CALIDAD DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES DEVENGADOS EN JUICIO LABORAL CONTRA EL DEUDOR FALLIDO E IMPROCEDENCIA DEL PRONTO PAGO. EL I.V.A. EN LOS HONORARIOS PROFESIONALES   

 

Autor de la nota: Carlos Alberto Ferro

Autos Nº 95.713 “L.C.J.S.  en J: 39.235/61.390 Tupungato SACIFIA p/ Quiebra p/ Inc. de Revisión y Acumulado Nº 39.235 L.S. p/ REc. Dir. s/ Inc. De Casación.

I-  ANTECEDENTES Y PLATAFORMA FACTICA DEL CASO

 

El actor  solicita la verificación tempestiva de un crédito correspondiente a honorarios profesionales impagos en juicios proseguidos contra la fallida en los términos del art. 32 LCQ. Peticiono la suma de $ 243.374,81 y preciso que el crédito por honorarios derivados de un proceso laboral gozaba de privilegio general del art. 246 inc.1 y privilegio especial art. 241 inc.2 LCQ, solicitando el pronto pago de los mismos en los términos del art. 16 LCQ. La sentencia verificatoria de créditos (art. 36 LCQ) dispuso admitir el crédito por la suma de $ 4.027,02 y desestimarlo por la suma de $ 239.347,79. Contra dicha resolución se interpuso un recurso de revisión (art. 37 LCQ) que tramito bajo los autos Nº 64.218 “L.C.J.S.  en J: 61.390 Tupungato SACIFIA p/ Quiebra p/ Inc. de Revisión, el que fue rechazado y apelado por la actora. Recuso éste admitido por la Cámara que declaro al crédito verificado por la suma de $ 184.107 en carácter quirografario, correspondientes a honorarios profesionales devengados. (Expte 37918/64218 “L.C.J.S. en J: 61.390 Tupungato SACIFIA p/ Quiebra p/ Inc. de Revisión)  Dicha resolución fue notificada a la actora, a la fallida, y a la sindicatura con fecha 28/06/06 adquiriendo firmeza. Presentado y publicado el proyecto de distribución en su oportunidad (Art. 218 LCQ) por la sindicatura, la actora lo observa acompañando constancia de inscripción ante la AFIP: por un lado respecto del reconocimiento y su inclusión del crédito como quirografario, cuando corresponde incluirlo como privilegiado general (art. 246 inc. 4) y que el saldo remanente debía ser incluido como quirografario. En cuanto a su condición ante el I.V.A. la actora observa que cambio su posición de monotributista a responsable inscripta por lo que se solicito se incluyera al capital por honorarios referidos y se aplicara la proporcionalidad correspondiente al saldo insoluto. Contestada la observación por sindicatura que propiciaba su desestimación, el  tribunal resuelve rechazar lo peticionado (fs. 3406) por los siguientes motivos: a) En el expediente Nº 64218 correspondiente al incidente de revisión se hizo lugar al recurso de apelación y se reconoció el crédito como quirografario, el mismo adquirió firmeza al ser consentido por las partes y constituyo cosa juzgada sobre el carácter de los honorarios; b)  la reserva sobre el I.V.A. es extemporánea porque la denuncia y acreditación del cambio de categoría es posterior a la fecha de presentación del proyecto de distribución final. Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación, el que fue rechazado planteando la actora en consecuencia, el recurso directo contra el decreto que denegó la apelación, el que fuera concedido. La Primera Cámara de Apelaciones dicto resolución rechazando el recurso y confirmando lo resuelto por el juez a quo por los argumentos: a) La sentencia de la Cámara en los autos 64.218 declaro admisible el crédito como quirografario, resolución que fue notificada y quedó firme; b) El I.V.A. por cambio de categoría del profesional debió ser denunciado en el incidente de revisión, teniendo en cuenta la resolución que lo admite de fecha15/06/2006.   Por lo que al momento de la confección del proyecto de distribución (antes del 3/08/2006)  la sindicatura  debió contar con todos los créditos ya definidos, no cuadrando la petición en ninguno de los supuestos del art. 218 LCQ. Esta resolución fue impugnada por la actora, mediante la interposición de los  recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y casación (ver apartado II agravios del recurrente). La solución del caso se analizará  en los puntos siguientes:

II-       EL I.V.A. EN LOS HONORARIOS PROFESIONALES: MOMENTO HASTA EL  CUAL PUEDEN SER ACREDITADOS EN EL EXPEDIENTE DE LA QUIEBRA.

