Con sentencia confirmatoria

                                                           Concursos - Honorarios Sindicatura

Excma. Cámara:

El Fiscal de las Cámaras Civiles y Comerciales que suscribe en estos autos caratulados “RODRIGUEZ, GRACIELA DEL CARMEN QUIEBRA PROPIA SIMPLE CUERPO DE EJECUCION DE HONORARIOS: DE LA CRA. GRINGRUZ, BEATRIZ RITA” (Expte. Nº 2150567/36), fecha de remisión del día 25/08/2011, por ante la C.C.C. 3ª Nom. comparece y dice:

I. Que viene a evacuar el traslado corrido a fs.  71 con motivo del recurso de apelación interpuesto por la fallida Sra. Graciela del Carmen Rodríguez en contra del Auto Nº 129 del 29/6/11 obrante a fs. 52/56 de autos, mediante el cual se rechaza la excepción de pago opuesta por la fallida al progreso de la ejecución promovida en su contra por la Síndica actuante en la causa principal, mandando a llevar adelante la ejecución de honorarios hasta el completo pago de la suma reclamada con más los intereses respectivos, con costas a cargo de la ejecutada.

II. Agravios del apelante.

 Al expresar agravios a fs. 66/68, la Sra. Graciela del Carmen Rodríguez se agravia de la resolución en crisis, al sostener que lesiona sus derechos toda vez que, tratándose de un proceso falencial, las costas, dentro de las cuales se encuentran los honorarios cuya ejecución se pretende, constituyen gastos del concurso a cargo de la falencia y sujetos a un régimen de cobro especializado previsto en la norma del art. 240 LCQ, que señala que, no alcanzando los fondos para satisfacer estos créditos, la distribución se hace a prorrata entre ellos, en consecuencia la demandada no adeuda suma alguna a la funcionaria del concurso por ningún concepto.

Señala que los honorarios de los funcionarios del concurso no pueden independizarse del proceso quebratorio ya que la misma ley los incluye en lo que denomina “gastos de conservación y justicia” y el pago es a cargo del concurso, lo que ha sido sostenido por la propia Sindicatura al incluirlos en la planilla de fs. 340 de los autos principales.

Expresa que según lo normado por el art. 236 de la ley concursal, la inhabilitación del fallido se extiende por el lapso de un año, período en el cual responde con los bienes que adquiera hasta su rehabilitación, art.107, y que con dichos bienes se deben afrontar los gastos de justicia (gastos del proceso y honorarios de los profesionales intervinientes), conforme las preferencias que prevé el ordenamiento falimentario.

En síntesis, solicita se revoque la resolución recurrida, con costas en caso de oposición.

III. Contesta traslado la Sindicatura

Por su parte, a fs. 70 la Cra. Beatriz Rita Gringruz, Síndica en estos autos, evacua su traslado y manifiesta que la demandada en su expresión de agravios no especifica qué puntos del resolutorio lesionan su derecho, y reitera las mismas defensas que fueron alegadas en oportunidad de contestar la demanda.

Sin perjuicio de ello, se remite a lo expresado en el punto II del Considerando del Auto apelado, en cuanto sostiene que la jurisprudencia nacional en forma mayoritaria ha sostenido que “el crédito originado en honorarios profesionales no puede considerarse mero accesorio del reclamado en el proceso en el que éstos se devengaron, por lo que merece un tratamiento autónomo”.

Así sostiene que el cobro de la acreencia por honorarios, en función del trabajo profesional cumplido, merece un tratamiento independiente del proceso de quiebra en el cual se devengaron y no puede limitarse su percepción a los fondos existentes al momento de declaración de la falencia, siendo perfectamente viable que la Sindicatura persiga dicho cobro contra los bienes del fallido ingresados a su patrimonio con posterioridad a tal declaración.

En definitiva, solicita el rechazo de la apelación, con especial imposición de costas.

IV. Thema decidendum

Así las cosas, esta Fiscalía de Cámaras advierte que la cuestión debatida en autos gira en torno a determinar si el saldo insoluto de los emolumentos regulados a la Sindicatura en un proceso concursal puede ser ejecutado en contra del fallido, y de este modo, afectar los bienes que no fueron objeto de desapoderamiento o fueron adquiridos con posterioridad al cese de su rehabilitación; o, si por el contrario, debe tenerse por extinguida dicha obligación.

