Fojas: 83

            En Mendoza, a dieciséis días del mes de febrero  del año dos mil once, reunida la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa Nº 95.713, caratulada: “L.C.J.S. EN J° 39.235/61.390 “TUPUNGATO SACIFIA P/ QUIEBRA SOLICIT. P/ ACREEDOR Y ACUM. N° 39.235 LONGO SONIA P/ REC. DIR. S/ INC. CAS.”.

            Conforme lo decretado a fs. 78  se deja constancia del orden de estudio efectuado en la causa para el tratamiento de las cuestiones por parte de los Señores Ministros del Tribunal: primero: DR. JORGE H. NANCLARES; segundo: DR. FERNANDO ROMANO.

            ANTECEDENTES:

            A fs. 7/16 la Sra. S. A.L., por su propio derecho, deduce recursos extraordinarios de Inconstitucionalidad y Casación contra de la resolución dictada por la Primera Cámara Civil de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial a fs. 3807/3810 de los autos N°: 39.235/61.390,  caratulados: “TUPUNGATO SACIFIA P/QUIEBRA SOLICITADA P/ ACREEDOR” Y ACUM. N° 39.235 “L. S. A. P/ REC. DIR”.

            A fs. 42 se admiten, formalmente, los recursos deducidos y se manda correr tras-lado a la contraria. A fs. 51/53 contesta la Sindicatura y solicita el rechazo de ambos recursos con costas.

            A fs. 55/56 obra el dictamen del Sr. Procurador General quien, por las razones que expone, aconseja el rechazo de los recursos deducidos.

            A fs. 67 se dicta el decreto que hace conocer a las partes la nueva integración del Tribunal.-

            A fs. 70 se llama al acuerdo para sentencia y a fs. 78 se deja constancia del orden de estudio en la causa por parte de los señores Ministros del Tribunal.

            De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Provin-cia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

            PRIMERA CUESTIÓN: ¿Son procedentes los recursos interpuestos?

            SEGUNDA CUESTIÓN: En su caso, ¿qué solución corresponde?

            TERCERA CUESTIÓN: Costas.

A LA  PRIMERA CUESTIÓN EL DR. JORGE H. NANCLARES, DIJO:

            I. PLATAFORMA FÁCTICA.-

            Los hechos relevantes para la resolución de estos recursos sintéticamente, son los siguientes:

            1. El día 16/04/04, la Dra. S. L. C. J. por su derecho, insinuó tempestivamente un crédito correspondiente a honorarios profesionales impagos en juicios proseguidos contra la fallida, en los términos del art. 32 de la Ley 24.522, en los autos N° 61.390, “TUPUNGATO S.A.C.I.F.I.A. P/QUIEBRA” originarios del Segundo Juzgado de Procesos Concursales.

            Peticionó la suma de $ 243.374,81 (cifra calculada al día 4/12/03) y precisó que el crédito por honorarios derivados de un proceso laboral gozaba de un privilegio gene-ral del art. 246 inc. 1 y privilegio especial art. 241 inc. 2 de la Ley 24.522 (copia del pedido de verificación, constancias de fs. 18/23 de autos). Asimismo solicitó el pronto pago de conformidad con el art. 16 de la Ley 24.522.

            Agrega que de la presentación verificatoria  no surgía denuncia respecto a la situación impositiva de la actora insinuante.

            2. El informe individual de Sindicatura (N° 161) aconsejó la verificación como acreedor con privilegio general (art. 246 inc. 1° de la Ley 24.522) por la suma de $ 3.636,38 y como acreedor quirografario la suma de $ 390,64 (copia agregada a los autos N° 64.218, fs. 49/55).

            3. La sentencia dictada por el juez a quo en los términos del art. 36 de la Ley 24.522 dispuso admitir el crédito por la suma de $ 4.027,02 y desestimarlo por la suma de $ 239.347,79.    

            4. Contra dicha resolución la actora interpuso recurso de revisión, el que tramitó en los autos N° 64.218, caratulados: “L. C. J. S. en J: 61.390 Tupungato SACIFIA p/ Quiebra p/Incidente de Revisión p/Incidentes”; el que fue rechaza-do mediante resolución de fs. 41/43 de dichos autos.  Contra dicho resolutivo, se interpuso recurso de apelación, el que fue admitido por la Primera Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minas (ver fs. 82/83 de los autos N° 64.218/37.918) y en lo pertinente dispuso: “declarar admisible el crédito por la suma de $ 184.107 con carácter quirografario, correspondiente a los honorarios profesionales devengados con ante-rioridad al 21 de Febrero de 2003”.