 

Respecto del gravamen al valor agregado, no hay dudas de que ha sido concebido como impuesto directo al consumo (Art. 3 inc. e ap. 20 punto f y 5 inc. b ap. 3 de la ley 23.349, texto ley 23.871) y se lo considera esencialmente trasladable, por lo que, de no admitirse que lo cargue la parte condenada en costas, se lo desnaturalizaría al hacerlo pesar sobre la renta del profesional beneficiario de la regulación. El trabajo de los profesionales se mantiene libre del I. V. A. por lo cual la condena debe comprender dos elementos: los honorarios (precio), y el impuesto (I. V. A.), conservando la distinción entre carga impositiva directa e indirecta. Respecto de los honorarios regulados, el impuesto al valor agregado, se suma no se resta,1 ya que integra las costas del juicio.2 Los profesionales tienen derecho, si son responsables inscriptos, a que se adicione el veintiuno por ciento a sus honorarios, siempre que acrediten en cada reclamo dicha circunstancia.3 En cuanto al hecho imponible, nace con la percepción total o parcial del crédito por honorarios (cfr. Art., 5 inc b apartado 3 Ley 23349),4 y no cuando las tareas fueron efectuadas. Cualquiera sea la situación frente al IVA el tributo siempre debe ser soportado por el deudor de los honorarios regulados5 o condenado en costas.  En el caso bajo análisis corresponde al fallido no  a la masa,6 debiendo el sindico hacer la previsión correspondiente en el proyecto de distribución de ahí que surge la necesidad de comunicar tal situación antes de su presentación. Por lo analizado el interesado deberá hacer saber al expediente de la quiebra su situación ante el I.V.A., mediante la acreditación de la inscripción correspondiente al momento de anoticiar los honorarios que le hubieran sido regulados en un incidente. El profesional siempre deberá solicitar que al capital regulado, se le adicione el  impuesto al valor agregado conforme la alícuota vigente que corresponda. Su omisión en la sentencia que los regula, obsta a contemplar dicho porcentual, el cual podrá ser retenido por quien deba efectivizar el pago del dividendo concursal (art. 221LCQ). En caso de quiebra, resulta el banco pagador de los dividendos concursales, cualquiera sea el medio utilizado para ello, que en su carácter de agente de retención retendrá el gravamen cuando aquellos deban hacerse efectivos. De ahí la necesidad de comunicar al tribunal y al síndico el cambio de categoría con la inscripción correspondiente en el expediente, inmediatamente se produce ésta. En materia de proceso liquidativo toda información que resulte de utilidad en la previsión de los créditos que se contemplaran en el proyecto de distribución (Art. 218 LCQ) debe hacerse conocer a los responsables de éste en el expediente antes de su presentación, el que no tiene fecha cierta porque no resulta de la sentencia de quiebra art. 88LCQ, sino que  se presentará conforme lo indica la legislación concursal: diez días después de aprobada la ultima enajenación del activo falencial (art. 218LCQ). En el caso de autos la recurrente no demuestra la arbitrariedad referida a la problemática del impuesto al valor agregado sobre sus honorarios regulados, ya que omitió en tiempo oportuno comunicar el cambio de categoría y debe soportar la consecuencia.

   

III-           CARÁCTER QUE TIENEN LOS HONORARIOS DERIVADOS DE LA ACTUACION PROFESIONAL EN JUICIO LABORAL ANTE LA QUIEBRA DEL DEUDOR. ¿GOZAN ESTAS ACREENCIAS DEL BENEFICIO DEL PRONTO PAGO, EN LOS TERMINOS DEL ART. 16 Y 183 LCQ?

 

 En primer lugar, como lo manifestamos anteriormente los honorarios regulados a los profesionales en juicios laborales  contra la demandada condenada en costas que cae en quiebra, son créditos contra la fallida y no contra la masa,7 de ahí surge la imposibilidad de contemplar estos honorarios con privilegio especial (art. 241 inc. 1 LCQ). El argumento que lo sostiene es que el privilegio especial se limita a los créditos originados en la relación laboral con la fallida,8 y no con las costas derivadas de ese proceso donde se incluyen los honorarios de los profesionales que asistieron al actor.  Así el crédito  por honorarios, regulados en sede laboral se encuentra enmarcado, dentro de la graduación del privilegio general dispuesto en el art. 246 inc.1 LCQ. Por ello, y  siendo el honorario rubro integrante de las costas, debe seguir la suerte del principal y consecuentemente, la actualización del mismo hasta su efectivo pago.9 En el mismo sentido se dijo que  tratándose de créditos por honorarios provenientes de tareas realizadas por los abogados en los juicios laborales contra la fallida, estos están enmarcados como privilegio general según surge del art. 246 inc. 1, “in fine” de la ley 24522 y no en el art. 241 inc. 2 de la mencionada ley.10

La circunstancia de que la recurrente invoque que el crédito del abogado a quien patrocinaba fuera reconocido como privilegiado, no resulta suficiente para considerar esta situación pues en cuestiones de privilegio no cabe la analogía siendo los mismos de interpretación restrictiva (Art. 3875, 3876 del CC. y 239 LCQ). Lamentablemente al no haberse cuestionado la calidad quirografaria del crédito en tiempo oportuno adquiriendo firmeza la sentencia de Cámara,11 no podemos analizar el fundamento que determino la calidad quirografaria de los honorarios sometidos al proceso verificatorio que dio origen al presente recurso y que según antecedentes van en contra de la jurisprudencia mayoritaria.