V. Análisis.

V.1 Efectos patrimoniales de la sentencia de quiebra

La sentencia de quiebra trae aparejado una serie de efectos personales y patrimoniales con la finalidad de habilitar el proceso liquidatorio.

Así, es sabido que el principal efecto de índole patrimonial lo constituye el desapoderamiento, todo lo cual implica también su proyección sobre las relaciones jurídicas preexistentes y los contratos en curso de ejecución, de conformidad a la eventual continuación o cese  de la explotación de la empresa.

Ahora bien, estas medidas patrimoniales se unen inescindiblemente con la inhabilitación del fallido, lo que apareja la imposibilidad de que éste ejerza el comercio por sí o por interpósita persona, como así también se desempeñe como administrador, gerente, síndico, liquidador o fundador de sociedades.

La convergencia de los efectos personales y patrimoniales surge nítido de la lectura del art. 104 de la L.C. que habilita a la fallida a desempeñar tareas artesanales, profesionales o en relación de dependencia, pero que, en el punto que nos interesa, ordena puntualmente que, las deudas contraídas mientras no esté rehabilitado, pueden dar lugar a un nuevo concurso que sólo comprenderá los bienes remanentes una vez liquidada la quiebra y cumplida la distribución.

V.2 La rehabilitación y el cese de los efectos falenciales

En este punto, huelga señalar que la rehabilitación produce la limitación temporal del desapoderamiento sobre bienes futuros y en consecuencia, provoca la formación de dos patrimonios de una misma persona.

De un lado, una masa patrimonial desapoderada, que garantiza el pago de los acreedores concursales admitidos en el proceso falencial y que se conjuga con el art. 107 LCQ, y por otro, aquella masa de bienes integrada por los activos que ingresen al patrimonio del cesante con posterioridad al cese de la inhabilitación que hace frente a las deudas posteriores.

Es decir, el importante efecto patrimonial que genera el esquema rehabilitatorio es la limitación de la garantía a los acreedores concursales respecto de los bienes adquiridos con posterioridad.

Conforme se ha señalado en doctrina, “los bienes que adquiera el sujeto fallido después de su rehabilitación, quedan al margen del desapoderamiento falencial y, por ende, de la liquidación del proceso en el que se lo rehabilita (art. 107, LCQ). En cambio, todos los bienes que hasta ese momento estaban sujetos al desapoderamiento (y consecuente liquidación), conformando la masa activa de la quiebra, continuarán en ese estado, y respecto de ellos el fallido no readquiere su libre administración y disposición”[1].

Esta compleja relación permite señalar que la rehabilitación constituye un modo de conclusión de los efectos de la quiebra y permite al fallido retomar la actividad, adquiriendo nuevos bienes y asumiendo nuevos compromisos.

V.3 La rehabilitación del fallido tiene por efecto la descarga de los saldos insolutos?

Prior a la sanción de la ley 24.522, la legislación concursal argentina establecía que el fallido quedaba liberado de los saldos que quedara adeudando en el concurso respecto de los bienes que adquiera después de la rehabilitación. En efecto, así lo establecía el art. 253 de la Ley 19.551.

Empero, la vigente ley concursal se caracteriza por la falta de previsión legal expresa que libere al fallido de los saldos insatisfechos en la quiebra, motivo por el cual, debe indagarse respecto a los efectos patrimoniales que produce el cese de la inhabilitación.

A partir de estas ideas, la mayoría de la doctrina nacional ha entendido que la rehabilitación permite la liberación del fallido de lo que queda adeudando en la quiebra, respecto de los bienes que adquiera después de ser rehabilitado.

