Hechos: en un juicio laboral el trabajador accionante solicitó la extensión en forma solidaria e ilimitada de la condena a los socios y administradores de las sociedades para las cuales prestaba servicios y que no habían registrado la relación laboral. El juez de grado admitió el reclamo. La Cámara confirmó la decisión.

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de General Pico(CCivComLabyMineriaGeneralPico)- Fecha: 08/02/2012- Partes: Mana, Norberto Leonardo c. Brinatti, Bautista Esteban y otros s/despido- Publicado en: LLPatagonia 2012 (Junio), 330- Cita Online: AR/JUR/8307/2012

Sumarios:

1. Se justifica desestimar la personalidad de las sociedades codemandadas y hacer responsables solidariamente y en forma ilimitada frente al reclamo laboral de un ex trabajador no registrado a los socios gerentes y administradores de una de ellas y a los socios y directores titulares a cargo de la presidencia y vicepresidencia de otra, máxime cuando ambos tienen a cargo el gobierno y administración de ambas sociedades en forma personal.

2. Debe responsabilizarse en forma solidaria e ilimitada en los términos del art. 31 de la Ley 20.744 frente al reclamo laboral de un ex trabajador no registrado a los socios y administradores de las sociedades codemandadas pues todos ellos funcionan en forma coordinada y relacionada, las sociedades tienen el mismo objeto social, están integradas por los mismos socios y los empleados han desempeñado su trajo indistintamente utilizando vehículos de propiedad de ambas. (del voto del doctor Rodríguez).

Texto Completo: En la ciudad de General Pico, provincia de La Pampa, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil doce, se reúne en la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados “, Norberto Leonardo c/, Bautista Esteban y Otros s/” (expte. Nº 4751/11 r.C.A.), venidos del Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de esta Circunscripción.- – - – - – - – - – - – - – - – - El Dr. Alejandro , sorteado para emitir el primer voto, dijo:- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - — – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – Norberto Leonardo promovió juicio laboral por despido por la suma de $ 174.169,91 con más las diferencias salariales que resulten de la pericia contable, con más intereses, costos y costas, contra:, , Bautista Esteban y María Julia . En primer lugar señaló que todos los codemandados resultan solidariamente responsables en los términos del art. 31, LCT y art. 54 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 (LSC), afirmando que para todos ellos prestó el servicio como chofer de camión. Solicitó se condene solidariamente a las dos empresas demandadas y a los socios que forman parte de las mismas; afirmó que las empresas accionadas están integradas por los mismos socios, que están bajo el control de dichos socios y afectadas a los mismos fines. Manifestó que Bautista Esteban y María Julia ,circunstancia que dijo se probaría,incurrieron en conductas antijurídicas amparándose en los entes societarios para sustraerse de sus derechos y explotar a los trabajadores, cometiendo fraude laboral al no respetar la normativa laboral.- – - – - – - – - -

- – - – - Para fundar su pretensión dijo que comenzó a trabajar para los accionados el 05/01/2002 y en un primer momento, su labor consistió en descargar camiones en el depósito que los demandados tienen en calle 28 entre 17 y 19 de esta ciudad. Que unos meses después comenzó a repartir encomiendas en la ciudad conduciendo un camión Mercedes Benz, modelo 608 D, Dominio C-731745, tarea que cumplió durante un año y medio, aproximadamente hasta abril de 2004, oportunidad en que se le abonaba la suma de $ 110,00 por semana, remuneración que percibía en negro puesto la relación laboral no se encontraba registrada. Afirmó que, luego de abril de 2004, comenzó a realizar viajes de larga distancia, conduciendo como chofer de larga distancia de 1º categoría, cumpliendo la tarea de entrega de encomiendas y transporte de carga general en distintos pueblos del interior de la Provincia de La Pampa. Señaló que esta última actividad se encontraba vinculada con el convenio que realizó Transportes Pico S.R.L. y “Renta Trucks S.A” con la firma “Transportes Spacapan S.A.”, por el cual las dos primeras distribuían, o tenían la representación para repartir mercadería en toda la Provincia de la Pampa. Para desarrollar este trabajo dijo que condujo los siguientes camiones: un camión Deutz Agrale, un Mercedes Benz 608 y un Daily Iveco 150 E 20 T, Dominio AWZ-198, automotor éste último de propiedad de Transportes Pico S.R.L.. Afirmó que en el cumplimiento del trabajo indicado recorría alrededor de 12.600 Km por mes y aclaró que los profesionales que lo habían asesorado anteriormente habían cometido un error al consignar en un telegrama que recorría 6.300 Km mensuales. Dijo que ingresaba a la empresa a las 06:00 hs y la jornada laboral finalizaba cuando terminaba de hacer sus recorridos y retornaba a la ciudad de General Pico, que tenía a su cargo la carga y descarga del camión, labor por la que le abonaban en negro la suma de $ 700,00 por mes, también manifestó que en un tiempo tuvo a su cargo la línea de Santa Rosa, ciudad a la viajaba todos los días saliendo de General Pico a las 06:00 hs regresando a las 22:00 hs. Refirió que a principios de marzo de 2005 se le asignaron nuevas tareas comenzando a viajar a la ciudad de Buenos Aires, describió los días que viajaba y regresaba (eran dos o tres viajes por semana) y en esta ocasión en un primer tiempo condujo un camión Mercedes Benz 1114, Dominio RKT- 996 y después comenzó a viajar en un camión Mercedes Benz 1620, Dominio BJQ-956, ambos de propiedad de los demandados. Por estos viajes aseguró que nunca le pagaron una suma fija, que en algunas oportunidades le abonaban $ 1.000,00 por dos viajes al mes y en otras entre $ 1.200,00 y $ 1.500,00 por tres viajes al mes. Dijo que cuando viajaba a Buenos Aires su destino era un depósito ubicado en la calle Los Patos esquina Atuel, en el barrio de Parque Patricios, dirección que coincidía con las oficinas de la empresa Spacapam S.A., sita en calle Los Patos 3196.- – - – - – - – - – - – - – -

- – - – - Manifestó que era el único chofer a cargo de los camiones que conducía, que no tenía acompañante y el recorrido lo realizaba siempre sólo, tanto la carga como descarga y reparto de las encomiendas en cada pueblo y a cada persona. Afirmó que el vínculo laboral se inició el 05/01/2002 y que su trabajo estuvo a disposición de sus empleadores hasta el 01/12/2005, fecha en la cual se consideró despedido. Dijo que la relación laboral siempre se mantuvo en negro, se le pagaba por semana entre $ 120,00 y $ 180,00, no tenía seguro ni se hacían aportes de ningún tipo, y tampoco se abonaban los adicionales por carga y descarga viático y/u otro adicional contemplados en el CCT nº 40/89. Entre otras cosas señaló que el salario básico que le correspondía percibir, sin contar los adicionales, era de $ 1.121,36, siendo su categoría laboral la de chofer de larga de distancia de 1ª categoría según CCT nº 40/89. Dijo que el 22/11/2005 remitió el 1º telegrama, todos del mismo tenor, a Transportes Pico S.R.L., “Renta Trucks S.A” y a Esteban Bautista Brinatti, en donde solicitó se aclare su situación laboral, atenta la falta de asignación de tareas, reclamando además el pago de una serie de rubros adeudados, la registración de la relación laboral, etc.. El 28/11/2005 remitió igual telegrama a María Julia Brinatti. Luego dio precisiones respecto del intercambio epistolar mantenido con sus empleadores, y frente al incumplimiento de éstos en fecha 01/12/2005 remite telegrama a Transportes Pico S.R.L., “Renta Trucks S.A” y a Esteban Bautista Brinatti comunicando que se consideraba injuriado y despedido. Manifestó que el 06/12/2005 recibió carta documento remitida por Transportes Pico S.R.L. mediante el cual le comunica que no le adeudaba nada y no obstante ello le solicitó que se presente en las oficinas de la empresa y presente la liquidación que según Mana se le adeudaba, para cotejarla; y en virtud de ello dijo que el 05/01/2006 envió nuevo telegrama comunicando que el monto adeudado ascendía a la suma de $ 39.727,00 aproximadamente; por último dijo que Transportes Pico S.R.L. el 10/01/2006 le remitió nueva carta documento por la cual le informó que, según constancias obrantes en la empresa, la suma de dinero que había recibido Mana, según documentación que estaría firmada por éste, era superior al monto reclamado y que por ello consideraban que nada se le adeudaba; por lo que se vio obligado a iniciar el juicio laboral.- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - Reclamó el pago de los siguientes rubros: sueldo básico según CCT 40/89 de chofer de camión Primera Categoría: $ 1.121,36; adicional Km recorrido (630 x $ 0.08411 x km: $ 52,98 x 20 días: $ 1.059,60; viático Km recorrido (630 x $ 0.08411 x km: $ 52,98 x 20 días) $ 1.059,60; control de carga y descarga ($ 46,72 x día x 20 días) $ 934,40; permanencia fuera de la residencia habitual ($ 60,56 x día x 20 días) $ 1.211,20. ; diferencias salariales entre lo percibido y lo que realmente debió percibir, lo que se dejó sujeto a lo que resulte de la pericial contable; S.A.C. diciembre 2003, julio 2004 y diciembre 2004 ($ 5.386,16 / 2: $ 2.693,08 x 3) $ 8.079,24; vacaciones diciembre 2003 a diciembre de 2005: 14 días ( $ 5.386,16 /25: $ 215,44 x 14: $ 3.016,16 x 2) $ 6.032,32; preaviso (art. 232, LCT): $ 5.386,16; integración mes de despido (art. 233, LCT): ($ 5.386,16/ 30: 179,53 x 29) $ 5.206,37; indemniz. por antigüedad (art. 245, LCT) (tres años y 11 meses): $ 21.544,64; indemnización art. 16 Ley 25.561 conforme Decreto nº 1433/05: $ 26.930,80; indemnización art. 8 Ley 24.013: $ 63.287,38 y indemnización art. 2 Ley 25323: $ 32.316,96. Subtotal reclamado sin contar rubro diferencias salariales $ 174.169,91 (ver demanda fs. 39/55).- – - – - – -

- – - – - A fs. 77/78 se presentaron por sus propios derechos los codemandados Bautista Esteban y María Julia y al progreso de la demanda interpusieron como de previo y especial pronunciamiento , manifestando que nunca mantuvieron a título individual un vínculo laboral con el actor, y afirmaron que el Sr. Mana fue contratado por la firma Transportes Pico S.R.L. y que las circunstancias que ambos sean Gerente y Subgerente de dicha empresa no amerita la vinculación laboral que se pretende. No contestaron la demanda en subsidio. A fs. 89/90 se presentó María Julia en representación de la codemandada y al progreso de la demanda interpuso como de previo y especial pronunciamiento , manifestando que nunca mantuvo vínculo laboral con el actor, y afirmó que la empleadora del Sr. Mana fue la firma Transportes Pico S.R.L. que se trata de una persona jurídica distinta a Renta Trucks S.A., y dijo que el domicilio de aquella coincide en cuanto a la calle y número, pero no en cuanto a los locales, dado que, conforme habilitación municipal, Transportes Pico S.R.L. ocupa el Local 1 y Renta Trucks S.A. el Local 2. No contestó la demanda en subsidio.- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

- – - – - El tribunal mediante providencia de fs. 91 dispuso que dichas excepciones las resolvería al momento de dictar la sentencia definitiva. El actor contestó el traslado de ambas excepciones a fs. 153/156.- – - – - – - – -

