B- Concursos. Clausura por falta de activo. Descarga de créditos no alcanza honorarios. J.

Excma. Cámara:

El Fiscal de las Cámaras Civiles y Comerciales que suscribe en estos autos caratulados VILLARROEL MARGARITA ROSA“, QUIEBRA PROPIA SIMPLE. JUICIO ATRAIDO. COMAFI FIDUCIARIO FINANCIERA S.A. C. VILLAROEL MARGARITA ROSA,(Expte. Nº 16902114/36), fecha de remisión del día 01/07/2011, por ante la Excma. Cámara 2° en lo Civil y Comercial comparece y dice:

I. Intervención de este Ministerio Público

Que viene a contestar el traslado corrido a fs. 124, con motivo del recurso de apelación interpuesto por la fallida Sra. Margarita Rosa Villarroel, en contra del auto N° 104, del 2 de junio de 2011, obrante a fs. 108/111, en cuanto resuelve rechazar el recurso de reposición y mantener el proveído de fecha 15/10/10 que ordena trabar embargo sobre fondos de propiedad de la fallida, depositados en el Banco de Córdoba para cubrir honorarios de la sindicatura.

II. Expresión de agravios

Al mantener el recurso a fs. 117/118, la apelante sostiene que el auto dictado por la inferior lesiona sus derechos, pues los montos retenidos son de su propiedad y le deben ser restituidos.

Así, destaca que la declaración de su quiebra se produjo el 2 de mayo de 2008, y de conformidad al art. 236 de la LCQ la inhabilitación cesó de pleno derecho el 2 de mayo del 2009.

En consecuencia, los bienes desapoderados son aquellos existentes al momento de la declaración falencial, y hasta la rehabilitación.

De tal modo, argumenta que tal como lo prevé el propio ordenamiento, el deudor fallido queda liberado de los bienes adquiridos con posterioridad.

En esta línea, sostiene que los fondos existentes en autos provienen de un embargo trabado en este proceso que ha sido declarado nulo, pues se empezó a efectivizar con fecha posterior a la rehabilitación de pleno derecho, por lo que, dichos montos no pueden ser alcanzados por los efectos del desapoderamiento, y deben ser devueltos a la fallida.

En consecuencia, sostiene que los proveídos de la inferior no se sustentan en el ordenamiento falencial, pues, de conformidad al art. 107 de la LCQ, los fondos embargados escapan al desapoderamiento porque provienen de un embargo trabado en un proceso nulo, que se efectivizó con fecha posterior a la rehabilitación.

En definitiva, pide se revoque el fallo apelado en todas sus partes.

III. El responde de la sindicatura.

Por su parte, a fs. 121/122, responde los agravios la síndico, contadora Adriana Pérez, pidiendo el rechazo del recurso.

En este sentido sostiene que no se encuentra en discusión que fue designada como sindica concursal en la falencia de la apelante, y que estuvo a cargo de dicha función durante todo el proceso, existiendo regulación de honorarios y planilla de liquidación que obra a fs. 468/469 de las actuaciones principales.

En esta línea, la funcionaria destaca que la quiebra desde su inicio no tuvo activo, y por ello, la totalidad de los gastos concursales y sus honorarios profesionales se encuentran impagos.

En este sentido, argumenta que el crédito originado por la actuación profesional no puede equipararse a las deudas preconcursales, por presentar características diferenciadas, que se encuentran plasmadas en el ordenamiento falencial.

En consecuencia, la sindico aduce que esta diferencia queda receptada en el art. 240 de la LCQ, por lo que, resulta imposible que el cese del desapoderamiento y la rehabilitación del fallido impliquen la desobligación en el pago de los gastos concursales que la misma fallida originó a partir de su petición en quiebra.

Por todo lo expuesto, entiende que corresponde rechazar el recurso.

IV. Thema decidendum.

Así las cosas, esta Fiscalía de Cámaras advierte que la cuestión debatida en autos gira en torno a determinar si el saldo insoluto de los emolumentos regulados a la Sindicatura en un proceso concursal puede ser ejecutado en contra del fallido, y de este modo, afectar los bienes que no fueron objeto de desapoderamiento o fueron adquiridos con posterioridad al cese de su rehabilitación; o, si por el contrario, debe tenerse por extinguida dicha obligación.

