SENTENCIA NÚMERO: Ciento treinta y uno (131).—————-

 

—–En la ciudad de Córdoba, a los dieciocho (18) días del mes de Octubre de dos mil doce, siendo las once horas (11.00hs.) reunidos en Audiencia Pública los Sres. Vocales de la Excma. Cámara Segunda de Apelaciones de esta ciudad, a los fines de dictar sentencia en estos autos caratulados: “SUAREZ, Mario Alberto – QUIEBRA PROPIA SIMPLE – CUERPO DE EJECUCIÓN DE HONORARIOS: DE LA CRA. GRINGRUZ, BEATRIZ RITA (2150572/36)” venidos a despacho del Juzgado de Primera Instancia y Trigésimo Tercera Nominación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, en apelación contra el Auto Interlocutorio Número doscientos once (211), de fecha catorce de Octubre de dos mil once, dictado por la Sra. Juez Dra. Delia I. R. Carta de Cara, por la cual se resuelve: I) Rechazar la excepción de pago opuesta por el fallido Sr. Mario Alberto SUÁREZ, al progreso de la ejecución promovida en su contra por el Síndico actuante en la causa principal, Cra. Beatriz Rita Gringruz. II) Mandar llevar adelante la ejecución de honorarios hasta el completo pago de la suma reclamada con más los intereses respectivos a computar conforme lo dispuesto en el Considerando respectivo. III) Costas a cargo de la ejecutada. IV) Fijar el arancel profesional de la Cra. Beatriz Rita Gringruz y de la Dra. Virginia de la Cruz Borda, por las tareas cumplidas en la oposición de excepciones a la ejecución, en conjunto, en la suma de $494,84 (pesos cuatrocientos noventa y cuatro con ochenta y cinco centavos). V) No fijar honorarios a favor del Dr. Fernando Mingolo, en virtud de lo dispuesto por el art. 26 contrario sensu, C.A.. Protocolícese, hágase saber y dése copia.”——————————————————

 

—–Este Tribunal, en presencia del actuario, se plantea las siguientes cuestiones a resolver:—————————-

 

—–1)-¿Es procedente el recurso de apelación?.————-

 

—–2)-¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.————

 

—–Efectuado el Sorteo de Ley, la emisión de los votos resulta en el siguiente orden: 1) Dra. Silvana María Chiapero; 2) Dr. Mario Raúl Lescano.————————-

 

—–A LA PRIMERA CUESTIÓN LA SEÑORA VOCAL DOCTORA SILVANA MARÍA CHIAPERO, DIJO:———————————————1.- Contra el Auto  Interlocutorio N° 211, dictado con fecha 14 de octubre de 2011 por la Sra. Juez de Primera Instancia y 33° Nominación en lo Civil y Comercial de esta ciudad (Concursos y Sociedades N° 6), interpuso el Sr. Mario Alberto Suárez recurso de apelación (fs.75), que fuera concedido por el a quo (fs. 79). Radicados los autos en esta Sede, expresa agravios el apelante (fs.84/85) siendo confutados por la actora ejecutante Cra. Beatriz Rita Gringruz (fs. 87/87 vta.). Firme y consentido el proveído de autos, queda la cuestión en estado de estudio y resolución.—

 

—–2.-Promovida por la sindica designada en el proceso quebratorio del Sr. Mario Alberto Suárez, ejecución persiguiendo el cobro del saldo insoluto de sus honorarios profesionales regulados en la quiebra, el fallido opone excepción de pago, arguyendo que tales emolumentos constituyeron gastos del concurso, en cuyo marco han sido solventados “a prorrata” conforme los fondos obtenidos en el proceso liquidativo, por lo que no correspondería autorizar la ejecución.————————————————

 

—–3.- La Sra. Juez de la anterior instancia, tras establecer la naturaleza independiente del crédito por honorarios respecto del proceso en que se devengan, destaca que la ejecutante no es una acreedora de la quiebra, sino que es titular de lo que el art. 240 L.C.Q. denomina “gastos de conservación y justicia”, los que poseen una naturaleza distinta a las acreencias anteriores y posteriores a la declaración de la quiebra. Sostiene  por tanto, que conforme postura autoral que cita, la porción insatisfecha de tales honorarios no resultaría alcanzada por la liberación que provoca la rehabilitación. Consecuentemente concluye que es correcta la vía individual intentada ya que no puede limitarse el cobro del saldo insoluto de los honorarios a su percepción con los fondos existentes en la falencia, pudiendo la profesional agredir los bienes ingresados al patrimonio del fallido con posterioridad a la rehabilitación.———–

 

—–4.- Dicho pronunciamiento provoca la apelación del Sr. Mario Alberto Suárez quien denuncia en esta Sede que los honorarios cuya ejecución se pretende, constituyen gastos del concurso (art. 240 L.C.Q.) a cargo de la falencia y sujetos a un régimen de cobro especificado previsto en la directiva en cuanto reza: “…no alcanzando los fondos para satisfacer estos créditos, la distribución se hace a prorrata   entre ellos”.——————————————————

 

—–Dice que los gastos del concurso no pueden independizarse del proceso quebratorio, ya que la misma ley los incluye como gastos de conservación y justicia, cuyo pago es a cargo del concurso, lo que significa que se satisfacen  con el producto de la liquidación del activo falencial y con el rango preferencial que le otorga el art. 240 L.C.Q..——

 