- – - – - La codemandada contestó la demanda a fs. 143/148. Luego de negar cada una de las afirmaciones vertidas por el actor en su demanda, negó especialmente que el actor haya ingresado a trabajar para la firma el 05/02/2002. Al respecto dijo que Mana ingresó a trabajar el 01/10/2004 y que la relación laboral duró sólo trece meses hasta el 30/11/2005 fecha en que, dijo, Mana dejó de trabajar. Aclaró que con anterioridad ya había existido una relación laboral iniciada el 05/01/2002 y que se mantuvo hasta el 06/07/2004 fecha en que Mana renunció a su trabajo. Manifestó que durante esa primer relación laboral el actor fue contratado como peón general, ocupándose de la carga y descarga de mercaderías en el depósito que la empresa tiene en esta ciudad, tarea que realizó entre tres o cuatro meses, percibiendo los salarios correspondientes; dijo que después pasó a la categoría de peón de reparto entregando mercaderías dentro del radio urbano para lo que conducía vehículos pequeños. Afirmó que Mana el 01/10/2004 volvió a la empresa solicitando trabajo nuevamente y es así que se lo tomó como peón de reparto, esta vez haciendo la línea Santa Rosa (labor por la cual realizaba un promedio de 400 Km por mes y se le abonaba según recibos que adjuntó al proceso), iniciándose de ese modo una nueva relación laboral. , y en ese sentido dijo que fue Mana quien pidió no estar registrado, percibiendo sus haberes firmando los recibos pertinentes. Admitió que en el año 2005 se le asignaron viajes al depósito que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, viajes que, dijo, fueron pagados conforme a los recibos que agregó al expediente, agregando que en dicho depósito existe personal que se encarga de la descarga y carga del camión. Afirmó que el actor en noviembre de 2005 dejó de concurrir al trabajo y comenzó a realizar los primeros reclamos mediante el envío de telegramas, y como la relación laboral no se encontraba registrada y para evitar mayores problemas dijo que la empresa formalizó un acuerdo con el trabajador el 15/12/2005, por el cual le abonó a Mana la suma de $ 9.260,00. Señaló que a partir de ello, Mana durante un mes no efectuó reclamo alguno y en enero de 2006 comenzó nuevamente a enviar telegramas, formalizándose un nuevo acuerdo, por el cual se pagó al trabajador el 27/01/05 la suma de $ 15.000,00 y el 15/02/06 la suma de $ 3.000,00. Conforme a lo dicho afirmó que al trabajador se le abonó la suma total de $ 27.260,00, dejando peticionado que de existir alguna diferencia con lo reclamado, el tribunal tenga en cuenta la suma ya percibida por el trabajador. Destacó que la mala fe con la que actuó el actor resulta evidente, primero porque pretende extender la relación laboral desde el 2002 cuando en realidad se inició en octubre de 2004; y en segundo lugar destacó que el actor dejó transcurrir casi dos años, después de haber percibido las sumas ya mencionadas, para comenzar nuevamente a hacer reclamos como si la empresa nada le hubiese abonado, circunstancia deliberadamente ocultada en la demanda. También hizo notar que el actor en su demandada no explicó las circunstancias fácticas que según él lo llevaron a darse por despedido; y que además incluyó en su demanda una cantidad de Km que nunca recorrió, a tal punto que uno de los telegramas que envió afirmó haber recorrido un promedio de 6.300 km por mes y ahora en la demanda dice que recorría un promedio de 12.600 Km por mes, y para justificar tal diferencia se limita a decir que cuando se denunció la cantidad de kilómetros recorridos en el telegrama referido, constituyó un error en que habría incurrido el anterior letrado. En otro orden agregó que el hecho de que la patronal presente ciertas irregularidades administrativas, ello no puede ser motivo para pretender lo que no corresponde, y si bien no cumplió con los recaudos administrativos, las sumas pagadas en negro fueron percibidas realmente por el trabajador.- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - Con relación a la pretendida responsabilidad solidaria negó que Transportes Pico S.R.L. y Renta Trucks S.A. estén bajo el mismo control y administración; son entidades distintas y totalmente separadas y que sólo comparten el domicilio (calle 31 nº 1241), correspondiéndole a la primera el Local 1 y a la segunda sociedad el Local 2. Manifestó que cuando se inició la primera relación laboral mantenida con Mana (el 05/02/2002), la firma Renta Trucks S.A. no se había constituido; y agregó que se trata de una sociedad anónima que integran personas distintas y que alquila algunos vehículos a Transportes Pico S.R.L.. También se afirmó que los socios gerentes de Transportes Pico S.R.L., (que son Bautista Esteban y María Julia ) no han tenido con el actor vinculación laboral alguna. Afirmó que no ha existido fraude laboral, y que no existe la responsabilidad solidaria invocada y pretendida por el actor. Luego impugnó por resultar improcedentes los rubros reclamados. (fs. 143 /148).- – - – - – - – - – - – - – - -

- – - – - El tribunal abrió el proceso a prueba a fs. 168, la que fue proveída a fs. 172/173, y se produjo en los términos que expresa la certificación actuarial de fs. 184, clausurándose el período probatorio a fs. 185. La parte actora alegó a fs. 413/416; Renta Trucks S.A. a fs. 417/418; María Julia Brinatti y Bautista Esteban Brinatti a fs. 419/420; y Transportes Pico S.R.L. a fs. 421.- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

- – - – - La jueza en la de fs. 423/440: rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por los codemandados Bautista Esteban , María Julia ; hizo lugar a la demanda y condenó aBautista Esteban María Julia ,ya pagar solidariamente aNorberto Leonardo la suma de$ 174.169,91 con más los intereses que se indican en el considerando, con costas. A los Dres. Julio Raúl Ballari, Hernán Ariel Cecotti y Hugo Alberto Santamarina, (abogados del actor) en concepto de honorarios les reguló en forma conjunta el 23,80%, porcentaje a calcularse sobre el monto de condena.- – -

- – - – - Los fundamentos expresados por la jueza para fallar del modo en que lo hizo fueron los siguientes: : destacó que Transportes Pico S.R.L. admitió la existencia de la relación laboral con el actor y que la misma no se encontraba registrada; que los codemandados Bautista Esteban Brinatti y María Julia Brinatti son socios Gerentes de Transportes Pico S.R.L. y también son Directores titulares, desempeñando el cargo de Presidente y Vicepresidente de la firma Renta Trucks S.A.; que del análisis integral de los medios probatorios producidos en el expediente, la jueza dijo tener la convicción de que Bautista Esteban Brinatti, María Julia Brinatti y Renta Trucks S.A. tuvieron una participación directa en la relación laboral que los vinculó con el actor (fs. 431); con independencia de la persona jurídica que representaban Bautista Esteban Brinatti y María Julia Brinatti, sea como socios Gerentes en el caso de S.R.L. o como socios y Directores titulares con cargo de Presidente y Vicepresidente en el caso de la S.A., la sentenciante tuvo por cierto que quienes daban las órdenes y manejaban la relación laboral en toda amplitud con sus empleados, incluyendo al Sr. Mana, eran ellos en forma personal. Sostuvo que de hecho, la contratación del trabajador la realizaron ellos, supuestamente en representación sólo de Transportes Pico S.R.L., “pero también son ellos, como socios y gerentes del ente societario, quienes debían establecer el marco jurídico en el que incluirían a sus empleados, decidiendo en el caso del actor que la relación laboral no fue registrada, contrariando con ello el ordenamiento jurídico…” (sic fs. 431); afirmó que “la conducta asumida por los Brinatti y en su consecuencia por la sociedad misma es abusiva pues vulnera los derechos que asisten a todo trabajador de tener dignas condiciones de trabajo, en legal forma, con remuneraciones pagas acorde a su oficio…” (sic fs. 431); con respecto a la empresa Renta Trucks S.A., la jueza tuvo por acreditado que el actor Mana realizaba su trabajo tanto en camiones de propiedad de Transportes Pico S.R.L. como de Renta Trucks S.A.; y destacó que ambas sociedades tienen como objeto social más amplio, el transporte terrestre en camiones; y afirmó que cada uno de los camiones con los que el actor desarrolló su trabajo, conforme informes de dominio glosados a fs. 231/240, han estado o están registrados recíproca y alternadamente bajo la titularidad de Transportes Pico S.R.L., Renta Trucks S.A., María Julia Brinatti y/o Bautista Esteban Brinatti; y que dicha situación, para la sentenciante, “…da sustento a la idea de que tanto los entes societarios como los Sres. Brinatti funcionan en forma coordinada y relacionada…” (sic fs. 432), agregando más adelante, entre otras cosas, que las accionadas se han mostrado renuentes al momento de acompañar la documentación necesaria para realizar el peritaje contable requerido para develar la realidad documentada del funcionamiento de las empresas y el empleado, reiterando que en el caso el empleado a desempeñado su trabajo indistintamente en camiones de propiedad tanto de uno como de otro de los demandados; tuvo por probado que tanto Transportes Pico S.R.L., Renta Trucks S.A., María Julia Brinatti y Bautista Esteban Brinatti, estos últimos actuando como Gerentes de la S.R.L. y como Presidente y Vicepresidente de la S.A., incumplieron con la normativa laboral, no sólo respecto del actor, sino también con relación a varios de sus empleados; manteniendo la relación laboral no registrada; haciendo firmar recibos simples al actor que en la mayoría de los casos se encontraban en blanco, o en su defecto fueron rellenados, remarcados, alterados o adulterados después de firmados por el trabajador, como se acreditó con la pericial caligráfica; por lo que la jueza entendió que frente a la conducta descripta resultaba aplicable al caso lo dispuesto por los arts. 54 tercer párrafo y 59 de la ley de Sociedades Comerciales 19.550, “…provocando en consecuencia el corrimiento de la figura de la “persona jurídica” permitiendo así responsabilizar en forma solidaria e ilimitada tanto a los entes societarios como a sus representantes…” (sic fs. 433), razón por la cual desestimó las excepciones de falta de legitimación pasiva que interpusieron los codemandados Renta Trucks S.A., María Julia Brinatti y Bautista Esteban Brinatti; luego tuvo por probado que la relación laboral se inició el 05/01/2002; tuvo por justificado el despido indirecto promovido por el actor operado el 01/12/2005; respecto al dinero que recibió el trabajador, sostuvo que no correspondía descontarlo de la indemnización debida, puesto que los tres pagos mencionados por la accionada Transportes Pico S.R.L. al contestar la demanda, no fueron imputados a la liquidación por despido y además los montos que figuran en los recibos en donde constan esos pagos habían sido adulterados (fs. 439); admitió la totalidad de los rubros reclamados y liquidados en la demanda, destacando entre otras cosas, que fueron las codemandadas las que con su conducta imposibilitaron la producción de la pericia contable. La jueza sobre el rubro diferencias salariales, que no fue liquidado en la presentación inicial del actor puesto que lo sujetaba a lo que resulte de la pericial contable, nada dijo al respecto (fs. 423/440).- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

- – - – - Apelaron por sus propios derechos los Dres. Julio Raúl Ballari y Hernán Ariel Cecotti (fs. 441), quienes expresaron agravios a fs. 455/456.- -

- – - – - Apelaron Bautista Esteban BRINATTI, María Julia BRINATTI y RENTA TRUCKS S.A.(fs. 451). Bautista Esteban BRINATTIy María Julia BRINATTIexpresaron agravios por sus propios derechos a fs. 466/468, los que fueron contestados a fs. 474/477. RENTA TRUCKS S.A. expresó agravios a fs. 469/471, los que fueron contestados a fs. 478/481.– – - – - – - – - – - -

