COSTAS AL SÍNDICO: UN FALLO QUE ARROJA UN POCO DE LUZ SOBRE LA CUESTIÓN.

 

 

Por Claudio Alfredo CASADÍO MARTÍNEZ

 

I. Introducción.

 

         Hace algún tiempo sostuvimos que comprobada la negligencia del síndico concursal, que luego derivara en la formación en un incidente por tal causal, podría eventualmente originar la imposición de costas al mismo[1].

         Esta regla en nuestra opinión sería sólo aplicable en el supuesto que existiera una groserísima (si se nos permite la expresión) omisión o negligencia del síndico, o bien cuando éste a sabiendas, litigue sin razón valedera y teniendo conciencia de la sin razón o incurriendo en graves inconductas procesales en violación de los deberes de lealtad, probidad y buena fe, es decir ante una actuación malintencionadamente grave y manifiesta.

         Ahora, el precedente que hoy nos convoca vuelve sobre la cuestión revocando, en el caso concreto la imposición de costas que se le hiciera al síndico.

         Contrariamente a lo que podría pensarse de la lectura de esta breve introducción, somos de la opinión que este precedente no hace más que ratificar nuestra postura, como analizaremos a continuación.

 

II. El carácter de la función sindical.

        

         Estimamos que indisolublemente vincula con la cuestión bajo análisis se encuentra la referente a la naturaleza jurídica de este “personaje” tan particular de los concursos, como es el síndico, empero su análisis detallado sería objeto un comentario que excede el objeto de éste.

         Al respecto se han sostenido a través de la historia del derecho concursal patrio distintas teorías, algunas hoy abandonadas por la doctrina especializada, pero que en ocasiones solemos escuchar, incluso por parte de letrados no acostumbrados a las cuestiones concursales.

         Al respecto sólo citaremos algunas opiniones tomadas de los capítulos que han escrito Graziabile y Truffat en el libro colectivo “Tratado del Síndico Concursal” publicado el año próximo pasado, en el que tuvimos el honor de participar[2]. En concreto tenemos las siguientes interpretaciones:

         1. Mandato y representación de los acreedores

         2. Representación del fallido

3. Representación de la masa

         4. Representación del Estado

         5. Sustitución y subrogación

         6. Función pública

         7. Órgano del concurso

         Al respecto sólo acotemos que por nuestra parte en otra oportunidad hemos adherido a esta última postura[3].

         Luego, según como veamos al síndico (si mandatario, si funcionario, etc.) dependerá la circunstancia si pueden imponérsele las costas y en que caso, y que normas corresponde aplicar supletoriamente.

 

III. El caso comentado.

 

         Un síndico habría iniciado una incidencia basada en la existencia de un error en el otorgamiento de un poder y que originaba ciertas consecuencias concursales. Llegada por vía de apelación a la Cámara respectiva, ésta consideró que en realidad se estaba ante “un simple y anodino error material” fácilmente perceptible por la Sindicatura, desestimándose la acción e imponiéndole las costas en forma personal a ésta.

         Ante esta situación, el síndico plantea recurso extraordinario contra la imposición de costas que se le efectúa, el cual es rechazado, motivo por el cual recurre en queja al Superior Tribunal de Justicia de Córdoba que la admite y se aboca al análisis de la cuestión.

 

IV. Argumentos de la Cámara de Apelaciones.

 

         Siguiendo a este último Tribunal, podemos decir que, sintéticamente la Cámara se basó en tres argumentos basilares para decidir que los gastos causídicos debían ser puestos en cabeza de la sindicatura “a título personal”.

         El primero, sustentado en las reglas del mandato, mediante el cual se aduce que “el motivo pueril que invocó para promover el incidente” hace suponer que la incidencia se articuló con el sólo objeto de generar a su favor un “crédito por honorarios”, privilegiando “sus intereses por sobre los de la quiebra”, cuyo fundamento jurídico se encuentra en los arts. 1907 y 1908 CCiv.[4].

         En segundo lugar se aplicó analógicamente el art. 137 del CPCC afirmándose que la obligación de hacer frente a las costas por parte del síndico derivaba del incumplimiento de las responsabilidades que le incumbían como “auxiliar de los jueces”[5].

