias en orden a su estructura, recursos humanos y materiales y asumen una responsabilidad profesional, claramente agravada, por sus actos, conforme lo ha expresado una y otra vez la jurisprudencia. (2)

En ese marco debe leerse en la actualidad la habilitación de la vía ejecutiva para el cobro de los saldos derivados de cuentas corrientes bancarias. La certificación por la entidad financiera de tales saldos, otorgada con cumplimiento de los recaudos normativamente fijados, es título suficiente para una ejecución en la cual, como se sabe, el conocimiento por el Tribunal queda limitado a las mencionadas formalidades extrínsecas.

No puede —por todo ello— desnaturalizarse el proceso ejecutivo discutiendo en él la composición del saldo deudor o la procedencia de cada uno de los rubros que incidieron para arribar al mismo. No están permitidos planteos relativos al carácter de gerente o contador de los firmantes del certificado, pues es la entidad bancaria como tal la que, a través de ellos, emite el título. (3)

Por supuesto que los abusos y excesos deben ser sancionados —en esta temática como en cualquier otra— y sus autores deberán responder por las consecuencias, civiles o penales. Eso no justifica establecer —y mucho menos a priori— un demérito para las ejecuciones de certificados de deuda de cuenta corriente bancaria. Como en cualquier otro proceso ejecutivo, las defensas que no pueden articularse en él podrán tratarse en el juicio ordinario posterior al que el ejecutado tiene derecho.

Estos razonamientos de orden general nos llevan a compartir plenamente los enunciados de la sentencia que comentamos, donde se recuerda —muy oportunamente— el marco de debate restringido del proceso de ejecución al que nos referimos y las exigencias, muy concretas y legalmente delimitadas, que el título debe cumplir para ser considerado tal.

 

IV. Cuentas no operativas y débitos de tarjeta de crédito

El fallo es igualmente preciso al referirse a estas cuestiones, que han suscitado —y lo siguen haciendo— una intensa actividad jurisprudencial.

Recordamos que las llamadas cuentas corrientes “no operativas” son aquellas que fueron abiertas con el exclusivo fin de debitar saldos de otras operaciones, en especial —lo decimos porque es el supuesto más común— de tarjetas de crédito.

Al respecto creemos que hoy no existe debate pendiente. La ejecución del saldo de esas cuentas “no operativas” por la vía del art. 793 Cód.Com es improcedente.

El art. 42 de la LTC dispone expresamente que no son susceptibles de cobro ejecutivo los saldos de las cuentas corrientes abiertas con el fin exclusivo (cabe resaltar el término, que el fallo analizado igualmente destaca) de debitar deudas por tarjeta de crédito. Lo propio dispuso un conocido fallo plenario de la Cámara Nacional en lo Comercial. (4)

La sentencia define con claridad este punto. Delimita el concepto de cuenta corriente “no operativa” y agrega que no bastaría la mera conformidad del titular para validar su ejecución pese a no ser operativa, pues la prohibición de ejecutivizar el saldo —de ese tipo de cuentas— deriva de la Ley.

No obstante, con buen criterio, agrega que incumbía a la ejecutada demostrar que la cuenta reunía esas características y que, en el caso fallado, no lo hizo.

Esta afirmación sobre la carga probatoria resulta de sumo interés, por cuanto si la parte reclamada no aduce ni acredita que la cuenta sea “no operativa”, deviene improcedente —en nuestra opinión— que el Tribunal introduzca la cuestión de oficio.

Lo sostuvimos en el trabajo anteriormente citado sobre la misma temática, donde mencionamos que algunos Juzgados de Primera Instancia en lo Comercial requerían, como cuestión previa a la orden de librar mandamiento intimatorio —esto es, sin que haya llegado a ser notificada ni tomar intervención la parte demandada— el acompañamiento de resúmenes de la cuenta corriente a efectos de comprobar si la misma fue o no operativa.

A estos pedidos se han agregado, recientemente, otros —siempre de oficio— tendientes a analizar, ya no la operatividad de la cuenta, sino si en la composición del saldo deudor se registran débitos por tarjeta de crédito.

Inclusive conocemos el rechazo parcial de una ejecución –de una cuenta considerada por el mismo Juzgado como “operativa”, con el argumento de que existían débitos de importes provenientes de tarjeta de crédito que debían desglosarse, a pesar de haber sido éstos autorizados por el titular de la misma y sin importar que el propio demandado no había opuesto excepciones ni cuestionado la habilidad del título.