- – - – - (fs. 466/468); (469/471): – - – - – - – - – - – - – - – -

- – - – - En razón de que el agravio manifestado por los recurrentes es idéntico, ambos recursos serán tratados conjuntamente.- – - – - – - – - – - – - – - – - – - Se agravian porque la sentenciante les extendió la responsabilidad en forma solidaria e ilimitada por entender que sus conductas dan lugar a la aplicación de lo normado por los arts. 54 tercer párrafo y 59, LSC, provocando en consecuencia el corrimiento de la figura de la “persona jurídica”. Los recurrentes recuerdan que fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación en fallo dictado el 03/04/2003 en los autos caratulados: “Palomeque Aldo R. c/ Benemeth S.A. y otro”, la que terminó afirmando que la aplicación e interpretación del art. 54 LSC, era sumamente restrictiva, dejando sin efecto la extensión de la condena solidaria impuesta a los socios de una sociedad comercial, ante una relación laboral deficientemente registrada. Destacan los apelantes que el máximo tribunal efectuó una interpretación restrictiva del artículo 54 LSC, limitando su aplicación a los supuestos en que se pruebe que se está en presencia de una sociedad ilícita o fraudulenta, constituida en abuso del derecho y con el propósito de violar la ley. De esta forma, dicen, no basta un solo acto a muchos actos ilícitos o violatorios de la buena fe o de los derechos de terceros para provocar la aplicación del tercer párrafo del art. 54 de la LSC, sino que es menester que la sociedad haya sido constituida como una pantalla con la finalidad de realizar los actos indicados. Señalan también que con posterioridad la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó el criterio en los autos caratulados: “Tazzoli Jorge Alberto c/ Fibrocemento S.A. y otros s/ Despido. De allí que los apelantes sostengan que la extensión de responsabilidad prevista en el art. 54 LSC, sea de aplicación excepcional y que ello sólo se justificaría cuando el ente societario se ha creado y utilizado con el propósito de violar la ley, el orden público, la buena fe y los derechos de terceros. Afirman los recurrentes que en el caso concreto, se ha probado que las sociedades Transportes Pico S.R.L. y Renta Trucks S.A. tiene domicilio fiscal diferente. Por otra parte dicen que no se ha probado en autos que desde el punto de vista técnico, tanto Renta Trucks S.A. y Transportes Pico S.R.L. sean sociedades ficticias o fraudulentas; se trata de sociedades que se encuentran legalmente registradas en los organismos de contralor y han desarrollado actividad económica en forma legal y no surge de autos, ni se ha aportado prueba que permita presumir que se den los presupuestos enunciados con precisión por la Corte Suprema de Justicia en los casos “Palomeque” y “Tazzoli”, esto es: sociedad ficticia o fraudulenta, constituida en abuso del derecho y con el propósito de violar la ley, es decir sostienen que no se acreditó en el proceso que las sociedades tuvieron por objeto violar la ley, abusar de ella y/o perjudicar a terceros. Afirman que resulta de las pruebas aportadas que el actor tenía certeza de que trabajaba para Transportes Pico S.R.L. y no para Bautista Esteban Brinatti y María Julia Brinatti a título personal, y tampoco con Renta Trucks S.A., agregando que la pretensión dirigida contra todos ellos, era un intento deliberado de involucrar, ante una posible sentencia condenatoria, al mayor número posible de responsables con respaldo patrimonial, motivo por el cual solicitan se revoque la sentencia en lo que a los apelantes respecta y se admita la excepción de falta de legitimación pasiva, con costas al actor.- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

- – - – - En primer lugar, corresponde decir que la demanda interpuesta contra la codemandada Transportes Pico S.R.L. prosperó en todas su partes, aspecto de la sentencia que se encuentra firme y consentida. La codemandada Transportes Pico S.R.L. al contestar la demanda reconoció la existencia de la relación laboral y que la misma nunca se registró y que el empleado siempre percibió su remuneración en negro suscribiendo recibos simples que se adjuntaron al proceso. La jueza interviniente tuvo por probado que dicho vínculo laboral se inició el 05/01/2002 y se extinguió por vía del despido indirecto el 01/12/2005, que el Sr. Norberto Leonardo Mana se desempeñó comochofer de camión Primera Categoría según CCT 40/89 y que dicho trabajo lo realizaba indistintamente conduciendo camiones de propiedad de Transportes Pico S.R.L. y de Renta Trucks S.A..- – - – - – - – - – -

- – - – - No se discute en autos que durante todo el tiempo en que transcurrió la relación laboral, los codemandados Bautista Esteban Brinatti y María Julia Brinatti, además de Socios, se desempeñaron como Gerentes y estuvieron a cargo de la administración y representación de Transportes Pico S.R.L.; y al mismo tiempo, en su calidad de Socios y Directores titulares, se desempeñaron como Presidente y Vicepresidente, y estuvieron a cargo de la administración y representación de Renta Trucks S.A.- – - – - – - – - – - – - – - -

- – - – - La sentenciante entendió que en el caso correspondía aplicar el tercer párrafo del art. 54 LCT, motivo por el cual sostuvo que resultaba procedente aplicar el instituto de la inoponibilidad o desestimación de la personalidad jurídica, y condenó a pagar solidariamente la indemnización laboral por despido y demás rubros reclamados por el actor, a Transportes Pico S.R.L. y a Renta Trucks S.A.; condena que extendió a los codemandados Bautista Esteban Brinatti y María Julia Brinatti.- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

- – - – Los motivos por los cuales la jueza afirmó que en el caso resultaba aplicable el art. 54, tercer párrafo de la LSC, fueron los siguientes: que Bautista Esteban Brinatti y María Julia Brinatti, mientras transcurrió la relación laboral mantenida con el actor, se desenvolvieron como Socios y Gerentes de la codemandada Transportes Pico S.R.L. y como Socios, Directores Titulares y a cargo de la Presidencia y Vicepresidencia del Directorio de la firma Renta Trucks S.A.. Tampoco se discute en autos que la administración y representación de ambas sociedades se encontraban a cargo de los codemandados Bautista Esteban Brinatti y María Julia Brinatti; que Bautista Esteban Brinatti y María Julia Brinatti eran quienes, en forma personal, tomaban las decisiones, daban las órdenes y manejaban la relación laboral con todos los empleados, incluso la relación laboral con el Sr. Mana, siendo los mencionados los artífices de la contratación en negro del actor; que la conducta asumida por los Sres. Brinatti al no registrar la relación laboral, constituyó una conducta contraria al ordenamiento jurídico, violatoria del orden público laboral; que la conducta asumida por los Sres. Brinatti y de las sociedades que representan fue abusiva, y vulneró los derechos del trabajador reconocidos por la Constitución Nacional; que tanto Transportes Pico S.R.L. como Renta Trucks S.A., Bautista Esteban Brinatti y María Julia Brinatti, estos últimos como socios gerentes y directores respectivamente y como únicos representantes de las sociedades, incumplieron la normativa laboral vigente, no sólo en lo que respecta al actor Norberto Leonardo Mana, sino también con varios de sus empleados; que el actor se desempeñó comochofer de camión Primera Categoría según CCT 40/89, y que dicho trabajo lo realizaba indistintamente conduciendo camiones de propiedad de Transportes Pico S.R.L. y de Renta Trucks S.A., destacando que ambas sociedades -según surge de los respectivos contratos constitutivos- tenían como objeto social el transporte de cualquier tipo, en camiones, siendo el objeto más amplio en el caso de la S.A.; que los camiones con los cuales el actor desarrolló su labor de chofer, han estado o están registrados en el Registro de la Propiedad del Automotor, recíproca y alternadamente, bajo la titularidad de Transportes Pico S.R.L., Renta Trucks S.A., Bautista Esteban Brinatti y/o María Julia Brinatti; y que dicha circunstancia daba sustento a la idea de que tanto los entes societarios como los Sres. Brinatti, funcionan en forma coordinada y relacionada, aspecto que se veía reforzado porque ambas sociedades tienen idéntico objeto social y están integradas por los mismos socios; resaltó que las cuatro codemandadas se habían mostrado renuentes al momento de acompañar la documentación necesaria para realizar la pericia contable que fue requerida para develar la realidad documentada del funcionamiento de las empresas y la relación con el empleado, afirmando que con dicha actitud pasiva y omisiva imposibilitaron la producción de dicha pericia contable (fs. 432 y 439); además de mantener la relación laboral no registrada, les imputó y tuvo por probada la existencia una maniobra de extrema gravedad en perjuicio del trabajador, destacando en la sentencia que la “conducta evasiva de la norma rectora en materia laboral por parte de los demandados también queda acreditada palmariamente por la precariedad con que manejó la relación laboral con el actor” (fs. 433), y en tal sentido destacó que “…con el dictamen de la pericia caligráfica producida por la propia demandada, ha quedado acreditado en este proceso que los recibos …informales que se requería suscribir al Sr. Mana, en su gran mayoría fueron firmados sin tener su contenido, en blanco, o en su defecto fueron rellenados, remarcados, alterados o adulterados luego, una vez firmados que fueran por el actor, lo que claramente ha colocado al trabajador en una situación de desprotección absoluta frente al abuso de sus empleadores” (sic fs. 433). Sobre este punto, cuando se refirió a un pago que pretendió hacer valer la codemandada Transportes Pico S.R.L. y del cual hizo referencia al contestar la demanda, la sentenciante afirmó que “no sólo los demandados no abonaron los montos correspondientes a la liquidación por despido (los recibos en cuestión no se referían ninguno de los tres a pagos por liquidación y los montos fueron adulterados) sino que además, una vez más en este proceso, ha quedado acreditado el abuso del derecho por parte de los demandados y la inequidad existente en la relación laboral que los unía con el actor” (fs. 438 in fine/439).- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

- – - – - La jueza concluyó que todas las conductas descriptas daban lugar a la aplicación de lo normado por los arts. 54, tercer párrafo y 59 de la ley de Sociedades Comerciales 19.550, “provocando en consecuencia el corrimiento de la figura de la “persona jurídica”, permitiendo así responsabilizar en forma solidaria e ilimitada tanto a los entes societarios como a sus representantes” (fs. 433), por lo que desestimó las defensas de falta de legitimación pasiva interpuesta por los codemandados Renta Trucks S.A., Bautista Esteban Brinatti y María Julia Brinatti.- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

- – - – - Volviendo a los agravios de los recurrentes, se advierte fácilmente que los mismos lejos están de constituir una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que los apelantes consideren equivocados (art. 246, Código Procesal), los fundamentos esgrimidos por la jueza para aplicar al caso el último párrafo del art. 54 LSC, no fueron atacados ni cuestionados, fueron ignorados por completo, . Como se sabe, ocurrido los hechos que se describen en esa parte de la norma referida, los que generalmente reconocen su origen en actos antijurídicos como ocurre en el caso, la disposición mencionada establece como sanción la inoponibilidad de la personalidad jurídica, y sus consecuencias se imputan directamente a la sociedad y a los socios o controlantes que los hicieron posibles, quienes además responden solidaria e ilimitadamente por los daños ocasionado. Los recurrentes, se reitera, ignorando todas las afirmaciones vertidas por la jueza en la sentencia, se limitaron a señalar la existencia de un corriente jurisprudencial -que por cierto discrepa con la mayoría de la jurisprudencia surgida del ámbito de los tribunales laborales- citando especialmente un precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallo dictado el 03/04/2003, in re: Palomeque Aldo R. c/ Benemeth S.A. y otro”, (publicado Fallos: 326:1062; DT, 2003-B-1003, con nota de Horacio A. Brignole y Osvaldo A. Maddaloni; DT 2003-B, 1539, con nota de Carlos Pose; IMP 2003-B, 2577 – DJ 2003-3 , 662, con nota de Marcelo Borka; DJ 2004-2, 648, con nota de Hugo Alberto Anchava; La Ley 2003-F, 731, con nota de Ricardo L. Gulminelli). – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