            Dicha resolución fue notificada a la actora, a la fallida y a Sindicatura con fecha 28/06/06  (ver fs. 84/86 de los autos N° 64.218/37.918).

             5. Luego de una serie de vicisitudes procesales en la quiebra se destacan, a los efectos de resolver los recursos en trato, lo siguiente:

            • El día  3/08/06, la Sindicatura presentó proyecto de distribución final, (constan-cias de fs. 3164/3251 de autos N° 61.390). En el Anexo J del referido proyecto se obser-vaba en: “Créditos Comunes o Quirografarios”, en el Capítulo II, un detalle de los crédi-tos de la actora: (i) uno que ascendía a la suma de $ 390,64  y (ii) otro que ascendía a la suma de $ 184.107 (constancias de fs. 3247 de los autos N° 61.390).

            • El proyecto de distribución es publicado en el Boletín Oficial los días 10 y 11/08/06 (ver fs. 3260/3263 de autos N° 61.390).                                                                                                                                                        

            • La Dra. L. acompaña constancia de inscripción en la AFIP y observa el proyecto de distribución (ver fs. 3286, 3287/3301 de los autos N° 61.390, 28/08/06) y peticionó:

            (i) Por un lado, el reconocimiento de su crédito en el carácter de privilegiado general de conformidad con lo dispuesto por el art. 246 inc. 1° de la Ley 24.522: En-tendió que debía incluírselo en el Anexo I correspondiente a los acreedores con pri-vilegio general y que el saldo remanente no cancelado de acuerdo a las proporcionalidades debía ser incluido en el Anexo J capítulo II.

            (ii) Por otro lado, en cuanto a la condición frente al IVA: señaló que ha cam-biado su posición  de monotributista a responsable inscripta. Por ello, solicitó, que se incluyera al capital por honorarios en el referido Anexo I  (créditos con privilegio general art. 246 inc. 4°), la suma de $ 38.662 en   concepto de impuesto por IVA. Asimismo solicitó que se aplicara la correspondiente proporcionalidad al saldo insolu-to. Solicita reserva por el referido monto.

            • A fs. 3374/3375, Sindicatura contestó y propició su desestimación.

            • El juez a quo mediante resolución de fecha 2/10/06 rechazó lo peticionado por la actora (constancias de fs. 3406 y vta. de los autos N° 61.390). Razonó del siguiente modo:

            (i) En el expte. n° 64.218 correspondiente al incidente de revisión, se hizo lugar a un recurso de apelación y se reconoció un crédito con carácter quirografario. Dicha sentencia resultó consentida por las partes y constituyó cosa juzgada sobre el carácter de los honorarios;

            (ii) La reserva sobre el IVA es extemporánea porque la denuncia y acreditación del cambio de categoría es posterior a la fecha de presentación del proyecto de distribu-ción final.

            6. Contra dicha resolución, la Dra. L. interpuso recurso de apelación, el que fue rechazado (ver fs. 3407 y  3408 de autos N° 61.390). Luego, la actora planteó recur-so directo contra el decreto que le denegó la apelación, el que fue concedido (ver cons-tancias de fs. 3475/3476, 3477, 3640/3641 de autos N° 61.390). La Primera Cámara de Apelaciones dictó resolución con fecha 03/12/08 (fs. 3807/3810 de autos N° 61.390), la que rechazó el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmó lo resuelto por el juez a quo. Razonó del siguiente modo:

            (i) En cuanto a la invocación de un crédito privilegiado en oportunidad de cuestionar el proyecto de distribución final:

            • Resulta improcedente el reclamo, por el carácter de cosa juzgada que reviste la decisión que resuelve el incidente de revisión concursal de conformidad con lo dispuesto por el art. 37 de la Ley 24.522.

            • La sentencia dictada por la Cámara, en los autos N° 64.218, declaró admisible el crédito con carácter quirografario correspondiente a los honorarios profesionales de-vengados con anterioridad al 21/02/03 por la suma de $ 184.107, resolución que notifi-cada quedó firme y consentida.

            (ii)  En cuanto a la inclusión del IVA por cambio de categoría de la profe-sional en el proyecto de distribución final:

            • El impuesto al valor agregado es indirecto, grava al consumo y está a cargo de quien debe retribuir los honorarios de los profesionales responsables inscriptos que in-tervinieron en el expediente.