V. La convergencia de los efectos patrimoniales y personales de la sentencia de quiebra.

V.1 El alcance del desapoderamiento.

Desde esta perspectiva, y a los fines de dilucidar la contienda traída a conocimiento de V.E. corresponde poner de relieve que la sentencia de quiebra trae aparejado una serie de efectos personales y patrimoniales con la finalidad de habilitar el proceso liquidatorio.

Así, el principal efecto de índole patrimonial lo constituye el desapoderamiento, todo lo cual implica también su proyección sobre las relaciones jurídicas preexistentes y los contratos en curso de ejecución, de conformidad a la eventual continuación o cese de la explotación de la empresa.

Ahora bien, estas medidas patrimoniales se unen inescindiblemente con la inhabilitación del fallido, lo que apareja la imposibilidad de que éste ejerza el comercio por sí o por interpósita persona, como así también se desempeñe como administrador, gerente, síndico, liquidador o fundador de sociedades.

En esta inteligencia, la convergencia de los efectos personales y patrimoniales surge nítida de la lectura del art. 104 de la L.C. que habilita a la fallida a desempeñar tareas artesanales, profesionales o en relación de dependencia, pero que, en el punto que nos interesa, ordena puntualmente que, las deudas contraídas mientras no esté rehabilitado, pueden dar lugar a un nuevo concurso que sólo comprenderá los bienes remanentes una vez liquidada la quiebra y cumplida la distribución.

V.2 La rehabilitación y el cese de los efectos falenciales

En este punto, huelga señalar que la rehabilitación produce la limitación temporal del desapoderamiento sobre bienes futuros y en consecuencia, provoca la formación de dos patrimonios de una misma persona, de conformidad al art. 107 de la LCQ.

De un lado, una masa patrimonial desapoderada, que garantiza el pago de los acreedores concursales admitidos en el proceso falencial, y que se conjuga con el art. 107 LCQ, y por otro, aquella masa de bienes integrada por los activos que ingresen al patrimonio del cesante con posterioridad al cese de la inhabilitación que hace frente a las deudas posteriores.

Es decir, el importante efecto patrimonial que genera el esquema rehabilitatorio es la limitación de la garantía a los acreedores concursales respecto de los bienes adquiridos con posterioridad.

De tal forma, tal como se ha señalado en doctrina, “los bienes que adquiera el sujeto fallido después de su rehabilitación, quedan al margen del desapoderamiento falencial y, por ende, de la liquidación del proceso en el que se lo rehabilita (art. 107, LCQ).

En cambio, todos los bienes que hasta ese momento estaban sujetos al desapoderamiento (y consecuente liquidación), conformando la masa activa de la quiebra, continuarán en ese estado, y respecto de ellos el fallido no readquiere su libre administración y disposición”[1].

Esta compleja relación permite señalar que la rehabilitación constituye un modo de conclusión de los efectos de la quiebra y permite al fallido retomar la actividad, adquiriendo nuevos bienes y asumiendo nuevos compromisos.

V. 3. La rehabilitación del fallido y la eventual la descarga o liberación de los saldos insolutos.

Prior a la sanción de la ley 24.522, la legislación concursal argentina establecía que el fallido quedaba liberado de los saldos que quedara adeudando en el concurso respecto de los bienes que adquiera después de la rehabilitación.

En efecto, así lo establecía el art. 253 de la Ley 19.551.

Empero, la vigente ley concursal se caracteriza por la falta de previsión legal expresa que libere al fallido de los saldos insatisfechos en la quiebra, motivo por el cual, debe indagarse respecto a los efectos patrimoniales que produce el cese de la inhabilitación.

A partir de estas ideas, la mayoría de la doctrina nacional ha entendido que la rehabilitación permite la liberación del fallido de lo que queda adeudando en la quiebra, respecto de los bienes que adquiera después de ser rehabilitado.

En este punto, Truffat ha sostenido que “la omisión expresa de una norma como el art. 253 debe ser salvado por un ingente esfuerzo conceptual. Primero: aún asumiendo cuanto suele haber de voluntarismo en tal tesitura, a través de una interpretación teleológica del instituto liquidativo. Si este no concluye con una liberación de saldos insolutos, perdería parte de su sentido y terminaría consagrando una especie de “muerte civil” para el deudor (y esta figura se lleva mal, muy mal, con los derechos implícitos que surgen de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno –Constitución Nacional, art. 33-). Esto no quiere decir, y así lo he señalado también en algún breve ensayo precedente que la liberación deba ser absoluta: a la luz de nuestra actual sensibilidad frente al problema de los acreedores involuntarios [categoría que, en este caso específico, debe incluir a los acreedores laborales] ¿es tolerable un fresh start omnicomprensivo? [2].

