“Talleres Reunidos Italo Argentino SA s/ concurso preventivo” – CNCOM – 24/04/2012

CONCURSO PREVENTIVO. Juez de grado rechaza homologar la propuesta concordataria, no obstante haber obtenido las mayorías necesarias, y ordena la intervención de la sociedad en grado de coadministración. FACULTADES DEL JUEZ PARA EVALUAR LA PERTINENCIA DEL ACUERDO. Control que trasciende la mera legalidad formal. Revisabilidad de acuerdos que pudieran afectar el interés público. Prevalencia del interés general del comercio, del crédito y de la comunidad. Propuesta que vulnera el orden público económico, porque daña la protección del crédito. Inviabilidad de la tercera vía. DISIDENCIA: Transferencia del paquete accionario y la administración de la fallida a los trabajadores. Denuncia del acuerdo estando la apelación en trámite. Necesidad de resolver previamente y ante el Juez de grado la validez de dicha cesión. Inviabilidad del cramdown sobre un paquete accionario cuya titularidad no aparece definida

“…el juez es hoy parte fundamental en el proceso concursal; no resulta un mero controlador de su corrección formal ya que tiene facultades para evaluar la pertinencia del acuerdo no sólo sobre la base de su conveniencia económica –respecto de la cual los acreedores son, en principio, los mejores árbitros- sino, fundamentalmente, que la propuesta no constituya un abuso a los acreedores que no vean otra forma de procurarse, cuanto menos, un magro dividendo”. (Del voto de la mayoría)

“…los magistrados siempre se encuentran facultados –y aún constreñidos- a valorar los principios que informan el orden jurídico en su integridad, porque la legislación concursal no es una isla o un compartimiento estanco, circunstancia que conduce a que deba siempre prevalecer el interés general del comercio, del crédito y de la comunidad en general por sobre el individual de los acreedores o del propio deudor”. (Del voto de la mayoría)

“…no obstante lo que pareciera resultar del texto actual del art. 52 LCQ, el juez no se encuentra obligado, en todos los casos y en forma absoluta e irrestricta, a dictar sentencia homologatoria del acuerdo votado formalmente por las mayorías legales. Ello así toda vez que el magistrado conserva siempre la potestad de realizar un control que trascienda la mera legalidad formal en todos aquellos supuestos en los que el acuerdo pudiera afectar el interés público, atendiendo al ordenamiento jurídico en su totalidad”. (Del voto de la mayoría)

“Al emitir pronunciamiento sobre la homologación del acuerdo, en todos los casos y aún en ausencia de cuestionamiento sobre el particular, el juez se encuentra constreñido a evaluar si la propuesta conlleva abuso o fraude, situación frente a la que deberá denegar la homologación”. (Del voto de la mayoría)

“…el ejercicio antifuncional que configura el abuso puede presentarse tanto frente a la licuación de los pasivos concursales, como en caso de carencia de adecuada proporción entre la solución preventiva que la ley dispensa al insolvente y el sacrificio patrimonial que este ofrece (e impone) a sus acreedores”. (Del voto de la mayoría)

“…el abuso debe consistir en la producción de algún perjuicio a los acreedores, intencionalmente, con el propósito de infligirles un detrimento patrimonial y su contrapartida, el beneficio consiguiente para el deudor concursado”. (Del voto de la mayoría)

“…en oportunidad de requerirse la homologación de la propuesta de acuerdo que ha logrado las mayorías legales el juez tiene básicamente dos posibilidades: disponer la homologación o rechazarla, con fundamento en lo dispuesto por el art. 52:4º LCQ. No obstante, se ha recurrido también a otra solución que en algunos supuestos se revela como más práctica: la denominada tercera vía. En esta situación el juez puede: (i) reformular la propuesta por aplicación analógica, según el caso, de la disposición del art. 52:2º b) del ordenamiento concursal, o (ii) fijar un plazo para que esa reformulación sea hecha por la concursada fijando un contenido que estime mínimamente aceptable para superar la calificación de abusiva que juzgó con anterioridad”. (Del voto de la mayoría)

“…la propuesta dirigida a los acreedores quirografarios, si bien aceptada por el 62,07% de los acreedores y el 82,63% del capital, y que consiste en abonar los créditos verificados con una quita del 60%, en el plazo de cinco años a contar desde el vencimiento del plazo de espera de cuatro (4) años y en diez (10) cuotas semestrales; con interés a la Tasa Libor incrementada en 0,5% anual es inadmisible”. (Del voto de la mayoría)

“…evaluadas las circunstancias del caso y meritando el análisis efectuado por la Sra. Fiscal ante esta Cámara a fs. 1995/1997 cabe concluir que la propuesta ofrecida vulnera el orden público económico, porque daña la protección del crédito. Y la homologación del acuerdo que implica desvirtuar la eficacia de los medios compulsivos con que cuentan los acreedores para hacer valer sus derechos, va más allá de su particular interés, para convertirse en una cuestión que afecta al interés general”. (Del voto de la mayoría)

“…no procede expedirse ahora en torno de la abusividad de la propuesta concordataria, ni disponer la apertura del procedimiento previsto en los arts. 48 y 48 bis de la LCQ, como postulan mis distinguidos colegas. Ello así, en la medida en que no se ha adoptado ninguna decisión en torno de la validez o invalidez de la transferencia de acciones de la concursada [a los trabajadores], denunciada tras la elevación del expediente a este Tribunal”. (Del voto en disidencia de la Dra. Alejandra N. Tevez)

“…el presunto traspaso de las acciones de la convocataria se operó cuando el expediente se encontraba ya en este Tribunal a efectos de decidir sobre la apelación incoada; y el hecho de disponer ahora el inicio del cramdown implicará la apertura de un procedimiento cuyo objeto es, precisamente, la adquisición de la totalidad de un paquete accionario cuya titularidad no aparece definida”. (Del voto en disidencia de la Dra. Alejandra N. Tevez)

“…corresponde -y sin que ello implique en modo alguno desatender los intereses de los trabajadores, a favor de quienes se habría efectuado aquélla presentación-, disponer la devolución de los autos a primera instancia a efectos de que la a quo dicte resolución sobre la pretendida venta; lo que posibilitará, luego, que este Tribunal se aboque a la solución integral del caso”. (Del voto en disidencia de la Dra. Alejandra N. Tevez)

Citar: elDial.com - AA77CA

Publicado el 17/07/2012