            • El devengamiento de los honorarios profesionales se produce a partir del inicio de la actuación profesional y hasta su conclusión. Debido a la naturaleza de la actividad gravada, el IVA correspondiente a los servicios profesionales del titular se rige por el criterio de lo percibido, por lo que el gravamen recién será exigible conjuntamente con el crédito que le diera origen, bien sea en oportunidad de su facturación (por su percep-ción directa) o al momento de percibirse en la cuenta judicial (supuesto de orden de pa-go extendida por el Tribunal).

            • En el caso, la actora debió denunciar el cambio de categoría en los autos N° 37.918, máxime cuando la resolución que admite el recurso de revisión es de fecha 15/6/06. Por  lo que, en la confección del proyecto de distribución final, el síndico debió contar con los créditos ya definidos y que la petición no encuadra en ninguno de los supuestos del art. 218 de la Ley 24.522.

            7. Esta resolución ha sido impugnada por la actora a través de los recursos extra-ordinarios en análisis.

            II. LOS AGRAVIOS DE LA RECURRENTE.-

            1. El recurso de Casación.-

            Funda la queja en el art. 159 inc. 1 del. C.P.C.. Específicamente se agravia por-que la Cámara ha omitido aplicar una norma legal expresa, concretamente el art. 246 inc. 1° de la Ley 24.522.

            Persigue que se modifique el carácter de quirografario a privilegiado del crédito verificado a su favor y además que se le incluya el IVA.

            Sostiene que, en la petición de verificación oportunamente presentada, nunca estuvo su voluntad de renunciar al privilegio. Asimismo destaca que el crédito es clara-mente de carácter privilegiado por derivar de su actuación profesional en juicios labora-les y que prueba de ello es que al Dr. F., su patrocinante en tales juicios, se le reconoció el crédito con privilegio general.  

            Señala que debe darse    primacía a la verdad objetiva y que este Tribunal se ha expedido a favor de la aplicación de la doctrina del excesivo rigor ritual cuando el apego a las normas obstaculice en forma abierta a dicha verdad. Cita jurisprudencia que consi-dera aplicable.

            2. El recurso de Inconstitucionalidad.

            Asimismo, plantea el recurso de inconstitucionalidad, fundado en lo dispuesto por el art. 150 incisos 2°, 3° y 4° del C.P.C.

            Se agravia a la recurrente porque la resolución de la Cámara adolece de vicios en el razonamiento  que la tornan arbitraria y desproporcionada.

            Precisa que se han violado las garantías constitucionales, las que detalla: derecho de propiedad, intangibilidad y el carácter alimentario de los honorarios profesionales; debido a que debe soportar el IVA y además debe percibir sus honorarios sin el privile-gio correspondiente.

            Critica que la Cámara haya incurrido en errores de procedimiento porque no ha merituado las pruebas, ya que éstas indican que el pedido de IVA fue realizado en tiem-po y forma y además en la presentación verificatoria constaba el carácter privilegiado, no existiendo prueba alguna de renuncia.

            Sostiene que no ha consentido la resolución pues no se encontraba firme el pro-yecto de distribución.

            Hace hincapié en que existe un apartamiento de las constancias de la causa y  una valoración incorrecta incumpliendo los recaudos que exige una sentencia de con-formidad con el art. 90 incisos 2°, 3° y 4° del C.P.C..

            III. SOLUCION DEL CASO.

            Corresponde determinar en esta instancia, si resulta arbitraria o normativamente incorrecta, una resolución de Cámara que confirma lo dispuesto por el Juez de primera instancia que rechazó las observaciones planteadas al proyecto de distribución final, las que consistían en: (i) no haber incluido su crédito como privilegiado y (ii) no haber adi-cionado la suma correspondiente al IVA, dadas las siguientes circunstancias:

            • Que la actora verificó en forma tempestiva su crédito por la suma de $ 243.374, 81 e invoca tener un privilegio general conforme el art. 246 inc. 1 y un privilegio espe-cial art. 241 inc. 2 de la Ley 24.522.

            • Que la resolución en los términos del art. 36 de la Ley 24.522 declaró admisi-ble el crédito por la suma de $ 4.027,02 y lo desestimó por la suma de $ 239.347,79;

            • Que la referida sentencia fue objeto del recurso de revisión en los términos del art. 37 de la Ley 24.522, el que tramitó en los autos N° 64.218, caratulados: “L. C. J. S. en J: 61.390 Tupungato SACIFIA p/ Quiebra p/Incidente de Revisión p/Incidentes”.