De este modo, y tal como lo sostiene Silvana García, por las deudas de la masa pasiva falencial, el fallido resulta liberado de responder con los bienes que ingresen a su patrimonio a partir de la rehabilitación, quedando esos bienes excluidos de la agresión de los acreedores parcial o totalmente insatisfechos[3].

Este criterio es compartido por este Fiscal de Cámaras, para quien la correcta télesis de los arts. 107 y 236 de L.C. implica que el cese de la inhabilitación falencial opera de pleno derecho, salvo hipótesis de prórroga. A partir de la rehabilitación, nace una nueva masa de bienes y, por ende, los acreedores anteriores no podrán agredirla, pues sólo pueden cobrar sobre los bienes desapoderados[4].

En una palabra, la existencia de una masa post rehabilitatoria impide que los acreedores concursales puedan cobrar sus saldos insolutos en la quiebra con los bienes que no son objeto del desapoderamiento.

VI. Los “gastos de justicia” y la descarga del saldo impago.

VI. 1. El debate planteado en autos y la cuestión traída a conocimiento de V.E.

Desde esta atalaya, la cuestión debatida en autos plantea la posibilidad de que un acreedor del concurso (como lo es el Síndico en virtud de sus honorarios insatisfechos, art. 240 LCQ) procure el cobro del saldo de dichos gajes mediante la ejecución de los bienes habidos por el fallido, luego de su rehabilitación.

En una palabra, se trata de resolver si los bienes embargos en un juicio declarado nulo, por haber sido iniciado con posterioridad al dictado de la quiebra, violando el art. 132 de la LCQ, es decir, la prohibición de iniciar juicios por causa o título anterior a la apertura de la falencia, pueden servir de base al cobro de los gastos concursales, art. 240 de la LCQ.

En esta línea, corresponde puntualizar que el embargo trabado en el aludido juicio singular se lleva a cabo en el mes de noviembre de 2009, es decir, una vez vencido el plazo de inhabilitación establecido en el art. 236 de la LCQ, de manera tal que la fallida se encontraba rehabilitada.

De tal modo, cabe cuestionarse entonces si los fondos embargados con posterioridad al cese de la inhabilitación en función de la existencia de gastos concursales impagos quedan “descargados” en función del “fresh start” o liberación que produce la mal llamada “rehabilitación”.

Para brindar una respuesta al interrogante suscitado, el suscripto considera útil el delimitar conceptualmente a los denominados “gastos de conservación y justicia” contenidos en el art. 240 LCQ, para luego determinar si están comprendidos en la descarga rehabilitatoria o no.

VI.2. Los gastos de conservación y justicia: Concepto.

En esta inteligencia, el art. 240 de la ley 24.522 establece que: “los créditos causados en la conservación, administración y liquidación de los bienes del concursado y en el trámite del concurso, son pagados con preferencia a los créditos contra el deudor salvo que éstos tengan privilegio especial. El pago de estos créditos debe hacerse cuando resulten exigibles y sin necesidad de verificación. No alcanzando los fondos para satisfacer estos créditos, la distribución se hace a prorrata entre ellos”.

La norma regula los créditos derivados del procedimiento concursal, o sea, aquellos causados en la conservación, administración y liquidación de los bienes del concursado y en el trámite del concurso, es decir, los que el art. 3879, inc. 1º del CCiv denomina “gastos del concurso”[5].

Estos créditos tienen la particularidad de haber sido hechos en el interés común de los acreedores. Por ello, Yadarola[6] los califica a partir de dos elementos básicos:

i) que su nacimiento esté originado a partir de la apertura del concurso o declaración de la quiebra y tenga una relación de causalidad con el proceso concursal;

ii) que los gastos y/o la actividad aludida sea realizada en beneficio de los acreedores.

VI.3. El problema de la naturaleza jurídica de los gastos de justicia.