                        En este punto, Truffat ha sostenido que “la omisión expresa de una norma como el art. 253 debe ser salvado por un ingente esfuerzo conceptual. Primero: aún asumiendo cuanto suele haber de voluntarismo en tal tesitura, a través de una interpretación teleológica del instituto liquidativo. Si este no concluye con una liberación de saldos insolutos, perdería parte de su sentido y terminaría consagrando una especie de “muerte civil” para el deudor (y esta figura se lleva mal, muy mal, con los derechos implícitos que surgen de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno –Constitución Nacional, art. 33-). Esto no quiere decir, y así lo he señalado también en algún breve ensayo precedente que la liberación deba ser absoluta: a la luz de nuestra actual sensibilidad frente al problema de los acreedores involuntarios [categoría que, en este caso específico, debe incluir a los acreedores laborales] ¿es tolerable un fresh start omnicomprensivo? [2].

De este modo, y tal como lo sostiene Silvana García, por las deudas de la masa pasiva falencial, el fallido resulta liberado de responder con los bienes que ingresen a su patrimonio a partir de la rehabilitación, quedando esos bienes excluidos de la agresión de los acreedores parcial o totalmente insatisfechos[3].

Este criterio es compartido por este Fiscal de Cámaras, para quien la correcta télesis de los arts. 107 y 236 de L.C. implica que el cese de la inhabilitación falencial opera de pleno derecho, salvo hipótesis de prórroga. A partir de la rehabilitación, nace una nueva masa de bienes y, por ende, los acreedores anteriores no podrán agredirla, pues sólo pueden cobrar sobre los bienes desapoderados[4].

En una palabra, la existencia de una masa post rehabilitatoria impide que los acreedores concursales puedan cobrar sus saldos insolutos en la quiebra con los bienes que no son objeto del desapoderamiento.

VI. Los “gastos de justicia” y la descarga del saldo impago.

Ahora bien, la cuestión debatida en autos plantea la posibilidad de que un acreedor del concurso (como lo es el Síndico en virtud de sus honorarios insatisfechos, art. 240 LCQ) procure el cobro del saldo de dichos gajes mediante la ejecución de los bienes habidos por el fallido, luego de su rehabilitación.

Trátase también, de la legitimación pretendida por la sindicatura para embargar los sueldos percibidos por el fallido con ulterioridad al año de la fecha de quiebra, es decir, luego del automático cese de la inhabilitación.

Para brindar una respuesta al interrogante suscitado, el suscripto considera útil el delimitar conceptualmente a los denominados “gastos de conservación y justicia” contenidos en el art. 240 LCQ, para luego determinar si están comprendidos en la descarga rehabilitatoria o no.

VI.1 Los gastos de conservación y justicia: Concepto

El art. 240 de la ley 24.522 establece que: “los créditos causados en la conservación, administración y liquidación de los bienes del concursado y en el trámite del concurso, son pagados con preferencia a los créditos contra el deudor salvo que éstos tengan privilegio especial. El pago de estos créditos debe hacerse cuando resulten exigibles y sin necesidad de verificación. No alcanzando los fondos para satisfacer estos créditos, la distribución se hace a prorrata entre ellos”.

La norma regula los créditos derivados del procedimiento concursal, o sea, aquellos causados en la conservación, administración y liquidación de los bienes del concursado y en el trámite del concurso, es decir, los que el art. 3879, inc. 1º del CCiv denomina “gastos del concurso”[5].

Estos créditos tienen la particularidad de haber sido hechos en el interés común de los acreedores. Por ello, Yadarola[6] los califica a partir de dos elementos básicos:

i) que su nacimiento esté originado a partir de la apertura del concurso o declaración de la quiebra y tenga una relación de causalidad con el proceso concursal;

ii) que los gastos y/o la actividad aludida sea realizada en beneficio de los acreedores.

VI.2 El problema de la naturaleza jurídica de los gastos de justicia

Históricamente en nuestra legislación concursal se han tratado estos créditos conjuntamente con los privilegios. Ahora bien, sin perjuicio de dicha ubicación normativa, debe señalarse, en cuanto a la naturaleza jurídica de los gastos de conservación y justicia, que estos créditos no constituyen un privilegio propiamente dicho, aún cuando incidan en la graduación y en el cobro de los créditos.