            • Que dicho recurso fue rechazado por el Juez a quo, luego apelado por la actora y admitida la apelación por la Cámara, la que en definitiva, declaró admisible el crédito por la suma de $ 184.107 con carácter quirografario. Dicha resolución de fecha 15/06/06 quedó firme y consentida por las partes. Que no surge de los autos N° 64.218/37.918 que la actora haya denunciado el cambio de categoría de monotributista a responsable inscripto.

            • Que el proyecto de distribución final fue presentado por la Sindicatura y publi-cado en el Boletín Oficial conforme lo dispuesto por el art. 218 de la Ley 24.522 (ver fs. 3164/3251 y 3260/3263 de autos N° 61.390). En dicho proyecto, el crédito de la actora fue incluido por la suma y en el carácter atribuido en los autos N° 64.218/37.918.

            • Que la actora efectúa observaciones al proyecto de distribución, denuncia su condición de responsable inscripto ante la AFIP y acompaña la correspondiente cons-tancia (fs. 3286 de autos N° 61.390 de fecha 28/08/06).

            • Que el Juez concursal y la Cámara rechazaron las observaciones efectuadas.

            Esta Sala tiene dicho que la arbitrariedad fáctica es canalizable a través del re-curso de inconstitucionalidad, pero en función de la excepcionalidad del remedio extra-ordinario y lo dispuesto por el art. 145 del C.P.C de la Provincia,  interpreta restrictiva-mente las causales.

           En esta línea de pensamiento, ha dicho que,  a diferencia de lo que ocurre con el recurso de apelación ordinario, cuando se denuncia  arbitrariedad a través del recurso extraordinario,  se requiere se invoque y demuestre la existencia de vicios graves en el pronunciamiento judicial consistentes en razonamientos groseramente ilógicos o contra-dictorios,  apartamiento palmario de las circunstancias del proceso, omisión de conside-rar hechos y pruebas decisivas o carencia absoluta de fundamentación” y que  “la pre-sencia de cierta ambigüedad en la exposición de las conclusiones o fallas técnicas en la redacción de la sentencia, no configura en principio falencias de entidad tal que impli-quen invalidar o descalificar el fallo como acto jurisdiccional” (Conforme L.A  90-472; L.S 276-86; L.S. 270-277 entre otros).

            Por estas reglas básicas, el recurso extraordinario de inconstitucionalidad por arbitrariedad no puede prosperar si la sentencia, no obstante algún argumento erróneo, se sostiene en otros razonables que no han sido suficientemente impugnados por el recu-rrente. En otros términos, la procedencia formal del recurso extraordinario de inconstitu-cionalidad exige atacar todos y cada uno de los argumentos decisivos en los que se fun-da la sentencia recurrida,  pues el hecho de que exista algún razonamiento jurídicamente equivocado no lleva inexorablemente a que la sentencia deba ser anulada,  si ésta se funda en otros razonables que se mantienen en pie por no existir agravios o queja contra ellos (Ver L.A 120-363; L.S 240-215; L.S 276-96; L.S 271-239 entre otros).

           Del análisis de las constancias del caso, entiendo que la sentencia impugnada no adolece de los vicios imputados. En efecto,  los razonamientos del pronunciante no se muestran como apartados de las constancias objetivas de la causa, ni contrarían las re-glas de la lógica, ni se apoyan en consideraciones dogmáticas o carentes de razonabili-dad como lo exige la excepcionalidad del remedio intentado. Explicaré por qué:

            Cabe destacar que en la quiebra, concluida la etapa de la realización de los bie-nes sujetos a desapoderamiento, corresponde la distribución del producto. El informe final del Síndico marca el inicio de la etapa distributiva de la quiebra, permitiendo esti-mar el monto distribuible y así confeccionar el proyecto de distribución del producto obtenido de la realización del activo falencial entre los acreedores verificados o declara-dos admisibles y los que obtuvieron pronto pago. La determinación del rango de cada crédito viene dada por la resolución que lo ha reconocido como consecuencia del trámite verificatorio, en la etapa distributiva se ordenan los diferentes créditos adecuando sus montos verificados a las posibilidades de cobro; así cada acreedor verá convertida la aspiración predeterminada por la sentencia verificatoria en la realidad de la moneda de quiebra (Al respecto ver entre otros: Rouillon, Adolfo A.N. “Régimen de Concursos y Quiebras, Ley 24.522”, Editorial Astrea, Buenos Aires; Rivera, Julio César-Roitman, Horacio-Vítolo- Daniel Roque “Ley de Concursos y Quiebras”, 4ta Edición, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2009). Si el producido del proceso liquidativo permite cubrir la tota-lidad de los créditos no tendrá ninguna relevancia el orden y rango emergente del régi-men de privilegios. En caso contrario- y como en el supuesto de autos- adquiere gran importancia el control recíproco y multidireccional de los acreedores entre sí, y el detalle que en el informe final haga el síndico respecto de los bienes liquidados y cómo fueron obteniéndose los fondos. (Baravalle, Roberto- Granados, Ernesto, “Ley de Concursos y Quiebras”, Tomo II, Ed. Liber, Rosario, 1996).-