Un aspecto nodal en el cual debaten la fallida y la sindicatura se sigue de la ubicación que, históricamente en nuestra legislación concursal, han tenido y tienen, énfasis añadido, estos créditos conjuntamente con las acreencias privilegiadas del fallido.

Ahora bien, sin perjuicio de dicha ubicación normativa, debe señalarse, en cuanto a la naturaleza jurídica de los gastos de conservación y justicia, que estos créditos no constituyen un privilegio propiamente dicho, aún cuando incidan en la graduación y en el cobro de los créditos del fallido.

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado, al afirmar que “los créditos del concurso no constituyen privilegio, sino una categoría ajena y extraconcursal, pues su régimen de satisfacción no sigue la marcha del proceso colectivo, atendiéndose los respectivos reclamos inmediatamente y en el supuesto de insuficiencia de fondos está previsto el prorrateo y no la preferencia de algunos de los créditos respecto de los otros”[7].

En una palabra, la doctrina y la jurisprudencia siempre han tenido absolutamente en claro la distinción existente entre los créditos del fallido, es decir, los de causa o título anterior, que se cobran con los bienes desapoderados, y los gastos de la masa o del concurso, que se derivan como consecuencia del proceso judicial, art. 3879 del Código Civil, y art. 240 de la LCQ.

VI. 4. Una categoría diferenciada.

A partir de esta delimitación conceptual, el suscripto entiende que lo relevante a considerar, tal como lo sostiene la judicante de primer mérito, es que estas acreencias poseen una naturaleza distinta a los créditos del fallido.

En efecto, estos gastos se caracterizan por:

1) Nacer con posterioridad a la apertura del proceso, que por lo tanto, suponen tareas post concursales.

2) Constituir una categoría distinta de las deudas contraídas por el concursado o fallido.

3) No estar sujetos a las mismas reglas que los acreedores del concursado y, por lo tanto, no rige la “pars conditio creditorum”, pese a que, entre ellos, frente a la insuficiencia de fondos (vgr. clausura por falta de activos) debe procederse a la distribución a prorrata;

4) No estar sometidos al proceso verificatorio, que sólo viene establecido como trámite típico y necesario para los acreedores concursales y,

5) Tener el carácter de prededucibles, reconociéndose -con la salvedad de los honorarios de los funcionarios y las gabelas de justicia- el pago inmediato sin aguardar la distribución, ya que su percepción no depende de la determinación de dividendo alguno y el pago inmediato es propio del régimen jurídico de todos ellos, sin distinción.

VII. El obligado al pago de los gastos de conservación y justicia.

VII. 1. Los gastos del concurso son debidos por el fallido y no por los bienes desapoderados.

De todo lo dicho se sigue que la primigenia diferenciación que el art. 125 de la ley 11.719 efectuaba entre los “acredores de la masa” y los “acreedores del fallido”, entendiendo que los primeros debían ser pagados con preferencia a los últimos, generó en nuestro sistema concursal la discusión respecto de quien es el obligado al pago de dichos gastos, entre los que se incluyen los honorarios del funcionario sindical.

Al referirse sobre el tópico, Aída Kemelmajer de Carlucci[8] ha sostenido que “la terminología anterior no era totalmente acertada, pues la expresión acreedores del concurso puede provocar la creencia errónea de que el deudor es el concurso, como si fuera un ente provisto de personalidad propia. Por el contrario, la tesis según la cual el deudor de los acreedores es el quebrado y no la masa, domina el panorama científico de nuestros días”.

Asimismo la prestigiosa jurista afirmó que “la doctrina italiana y española se han ocupado de demostrar que las deudas de la masa no son deudas de la masa activa, ni de la masa pasiva, ni de los órganos de la quiebra, sino que tienen como punto de referencia al quebrado, pues se pagan con el patrimonio de éste. Si las cosas se miran con realismo, se advierte que las llamadas deudas de la masa o del concurso no se pagan con el patrimonio de la masa, que es inexistente, son con el del quebrado…”.

En simples términos, son los bienes del fallido los que responderán por el pago de los gastos y no la “masa de acreedores”, que no tiene personalidad en nuestro derecho concursal.