- – - – - Ciertamente, como se señala en la sentencia recurrida, la cuestión sobre cuándo corresponde aplicar el instituto de inoponibilidad o desestimación de la personalidad jurídica de las sociedades comerciales en los términos del art. 54 LSC, ha suscitado distintas opiniones doctrinarias y obviamente nos encontramos con jurisprudencia de la más diversa. En el caso sólo nos interesa la cuestión laboral y resulta importante destacar en particular dos precedentes dictados en la década del 90, puesto que a partir de allí, se han venido pronunciando sentencias en el ámbito laboral hasta el presente, haciendo aplicación de la norma contenida en el art. 54 LSC, imponiendo una incipiente doctrina, -que por cierto no es uniforme y fuertemente criticada por la mayoría de la doctrina especializada en derecho comercial-, que postula la lisa y llana aplicación de las normas contenidas en el art. 54 LSC, ante supuestos de empleo irregular, registraciones incompletas o como comúnmente se las denomina “empleos en negro”, “pagos en negro” (ver aporte de Gonzalo María Gros en: “Tratado de Derecho Comercial”, Ernesto E. Martorell (Director) – María Cristina O’Reilly (Coordinadora), Tomo VI, ps. 422/423; edit. La Ley 2010). El primer precedente por destacar -no porque anteriormente no se hayan dictado otros en sentidos parecidos- fue el dictado por la CNTrab., Sala III, 11/04/1997, in re: “Delgadillo Linares Adela c/ Shatell S.A. y otros s/ Despido”; (TySS 1999-667), oportunidad en que, entre otras cosas, se dijo: la práctica del “pago en negro” importa un típico fraude laboral y previsional, ya que normalmente este tipo de fraude tiene por objeto y efecto disminuir en forma ilegítima la incidencia del salario normal en las prestaciones complementarias o indemnizatorias y en los aportes al sistema de la seguridad social y no obsta a la aplicación del art. 54 de la ley 19.550, que el dependiente haya trabajado para la sociedad comercial y no para los socios directivos, si la demanda se fundó en la responsabilidad de éstos por lo hechos y deudas de la empresa cuando se le aplica la cláusula de desestimación de la personalidad prevista en dicha norma (citado por Roitman Horacio en: “Ley de Sociedades Comerciales Comentada y Anotada”; Tomo I, p. 740; edit. La Ley 2006). En otro precedente de la misma Sala se sostuvo con respecto al pago en negro de una empleada, entre otras cosas, que: aun cuando la persona física no fuere socia de la sociedad y en consecuencia no resulte aplicable el art. 54 de la ley 19.550, si se muestra el carácter de presidente del directorio, en virtud de lo dispuesto por el art. 274 de dicho cuerpo legal, responde ilimitada y solidariamente ante los terceros -entre quienes se encuentra un trabajador de la empresa – por violación de la ley, mientras que no se pruebe que se haya opuesto a dicho actuar societario, ni que dejara asentada su protesta y diera noticia al síndico de la misma, único medio de eximirse de responsabilidad (conf. último párrafo, art. 274 LSC); el art. 54 de la LSC, en el último párrafo agregado por la ley 22.903, dispone que “la actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios, constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria o ilimitadamente por los perjuicios causados”; si bien no puede afirmarse que el pago “en negro” encubre la consecución de fines extrasocietarios en los términos del art. 54 último párrafo de la LSC, puesto que el principal fin de la sociedad comercial es el lucro, sí cabe afirmar que constituye un recurso para violar la ley, el orden público, (el orden público laboral expresado en los arts. 7, 12, 13 y 14 de la LCT), la buena fe (que obliga al empresario a ajustar su conducta a lo que es propio de un buen empleador; art. 63, LCT), y para frustrar los derechos de terceros (a saber, el trabajador, el sistema previsional, los integrantes del sector pasivo y la comunidad empresarial) (CNTrab., Sala III, 19/02/98, in re: “Duquelsy Silvia c/ Fuar S.A. y otro”, J.A., 1999-IV-767; E.D. 195-160; DT 1998-A-715; L.L. 1999-B-2, con nota aprobatoria de Ricardo Augusto Nissen: en: “Un magnífico fallo en materia de inoponibilidad de la personalidad jurídica”, Doctrina Societaria Errepar, julio 1998, p. 5 y sgtes; con réplica en el mismo medio por Varela, Fernando: “Inoponibilidad de la personalidad jurídica y un fallo laboral con consecuencias disvaliosas”, Doctrina Societaria Errepar, julio 1998, p. 101 y sgtes.; L.L. 1999-B-445, con nota aprobatoria de Poclava Lafuente; R.C. y S. 1999-393, con nota de Efraín H. Richard). Esta corriente jurisprudencial en el ámbito laboral fue seguida por numerosos casos posteriores. Evidentemente la sentencia recurrida se enrola en esta última jurisprudencia, que se afirmó a partir del precedente “Duquelsy Silvia c/ Fuar S.A. y otro”, que obviamente discrepa con lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia de La Nación en autos Palomeque Aldo R c/ Benemeth S.A. y otro”. – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

- – - – - Si bien en el caso el recurso de apelación se encuentra desierto y por esa razón se rechaza, no está demás señalar cuáles fueron algunos pronunciamientos del máximo tribunal sobre el tema que nos ocupa, aunque cabe adelantar que la CSJN con su actual composición no se ha expedido sobre el fondo de la cuestión, salvo el Dr. Lorenzetti en diversos fallos con disidencia parcial que paso a mencionar: – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

- – - – - (en liquidación) y otros” (CSJN, 31/10/2002) (Publicado en Fallos 325:2817; DT 2003-A, 222; DT 2003-A, 672) : la Cámara confirmó la sentencia de grado que condenó a la sociedad empleadora, su director y a un grupo de empresas vinculadas al pago de la indemnización laboral reclamada. Contra dicho pronunciamiento interpuso recurso extraordinario el director de la sociedad, cuya denegación motivó su presentación en queja. La Corte Suprema de Justicia (con su anterior composición) deja sin efecto la sentencia apelada. Sostuvo que: la sentencia apelada vulnera las garantías constitucionales relativas al derecho de propiedad y de defensa en juicio en tanto extiende al director de una sociedad anónima la condena dictada contra la empresa por obligaciones laborales, subvirtiendo las reglas sobre la carga probatoria aplicables en la materia (del dictamen del Procurador General de la Nación que la Corte hace suyo); la personalidad diferenciada de la sociedad y sus administradores constituye el eje sobre el que se asienta la normativa sobre sociedades anónimas y ésta conforma un régimen especial que se explica por qué aquéllas constituyen una herramienta que el orden jurídico provee al comercio como uno de los principales motores de la economía (del dictamen del Procurador General de la Nación que la Corte hace suyo). (Ministros votantes: Dres. Eduardo Moliné O’Connor – Augusto C. Belluscio – Antonio Boggiano – Guillermo A. F. López – Adolfo R. Vázquez).- – - – - – - – - – - – - – -

- – - – - Caso (Publicado en Fallos 326:1062.; LA LEY 2003-F, 731, con nota de Ricardo L. Gulminelli; LA LEY 2003-C, 864 – DJ 2003-2, 231 – DT 2003-B, 1004, con nota de Horacio A. Brignole y Osvaldo A. Maddaloni; DT 2003-B, 1539, con nota de Carlos Pose; IMP 2003-B, 2577 – DJ 2003-3, 662, con nota de Marcelo Borka; DJ 2004-2, 648, con nota de Hugo Alberto Anchaval). los directores y socios de una sociedad anónima interpusieron recurso extraordinario contra la sentencia de Cámara que, modificando la de primera instancia, les extendió la condena por la falta de registración de una parte del salario de un trabajador. La Corte Suprema de Justicia hizo lugar al recurso y revocó el fallo apelado. Entre otras cosas sostuvo: es improcedente la resolución que extendió solidariamente la condena a los directores y socios de la sociedad anónima empleadora por la falta de registración de una parte del salario convenido y pagado a un trabajador, si no fue acreditado que se trataba de una sociedad ficticia o fraudulenta, constituida en abuso del derecho y con el propósito de violar la ley y que, prevaleciéndose de la personalidad, afecta el orden público laboral o evade normas legales (del dictamen del procurador fiscal que la Corte hace suyo); debe revocarse la sentencia que extendió solidariamente la condena a los directores y socios de la sociedad anónima empleadora por la falta de registración de una parte del salario convenido y pagado a un trabajador, si el contexto probatorio del caso no posee virtualidad suficiente como para generar la aplicación de una causal de responsabilidad en materia societaria de orden excepcional (del dictamen del procurador fiscal que la Corte hace suyo); es procedente el recurso extraordinario incoado contra la sentencia que extendió solidariamente la condena a los directores y socios de la sociedad anónima empleadora, por la falta de registración de una parte del salario convenido y pagado a un trabajador, pues si bien lo concerniente a la aplicación e interpretación de normas del derecho común resulta ajeno a la vía del art. 14 de la ley 48, ello debe ser dejado de lado cuando el fallo no se encuentra fundado o no constituye una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias probadas en la causa (del dictamen del procurador fiscal que la Corte hace suyo) (Ministros votantes: Dres. Eduardo Moliné O’Connor – Augusto C. Belluscio – Enrique S. Petracchi. – Antonio Boggiano (en disidencia por entender que el recurso era inadmisible por el art. 280, Cód. Procesal). – Adolfo R. Vázquez. – Juan C. Maqueda.).- – -

- – - – - ; (Publicado en Fallos 326:2156; LA LEY 2003-F, 1049 – DT 2003-B, 1846, con nota de Carlos Pose; TySS 2004, 16). : Contra la decisión que en un juicio por despido exoneró de responsabilidad a uno de los codemandados, la actora interpuso recurso extraordinario invocando la doctrina de la arbitrariedad. La demandada, planteó la inconstitucionalidad del art. 71 de la ley 18.345 de procedimiento laboral. La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró procedente el recurso en lo atinente al planteo de inconstitucionalidad confirmando la sentencia que denegó el planteo. En el fallo entre otras, se sostuvo: Jorge A. Tazzoli promovió demanda laboral reclamando indemnizaciones por antigüedad y preaviso, las establecidas en la ley 24.013 y otros rubros emergentes de la relación de trabajo. Demandó a Fibracentro S.A. e Hilandería Chilavert S.A. y a Juan Bautista Vartanian en su carácter de presidente de ambas. El juez de primera instancia acogió la pretensión, y condenó a las sociedades Fibracentro e Hilandería Chilavert al pago de una suma de dinero, e hizo extensiva la sentencia contra Juan Bautista Vartanian, en su carácter de presidente de ambas. La Cámara laboral, por su parte, limitó el monto de condena y exoneró de responsabilidad al codemandado Vartanian, con el argumento de que no se daban en el sub lite los presupuestos para que fuera aplicable la cláusula de desestimación de la personalidad prevista por el art. 54, tercer párrafo de la ley 19.550 (modificada por ley 22.903) tanto la actora como las demandadas Fibracentro S.A. e Hilandería Chilavert S.A. interpusieron los recursos extraordinarios. En su recurso extraordinario la actora invoca la doctrina de la arbitrariedad y sostiene que la Cámara apelada, al desestimar su pretensión contra el coaccionado Vartanian, ha violado sus derechos y garantías de propiedad y debido proceso; Trataré en primer término la pieza recursiva de la actora, que se agravia por haberse excluido de la condena solidaria al codemandado Vartanian, en una resolución que -según expresa- contiene una interpretación antojadiza y contraria a derecho de las responsabilidades de los socios y controlantes de las sociedades anónimas, y que por lo tanto deviene en arbitraria. En abono de sus tesis expresa que “Cuando una sociedad anónima realiza actos simulatorios ilícitos tendientes a encubrir un contrato de trabajo, o articula maniobras para desconocer una parte de la antigüedad o para ocultar una parte del salario, resulta pertinente extender la responsabilidad patrimonial de la entidad a los directores por vía de lo dispuesto en el art. 274 de la ley de sociedades comerciales; pero no porque deba caer el velo societario sino porque éstos organizaron maniobras que no sólo estaban dirigidas a incumplir obligaciones contractuales sino, además, a causar lesiones en el patrimonio del trabajador y en sus derechos previsionales, a defraudarlos personalmente y a defraudar el sistema de seguridad social”. Al respecto, debo recordar que la Cámara de Trabajo asevera en su pronunciamiento el principio general relativo a que la personalidad jurídica no debe ser desestimada sino cuando se dan circunstancias de gravedad institucional que permitan presumir fundadamente que la calidad de sujeto de derecho fue obtenida al efecto de generar el abuso de ella o violar la ley, debiendo ser aplicado restrictivamente y sólo en caso de existir pruebas concluyentes de que la actuación de la sociedad encubre fines extrasocietarios, lo que -al decir de la alzada- no se da en el sub examine, pues no se ha demostrado que las figuras societarias fueran creadas con el fin de violar la ley. Más aún -como lo sostiene la juzgadora en su sentencia- cuando existen sanciones específicas para reprimir las violaciones mencionadas en la ley 24.013 que -además- han sido aplicadas en este proceso. En suma, los reseñados agravios de la actora, en el referido no son más que una reiteración de sus discrepancias con argumentos de derecho común y fácticos razonables de la Cámara en el sentido que la falencia registral sancionada en virtud de la ley 24.013 no puede dar lugar a la desestimación de la personalidad ni a la aplicación de nuevas sanciones a través de la ley 19.550, circunstancia que no resulta suficiente para tildar su decisorio pasible de ser tachado de arbitrario”; “…Por ello, en opinión del suscripto, corresponde desestimar los recursos extraordinarios interpuestos por las partes …Desestimar los restantes agravios, articulados por las demandadas así como el recurso extraordinario deducido por la actora por improcedentes (art. 280, Cód. Procesal) (Ministros votantes: Eduardo Moliné O’Connor – Carlos S. Fayt – Augusto C. Belluscio – Enrique S. Petracchi – Antonio Boggiano – Guillermo A. F. López – Adolfo R. Vázquez – Juan C. Maqueda).- – - – - – - – - – - – - – - – - -