Corresponde puntualizar que, contrariamente a lo sostenido mediante tal postura, no existe óbice para que los saldos de los resúmenes de cuenta de tarjeta de crédito se debiten en cuentas corrientes operativas, esto es, abiertas por el titular de la tarjeta para otros fines y en las cuales haya pedido o autorizado el débito.

La jurisprudencia se ha pronunciado en ese sentido en repetidas ocasiones. (5) No hay norma o reglamentación que impida al titular recurrir a esa modalidad de pago de su resumen de tarjeta de crédito y, mediando solicitud o autorización en tal sentido al banco, una vez realizado el débito, incide en la composición del saldo deudor cuya discusión es incuestionablemente ajena al juicio ejecutivo.

Distinto sería el caso en el supuesto de que sea el demandado quien alegue —y pruebe— no haber dado autorización para el débito del saldo de la tarjeta de crédito al vencimiento del resumen ya debitado. No conocemos antecedentes jurisprudenciales al respecto, lo que ratifica que los precedentes —por lo general de Primera Instancia y dictados en casos cuyo monto los hace inapelables— tienen origen en intervenciones oficiosas de los jueces de primer grado.

Nótese que el fallo comentado ratifica que la carga probatoria del carácter “no operativo” incumbe al deudor.

Concordamos con esa conclusión y hacemos notar que, de lo contrario se desnaturalizaría ab initio la ejecución, haciendo de la excepción una suerte de regla que no surge de norma alguna. Ello con el agravante de hacerlo de oficio, antes de la intervención del ejecutado —quien, en ese sentido, tiene plena oportunidad de hacer valer sus derechos— o —como en el caso mentado— pese a que aquél no articuló cuestión alguna.

 

V. Colofón

El fallo al cual nos hemos referido hace un adecuado encuadre de la ejecución del saldo deudor de cuenta corriente bancaria, con especial relación a las limitaciones legalmente vigentes en cuanto al debate que en ella puede darse.

Aporta conceptos claros en torno a las cuentas corrientes “no operativas” y permite actualizar lo referente al débito de sumas derivadas de tarjetas de crédito que son válidos, en tanto se realicen en cuentas operativas y por pedido —o mediando autorización— del titular.

Es oportuno y hace al interés general, recordar la finalidad de la norma del art. 793 CCom, que justifica la habilidad por ella conferida al certificado de saldo deudor de la cuenta corriente bancaria.

 

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723).

(1) CNCom., en pleno, 5.9.1969, in re “Banco de Galicia S.A. c. Lussich, Jorge”, LA LEY, 136-209; ED, 28-689.

(2) Remitimos a nuestro aporte: “La responsabilidad en el Derecho Bancario”, Derecho Comercial y de las Obligaciones, Nº 238, septiembre/octubre 2009, p. 348.

(3) En un trabajo previo —”La ejecución de saldo deudor de cuenta corriente y un fallo esclarecedor”, LA LEY, 2010-E, 113— nos referimos al tema y aportamos una extensa cita jurisprudencial sobre él.

(4) “Compañía Financiera Argentina S.A. c. Ravazza, Jorge Santiago y otro s. ejecutivo”, 17/6/2003, LA LEY, 2003-D, 535; DJ, 2003-2, 512.

(5) CNCom., sala D, 13/03/2009, Banco Santander Río S.A. c. Heredia, Salvador Ramón, La Ley Online, AR/JUR/8343/2009; CNCom., sala C, 26/11/2004, Banco Itaú Buen Ayre c. Autalan Silvina V., en “Cuenta corriente y responsabilidades bancarias”, Ad Hoc 2006, p. 42, íd. 24/5/2005; BBVA Banco Francés c. Paz María E., 24/5/2005, op. cit. p. 44; CNCom., sala D, 03.03.2008, “HSBC Bank Argentina c. Taiariol, Víctor”, LA LEY, 01/08/2008, p. 7, 45893-S; CApel Concordia, sala civ. y com., 24/02/2009, Nuevo B.E.R.S.A. c. Varela, Carlos Amadeo, La Ley Online; AR/JUR/28385/2009; CNCom., sala E, 18/10/2005, Banco Itau Buen Aire S.A. c. González, Héctor J. y otro, La Ley Online, AR/JUR/6504/2005.