En segundo lugar, el tema a considerar es el de la posibilidad o no de reclamar el pronto pago de los créditos por honorarios regulados en instancia laboral ante la quiebra del demandado o deudor fallido. La doctrina y la jurisprudencia mayoritaria sostienen su rechazo ya que el instituto del pronto pago laboral no es extensivo a la retribución profesional12.  El derecho de pronto pago que es una preferencia de mero orden temporal,13 se encuentra en los arts. 16 y 183 de LCQ regulado como un instituto de naturaleza bifronte o dual. En el sentido que es una especie de verificación de crédito que habilita a su vez la satisfacción anticipada, ya que el acreedor laboral no tiene que esperar en el concurso preventivo propuesta de pago alguna y en la quiebra, la aprobación del proyecto de distribución e informe final para la satisfacción de su acreencia. Se trata para los autores de una preferencia no excluyente por razón del tiempo y no un privilegio.14 Es un derecho de quien reviste la condición de acreedor laboral, en función del carácter alimentario de su crédito cuyo reconocimiento y alcance se encuentra limitado a lo establecido en la legislación concursal.15 Desde cierta perspectiva, el crédito laboral y los honorarios profesionales originados en un juicio de esa especie tienen naturaleza alimentaria, pero la tutela taxativa otorgada por la ley concursal a uno y otro son diferentes. Un crédito laboral propiamente dicho nace de la relación empleador – empleado con las consecuencias que tiene ello en los privilegios especiales y generales que se otorgan; el otro nace como consecuencia de la labor profesional desarrollada en un juicio e integra las costas de éste, siendo “ajeno” al derecho de pronto pago.16  Hay conceptos que resultan excluidos del pronto pago,17 y siendo que las costas de los procesos laborales solo gozan de privilegio general y no  hallándose contempladas éstas ni en el art. 16 LCQ ni en el art. 183 LCQ, no puede entonces concederse la tutela del pronto pago por analogía o extensión a los honorarios profesionales derivados de  procesos laborales so pena de violar la pars condictio creditorum y el limite legal dispuesto. La Sala II de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Mar del Plata,18, expuso que aún cuando el art. 263 ( Ley de Concursos y Quiebras Nº 19.551, actual art. 239 LCQ) establezca:”Los privilegios en materia de concursos se rigen exclusivamente” por dicha ley, ello no obsta a que los principios generales sobre privilegios sean de aplicación en la quiebra. Entre ellos, los siguientes: a) El privilegio no puede resultar sino de una disposición de la ley; b) la voluntad de los partes es impotente para crear privilegios ni tampoco puede darles nacimiento la autoridad de los jueces; c) el derecho de las preferencias es de carácter excepcional y sus interpretación  debe ser restrictiva no pudiendo extenderse de un caso a otro, es decir, sino existe ley que los reconozca expresamente no pueden ser admitidos por analogía, y d) el privilegio es indivisible y tiene carácter personal..  De lo expuesto resulta entonces improcedente la petición del pronto pago de este tipo de acreencias. Cabe agregar a la cuestión planteada que si el acreedor por honorarios devengados en juicio laboral, al requerir la verificación en el concurso ha omitido la invocación del privilegio (art. 270 inc.1 ley 19.551) no corresponde que el juez se lo otorgue pues de lo contrario se violaría el principio de la congruencia, por tratarse de una cuestión no incluida en el litigio ni sometida al conocimiento y decisión del magistrado.19

IV-              ALCANCE DE LA OBSERVACION AL INFORME FINAL Y PROYECTO DE DISTRIBUCION  (ART. 218 LCQ).