- – - – - (CSJN, 29/05/2007, Fallos: 330:2445) (publicado en: IMP 2007-13 (Julio), 1330 – LA LEY 2007-D, 440; LA LEY 2007-D, 617, con nota de Horacio A. Brignole; LA LEY 2007-E, 659, con nota de Diana Cañal). : la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto había hecho lugar al reclamo indemnizatorio y la modificó extendiendo la condena al presidente y al director suplente de la sociedad empleadora. Contra dicho pronunciamiento los vencidos interpusieron recursos extraordinarios. La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible el recurso deducido por aplicación del art. 280 del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación. El Dr. Lorenzetti en su voto en disidencia parcial sostuvo que: la doctrina de la desestimación de la personalidad jurídica debe emplearse en forma restrictiva, pues su aplicación requiere la insolvencia de la sociedad, ya que ante la inexistencia de un perjuicio concreto a un interés público o privado no se advierten razones que justifiquen su aplicación y, aun en este supuesto, es preciso acreditar el uso abusivo de la personalidad, dado que no cabe descartar que la impotencia patrimonial haya obedecido al riesgo propio de la actividad empresaria; F711D7896E0001027AD7FD&spos=&epos=1&td=&openLocator= la responsabilidad de los administradores, representantes y directores hacia terceros, prevista en los arts. 59 y 274 de la ley 19.550, es la de derecho común, que obliga a “indemnizar el daño”, la cual es diferente a la del obligado solidario en las obligaciones laborales, por ello resulta imprescindible acreditar la concurrencia de los presupuestos generales del deber de reparar y demostrar que ha mediado mal desempeño, violación de la ley, estatuto, reglamento, dolo, abuso de facultades y culpa grave.- – - – -

- – - – - (Fallos 330:2921). : Una sociedad de responsabilidad limitada fue demandada por cobro de acreencias laborales. La demanda fue admitida. Apelada la sentencia, la alzada la confirmó en lo principal y extendió la condena al socio gerente. Los codemandados dedujeron recurso extraordinario, cuya denegación dio lugar a la queja ante la Corte Suprema. El Tribunal, por mayoría, desestima la presentación directa por no cumplir con el requisito de fundamentación autónoma. El Dr. Lorenzetti en su voto en disidencia parcial sostuvo, en lo que aquí interesa destacar que: la responsabilidad establecida en el art. 54 de la ley 19.550 debe interpretarse en forma restrictiva, porque, de lo contrario, se dejaría sin efecto el sistema legal estructurado sobre la base de los arts. 2 de aquel ordenamiento y 33 y 39 del Cód. Civil; el propósito del art. 54 de la ley 19.550 es sancionar el empleo instrumental de la sociedad para realizar actos ilícitos y no los que ésta realiza, ya que la ley responsabiliza a los socios únicamente en los supuestos de uso desviado de la figura societaria, en las que ésta encubre situaciones ajenas al objetivo social, como lo son las hipótesis relativas de utilización para posibilitar la evasión impositiva, la legítima hereditaria, el régimen patrimonial del matrimonio o la responsabilidad de una parte del patrimonio ajeno a la sociedad, quedando fuera de su ámbito los incumplimientos de obligaciones legales que, aunque causen daño a terceros, no tienen su origen en el uso indebido de la personalidad; la doctrina de la desestimación de la personalidad jurídica debe emplearse en forma restrictiva, ya que su aplicación requiere la insolvencia de la sociedad en tanto, ante la inexistencia de un perjuicio concreto a un interés público o privado no se advierten razones que justifiquen su aplicación; la responsabilidad de los administradores, representantes y directores de sociedades hacia terceros, de acuerdo a los arts. 59, 157 y 274 de la ley 19.550 es la del derecho común, que obliga a indemnizar el daño, la cual es diferente a la del obligado solidario en las obligaciones laborales, por lo cual para que sea procedente su aplicación en esta materia es imprescindible acreditar la concurrencia de los presupuestos generales del deber de reparar; es procedente revocar la sentencia que condenó en forma solidaria al socio gerente codemandado por las obligaciones laborales de la sociedad de responsabilidad limitada que integra, en tanto para fundar la extensión de responsabilidad en los términos de los arts. 59, 157 y 274 de la ley 19.550 no basta la mera afirmación en el sentido de que el codemandado no podía desconocer las falencias registrales por tratarse de una sociedad integrada con su cónyuge, ya que a tal fin es necesario demostrar el daño, que ha mediado mal desempeño, violación de la ley, del estatuto, del reglamento, dolo, abuso de facultades y culpa grave.-

- – - – - . (Fallos 331:281; IMP 2008-9 (Mayo), 806 – DJ 2008-II, 28 – LA LEY 2008-C, 607, con nota de Juan G. Salthú). en un juicio laboral, la Cámara de Apelaciones revocó parcialmente la sentencia de primera instancia e hizo extensiva la condena a los socios gerentes de la sociedad empleadora. Para ello, concluyó que si bien los socios en cuestión se habían desvinculado de la sociedad tres meses antes del distracto, avalaron la práctica de falencias registrales durante el transcurso del contrato. Los vencidos interpusieron recursos extraordinarios que, denegados, dieron lugar a una queja. La Corte Suprema, por mayoría, declara inadmisible el recurso extraordinario de acuerdo al art. 280 del Cód. Procesal. El Dr. Lorenzetti en su voto en disidencia parcial sostuvo que: “Es procedente revocar la sentencia que condenó en forma solidaria a los socios gerentes que se habían desvinculado del ente a la época del distracto, por las obligaciones laborales a cargo de la sociedad empleadora, pues incurre en una insuficiente fundamentación al haberse limitado a responsabilizarlos por el mero ejercicio del cargo, con sustento en pruebas de excesiva latitud que no condujeron a un tratamiento serio de la cuestión; La responsabilidad de los administradores, representantes y directores de la sociedad hacia terceros -arts. 59 y 274, ley 19.550- es la del derecho común y es diferente a la del obligado solidario en las obligaciones laborales, por lo cual en este último caso resulta imprescindible acreditar la concurrencia de los presupuestos generales del deber de reparar, es decir, que el daño ha mediado por mal desempeño, violación de la ley, estatuto, reglamento, dolo, abuso de facultades y culpa grave; La responsabilidad establecida en el art. 54 de la ley 19.550 de sociedades comerciales 19.550 es excepcional y debe interpretarse en forma restrictiva, porque de lo contrario se dejaría sin efecto el sistema legal estructurado sobre la base del art. 2 y de los arts. 33 y 39 del Código Civil;doc&docguid=iA04DF9D385F711D7896E0001027AD7FD&spos=&epos=1&td=&openLocator= El art. 54 de la ley 19.550 de sociedades comerciales responsabiliza a los socios únicamente en los casos de uso desviado de la figura societaria, en las que ésta encubre situaciones ajenas al objeto social, como lo son las relativas de utilización para posibilitar la evasión impositiva, la legítima hereditaria, el régimen patrimonial del matrimonio o la responsabilidad de una parte del patrimonio ajeno a la sociedad, por lo cual quedan fuera del ámbito de aplicación de la norma, los incumplimientos de obligaciones legales que, aunque causen daños a terceros, no tienen su origen en el uso indebido de la personalidad; =&vr=&src=doc&docguid=iA04DF9D385F711D7896E0001027AD7FD&spos=&epos=1&td=&openLocator= La desestimación de la personalidad jurídica debe emplearse en forma restrictiva, requiriéndose la insolvencia de la sociedad y un uso abusivo de aquélla, porque ante la inexistencia de un perjuicio concreto a un interés público o privado, no median razones que justifiquen aplicarla.- – - – - – - – - -

- – - – - (CSJN, 26/02/2008) (Publicado en: Fallos: 331:303; IMP 2008-9 (Mayo), 807 – DJ 2008-II, 171 – LA LEY 2009-A , 43, con nota de Guillermo Carreira González). : en un juicio laboral, la Cámara de Apelaciones revocó la sentencia de primera instancia y admitió el reclamo por indemnización por despido y multas de la ley 24.013 contra la sociedad de responsabilidad limitada empleadora, haciendo asimismo extensiva la condena al socio gerente. El tribunal concluyó que el actor, que se desempeñaba como chofer con auto propio, tenía un vínculo subordinado con la sociedad explotadora de una agencia de remises. Ambos vencidos dedujeron recurso extraordinario, cuyo rechazo motivó la queja. Los recurrentes plantearon la inconstitucionalidad del art. 280 del Cód. Procesal y asimismo cuestionaron la condena y la solidaridad resuelta en segunda instancia. La Corte Suprema desestima el planteo de inconstitucionalidad y, por mayoría, considera inadmisible el recurso por aplicación de la norma citada. En minoría los Dres. emitieron un voto con disidencia parcial, donde sostuvieron que: 2B0&spos=&epos=1&td=&openLocator= es procedente revocar la sentencia que condenó en forma solidaria al socio gerente por las obligaciones laborales de la sociedad empleadora, pues no constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa en tanto aplicó los arts. 54, 59 y 157 de la ley 19.550 de sociedades comerciales, extendiendo la responsabilidad fuera del ámbito allí previsto, con mera cita de las normas involucradas y del cargo que tenía el codemandado; la responsabilidad de los administradores, representantes y directores de la sociedad hacia terceros -arts. 59 y 274, ley 19.550- es la del derecho común y es diferente a la del obligado solidario en las obligaciones laborales, por lo cual en este último caso resulta imprescindible acreditar la concurrencia de los presupuestos generales del deber de reparar, es decir, que el daño ha mediado por mal desempeño, violación de la ley, estatuto, reglamento, dolo, abuso de facultades y culpa grave; la responsabilidad establecida en el art. 54 de la ley 19.550 de sociedades comerciales es excepcional y debe interpretarse en forma restrictiva, porque de lo contrario se dejaría sin efecto el sistema legal estructurado sobre la base del art. 2 y de los arts. 33 y 39 del Código Civil; el art. 54 de la ley 19.550 de sociedades comerciales responsabiliza a los socios únicamente en los casos de uso desviado de la figura societaria, en las que ésta encubre situaciones ajenas al objeto social, como lo son las relativas de utilización para posibilitar la evasión impositiva, la legítima hereditaria, el régimen patrimonial del matrimonio o la responsabilidad de una parte del patrimonio ajeno a la sociedad, por lo cual quedan fuera del ámbito de aplicación de la norma, los incumplimientos de obligaciones legales que, aunque causen daños a terceros, no tienen su origen en el uso indebido de la personalidad; la desestimación de la personalidad jurídica debe emplearse en forma restrictiva, requiriéndose la insolvencia de la sociedad y un uso abusivo de ella, porque ante la inexistencia de un perjuicio concreto a un interés público o privado, no median razones que justifiquen aplicarla.- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