         Finalmente, la Cámara afirma que sobraban los motivos para considerar imprudente la actuación del Síndico y que la ponderación y el conocimiento de las cosas que es exigible al funcionario, tanto más si actúa asistido por abogado, debió llevar a evitar el innecesario incidente.

 

IV. La  casación.

 

         Tal como adelantásemos, el más Alto Tribunal de Córdoba hace lugar a la queja y revoca la imposición de costas.

         Al respecto se sostiene, haciendo referencia al primer argumento de la Cámara que la creencia subjetiva de los juzgadores, según la cual la incidencia se planteó “sólo” para crear un crédito arancelario en contra de la quiebra, carece de todo elemento objetivo que la sustente y se contradice con las constancias de la causa. Esto último por cuanto el error aducido por sindicatura realmente existió y que el Fiscal de Cámara -en oportunidad de contestar la apelación deducida por la Sindicatura- coincidió con los agravios formulados por ésta, concluyendo que en su opinión existían “razones de fuste” para acoger la impugnación ordinaria. Ergo se trata de una cuestión opinable pero no “pueril”.

         Además se recuerda que la sanción o reproche judicial de una presunta inconducta procesal del mandatario (teoría a la que parecería adherir la Cámara) está destinada a los casos de “real y manifiesta gravedad”, atento que una solución contraria haría peligrar -en no pocas oportunidades- la garantía de la defensa en juicio.

         Por ello es que si la defensa ejercida por la Sindicatura encontró elementos objetivos que la sustentaron e incluso la opinión coincidente del Sr. Fiscal de Cámara, está claro que tal gravedad no se configura.

         Con referencia a la aplicación analógica del ya citado art. 137 CPCC postulan que su interpretación es restrictiva, debiendo verificarse la existencia de una “notoria malicia” de parte de los funcionarios que alude la norma, y que como no hace mención al síndico concursal no podría hacérsele extensiva la misma.

         Empero los altos magistrados no se quedan allí y expresan que ninguna de las consideraciones vertidas en el pronunciamiento ponen de manifiesto la “notoria malicia” exigida por la norma como condicionante de su operatividad.

         Con referencia al tercer argumento se expresa que el mismo adolece de la falacia de petición de principio, pues se pretende justificar una afirmación, utilizando esa misma afirmación para probar lo que se sostiene. Ello así por cuanto la Cámara asegura que la conducta desplegada por la Sindicatura fue “imprudente” ya que omitió tomar las precauciones del caso para evitar la incidencia.

 

V. Y entonces, ¿las costas a cargo de quien son?

 

         El superior tribunal cordobés respecto de esta cuestión recuerda que las costas por regla, se deben imponer conforme el principio objetivo de la derrota en juicio y que por lo tanto son a cargo de la nulidiscente que resulta vencida, circunstancia que por otro lado habría quedado firme por ausencia de agravio idóneo que logre conmover lo decidido sobre el punto.

         Por ello es concluyen que las costas se deben imponer a la nulidiscente es decir, deben ser soportadas por la masa falencial, ya que en definitiva sindicatura no es la vencida, sino la fallida por ella representada, y su incuria o negligencia tiene otros remedios que son los previstos específicamente en la ley.

         Al respecto se cita la opinión de la Corte Suprema de la Provincia de Mendoza[6], donde se interpretó que la condena en costas a la sindicatura debe rechazarse por tres razones: a) Carece de todo apoyo normativo; b) Ignora la naturaleza jurídica de la función del síndico; y c) Configura una errónea aplicación de la ley, porque el órgano concursal no es el vencido sino la masa de acreedores.

 

VI. La doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la cuestión.

 

         Hace ya más de una década en el caso “Aurelio Flores”[7] el máximo Tribunal de la República se expidió sobre este tema, en voto unánime de los magistrados que la integraban en dicha oportunidad, con favorable recepción por parte de la doctrina[8].