            Por otra parte, la determinación y depuración del pasivo tiene significativa im-portancia en el proceso concursal, pues con la etapa de convocatoria a los acreedores se permite la integración del pasivo, individualizando a los acreedores concurrentes. La etapa verificatoria permite declarar la calidad de un acreedor como legítimo no sólo frente al deudor sino también frente a los demás acreedores.

            La Ley 24.522 regula el proceso de verificación, el que no se cierra con la sen-tencia del art. 36 sino que ésta puede ser revisada a petición del interesado de conformi-dad con lo dispuesto por el art. 37. La vía del incidente de revisión constituye un reme-dio procesal cuya finalidad está enderezada a obtener un nuevo debate, asegurando el debido proceso legal. El decisorio que recae en esta incidencia pone fin a la cuestión y produce los efectos de la cosa juzgada- si no es objeto de articulaciones-; pero si media tal recurso, recién el decisorio ad quem revestirá tal calidad a menos que por excepción se abra la vía de algún recurso extraordinario local, en cuyo caso habrá que estar a las resultas de ese pronunciamiento (Ver entre otros: Galíndez, Oscar “Verificación de Cré-ditos”, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1996).

            En la especie, la actora invoca como eje central de su queja la necesidad de lo-grar la verdad jurídica objetiva y que dicha necesidad se liga con el reconocimiento del privilegio a su crédito, el que entiende que no ha sido renunciado. Sin embargo, no se hace cargo de un argumento fundamental que fue considerado por la Cámara – en coin-cidencia con el Juez a quo- que es el carácter del crédito fue analizado durante todo el trámite de la verificación -incluso en la etapa eventual de revisión- y fue rechazado. En efecto, la propia Cámara en la resolución dictada en los autos N° 64.218, se pronunció expresamente sobre el carácter del crédito “quirografario”; circunstancia no cuestionada por la actora.

            Por tanto, la invocación de la verdad jurídica no constituye un argumento válido para admitir un crédito con carácter de privilegiado en un proyecto de distribución que tiene como base un proceso de verificación de créditos, el que había concluido con el dictado de la sentencia de Cámara, en los autos N° 64.218.

            No puede admitirse la existencia de un privilegio desconociendo las vías proce-sales que taxativamente dispone la Ley de Concursos y afectando los eventuales dere-chos de terceros, principalmente de los restantes acreedores; aceptar  la pretensión de la recurrente importaría -en los hechos- una ruptura del sistema de insinuación de los crédi-tos y privilegios dentro del sistema concursal, vulnerando abiertamente el principio de la pars conditio creditorum; por lo que el razonamiento de la Cámara es acertado.

            Cabe destacar, que la recurrente no logra desvirtuar en esta instancia, el argu-mento de la Cámara relativo a que consintió la sentencia, y que ésta se encuentra firme; se abroquela en la postura de que en la verificación tempestiva insinuó el privilegio; pero no se hace cargo de la autoridad de cosa juzgada que tiene la resolución dictada en los autos N° 64.218. Ello así, - tal como correctamente lo entendió el fallo cuestionado- admitir la observación implicaría violar la autoridad de cosa juzgada dictada en el proce-so regular de verificación de créditos.

            Por aplicación de esta regla se ha resuelto: “Encontrándose firme la sentencia que verificó el crédito respecto del cual no se le asignó privilegio alguno, la cosa juzga-da impide la alteración de tal decisión si no fue sometida a la revisión prevista por vía que prescribe el ordenamiento concursal. Ello alcanza no sólo al crédito que se insinuó sino también a aquellos accesorios o derechos conexos de él que, pudiendo haber sido objeto de revisión no lo fueron por decisión u omisión del interesado. El objetivo princi-pal de la etapa verificatoria es establecer el pasivo del deudor; tal finalidad no se lograría si se admitiera posteriormente la graduación oportunamente reconocida, en el tiempo y la forma en que le resultare conveniente (C.N.Com Sala D, 6/11/07 “Nicolás Constanti-nidis S.A. s/ Concurso Preventivo” El Dial AA450F).