- – - – - . (Publicado en Fallos 331:1293; IMP 2008-15 (Agosto), 1350; DJ 2008-II, 1089). : una trabajadora promovió demanda contra la sociedad que fuera su empleadora, por cobro de indemnizaciones derivadas del distracto laboral, y contra el presidente del directorio de ésta. El juez de primera instancia admitió el reclamo y extendió la responsabilidad al presidente. La Alzada confirmó la sentencia, al concluir que el presidente debía ser responsabilizado por haber la sociedad incurrido en falencias registrales respecto de la relación laboral. El codemandado interpuso recurso extraordinario, cuyo rechazo motivó la promoción de una queja ante la Corte Suprema. Esta, por mayoría, desestima el recurso por entender que se encontraba desierto. El Dr. Lorenzetti en su voto en disidencia sostuvo que: es procedente revocar la sentencia que condenó en forma solidaria al presidente del directorio de la sociedad empleadora, por las obligaciones derivadas del despido del trabajador, pues incurre en una insuficiente fundamentación al sustentarse en pruebas de excesiva latitud que no condujeron a un tratamiento serio de la cuestión debatida, el cual debió partir de la precisa ponderación de los extremos requeridos para la configuración de la responsabilidad endilgada; la responsabilidad de los administradores, representantes y directores de la sociedad hacia terceros -artículos 59 y 274, ley 19.550- es la del derecho común y es diferente a la del obligado solidario en las obligaciones laborales, por lo cual en este último caso resulta imprescindible acreditar la concurrencia de los presupuestos generales del deber de reparar, es decir, que el daño ha mediado por mal desempeño, violación de la ley, estatuto, reglamento, dolo, abuso de facultades y culpa grave; la responsabilidad establecida en el artículo 54 de la ley 19.550 de sociedades comerciales es excepcional y debe interpretarse en forma restrictiva, porque de lo contrario se dejaría sin efecto el sistema legal estructurado sobre la base del artículo 2° y de los artículos 33 y 39 del Código Civil; el artículo 54 de la ley 19.550 de sociedades comerciales responsabiliza a los socios únicamente en los casos de uso desviado de la figura societaria, en las que ésta encubre situaciones ajenas al objeto social, como lo son las relativas de utilización para posibilitar la evasión impositiva, la legítima hereditaria, el régimen patrimonial del matrimonio o la responsabilidad de una parte del patrimonio ajeno a la sociedad, por lo cual quedan fuera del ámbito de aplicación de la norma, los incumplimientos de obligaciones legales que, aunque causen daños a terceros, no tienen su origen en el uso indebido de la personalidad; la desestimación de la personalidad jurídica debe emplearse en forma restrictiva, requiriéndose la insolvencia de la sociedad y un uso abusivo de aquélla, porque ante la inexistencia de un perjuicio concreto a un interés público o privado, no median razones que justifiquen aplicarla.- – - – - – - – - – - – - – - , (publicado en Revista Jurisprudencia Argentina, 09/11/2011, Fascículo 6, 2011-IV, pág. 46; edit. Abeledo Perrot). : la actora Mirtha R. Díaz prestó servicios subordinados para Equiphotel S.A. entre los años 1.988 y 2002 y entre 1995 y 2002 no figuraba registrada en los libros de la firma y percibía su remuneración en forma clandestina; que los Sres. Bereinsten y Otelsberg, accionistas de la sociedad, ejercieron como directores durante casi todo el período en que el vínculo revistió carácter irregular, aunque no al tiempo en que la trabajadora intimó su regularización; la Sala 10ª de la Cám. Nac. del Trabajo confirmó el fallo de mérito que admitió el reclamo por despido y rubros derivados y condenó solidariamente a los dos directores (Sres. Bereinsten y Otelsberg) de la empleadora en los términos del art. 274, LSC. Para así decidir, en cuanto interesa, dijo que resultó acreditado que la actora no se hallaba registrada, que percibía sus retribuciones de manera clandestina y que los directores (Bereinsten y Otelsberg) admitieron la irregularidad del vínculo y la evasión de aportes de la seguridad social. Agregó que ello constituyó un recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe y para frustrar derechos de terceros (arts. 7, 12 a 14, 62 y 63, LCT y arts. 54, 59 y 274, LSC) y que lo decidido no contradijo los antecedentes de Fallos 325:2817 y 326:1062 dado que en ellos se resolvieron extremos fácticos y no se sentó un criterio interpretativo sobre la ley de fondo; contra esa decisión los accionistas y ex directores de Equiphotel S.A., Sres. Bereinsten y Otelsberg, interpusieron recurso extraordinario, el que fue denegado por lo que fueron en queja al máximo tribunal. Afirmaron entre otras cosas que el precedente recurrido desconoce los precedentes publicados en Fallos: 325:2817; 326:1062 (CSJN, 03/04/2003, in re: Palomeque Aldo R. c/ Benemeth S.A. y Otro”) y 326:2156. También señalaron los recurrentes que no fueron demandados por corrimiento del velo societario en litigio comercial previo; que no se acreditó que la figura societaria fuera creada para violar la ley; que la omisión registral del empleo conlleva sanciones en el ámbito de la Ley 24.013 y que la desestimación de la personalidad debe concretarse de manera restrictiva en casos de empleo abusivo de ella e insolvencia societaria. Manifestaron que no se acreditó que los directores participaran personalmente en actos sociales impropios o antifuncionales o que los controlaran o hicieren posibles, es decir, su responsabilidad subjetiva en el obrar ilícito. Invocaron el voto en disidencia citado en Fallos 330:2445 (“Davedere Ana M. y otro c/ Mediconex S.A. y otros) y, en la queja, también los pronunciados en Fallos 330:2921; 331:281 (Besciani José F. c/ Expreso San Antonio S.R.L. y otros”); 331:303 y 331:1293; en este caso, nuevamente, la mayoría de los ministros (Highton de Nolasco, Maqueda, Zaffaroni y Argibay) desestimaron el recurso de queja adhiriendo al dictamen de la procuradora fiscal, por aplicación del art. 280, Cód. Procesal. Por su parte el Dr. Lorenzetti emitió voto en disidencia parcial, y si bien coincidió que en lo atinente a la procedencia del reclamo resarcitorio el recurso extraordinario era inadmisible (art. 280, Cód. Procesal); respecto a la cuestión de extender la responsabilidad en forma solidaria e ilimitada a los dos socios ex directores de la S.A., por las consecuencias de haber mantenido una relación laboral no registrada y percibiendo la trabajadora su remuneración en forma clandestina y sin que se haga los aportes al sistema de la seguridad social, entendió que las circunstancias del caso eran análogas a las consideradas en las causas “Daverede Ana M. c/ Mediconex S.A. y otros” (CSJN, 29/05/2007; Fallos: 330:2445); y “Besciani José F. c/ Expreso San Antonio S.R.L. y otros” (CSJN, 26/02/2008; Fallos 331:281), a cuyos fundamentos y conclusiones, en lo pertinente, corresponde remitir en razón de brevedad. Resulta indudable que al menos el Dr. Lorenzetti coincide con los lineamientos sentados en el precedente: “Palomeque, Aldo R. c. Benemeth S.A. y otro” (CSJN, 03/04/2003).- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - Por su parte el precedente “Duquelsy Silvia c/ Fuar S.A. y otro” (CNTrab., Sala III, 19/02/98), ha recibido comentarios ha favor como en contra, interesando destacar, de modo meramente ejemplificativo, el comentario positivo efectuado por el Dr. Nissen quien, además de ponderar el fallo de la Sala Laboral, no deja de hacer una fuerte crítica a la doctrina que podríamos llamar comercialista como a la jurisprudencia de las Cámaras Comerciales. Dicho autor entre otras cosas ha dicho: La sala III de la Cámara Nacional de Trabajo de la Capital Federal, en fecha 19 de febrero de 1998, en los autos “Duquelsy, Silvia c. Fuar S. A. y Otro” ha aplicado correctamente el art. 54 “in fine” de la ley 19.550 y, haciendo uso de la doctrina de la inoponibilidad de la personalidad jurídica consagrado en aquella norma, ha declarado responsable a los accionistas de una sociedad anónima empleadora por las indemnizaciones adeudadas a un trabajador cuyos salarios eran abonados “en negro”. Este precedente seguramente causará escozor a quienes consideran que los accionistas de una sociedad anónima están siempre exentos de las consecuencias patrimoniales derivadas de la actividad de la entidad que integran, por el mero hecho de limitar su responsabilidad a las acciones suscriptas (arts. 2° y 163, ley 19.550). La limitación de la responsabilidad de los accionistas de una sociedad anónima (o de los socios de las sociedades de responsabilidad limitada) no constituye un principio absoluto en nuestro derecho, ni es contemporáneo con el origen de las sociedades comerciales y constituye una excepción al principio general de la unidad y universalidad del patrimonio consagrado por nuestro Código Civil. Este excepcional beneficio sólo puede tener vigencia cuando se presentan los siguientes y requisitos: a) que la sociedad se encuentre suficientemente capitalizada, esto es, que el capital social, concebido como garantía de los acreedores, guarde relación con el pasivo de aquélla o con el nivel de gastos de la compañía; b) Que toda la actuación de la sociedad esté enderezada a la consecución de fines societarios, entendidos éstos como la obtención de bienes y servicios (arts. 1° y 54, ley 19.550). Analizaremos brevemente ambos fundamentos: Las sociedades anónimas no han sido creadas por el legislador como instrumentos para limitar la responsabilidad de sus integrantes ni para quebrar los principios generales de la universidad del patrimonio de las personas físicas, sino como contratos idóneos para la concentración de capitales a los efectos de emprender negocios de gran envergadura. El razonamiento correcto es el inverso: los riesgos económicos que suponen tales emprendimientos justifican la limitación de la responsabilidad de los socios o accionistas, como aliciente para participar en estas empresas. El capital social en las sociedades donde los socios o accionistas tienen limitada su responsabilidad al aporte efectuado es dato del contrato social o estatuto que asume esencial importancia, en la medida que constituye la única garantía ofrecida a los terceros para el cobro de sus créditos. En tal sentido ha sido afirmado con toda razón que en las sociedades anónimas, el capital social constituye la contrapartida de la limitación de la responsabilidad. Existe pues íntima vinculación entre el excepcional beneficio de la limitación de la responsabilidad y la función de garantía que cumple el capital social, sobre el cual los administradores de la compañía carecen de todo poder de disposición, pues tal beneficio sólo cobra sentido cuando la sociedad cuenta con un capital social suficiente para satisfacer sus obligaciones. Puede pues afirmarse que las sociedades anónimas infracapitalizadas constituyen una burda caricatura de lo que debe entenderse por sociedades anónimas y se convierten en instrumento de fraude para los terceros, cuya protección debe ser prioritaria en toda legislación que reglamente el funcionamiento de las sociedades comerciales. La harto criticable exigencia prevista por el art. 186 de la ley 19.550, que requiere un capital social mínimo absurdo para las sociedades anónimas ($ 12.000), de manera alguna justifica la existencia de sociedades infracapitalizadas, pues tal capital social solo podrá servir para las sociedades que tengan un nivel de gastos equivalente, pero de ninguna manera tal norma predica que basta con contar con tan irrisoria cifra para que resulte operativa la limitación de la responsabilidad de los socios, cuando el pasivo o el nivel de gastos de la empresa sea superior. En otras palabras, no resulta suficiente para eludir el riesgo empresario el solo recurso de integrar sociedades anónimas con tan insuficiente capital, pues las consecuencias que deja tal proceder son desoladoras: sociedades en quiebra sin dinero para afrontar siquiera los gastos del procedimiento falencial, pero con accionistas cuyo patrimonio personal ni siquiera ha sido afectado. Respaldan tales conclusiones el panorama que presenta el mercado de sociedades anónimas en nuestro país, en donde su mayoría son sociedades colectivas disfrazadas de anónimas, y en las cuales el gobierno de las mismas no está escindido de su administración, en lo que a sus integrantes se refiere. En este tipo de compañías, no es invocable, en principio y salvo contadas excepciones, el desconocimiento por los accionistas del giro empresario o el real desenvolvimiento de los negocios sociales. Las obligaciones de los accionistas en esta particular clase de sociedades no se agota con los aportes originales, cuando la sumatoria de todos ellos no guardan la menor relación con el nivel de gastos o con el pasivo de la sociedad. Por ello es requerible a los accionistas, para conservar el excepcional beneficio de la limitación de la responsabilidad, la permanente obligación de efectuar nuevos desembolsos a los efectos de equilibrar el capital social con las reales necesidades de la empresa. Desde el punto de vista normativo, tampoco es cierto que los accionistas de una sociedad anónima no responden en forma solidaria e ilimitada por las consecuencias que se derivan de la actuación de la sociedad, toda vez que: los arts. 18 y 19 de la ley 19.550 castigan a los socios de sociedades de objeto ilícito o que desarrollan actividades ilícitas, entre otras sanciones, con la responsabilidad ilimitada y solidaria por el pasivo social y los perjuicios causados, salvo buena fe de los socios en el último de los supuestos; buena fe que, de acuerdo con el texto expreso del art. 19 no se presume, sino que debe ser acreditada por quien invoque ser ajeno a la operatoria habitual de la sociedad, pues no es concebible en principio que un integrante de una sociedad, salvo inversores de sociedades que hacen oferta pública de sus acciones, desconozca el funcionamiento interno y externo del ente. El art. 254 párr. 1° de la ley 19.550 sanciona con la responsabilidad solidaria e ilimitada por las consecuencias patrimoniales que a la sociedad trae aparejada la declaración de nulidad de una resolución asamblearia adoptada con el voto de los mismos. El art. 54 in fine constituye a mi juicio el mayor acierto de una ley ejemplar, como lo es la ley 22.903 de reformas a la ley 19.550. Dicha norma sanciona a los socios con la responsabilidad solidaria e ilimitada por los perjuicios causados como consecuencia de la “actuación” de una sociedad con fines extrasocietarios o que constituya un recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe o para frustrar los derechos de terceros. La tan difundida pero no menos lamentable práctica de “pagar en negro” a los trabajadores, esto es, a la parte más débil de nuestra sociedad, constituye, como bien ha sostenido el Tribunal del Trabajo en el fallo que se comenta, una “actuación de la sociedad, así como lo es también una “actuación” la formación de la voluntad social para la adopción de una decisión asamblearia reñida con la ley o con los estatutos, o la realización por parte de los administradores de “actividades ilícitas” con grado de permanencia, según lo dispone el mencionado art. 19 de la ley 19.550. La ley no distingue en cuanto a los sujetos activos de la “actuación” sancionada por el art. 54 in fine de la ley 19.550 ni excluye de tal concepto a lo actuado por los distintos órganos de la sociedad. Asiste toda la razón al Tribunal de Trabajo cuando sostiene en el caso en análisis que el “pago en negro” a los trabajadores constituye pues una “actuación” del órgano de administración de la sociedad que viola la ley, el orden público laboral (arts. 7, 12, 13 y 14, ley de contrato de trabajo), la buena fe (que obliga al empresario a ajustar su conducta a lo que es propio de un buen empleador: art. 63 ley citada) y para frustrar los derechos de terceros (el trabajador, el sistema previsional, los integrantes del sector pasivo y la comunidad empresarial). Si bien tal “actuación” es propia de los administradores de la sociedad, bien puede serle extendida sus consecuencias a los socios, pues la ley responsabiliza no sólo a quienes decidieron o ejecutaron tal proceder, sino “a quienes la hicieron posible”, debiendo incluirse en esta categoría a todos quienes, conociendo o pudiendo conocer esa manera de actuar, nada hicieron para ajustar el funcionamiento de la sociedad a la ley o al estatuto. Sorprende gratamente la utilización por el Tribunal del Trabajo del recurso previsto por el art. 54 in fine de la ley 19.550 que ha sido brindado a los ciudadanos de la Nación para utilizarlo en caso de abuso de las formas societarias. Llama la atención que los tribunales laborales, así como los civiles, no recurren a absurdos criterios restrictivos para poner las cosas en su lugar, a diferencia de lo que sucede con los Tribunales Comerciales, que deberían conocer por experiencia diaria, las maniobras cometidas a través de sociedades mercantiles, que son sumamente reticentes en llegar a soluciones como a las que con pluma firme ha arribado la Cámara de Apelaciones del Trabajo, como si el abuso de las formas societarias fueran fenómenos aislados en nuestra realidad negocial. El fallo no es peligroso para el comercio ni abre ninguna caja de pandora. Tampoco desalentará la constitución de sociedades anónimas, a pesar de que, con toda seguridad, será objeto de las críticas de siempre por parte de quienes, invocando la separación a ultranza del patrimonio de la sociedad del patrimonio de los socios que la integran, sostienen a rajatabla y sin excepciones el principio de la limitación de la responsabilidad de los accionistas, olvidando que el carácter de sujeto de derecho que la ley confiere a las sociedades es un mero recurso instrumental en beneficio de los terceros que han contratado con la sociedad.” (“conf. Nissen Ricardo Augusto: “Un magnífico fallo sobre inoponibilidad de la personalidad jurídica, L.L. 1998-B, 1; comentario a fallo dictado por la CNTrab., Sala III, 19/02/1998, in re: “Duquelsy, Silvia c. Fuar S. A. y Otro”). Con el tiempo nuevamente la CNTrab., Sala III, el 22/09/2008, mantuvo el criterio en autos: “Arancibia Nora y otro c/ Rodríguez Ricardo Marcos y otros s/ Ejecución de Créditos Laborales”, L.L. 2008-F, 350, el que motivó otro comentario favorable y en la misma orientación recién referida de parte del Dr. Nissen Ricardo Augusto en: “Nuevamente la justicia viene de la mano de los tribunales laborales”, (L.L. 2008-F, 350), cuya lectura se recomienda -sin perjuicio de una gran cantidad de publicaciones que se han hecho sobre el tema de parte de autorizada doctrina nacional- para tener una más clara idea sobre el tema que mantiene dividida a la doctrina y a la jurisprudencia.- – - – - – - – - Volviendo al recurso de apelación y reiterando que el mismo se encuentra desierto y que por ello debe ser rechazado, vale recordar que en el caso que nos ocupa y según lo manifestó la sentenciante, las partes codemandadas se negaron a entregar y/o mostrar al perito contador todos sus libros societarios, contables, laborales, etc., conducta que impidió, además de la producción de la pericia contable, conocer sobre la real actividad comercial desplegada por las partes codemandadas y especialmente cabe destacar que en el caso no fue posible determinar que tanto la S.R.L. como la S.A. se encuentren suficientemente capitalizadas, esto es, que el capital social, concebido como garantía de los acreedores, guarde relación con el pasivo de aquéllas o con el nivel de gastos de la compañía; y en rigor no se sabe si las sociedades cuentan con un capital social suficiente para satisfacer sus obligaciones, entre las que se encuentra el pago de la indemnización al trabajador; como tampoco se pudo conocer si realmente la actuación de las sociedades estaba enderezada a la consecución de fines societarios, entendidos éstos como la obtención de bienes y servicios (arts. 1° y 54, ley 19.550).- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

