“Inspección General de Justicia c/Marriott International Hotels INC s/ organismos externos” – CNCOM – 27/10/2011

SOCIEDADES COMERCIALES. Reempadronamiento obligatorio (Resolución n° 1/2010). Multa aplicada por la IGJ por haber detectado una falsedad en la información suministrada al organismo. Constitucionalidad de la normativa que sustenta la infracción que se atribuye a la sumariada. Funciones de fiscalización atribuidas a la IGJ. Certeza en la publicidad de las personas que resultan responsables de la administración y dirección de las sociedades comerciales. Transparencia en el tráfico mercantil. Estricto acatamiento de los usuarios a las reglamentaciones dictadas por los organismos de contralor. Derecho de defensa. Control judicial de razonabilidad de las sanciones impuestas por la Administración Pública. Procedencia de la morigeración de la multa aplicada

“…las resoluciones de la I.G.J., concernientes a sociedades comerciales, al ser apelables ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal (art. 16 ley n° 22.315), no vulneran el derecho de defensa en juicio de la recurrente, al estar aquel debidamente resguardado mediante el control judicial posterior a cargo del tribunal de Alzada”.-

“…constituye una inveterada y pacífica doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación aquella que sienta que la declaración de inconstitucionalidad de una ley es un acto de suma gravedad institucional, que debe ser considerada la última ratio del orden jurídico. Por lo cual, no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduzca a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados”.-

“…el fin perseguido por el organismo de contralor es el de acentuar la certeza y efectividad en la publicidad de las personas que resultan responsables de la efectiva administración y dirección de los negocios de la sociedad, para la transparencia del tráfico mercantil y el cumplimiento de sus funciones propias de la fiscalización”.-

“La dinámica que predomina en el ejercicio de comercio impone la actualización y revisión permanente de las disposiciones vigentes. En ese orden de ideas entonces, es que el dictado de las distintas reglamentaciones por parte de todo organismo de contralor exige por parte de los usuarios, el estricto acatamiento de sus disposiciones”.-

“…la postura sancionadora asumida es ciertamente la correcta, dada la relevancia del objetivo que se propuso la Inspección General de Justicia mediante el dictado de la Resolución n° 1/2010 sobre reempadronamiento obligatorio, lo cual tornó justificable la imposición de una multa”.-

“…es facultad del Poder Judicial revisar la razonabilidad de la medida de las sanciones impuestas por la Administración Pública en ejercicio de sus facultades de superintendencia (Fallos: 323:153, entre otros), concluyendo que las mismas deben ser proporcionales a la infracción que surja comprobada del sumario”.-

“…ponderando las particularidades características que presenta este caso concreto un monto de pesos un mil quinientos ($ 1.500) resulta más adecuado a la falta cometida”.-

Citar: elDial.com - AA72D9

Publicado el 02/02/2012