El caso del acreedor hostil

El “acreedor hostil” es un concepto desarrollado por los autores concursalistas para excluir del derecho a voto a quien se niega a dar su conformidad a un acuerdo preventivo por razones que se estiman injustificadas. En realidad, casi siempre se trata de un acreedor que se resiste a dejarse estafar…

Castimar SA es una empresa dedicada a los negocios inmobiliarios que se presentó en concurso preventivo por el año 2006. Su actividad consistía en alquilar los 30 inmuebles de su propiedad ubicados en barrios acomodados de la Ciudad de Buenos Aires y en el partido de Vicente López.

Cuando se presentó en convocatoria de acreedores, 29 de los 30 inmuebles estaban alquilados y los ingresos de la compañía superaban ampliamente sus egresos, según surge del expediente del proceso concursal al que Mercado y Transparencia tuvo acceso.

El propio síndico concursal señaló que la situación financiera de la deudora Castimar SA era fluida.

El valor de sus activos en inmuebles rondaba un millón setecientos mil dólares, mientras que su pasivo era de quinientos sesenta mil pesos. Lo significativo de la situación es que el 97,28% de la deuda estaba en cabeza de una sola persona, Jorge Marceca. Marceca era el “acreedor hostil” que no aceptaba la propuesta.

Los demás acreedores del concurso que dieron su conformidad al acuerdo preventivo representaban sólo un 2,72% de la deuda concursal. Eran cinco créditos por honorarios de profesionales que hicieron tareas para la concursada –abogados y contadores, algunos de los cuales trabajaron en el proceso concursal-, un proveedor de mercaderías por 455 pesos y la AFIP.

Uno de estos profesionales con crédito verificado por honorarios pagó el crédito de la AFIP y se subrogó en su derecho voto. Nadie pareció notar la extrañeza del hecho de que un acreedor pendiente de cobro se dedique a pagar la deuda fiscal de su deudor para incluirse en el pasivo concursal por un monto mayor.

En el momento de las definiciones, la jueza de primera instancia resolvió excluir de la votación al principal acreedor, Jorge Marecca, por “hostil”. Para resolver de ese modo dijo que la propuesta de acuerdo ofrecida era inmejorable porque consistía en el pago del 100% de los créditos, con un interés calculado desde la presentación en concurso según la tasa activa que cobra el Banco de la Nación a 30 días. El pago se haría inmediatamente para todos los acreedores, menos para Marecca, cuyo crédito estaba sometido a un incidente de revisión de resultado incierto.

La Sala A, integrada por los jueces María Elsa Uzal, Isabel Míguez y Alfredo A. Kolliker Frers no compartieron ese criterio y revocaron la sentencia.

La Fiscalía de Cámara había sostenido que el deudor se presentó en convocatoria al solo efecto de obstruir el cobro de un reconocimiento de deuda en favor de Marceca, quien era ex administrador de la empresa. Esa deuda databa del año 1994 y había un juicio ejecutivo anterior suspendido por el concurso. El trámite concursal significó para este acreedor una demora de largos años en hacer efectivo su crédito. Además, el principal objetivo de concurso era someter el crédito ya reconocido a favor de Marceca en una sentencia judicial, a un posterior proceso de revisión en la etapa verificatoria que seguiría postergando el cobro y hasta podría culminar, eventualmente, en un rechazo del crédito si los jueces comerciales así lo resuelven. La propuesta concordataria original tuvo que ser mejorada en reiteradas oportunidades a raíz de la negativa de Marceca a permitir que desconozcan sus derechos derivados de una sentencia firme lo que sumó otros tantos años más a la espera del acreedor. Marceca destacó que lo ofrecido no cubría los costos judiciales originados en los varios pleitos que debió sobrellevar a lo largo de 15 años para cobrar su crédito [ver dictamen completo].

La sentencia de Cámara juzgó que el derecho fundamental del acreedor en el concurso es votar la propuesta de pago que ofrece el deudor y que la “conflictividad exacerbada” no es un motivo suficiente para negarle ese derecho. Incluso se enfatizó que el derecho a rechazar la propuesta se puede fundar en motivos distintos a la evaluación de la suficiencia del monto ofrecido en carácter de pago. Sin embargo, al final del fallo, los jueces le dieron a la concursada una última oportunidad para evitar la declaración de la quiebra: la de pagar todos los créditos verificados en el término de diez días de acuerdo a la última propuesta ofrecida [ver fallo completo].

Es difícil valorar una solución que deja tanta perplejidad. Primero, los jueces declamaron a lo largo de extensas siete hojas que el derecho del acreedor a impugnar la propuesta era sacrosanto y en los diez últimos renglones dieron por aprobada la propuesta aún cuando admitieron que no estaban reunidas las mayorías legales, sobre la base de les pareció razonable la oferta. No se examinó entonces que la propuesta modificaba la tasa de interés originaria, ni que el proceso concursal fue utilizado por un deudor que no estaría en cesación de pagos. ¿Estaban o no convencidos los jueces de respetar los derechos de los acreedores a votar negativamente el acuerdo?