- – - – - Obviamente sería un absurdo sostener que las firmas Transportes Pico S.R.L. y Renta Trucks S.A., se crearon al sólo efecto de mantener a todos sus empleados de manera clandestina, en rigor no hay prueba de ello y ni el propio actor denunció tal extremo en su demanda, pero lo que sí es cierto, según lo afirmado por la jueza y que no motivó agravios de los recurrentes y consentido por Transportes Pico S.R.L. que no apeló el fallo, es que la realidad indica que era una constante de los Sres. Bautista Esteban Brinatti y María Julia Brinatti mantener a todos o al menos una gran parte de sus empleados -entre ellos al actor- sin registrar la relación laboral que los vinculaba, abonando la totalidad de la remuneración en negro y haciendo suscribir a los empleados recibos simples; con el agravante de que en el caso que nos ocupa, según lo afirmó la sentenciante partiendo de las conclusiones de una pericia caligráfica producida en el proceso y no fue motivo de agravios de los recurrentes, los Sres. Brinatti algunas veces hacían firmar al trabajador el recibo simple en blanco, para luego completarlos del modo que les pareció más conveniente para hacerlos valer en este juicio, habiéndose acreditado también que dichos recibos fueron rellenados, remarcados, alterados o adulterados, una vez firmados que fueran por el actor, lo que claramente ha colocado al trabajador en una situación de desprotección absoluta frente al abuso de sus empleadores; imputados los pagos a conceptos que no correspondían a la realidad, etc.. Todo ello, se reitera, fue afirmado por la jueza interviniente y no motivó agravios concretos de los recurrentes y fue consentido por la condenada Transportes Pico S.R.L.. Es por ello que, sin perjuicio de que el recurso se encuentra desierto como ya se señaló, en el caso y como excepción, se justifica desestimar la personalidad de las sociedades codemandadas y hacer responsables solidariamente y en forma ilimitada frente al reclamo laboral del actor a los codemandados Sres. Bautista Esteban Brinatti y María Julia Brinatti en su condición de socios, gerentes y administradores de la S.R.L. y socios, directores titulares a cargo de la Presidencia y Vicepresidencia de la S.A., máxime que el gobierno de ambas sociedades como su administración están a cargo en forma personal de los Sres. Brinatti, quienes no pueden alegar el desconocimiento del giro empresario o el real desenvolvimiento de los negocios sociales, aspecto que por su negación no fue posible conocer en este juicio, es obvio que los mismos no podían ignorar la existencia de contrataciones laborales clandestinas o invocar ajenidad con la política laboral de la empresa, puesto que eran los Sres. Bautista Esteban Brinatti y María Julia Brinatti los que se encargaban de las contrataciones de los empleados y eran los que imponían su condiciones laborales, resultando ser la regla la no registración de las relaciones laborales y el pago de la remuneración de modo clandestino.- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

- – - – - Por lo dicho, voto entonces porque se rechacen los recursos de apelación de fs. 451 interpuestos por Bautista Esteban BRINATTI, María Julia BRINATTI y RENTA TRUCKS S.A., con costas a los recurrentes.- – - – - -

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- – - – - La jueza en la sentencia definitiva reguló los honorarios profesionales de los Dres. Julio Raúl Ballari, Hernán Ariel Cecotti y Hugo Alberto Santamarina, en forma conjunta, en el 23,80%, porcentaje a calcularse sobre el monto de condena. Apelaron por sus propios derechos los Dres. Julio Raúl Ballari y Hernán Ariel Cecotti (fs. 441), quienes expresaron agravios a fs. 455/456, los que no fueron contestados por el Dr. Hugo Alberto Santamarina.- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Los recurrentes se agravian de la regulación de honorarios efectuada en la sentencia, dado que aplica, en forma conjunta, un porcentaje igual entre los apelantes y el Dr. Hugo Santamarina, destacando que este profesional en la segunda etapa del juicio no tuvo intervención, por lo que los emolumentos del Dr. Santamarina por su labor en la 1ª etapa del juicio laboral deberían ser reducidos al 3,96 %.- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