            Por otra parte, si bien es cierto que la renuncia no se presume, también es cierto que la existencia y subsistencia de un privilegio debe ser interpretada en forma restricti-va de conformidad con lo dispuesto por los  arts. 3875 y 3876 del Código Civil y el art. 239 de la Ley 24.522.

            La circunstancia de que el crédito del abogado a quien patrocinaba fuera recono-cido como privilegiado, no resulta suficiente para considerar esta situación; pues en cuestiones de privilegios no cabe la analogía por más semejanzas y similitudes que se invoquen. (Al respecto ver Cazeaux, Pedro-Trigo Represas, Félix, “Derecho de las Obligaciones”, 4ta Edición aumentada y actualizada; Editorial La Ley, Buenos Aires, 2010).

            En cuanto a la problemática del Impuesto al Valor Agregado, tampoco la parte recurrente logra demostrar la arbitrariedad denunciada. La Cámara entendió que la acto-ra debió denunciar el cambio de categoría en los autos N° 37.918, máxime cuando la resolución que admitió el recurso de revisión era de fecha 15/6/06. Además razonó en el sentido de que en la confección del proyecto de distribución final, el síndico debió con-tar con los créditos ya definidos. La recurrente discrepa con la conclusión efectuada por la Cámara, pero no logra rebatir dicho argumento, ni tampoco se hace cargo del razona-miento de que la petición no puede ser encuadrada en ninguno de los supuestos del art. 218 de la Ley 24.522. Por tanto y más allá del acierto o error en la postura asumida; no ha quedado demostrada la existencia de vicios graves en el pronunciamiento judicial que lo invaliden como acto jurisdiccional válido.

            Por las razones expuestas,  si mi voto resulta compartido por mis Colegas de Sala, entiendo que deberá rechazarse el recurso de Inconstitucionalidad articulado.

            2. Recurso de Casación:

            La suerte de la queja casatoria ha quedado sellada con la solución a la que se arriba en el recurso de Inconstitucionalidad, en razón que la normativa que la recurrente dice omitida,  art. 246 inc. 1 de la Ley 24.522 no resulta de aplicación al caso, por cuan-to el privilegio fue rechazado en el trámite de verificación del crédito de la recurrente.

            Por tal razón, el recurso de Casación deberá rechazarse.

            Por los fundamentos dados, voto por el rechazo de los recursos de Inconstitucio-nalidad y Casación articulados.

            Así voto.-

            Sobre la misma cuestión el Dr.  ROMANO,  adhiere al voto que antecede.-

A LA SEGUNDA CUESTION EL DR. JORGE  NANCLARES, DIJO:

            Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto,  puesto que ha sido plan-teado para el eventual caso de resolverse afirmativamente la cuestión anterior.-

            Así voto.-

           Sobre la misma cuestión el Dr.  ROMANO,  adhiere al voto que antecede.-

A LA TERCERA CUESTION EL DR. JORGE  NANCLARES, DIJO:

            Atento el resultado al que se arriba en el tratamiento de las cuestiones anteriores, corresponde imponer las costas a la parte recurrente que resulta vencida (arts. 36 y 148 del C.P.C.).-

            Así voto.-

            Sobre la misma cuestión el Dr. ROMANO, adhiere al voto que antecede.

            Con lo que terminó el acto,  procediéndose a dictar la sentencia que a continua-ción se inserta:

            S E N T E N C I A:

            Mendoza,  16 de febrero de 2.011.-

            Y VISTOS:

            Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva,

            R E S U E L V E:

            I. Rechazar los recursos extraordinarios de Inconstitucionalidad y Casación in-terpuestos a fs. 7/16  de autos.

            II. Imponer las costas a la parte recurrente vencida (art. 36 y 148 del C.P.C.).-

            III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.-

            Notifíquese. Ofíciese.-

mt

 

 

 

 

 

DR. FERNANDO ROMANO                                                          DR. JORGE H. NANCLARES

CONSTANCIA: Que la presente resolución es suscripta sólo por dos miembros del Tribunal, en razón de encontrarse vacante una de las Vocalías de la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia (art. 88 ap. III del C.P.C.). Secretaría, 16 de febrero de 2.011.-