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado, al afirmar que “los créditos del concurso no constituyen privilegio, sino una categoría ajena y extraconcursal, pues su régimen de satisfacción no sigue la marcha del proceso colectivo, atendiéndose los respectivos reclamos inmediatamente y en el supuesto de insuficiencia de fondos está prefisto el prorrateo y no la preferencia de algunos de los créditos respecto de los otros”[7].

A partir de esta delimitación conceptual, el suscripto entiende que lo relevante a considerar, tal como lo sostiene la judicante de primer mérito, es que estas acreencias poseen una naturaleza distinta a las acreencias anteriores y posteriores a la declaración de quiebra.

En efecto, estos gastos se caracterizan por:

1) Nacer con posterioridad a la apertura del proceso que por lo tanto suponen tareas post concursales.

2) Constituir una categoría distinta de las deudas contraídas por el concursado o fallido.

3) No estar sujetos a las mismas reglas que los acreedores del concursado y por lo tanto no rige la pars conditio creditorum, pese a que, entre ellos, frente  a la insuficiencia de fondos (vgr. clausura por falta de activos) debe procederse a la distribución a prorrata;

4) No estar sometidos al proceso verificatorio, que sólo viene establecido como trámite típico y necesario para los acreedores concursales y,

5) Tener el carácter de prededucibles, reconociéndose -con la salvedad de los honorarios de los funcionarios y las gabelas de justicia- el pago inmediato sin aguardar la distribución, ya que su percepción no depende de la determinación de dividendo alguno y el pago inmediato es propio del régimen jurídico de todos ellos, sin distinción.

VI.3 El obligado al pago de los gastos de conservación y justicia

La primigenia diferenciación que el art. 125 de la ley 11.719 efectuaba entre los “acredores de la masa” y los “acreedores del fallido”, entendiendo que los primeros debían ser pagados con preferencia a los últimos, generó en nuestro sistema concursal la discusión respecto de quien es el obligado al pago de dichos gastos, entre los que se incluyen los honorarios del funcionario sindical.

Al referirse sobre el tópico, Kemelmajer de Carlucci ha sostenido que “la terminología anterior no era totalmente acertada, pues la expresión acreedores del concurso puede provocar la creencia errónea de que el deudor es el concurso, como si fuera un ente provisto de personalidad propia. Por el contrario, la tesis según la cual el deudor de los acreedores es el quebrado y no la masa, domina el panorama científico de nuestros días”[8].

Asimismo la prestigiosa jurista afirmó que “la doctrina italiana y española se han ocupado de demostrar que las deudas de la masa no son deudas de la masa activa, ni de la masa pasiva, ni de los órganos de la quiebra, sino que tienen como punto de referencia al quebrado, pues se pagan con el patrimonio de éste. Si las cosas se miran con realismo, se advierte que las llamadas deudas de la masa o del concurso no se pagan con el patrimonio de la masa, que es inexistente, son con el del quebrado…”.

En simples términos, son los bienes del fallido los que responderán por el pago de los gastos y no la “masa de acreedores”, que no tiene personería en nuestro derecho concursal.

VI.4 Los gastos causídicos no se descargan

Desde esta atalaya, puede señalarse que, establecida la diferencia conceptual entre las acreencias anteriores -que sólo pueden ser satisfechas con el producido de los bienes desapoderados (moneda de quiebra) y cuyos saldos insolutos se extinguen frente a la inexistencia de ellos- y las posteriores, es decir aquéllas que se generan luego de la falencia y que no benefician al concurso -que sólo pueden ser cobradas sobre los bienes que conforman la masa activa post rehabilitatoria (art. 104 2º parte, LCQ), aparecen los gastos del art. 240 LCQ, que participan de una naturaleza especial, conforme se evidenció ya, y que pueden ser satisfechos también con los bienes desapoderados, pese a ser de génesis posterior a la declaración de quiebra.

Así la manda establecida en el art. 104 LCQ[9], que impide a los acreedores postconcursales -que no han beneficiado al concurso- el participar del producido de los bienes desapoderados - a menos que exista un remanente-, no es extensiva a los gastos del concurso, que por expresa excepción establecida en el art. 240 LCQ tienen la posibilidad de cobrarse también sobre dichos bienes.