         Allí se remarcó que si bien, en principio, las cuestiones relacionadas con la imposición de costas constituyen materia procesal y accesoria que no da lugar al recurso del art. 14 de la ley 48, cabe hacer excepción a esa regla cuando la decisión no satisface la exigencia de validez de las sentencias, que supone la aplicación razonada del derecho vigente, con adecuada referencia a las concretas circunstancias de la causa.

         La imposición de las costas a sindicatura se había fundado en la “aplicación conceptual” del art. 52 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación[9].

         Al respecto el Alto Tribunal expresó que la asimilación efectuada carece de todo sustento, en tanto dicha norma impone una obligación de reembolso de las costas ya afrontadas por el poderdante, cuando medie una declaración judicial de culpa o negligencia, extremos que no se configuraron en el caso.

         Asimismo se postuló que se equiparó al “funcionario del concurso” – síndico con el simple mandatario, con olvido de la regulación específica que, en tal materia, contiene la ley 24.522, inclusive en lo referente a las sanciones aplicables en caso de negligencia, falta grave o mal desempeño de su parte.

         Por tales motivos es que se hace lugar al recurso impetrado y se deja sin efecto el fallo de la Cámara de Apelaciones.

         Conforme nuestra visión lo esencial de la resolución de la Corte radica en que se hace hincapié en el régimen autónomo de sanciones que posee el síndico previsto por la misma LCQ.

         Esta corriente es luego ratificada por la Corte Federal en el caso “Kunta SA”[10], donde se expresa que en la anterior instancia se impusieron al síndico en forma personal las costas originadas en la desestimación de la demanda deducida por él en su calidad de síndico concursal, en razón de que “…no se [apreciaba] la existencia de causas excepcionales que [justificaran] el apartamiento del principio general contenido en el art. 68 del ritual, pues la circunstancia de que el síndico actúe en defensa de los intereses de la masa no lo exime de la obligación de abstenerse de formular planteos improcedentes so pena de que, en caso contrario se le impongan las costas, al resultar vencido”.

         Al respecto se resolvió que aquel tribunal incurrió en grave apartamiento de la normativa legal aplicable pues, al considerar que el síndico era quien había resultado vencido en autos y apoyar en esa argumentación su condena en costas, omitió hacerse debidamente cargo de que no había mediado en autos ninguna actuación suya efectuada a título personal, extremo del que no pudo prescindir al evaluar la viabilidad de atribuirle directamente -como lo hizo- las consecuencias jurídicas de un obrar que había desarrollado en su calidad de órgano concursal.

        

VII. Nuestra opinión.

 

         Contrariamente a lo postulado por la Corte Suprema y la Corte mendocina somos de la opinión que aunque la posibilidad de imponer las costas al síndico no se encuentre prevista en la LCQ, ella es aplicable en los casos extremos que hemos expuesto en el punto I de este comentario (y reiteramos, sólo en ellos).

         Esto así por cuanto vislumbramos que la misma es independiente de la sanción que pudiera caberle en el ámbito concursal y tiene un carácter netamente moralizante, tal como acontece con los letrados cuando en forma excepcional le son impuestas las costas conjuntamente con sus clientes.

         Claro está que esta potestad debe ser aplicada con suma prudencia por los jueces, tal como acontece con la prerrogativa respecto de los letrados, citada en el párrafo precedente.

        

VII. Colofón.

 

         Estimamos que este fallo viene a poner en claro que no cualquier petición o acción que inicie el síndico da derecho a que se le impongan las costas en caso de ser desechada.

         Esto sólo puede acontecer en forma excepcional, cuando tal como se expresa en este precedente, el síndico actúe con malicia o dolo, ya que en estos casos no tiene porque cargarse las costas a la masa y ello se encuentre debidamente acreditado en la causa.

         Estimamos que una interpretación amplia de esta sanción excepcionalísima, haría que la actuación del síndico se transformara en una auténtica actividad riesgosa y desembocaría en que ningún síndico iniciaría nunca ninguna acción de recomposición patrimonial o de responsabilidad o siquiera intentaría el cobro de deudas ante el peligro latente que significa esta “espada de Damocles” pendiendo sobre su patrimonio.

         En definitiva un fallo atinado que termina poniendo las cosas en su lugar.

 

Publicado en La Ley