1
Juz. 18 – Sec. 35 - Sala F nº 7072/2010
“Vargas Llerena, Alvaro c/ Cadena País Producciones S.A. s/ Ordinario (acción
autónoma de nulidad de resolución del 4/11/09)” (FG n° 111070)

Excma. Cámara:
1. La jueza de primera instancia rechazó in limine la demanda
mediante la cual la parte actora promovió una acción autónoma de nulidad por
cosa juzgada írrita en relación a la resolución dictada en el concurso de la
demandada (art. 36 LCQ) que declaró inadmisible su crédito (fs. 426/8).
Asimismo, la magistrada dispuso -como medida cautelar- la
suspensión del trámite del concurso preventivo hasta tanto quede firme el rechazo
de la demanda.
Para sí decidir, la jueza consideró que la resolución
cuestionada tiene efectos de cosa juzgada formal pues puede ser revisada en los
términos del art. 37 LCQ.
Sostuvo que más allá de su acierto o error, la resolución se
encuentra debidamente fundada y no contiene vicios que ameriten la declaración
de nulidad pretendida.
Destacó que el título presentado al insinuar el crédito es una
sentencia extranjera que aun no ha sido validada mediante una sentencia firme
local. Agregó que en caso de haberse admitido el crédito con carácter condicional,
la actora tampoco se hubiera encontrado habilitada para votar en el acuerdo
preventivo de la demandada.
2. Apelaron la actora, la demandada y el síndico del concurso
de esta última.
(i) La actora expresó los agravios a fs. 468/78.
Sostuvo que el rechazo de la demanda in limine resulta
contrario al orden procesal, pues no se sustenta en defectos formales de la
2
demanda, sino que se consideró derechamente el fondo del asunto. Destacó que
el rechazo in limine de la demanda debe ser aplicado de manera restrictiva.
Consideró que el rechazo es injusto y arbitrario. Señaló que la
resolución dictada en los términos del art. 36 resulta definitiva a los fines del
cómputo de las mayorías. Aclaró que no se pretendió atacar el mecanismo para
los cómputos sino que la cuestión se refiere a la declaración de inadmisibilidad del
crédito.
Afirmó que el título del crédito es la sentencia extranjera en sí
y no la sentencia de exequatur y que en consecuencia, el crédito debió haber sido
declarado admisible hasta que se expidiera la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en relación al recurso planteado por la concursada.
Expresó que resultó prematuro que en la sentencia se
considerase el fondo de la cuestión.
Destacó que la sindicatura había sostenido que el crédito
debía ser declarado admisible con carácter condicional y que en las instancias
ordinarias se había acogido favorablemente el exequatur. Concluyó que dadas
esas circunstancias y lo dispuesto por el art. 258 CPCCN, el crédito debía ser
declarado admisible hasta que se expida la Corte en relación al recurso
extraordinario planteado por la concursada.
Finalmente, la demandante se agravió respecto del plazo por
el cual fue admitida la medida cautelar. Señaló que en el supuesto de que la
resolución que rechazó la demanda fuera revocada, a pesar de que quedaría
habilitada la instancia para el trámite de la pretensión, la medida perdería su
vigencia.
(ii) Tanto la sindicatura (fs. 432/3) como la concursada (fs.
445/66) se agraviaron en relación a la medida cautelar que dispuso la suspensión
del trámite del concurso.
Ministerio Público de la Nación
3
La sindicatura adujo que la medida perjudica a los acreedores
pues verán retrasado el cobro de sus créditos.
Agregó que no fue cuestionada la constitucionalidad de la ley
de concursos.
Por su parte, la concursada sostuvo que si se rechazó la
demanda no puede decretarse una cautelar en base a la pretensión desestimada.
Consideró afectado el principio de congruencia y alegó que la decisión recurrida
resulta contradictoria.
Agregó que el freno al proceso concursal le ocasiona un
perjuicio.
Consideró que la única vía a disposición del incidentista es la
revisión (art. 37 LCQ) y que el planteo formulado en este expediente es
inadmisible.
Destacó que la sentencia extranjera aun no tiene eficacia en el
país en virtud de la concesión del recurso extraordinario.
Respecto de la medida cautelar, sostuvo que no se ha acredita
la verosimilitud del derecho ni el peligro en la demora y que no se exigió
contracautela.
3. Considero relevante efectuar una reseña de las
circunstancias en las que se enmarca la cuestión.
La actora demandó a la concursada Cadena País
Producciones S.A. invocando al afecto la rescisión de un contrato que la vinculaba
con la contraria. El juicio tramitó en la República Oriental del Uruguay, allí se
admitió parcialmente la pretensión de la actora (fs. 32/50) y esa sentencia fue
confirmada en segunda instancia (fs. 51/60).
Posteriormente, la actora promovió en esta jurisdicción el
reconocimiento y la ejecución de la sentencia extranjera (fs. 90/109).
4
El reconocimiento de esa sentencia fue admitido en primera
instancia (fs. 115/23) y confirmado por la alzada (fs. 130/1).
La demandada interpuso recurso extraordinario (fs. 135/78) y
a los pocos días se presentó en concurso preventivo (fs. 561). Allí actora insinuó
un crédito por la suma de u$s 7.169.937,39 invocando la rescisión contractual, la
sentencia extranjera y el trámite del exequatur (pág. 25 del informe individual cuya
copia del sistema informático se agrega de manera precedente al dictamen a fs.
563/93).
Al dictarse la resolución prevista por el at. 36 LCQ se declaró
inadmisible el crédito. Para fundar esa decisión, el juzgado consideró que el título
en que se funda la pretensión es la sentencia que reconoce la sentencia extranjera
y que esa resolución no estaba firme pues se había concedido el recurso
extraordinario interpuesto por la demandada (pto. 14, pág. 3/6 de la copia glosada
a fs. 594/600).