Pero por otro costado, dichos gastos causídicos configuran desde su etiología, acreencias posteriores, extraconcursales, que como todo otro crédito postconcursal, se encuentran garantizados con los bienes que no fueron objeto del desapoderamiento, es decir, los que conforman la masa post rehabilitatoria y en este sentido, no existe norma alguna que excluya de dicho tratamiento a los gastos de conservación y justicia.

Así las cosas, como enseña el tratadista italiano Ragusa Maggiore, “no existen deudas de la masa en sentido estricto, existen deudas del fallido que deben ser pagadas en moneda falimentaria y deudas del fallido que se sustraen a las leyes del concurso; la naturaleza jurídica de ambas es idéntica; salvo la extensión, el fallido responde con todos sus bienes, presentes y futuros; ninguna limitación de responsabilidad está prevista para estas obligaciones desde que la ley quiere que sean cumplidas en su integralidad”[10].

Ésta es la interpretación correcta según lo entiende este Ministerio Público Fiscal, de manera tal que la separación de masas que redunda en la delimitación de la extensión de la responsabilidad sobre unos y otros bienes del fallido, no tiene repercusión cuando se trata del pago de los gastos originados como consecuencia del proceso concursal.

En una palabra, el responsable del pago de todas las acreencias -las anteriores y posteriores a la sentencia de quiebra- será siempre el fallido; sólo que, respecto de los acreedores verificados, de causa o título anterior a su falencia, sólo responderá con los bienes objeto de desapoderamiento y se pagará con el dividendo falencial, mientras que, respecto de los gastos de conservación y justicia, lo hará no solamente con los bienes desapoderados sino también con los otros bienes habidos con posterioridad a la rehabilitación.

Los acreedores verificados deberán aceptar su postergación en el cobro, prefiriendo el pago de esos gastos causídicos, puesto que se entiende que han sido erogados también en su beneficio, rectius, en beneficio del concurso.

Este criterio, receptado por la a quo, ha sido también compartido por  la profesora rosarina Silvana García, para quien “el crédito o su porción insatisfecha, correspondiente a un acreedor del concurso, no resulta alcanzado por los efectos de la liberación por rehabilitación. Por lo tanto, el respectivo acreedor puede intentar por vía individual la satisfacción de su crédito no cubierto, mediante la agresión de bienes que el fallido adquiera luego de su rehabilitación… No parece que deba sostenerse que la garantía patrimonial de los créditos del concurso tenga que resultar la misma ue la que ampara a los créditos anteriores a la quiebra, esto es, sólo los bienes desapoderables. Cabe tener en cuenta, además, que esos créditos (los del concurso) podrían surgir con posterioridad a la rehablitación del fallido”[11].

Por todo ello, este Fiscal considera que los agravios vertidos por la fallida no logran conmover los fundamentos de la sentencia en crisis, y por ende, deben ser rechazados.

VII. Conclusión

En definitiva es criterio de este Ministerio Público que corresponde rechazar la apelación interpuesta, debiendo confirmarse la sentencia en crisis.

Así opino.

Dios Guarde a V.E.

Córdoba, 11 de noviembre de 2011.

 


AUTO INTERLOCUTORIO NUMERO: 36

Córdoba, 09      de Marzo                                    de dos Mil doce.

Y VISTOS:———————————————————–

        Estos autos caratulados “RODRIGUEZ GRACIELA DEL CARMEN -Quiebra Propia Simple- Cuerpo de Ejecución de honorarios de la Cra. Gringruz Beatriz Rita” (Expte.Nº2150567/36), pasados a despacho en virtud del recurso del recurso de apelación interpuesto a fs. 58 por Graciela del Cármen Rodríguez, contra el Auto Interlocutorio Número 129 de fecha 29/06/11 (fs. 52/56).———————————-Y CONSIDERANDO:—————————————————–