 

En el caso bajo análisis la calidad quirografaria del crédito por honorarios quedo sellada con la firmeza que adquirió el incidente de revisión, aun cuando expresamente no se halla renunciado al mismo, debiendo  haberse agotado la instancia recursiva correspondiente en caso de que la agraviada lo considerase necesario. La Cámara al pronunciarse sobre el incidente de revisión expresamente se expidió sobre el carácter del crédito quirografario, circunstancia que no fue cuestionada por la actora conforme las constancias del incidente pertinente.  La falta de cuestionamiento   y el consentimiento de la resolución dictada al efecto  (el privilegio del art. 246 inc. 1 LCQ fue rechazado) privan  a la recurrente de invocar agravio o queja de arbitrariedad fáctica en la oportunidad de presentarse el informe final y proyecto de distribución. No pudiendo entonces, admitirse un privilegio por vía de la observación al mismo, por cuanto la única instancia procesal concursal donde puede discutirse el alcance del privilegio es la etapa de conocimiento de verificación de crédito (art. 32, 36 LCQ) y  la recursiva en su caso, que se abra en consecuencia con el alcance del art. 37 LCQ no pudiéndose descartar  la de la apelación en caso de verificación tardía (art. 56 LCQ). Concluidas estas etapas la graduación del privilegio es inmutable por efecto de la cosa juzgada formal y material. El informe final y el proyecto de distribución de fondos (art. 218LCQ) constituyen la ultima etapa del proceso liquidativo, iniciado con la incautación de los bienes que conforman el activo falencial. Se atribuye el resultado de la realización del activo a los acreedores con derecho al cobro del dividendo concursal, según las prioridades que establece la ley en su capitulo de privilegios.20 El párrafo referido a “observaciones” en el art. 218 LCQ textualmente expresa:” El fallido y los acreedores pueden formular observaciones…son admisibles solamente aquellas que se refieran a omisiones, errores o falsedades del informe, en cualquiera de sus puntos”, es claro el texto en cuanto al alcance y contenido de la “observación“, resultando inconducente por lo tanto  todo lo que la exceda. En el caso de análisis resulta entonces inatendible la observación por pretender fundar la queja, en lo tocante a este punto, argumentando la recurrente que su crédito es “privilegiado” y “no quirografario” como la sindicatura lo había incluido en el proyecto de distribución, manifestando que en la petición de verificación de su crédito nunca estuvo en su voluntad el de renunciar al privilegio.  No puede admitirse la existencia del privilegio en esta etapa, porque el  rango de cada crédito ya viene determinado por la resolución recaída en la pretensión verificatoria.  En esta etapa posterior, solo se ordenan esos créditos adecuando sus montos verificados a las posibilidades de cobro que marca el producto de la liquidación concursal.21

 

V-   CONCLUSION

 

          A diferencia de lo que sucede con la  utilización del recurso de apelación ordinario, cuando se utilizan las herramientas procesales extraordinarias es necesario que se invoque y demuestre la existencia de vicios graves en el pronunciamiento judicial: contradicciones, omisiones de hechos y pruebas, carencia de fundamentacion, exceso de rigor formal. Como lo sostiene el Superior Tribunal de la Provincia de Mendoza, el recurso extraordinario de inconstitucionalidad no puede prosperar si la sentencia, no obstante algún argumento erróneo, se sostiene en otros razonables que no han sido suficientemente impugnados por quien lo interpone.22  En el caso de autos, la recurrente respecto de la inconstitucionalidad interpuesta no demuestra la arbitrariedad referida a la problemática del impuesto al valor agregado sobre sus honorarios regulados, ya que incumplió con la carga de hacer conocer antes de la presentación del informe final y proyecto de distribución (art. 218LCQ) dicha situación. Ultima oportunidad que se tiene en la etapa final de la liquidación de bienes de la quiebra para hacer conocer tal situación a los responsables de su confección. Respecto de la calidad quirografaria o privilegiada de los honorarios profesionales devengados por actuaciones en juicios laborales contra la fallida, estos están enmarcados como privilegio general según surge del art. 246 inc. 1) “in fine” de la ley 24522 y no en el art., 241 de la mencionada ley por integrar las costas del proceso.  No podemos analizar en el caso bajo análisis el fundamento que determino la calidad quirografaria de los honorarios sometidos al proceso verificatorio porque la resolución recaída en el incidente de revisión, adquirió firmeza y no fue recurrida ni en tiempo ni en forma por la interesada. Lo que obsta también a la arbitrariedad invocada en este recurso sobre este punto. Por último, es necesario aclarar que la observación al informe final y proyecto de distribución (art. 218 LCQ) sólo puede estar referida a omisiones, errores o falsedades del informe, en cualquiera de sus puntos. Pero nunca puede ser utilizada esta vía para admitir un crédito como “privilegiado” que tiene como base un proceso de verificación de crédito (art. 32,37 LCQ) que concluyo con una sentencia de Cámara que fue consentida por la recurrente y que calificó al crédito como “quirografario”.  La suerte de la queja casatoria quedo sellada con la solución a la que se arribo al analizar y rechazar el recurso de inconstitucionalidad por las razones que la Suprema Corte de Justicia analizó.

 

 

Publicado en la revista La Ley, Gran Cuyo, Mayo de 2011