Una acción para controlar las promociones de telefonía celular

La ONG Consumidores Financieros inició una acción colectiva contra Movistar por una promoción en la cual los clientes ignoraban todos los elementos que la sostenían.

Es habitual recibir mensajes de texto de las empresas de telefonía móvil en los que se ofrecen tentadoras promociones, con servicios a muy bajo costo y sin más esfuerzo que enviar un mensaje de texto. Ahora bien, ¿cuántas veces ocurre que el consumidor se toma el trabajo de chequear que efectivamente recibe la promoción contratada?

Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa lo hizo y descubrió que el cliente no tiene modo de verificar si la ventaja ofrecida se cumple. Esto sucedió en el marco de una promoción de telefonía móvil de Movistar, donde la compañía les ofrecía a sus clientes la posibilidad de hablar 40 minutos entre usuarios de la misma empresa, cualquiera fuese su ubicación dentro del país, a un costo de 10 pesos y dentro de los tres días desde que el cliente solicitaba la promoción por mensaje de texto. La promoción se identifica como 2345-M  y aún sigue vigente, aunque aumentó su valor a 12 pesos.

 

El consumidor cree comprar 40 minutos pero jamás tendrá la posibilidad de constatar si goza de ese beneficio  y qué consumo hace de él. En esa situación, sería posible que el cliente esté usando la opción pensando que paga un precio bajo, pero en realidad sigue pagando el precio anterior que le encarece su cuenta. ¿Desde cuándo se puede promocionar una “oferta” que impide al consumidor saber si el descuento ofrecido se realiza de verdad?

Para enmendar esta injusticia, Consumidores Financieros inició una acción colectiva contra Movistar solicitándole reintegre a los clientes la totalidad de beneficios obtenidos indebidamente por la comercialización de la promoción 2345-M desde que fue lanzada hasta que se interrumpa, más intereses. Además le solicitó al juez que le aplique a la demandada la sanción indemnizatoria prevista en la Ley de Defensa del Consumidor -Ley 24.240- a favor de cada uno de los clientes que usaron la promoción, a razón de 100 pesos [ver acción colectiva].

La acción colectiva fue asignada por sorteo al Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 17, a cargo del juez Federico A. Guerri, pero el juez se declaró incompetente y ordenó la remisión de la causa al fuero Civil y Comercial Federal. En ese fuero, el juez a cargo del Juzgado Nº 7, Luis María Márquez, también se declaró incompetente y adujo que la causa le corresponde a la justicia comercial. Por ende, desde el 10 de abril de este año, la causa está en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal para resolver el conflicto de competencia.