               1.- En la ejecución de sentencia que iniciara la Cra. Beatriz R. Gringruz persiguiendo el cobro de la suma de $ 15.051,74 con más intereses, en concepto de honorarios adeudados por su intervención como síndico en la falencia de la Sra. Graciela del Carmen Rodríguez, la demandada opuso excepción de pago aduciendo que los honorarios que se pretenden ejecutar constituyen gastos del concurso que resultan a cargo de la falencia, de allí, que se encuentra cancelados de acuerdo a la distribución en prorrata que contempla el art. 240 de la L.C.Q.———————————-                     En primera instancia no se hizo lugar a la excepción de pago y se ordenó llevar adelante la ejecución de honorarios hasta el completo pago de la suma reclamada con intereses. Para así decidir, la juez aludió a la naturaleza de los honorarios, destacando que el saldo insoluto que se pretende cobrar resulta independiente del proceso quebratorio principal en el que se determinaron y que poseen una naturaleza distinta a las acreencias anteriores a la declaración de quiebra, para terminar admitiendo válido perseguir su cobro por ejecución de sentencia, y sobre los bienes ingresados luego de la rehabilitación del fallido.————-

                 2.- Apelado el decisorio por la ejecutada, insiste en la procedencia de su defensa, en base a que no se puede independizar los honorarios del proceso quebratorio porque la ley los incluye en los “gastos de conservación y justicia”  que se encuentran a cargo del concurso, lo que indica que se satisfacen con el producto de la liquidación. Marca, que el fallido debe responder con los bienes adquiridos hasta  el cese de su inhabilitación.——                       Pero la queja no es válida desde que los motivos brindados por el a quo para repeler la defensa de la ejecutada resultan certeros.——

                        Cuando la ley falencial se refiere a gastos de conservación y justicia no lo hace con el objeto de otorgarle carácter de ente ideal a la comunidad de acreedores, masa de acreedores o concurso, ya que se encuentra afectado un solo y único patrimonio que es el del sujeto fallido. El deudor es siempre el titular del patrimonio. Razona la doctrina que no existen deudas de la masa en sentido estricto, existen deudas del fallido que deben ser pagadas en moneda falimentaria y deudas del fallido que se sustraen a las leyes del concurso; la naturaleza jurídica de ambas idéntica; salvo la extensión, el fallido responde con todos sus bienes presentes y futuros; ninguna limitación de responsabilidad esta prevista los gastos de conservación y justicia desde que la ley quiere que sean cumplidas en su integralidad (Kemelmajer de Carlucci, Aída “Modificaciones al Régimen de Prioridades Concursales”, Rev. Derec.Priv. y  Com. Nro. 11, Concursos y Quiebras II”, pág. 160, citando a Ragusa Maggiore).————————–                         Desde la referida perspectiva, acertadamente destaca el Sr. Fiscal de Cámara, que la separación de masas redunda en la delimitación de la extensión de la responsabilidad sobre unos y otros bienes del fallido, de manera que sólo responderá con los bienes objeto de desapoderamiento a los acreedores verificados de causa o título anterior a la falencia, mientras que los gastos generados por el proceso y luego de haber sido declarada la falencia se podrán hacer efectivos no sólo sobre los bienes desapoderados sino sobre los demás bienes que pudiera haber ingresado al patrimonio luego de la rehabilitación del deudor. En definitiva, si el gasto causídico no ha sido pagado en su totalidad, previa utilización de los cauces concursales de cobro, podrá acudirse en procura de la tutela jurisdiccional mediante acción individual (cfr. García Silvana M. “Extinción de las obligaciones por quiebra, Ed. Astrea, Bs. As., pág. 246/7; Iglesias, José Antonio, “Los créditos del concurso, en Doctrina Societaria y Concursal, Errepar, Buenos Aires, 1988, T.I, pág. 235, entre otros).———————————————                    3.- En definitiva, y en mérito a las razones expuestas en el punto anterior, no debe hacerse lugar a la apelación, con costas a cargo de la impugnante (art. 130 CPC).——————-

                          Por todo ello,—————————-SE RESUELVE:——————————————————–                         No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la ejecutada, con costas (art. 130 C.P.C.). A tales fines se determinan los honorarios de la Dra. Virginia de La Cruz Borda en el dieciséis por ciento del punto medio de la escala del art. 36 que corresponda aplicar en el caso (arts. 36, 39, 40, 82, 26 contrario sensu y conc. de la ley 9459).—————————-                   Protocolícese, hágase saber y bajen.——–