4. A mi modo de ver, el recurso debe ser admitido con el
objeto de permitir el trámite de la acción iniciada por la actora. Ello, a fin de evitar
que en su caso, eventualmente, se pudiera configurar una utilización abusiva del
trámite concursal.
En efecto, de la copia del informe general (fs. 601/8) se
observan las siguientes particularidades:
(i) El pasivo verificado alcanza la suma total de $ 88.933,63.
(ii) Al presentarse en concurso, la deudora tenía en su activo
disponibilidades por $ 128.042,50.
(iii) El crédito de la actora resultó determinante a fin de que la
deudora decidiera presentarse en concurso. Además, el síndico consideró como
fecha de inicio del estado de cesación de pagos, la de la sentencia que admitió el
reclamo de la demandante (pto. V, pág. 6 de fs. 606).
Ministerio Público de la Nación
5
De estos elementos, se deriva por un lado, que la concursada
contaba con fondos líquidos suficientes –aun en exceso- para atender el pasivo
actualmente verificado. Ello además, se encuentra sustentado por la afirmación de
la sindicatura en relación a que la concursada continúa operando y cumpliendo
con sus obligaciones (pto. I in fine del informe general obrante a fs. 603).
Y por otra parte, que la presentación en concurso estuvo
determinada por el reclamo de la aquí actora.
Cabe apuntar entonces que el crédito que invoca la
demandante (u$s 7.169.937,39) supera ampliamente el de los demás acreedores
en su conjunto, en una relación que es aproximadamente de cien a uno. En efecto,
si se considerase un pasivo que incluyera este crédito, tal acreencia conformaría
más del 99% del pasivo.
En este marco, de no admitirse el recurso podría configurarse
una situación en la que acreedores que representan menos del 1% de capital
tuvieran la posibilidad de considerar una propuesta que, en caso de ser aprobada
y de ser admitida la revisión (art. 37 LCQ), luego le sería oponible a aquel
acreedor que representa más del 99 % de la deuda de la concursada.
Es decir que en tal caso, se alteraría tanto el principio de
universalidad que rige en el ámbito concursal, como el régimen de mayorías de
capital previsto por la ley (art. 45 LCQ).
Esto es así porque, dadas las particularidades del caso, el
pasivo resultaría irreal y la mayoría carecería de representatividad en el supuesto
del ingreso al concurso del crédito de la actora.
Cabe señalar que la ley de concursos exige para la aprobación
de la propuesta un régimen de doble mayoría, una de capital y otra de personas
(art. 45 LCQ). Héctor Cámara explica que la mayoría de personas tiene como
finalidad que los acreedores minoritarios no sean sacrificados por los titulares de
créditos mayores y requiere mayoría de capital, porque es de equidad que el
6
monto de los créditos tenga gravitación sobre la resolución a adoptarse (Cámara,
Héctor, “El concurso preventivo y la quiebra”, Vol II, pág. 1027).
Así, el autor expresa que si se adoptase uno sólo de los
criterios (personas o capital), se producirían conclusiones arbitrarias porque o bien
un numero importante de votos con relación al total de acreedores obtendría
preponderancia a pesar de representar sólo un porcentaje mínimo en el total del
pasivo; o, al contrario, se entrega la llave de toda solución al voto cuyo crédito
representara mayoría en relación al capital comprometido (op. cit. pág. 1036).
Por otro lado, Quintana Ferreyra sostiene que el sistema de la
doble mayoría tiene el propósito de contrapesar los dos factores determinantes del
cómputo, de manera que el número de acreedores y el capital computable influyan
recíprocamente para formar mayoría permitiendo así consultar en todos los casos
la opinión de la minoría (Quintana Ferreyra, Francisco, “Concursos”, T 1, pág. 52).
Se trata entonces de una fórmula que permite elaborar un
equilibrio entre intereses. Cabe concluir que en el caso este equilibrio se alteraría
si acreedores que representan menos del 1% del pasivo –reitero, en el supuesto
de que el finalmente el crédito de la incidentista fuera admitido- aprueban una
propuesta que luego va a ser impuesta al acreedor cuyo crédito representa más
del 99% de ese pasivo.
No puede soslayarse entonces lo expresado en el informe
general en cuanto a que la presentación en concurso tuvo su disparador en la
existencia del crédito cuyo titular -dadas las actuales circunstancias- se encuentra
imposibilitado de participar de la votación de la propuesta que se formule.
Considero entonces que el recurso debe ser admitido y que
debe posibilitarse la tramitación de la acción intentada por la actora,
manteniéndose además la medida cautelar decretada hasta el momento en que
recaiga decisión definitiva sobre el crédito de las actora.
Ministerio Público de la Nación
7
Al efecto, considero que la verosimilitud del derecho se
encuentra acreditada con las sentencias de primera y segunda instancia que
admitieron el reconocimiento de la sentencia extranjera. Cabe agregar al efecto,
que esos decisorios resultaron concordantes con los dictámenes del Ministerio
Público emitidos en ambas instancias y que el Procurador Fiscal ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, al dictaminar en el recurso extraordinario
planteado por la concursada, propuso la confirmación de la sentencia de esta
cámara (ver fs. 609 y 610/8).
Y el peligro en la demora se verifica por la posibilidad de que
pudiera formularse y votarse la propuesta concordataria antes de que la cuestión
atinente al crédito de la actora sea dirimida.
Por las razones expuestas, opino que V.E. debe revocar la
resolución apelada.
Buenos Aires, septiembre 1 de 2010.
10.
Fdo. Alejandra Gils Carbó. Fiscal General.
Dictamen n° 129969