VII.2. Los gastos causídicos no se descargan

Desde esta atalaya, puede señalarse que, establecida la diferencia conceptual entre las acreencias anteriores -que sólo pueden ser satisfechas con el producido de los bienes desapoderados (moneda de quiebra) y cuyos saldos insolutos se extinguen frente a la inexistencia de ellos- y las posteriores, es decir aquéllas que se generan luego de la falencia y que no benefician al concurso -que sólo pueden ser cobradas sobre los bienes que conforman la masa activa post rehabilitatoria (art. 104 2º parte, LCQ), aparecen los gastos del art. 240 LCQ, que participan de una naturaleza especial, y que pueden ser satisfechos también con los bienes desapoderados, pese a ser de génesis posterior a la declaración de quiebra.

Así, la manda establecida en el art. 104 LCQ[9], que impide a los acreedores postconcursales -que no han beneficiado al concurso- el participar del producido de los bienes desapoderados -a menos que exista un remanente-, no es extensiva a los gastos del concurso, que por expresa excepción establecida en el art. 240 LCQ tienen la posibilidad de cobrarse también sobre dichos bienes.

VII. 3. El correcto alcance de los gastos del concurso.

Desde otro costado, hemos dicho que los gastos causídicos configuran desde su etiología, acreencias posteriores, extraconcursales, que como todo otro crédito postconcursal, se encuentran garantizados con los bienes que no fueron objeto del desapoderamiento, es decir, los que conforman la masa post rehabilitatoria y en este sentido, no existe norma alguna que excluya de dicho tratamiento a los gastos de conservación y justicia.

Así las cosas, como enseña el tratadista italiano Ragusa Maggiore, “no existen deudas de la masa en sentido estricto, existen deudas del fallido que deben ser pagadas en moneda falimentaria y deudas del fallido que se sustraen a las leyes del concurso; la naturaleza jurídica de ambas es idéntica; salvo la extensión, el fallido responde con todos sus bienes, presentes y futuros; ninguna limitación de responsabilidad está prevista para estas obligaciones desde que la ley quiere que sean cumplidas en su integralidad”[10].

VIII. La opinión de este Ministerio Público.

VIII. 1. El pago de los gastos de justicia.

En esta inteligencia, este Ministerio Público entiende que la separación de masas, que redunda en la delimitación de la extensión de la responsabilidad sobre unos y otros bienes del fallido, no tiene repercusión cuando se trata del pago de los gastos originados como consecuencia del proceso concursal.

En una palabra, el responsable del pago de todas las acreencias -las anteriores y posteriores a la sentencia de quiebra- será siempre el fallido; sólo que, respecto de los acreedores verificados, de causa o título anterior a su falencia, sólo responderá con los bienes objeto de desapoderamiento y se pagará con el dividendo falencial, mientras que, respecto de los gastos de conservación y justicia, lo hará, no solamente con los bienes desapoderados, sino también con los otros bienes habidos con posterioridad a la rehabilitación.

Así, los acreedores verificados deberán aceptar su postergación en el cobro, prefiriendo el pago de esos gastos causídicos, puesto que se entiende que han sido erogados también en su beneficio, rectius, en beneficio del concurso.

VIII. 2. La confirmación del criterio de la inferior.

Este criterio, receptado por la a quo en el resolutorio atacado, ha sido también compartido por  la profesora rosarina Silvana García[11], para quien “el crédito o su porción insatisfecha, correspondiente a un acreedor del concurso, no resulta alcanzado por los efectos de la liberación por rehabilitación. Por lo tanto, el respectivo acreedor puede intentar por vía individual la satisfacción de su crédito no cubierto, mediante la agresión de bienes que el fallido adquiera luego de su rehabilitación. No parece que deba sostenerse que la garantía patrimonial de los créditos del concurso tenga que resultar la misma que la que ampara a los créditos anteriores a la quiebra, esto es, sólo los bienes desapoderables. Así, cabe tener en cuenta, además, que esos créditos (los del concurso) podrían surgir con posterioridad a la rehablitación del fallido”.

Por todo ello, este Fiscal considera que los agravios vertidos por la fallida no logran conmover los fundamentos de la sentencia en crisis, y por ende, deben ser rechazados.

IX. Conclusión.

En definitiva, es opinión de esta Fiscalía de Cámaras que corresponde desestimar el recurso de apelación y confirmar el resolutorio apelado.

Así opino.

Dios Guarde a V.E.

Córdoba, 24 de febrero de 2012.