- – - – - La demanda de fs. 39/55 fue suscripta conjuntamente por los Dres. Julio Raúl Ballari, Hernán Ariel Cecotti y Hugo Alberto Santamarina, todos en su carácter de apoderados del actor Norberto Leonardo Mana. También los tres abogados realizaron conjuntamente las siguientes labores: contestaron el traslado respecto de la prueba documental adjuntada al proceso por la codemandada Transportes Pico S.R.L. (fs. 151/152); contestaron el traslado de las excepciones de previo y especial pronunciamiento que interpusieron los codemandados Bautista Esteban Brinatti y María Julia Brinatti y Renta Trucks S.R.L. (fs. 153/156); acompañaron oficio diligenciado ante el Registro Público de Comercio (fs. 160/161) el que fue agregado a fs. 165/166; presentaron escrito solicitando se deje sin efecto el libramiento de un oficio y solicitaron la apertura a prueba (fs. 167, aunque este escrito sólo fue firmado por Santamarina y Cecotti). El tribunal abrió el proceso a prueba a fs. 168; solicitaron se provea la prueba (fs. 171) y así lo hizo el juez mediante providencia del 05/08/2008 a fs. 172/173. Luego a fs. 174, en fecha 11/08/2008 se presentó el Dr. Hugo Alberto Santamarina por su propio derecho comunicando que constituía nuevo domicilio procesal y autorizaba a otro profesional a compulsar las actuaciones, y a partir de allí el profesional no tuvo participación en el juicio, como bien lo señalan los recurrentes.- – - -

- – - – - Como los juicios laborales a los efectos de la regulación de honorarios se dividen en dos etapas, a los tres profesionales les corresponde honorarios por la primera etapa por el sólo hecho de haber firmado la demanda, y si por las labores desempeñadas durante la 1ª etapa se entiende que a los tres se les reguló el 11,90%, a cada uno de los profesionales intervinientes les corresponde el 3,97%. En tal sentido debe ser receptado el recurso de apelación de fs. 441, debiéndose modificar la sentencia apelada y reducir los honorarios profesionales del Dr. Hugo Alberto Santamarina al 3,97%, y elevar los honorarios de los Dres. Julio Raúl Ballari y Hernán Ariel Cecotti, en forma conjunta al 19,83%, en ambos casos, porcentajes que deben ser calculados sobre el monto de condena, con el 21% de IVA en caso de corresponder. Sin costas atento que no medió oposición de la parte contraria. Así Voto.-

- – - – - El Dr. Hugo carlos , sorteado para emitir el segundo voto, dijo:-

- – - – - La dictada a fs. 423/440 condenó a la empleadora a pagar al actor $ 174.169,91, con intereses y costas, pero también condenó con el mismo alcance a y . Aquélla consintió el fallo, apelando los restantes (agravios de fs. 466/468 y 469/471 y contestaciones de fs. 474/477 y 478/481). – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - Como se ha planteado la deserción del recurso, es necesario examinar los fundamentos de la condena y los agravios que se han expresado.- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

- – - – - La sentenciante declaró que los Sres. Brinatti, que eran socios, gerentes y directores de las dos sociedades mencionadas, tuvieron una “participación directa” en la relación laboral con el demandante, eran quienes daban las órdenes y la manejaban en todos sus aspectos. Mana trabajaba con camiones tanto de una como de otra sociedad, que tenían como objeto, entre otros, el transporte de mercaderías. Los vehículos “han estado o están registrados recíproca y alternadamente bajo titularidad de Transportes Pico S. R. L., Renta Trucks S. A., María Julia Brinatti y/o Bautista Esteban Brinatti, situación que da sustento a la idea de que tanto los entes societarios como los Sres. Brinatti funcionan en forma coordinada y relacionada”. Los Sres. Brinatti, concluyó la sentencia, fueron los “artífices de la contratación en negro” del demandante. – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

- – - – - Se preguntó la jueza si la conducta asumida por los nombrados, “y en consecuencia por la S. R. L. y S. A.” que representan, los hace pasibles de la aplicación de los arts. 54 y 59 de la ley de sociedades 19.550 y en virtud de ello extenderles la responsabilidad por el despido y demás reclamos efectuados en este proceso” (fs. 432), y respondió positivamente. Sostuvo que los Sres. Brinatti “incumplieron con la normativa laboral vigente no sólo respecto del Sr. Mana sino también con varios de sus empleados”, que su conducta evasiva “también queda acreditada palmariamente por la precariedad con que manejó la relación laboral con el actor; pues con el dictamen de la pericial caligráfica producida por la propia demandada; ha quedado acreditado en este proceso que los recibos absolutamente informales que se requería suscribir al Sr. Mana, en su gran mayoría fueron firmados sin tener escrito su contenido, `en blanco´, o en su defecto fueron rellenados, remarcados, alterados o adulterados luego, una vez firmado que fueran por el actor”. – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

- – - – - Por todo ello, se dispuso correr el velo de la persona jurídica y responsabilizar “en forma solidaria e ilimitada tanto a los entes societarios como a sus representantes”. – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

- – - – - María Julia Brinatti, Esteban Bautista Brinatti y Renta Trucks S. A. los expresaron en los mismos términos, aun cuando sus situaciones no eran idénticas. – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

- – - – - Todos ellos se dedicaron a cuestionar la aplicación del art. 54, LS, sin cuestionar los hechos en que se apoyó la sentencia ni hacer referencia al art. 59, LS, en el que también se sustentó. – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

- – - – - El pronunciamiento, como ya se dijo, hizo también concreta aplicación del art. 59, LS, que establece la responsabilidad personal, solidaria e ilimitada de administradores o representantes que con sus actos u omisiones violen la legislación vigente, y citó un antecedente jurisprudencial en tal sentido (fs. 433/435). En consecuencia, para echar abajo la condena los apelantes debían alegar y demostrar que la responsabilidad que en virtud de esa norma se les imponía era incorrecta, por los motivos que fuere. No corresponde, por cierto, que los jueces de alzada introduzcan los argumentos o formulen las críticas a cargo de los apelantes.- – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

- – - – - Por ello, y por las otras razones que se exponen en el primer voto, coincido en que los recursos cayeron en (arts. 257 y 246, C. Pr.) y deben ser rechazados. – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

- – - – - Sin perjuicio de ello, y a mayor abundamiento, es de señalar que los hechos y circunstancias que tuvo por acreditados la sentenciante, sin ser refutada por los recurrentes, permitían resolver la cuestión por imperio de otra norma legal invocada expresamente por el actor en su demanda (fs. 45). Me refiero al art. 31, LCT, que contempla el caso de una o más empresas bajo la dirección, control o administración de otras, o relacionadas entre sí de tal modo “que constituyan un conjunto económico de carácter permanente”, y dispone que, si han existido de su parte maniobras fraudulentas o una conducción temeraria, son ellas responsables solidariamente respecto de las obligaciones contraídas con sus trabajadores y frente a los organismos de seguridad social.- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

- – - – - La existencia de un conjunto económico formado por María Julia Brinatti, Bautista Estaban Brinatti, Transportes Pico S. R. L. y Renta Trucks S. A. fue declarada con claridad por la jueza, sin darle esa denominación, principalmente al sostener que todos ellos “funcionan en forma coordinada y relacionada”, que las dos sociedades tienen el mismo objeto social, están integradas por los mismos socios y los empleados han “desempeñado su trabajo indistintamente en camiones de propiedad tanto de uno de como de otro de los demandados” (fs. 432). – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

- – - – - En casos anteriores, este tribunal ha dicho que “cuando exista unidad, esto es, uso común de los medios personales, materiales o inmateriales mencionados en el art. 5º de la ley de contrato de trabajo, debe admitirse que se está en presencia de un conjunto económico en los términos del art. 31 de dicho ordenamiento legal pues, lo esencial, radica en la existencia de `unidad económica´, que a su vez debe ser analizada desde la óptica del `control de empresa´” (exptes. 2086/02 y 3318/06, r. C. A.; CNTrab, sala VIII, DT 1997-A-762); además, se ha declarado que “la disposición se aplica `también respecto de personas físicas que tengan la dirección y control de las personas jurídicas´” (exp. 3318/06, CNTrab., sala I, DT 2000-B-1593).- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

- – - – - Como resulta del texto legal, la solidaridad de los integrantes del conjunto económico respecto de las obligaciones contraídas con los trabajadores requiere de la existencia de “maniobras fraudulentas” o de una “conducción temeraria”, extremo el primero que se reúne plenamente en este caso, según lo declarado en la sentencia de primera instancia. En efecto, allí se estableció que la relación laboral mantenida con el actor “jamás fue registrada legalmente permaneciendo el trabajador durante todo el tiempo que duró la misma `en negro´” (fs. 430) y se atribuyó a los demandados una “conducta evasiva (…) también (…) acreditada palmariamente por la precariedad con que manejó la relación laboral”, pues con el peritaje caligráfico practicado se demostró que “los recibos absolutamente informales que se requerían suscribir al Sr. Mana, en su gran mayoría fueron firmados sin tener escrito su contenido, `en blanco´, o en su defecto fueron rellenados, remarcados, alterados o adulterados luego, una vez firmado que fueran por el actor” (fs. 433).- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

- – - – - Se ha entendido que la falta de registración del trabajador constituye de por sí una “maniobra fraudulenta” que permite la aplicación del art. 31, LCT (exptes. 2086/02 y 3318/06, r. C. A), y se ha dicho que la no registración de un trabajador “constituye el típico fraude laboral y previsional ya que tiene por fin último, la evasión al sistema de seguridad social pues se perjudica al trabajador que se ve privado de los beneficios sociales, al sector pasivo que es víctima de la evasión y la comunidad comercial al disminuir los costos laborales pues pone al autor de la maniobra en mejores condiciones de competir en el mercado que la reservada a otros empleadores que respetan la ley” (CNTrab., sala X, DT 2005-B-1631; sala III, DT 1998-A-715; LL 1999-B-1 y DT, marzo/06, p. 379). “Habrá maniobras fraudulentas cuando se elaboran artificios o se efectúen manejos con la finalidad de sustraerse a las obligaciones laborales o de la seguridad social en perjuicio del trabajador. Habrá acciones de este tipo cuando exista empleo total o parcialmente no registrado” (Etala, “Contrato de trabajo”, p. 125, ed. 1999).-

- – - – - Por si no bastara con la falta de registración del trabajador, también incurrieron los demandados en las reiteradas maniobras con los recibos irregulares que se le hacía firmar, como quedó expuesto en el fallo.- – - – - – -

- – - – - Es de señalar, por último, que el art. 26, LCT, también permitía atribuirle la responsabilidad propia del empleador a las personas físicas o jurídicas que en conjunto utilizaban sus servicios (exp. 4157/09, r. C. A.).- – -

- – - – - En conclusión, coincido en que los recursos de los demandados deben ser rechazados con costas, por estar incursos en deserción; voto en tal sentido. – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

- – - – - Vueltos los autos a primera instancia, deberá darse noticia a la AFIP, a los fines del art. 15, LCT. – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

- – - – - Adhiero al voto anterior respecto de la apelación por honorarios efectuada por los Dres. Ballari y Cecotti. – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

- – - – - En consecuencia, la CÁMARA DE APELACIONES

- – - – - RESUELVE Rechazar los recursos de apelación interpuestos a fs. 451, con costas.- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

- – - – - Regular los honorarios del Dr. Hernán Ariel , por su labor en la alzada (escritos de fs. 474/477 y 478/481), en el 8,15% del monto de la condena, y los de los Dres. Sandra y Alberto A. , en conjunto, en el 6% del mismo monto. Se adicionará el IVA, en caso de que corresponda.- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

- – - – - Hacer lugar, sin costas, al recurso de apelación deducido a fs. 441 y disponer que los honorarios de los abogados del actor fijados en primera instancia se distribuyan de la siguiente forma: 1) 3,97% para el Dr. Hugo Alberto ; 2) 19,83%, en conjunto, para los Dres. Julio Raúl y Hernán Abel , más el IVA si correspondiere.- – - -

- – - – - Disponer que, vueltos los autos a primera instancia, se dé noticia a la AFIP, a los fines del art. 15, LCT.- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – Protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase.- – - – - – - – -

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Dr. Alejandro Dr. Hugo Carlos

Juez de Cámara Presidente de Cámara  con el Acuerdo protocolizado en el Protocolo de Sentencias de esta al folio