—–Adita que el art. 236 L.C.Q. dispone que la inhabilitación del fallido se extiende por el lapso de un año, período en el que el fallido responde con los bienes que adquiera hasta su rehabilitación (art. 107 L.C.Q.) y que con dichos bienes se deben afrontar los gastos de justicia conforme las preferencias previstas por el propio ordenamiento falimentario (art. 239 L.C.Q.).—————–

 

—–5.- A su turno la síndica ejecutante reclama se declare la deserción del recurso, puesto que el apelante se habría limitado a transcribir las defensas opuestas en la anterior instancia, sin censurar críticamente las razones vertidas por la iudex para su desestimación.——————————

 

—–6.- El recurso ostenta suficiencia técnica bastante para considerarlo mantenido en esta Sede, desde que existe crítica al razonamiento  seguido por la iudex para desestimar la excepción de pago opuesta al progreso de la ejecución. Nótese que el recurrente desarrolla la que entiende como correcta hermenéutica de las normas concursales que cita (arts. 240, 236 y 239 L.C.Q.), criticando la diferente postura adoptada por la Sra. Juez a quo, lo que constituye embate suficiente a los fines de considerar mantenido el recurso, sin perjuicio del valor de convicción que en definitiva se le atribuya para revertir el resultado de la contienda.———————–

 

—–7.-Despejada esa cuestión formal, corresponde ingresar a analizar la procedencia sustancial de la impugnación.——–

 

—–No se encuentra discutido en la presente causa que los honorarios  regulados a favor del síndico en la quiebra del Sr. Suárez, constituyen gastos de conservación y justicia conforme los denomina el Ordenamiento concursal vigente (art. 240 Ley 24522).———————————————-

 

—–Estos créditos, fueron llamados con anterioridad “créditos de concurso” (ley 19.551), mucho antes “acreedores de la masa” (Ley 11719) y que en la actualidad, según doctrina más moderna, deberían denominarse “créditos prededucibles”, ( terminología no exenta de críticas atento su carácter procesal, ver Iglesias, Graziabile –Marron, Carlos Moro, citados por Rivera  en “Derecho Concursal” Tomo III, La Ley, pág. 508,), son créditos cuyo deudor es el quebrado y no la masa o el concurso (que carece de personalidad), pues se pagan con el patrimonio de aquél.—–

 

—–La cuestión controvertida traída a esta Alzada, está circunscripta a determinar si los saldos insolutos de dicho tipo de créditos (art. 240 L.C.Q.), en particular los honorarios del síndico  que no han podido ser satisfechos íntegramente en oportunidad de las distribuciones efectuadas en la quiebra, pueden ejecutarse sobre bienes adquiridos por el fallido con posterioridad a su rehabilitación.————

 

—–Dicho en otros términos, el conflicto radica en establecer si la mentada extraconcursalidad de los créditos de conservación y justicia predicada por la Sra. Juez de la anterior instancia, es tan amplia y absoluta que  el fallido no se libera de los saldos insolutos de las distribuciones efectuadas en el proceso quebratorio y por tanto  debe responder con los bienes adquiridos con posterioridad a la rehabilitación, o por el contrario si lleva la razón el fallido en cuanto propicia que no corresponde la ejecución ya que tales créditos fueron pagados a prorrata con el producido de los bienes desapoderados (art. 107 y  240 in fine L.C.Q.) debiendo conformarse con la comunidad de pérdidas ( ley del dividendo).————————————————–

 

—–7.-Para resolver adecuadamente la controversia así planteada, resulta menester referirse sucintamente a la naturaleza jurídica de este tipo de acreencias.————–

 

—–La locución utilizada por el legislador “gastos de conservación y justicia” evoca la terminología utilizada por el Código Civil cuando regula los gastos de justicia en los arts. 3879 inc. 1° y 3900 del Código Civil.——————

 

—–Como lo explica el codificador en la nota al art. 3875 estos gastos “más que un privilegio son un pago anticipado y necesario hecho del conjunto de los valores destinados a los acreedores”.————————————————-

 

—–En concordancia con ello la doctrina mayoritaria hoy acepta que los gastos de justicia y conservación no son estrictamente privilegios, sino una preferencia a ser pagados antes que el resto de los acreedores, siempre que los créditos hayan sido útiles para los acreedores a quienes se oponen. (Adrogué, Manuel Ignacio “La prelación de créditos en materia concursal” Abeledo Perrot, 1976, p 50; Fassi Santiago y Gebhardt, Marcelo, “Concursos y quiebras”, Astrea, 1996, p 470; Lorente, Javier; “La Nueva ley de concursos y quiebras”. Ley 24522, Ed Gowa, Bs As., 1995, p 378).——————–

 

—–Así se ha destacado que la ley 24522, al igual que su predecesora, ha ubicado incorrectamente a los acreedores por gastos de conservación y justicia entre los créditos privilegiados (el Capítulo I del Título IV, se sigue llamando Privilegios), cuando ambas categorías no son idénticas, ya que los privilegios se otorgan atendiendo a la causa del crédito, en tanto que el fundamento de los acreedores del concurso se encuentra en la finalidad del procedimiento, y en última instancia en razones de política legislativa derivada de la función económica y social (Kemelmajer de Carlucci , Aída en: “Modificaciones producidas por la ley 24522 al régimen de las prioridades concursales no excluyentes”, Revista de Derecho Privado y Comunitario Concursos y Quiebras II, pág. 155 y sgtes).—————————————

 

—–Dicha preferencia encuentra fundamento en el enriquecimiento sin causa que obtendrían los acreedores a costas de quien hubiera contribuido con su labor a facilitar o gestionar el cobro de los créditos, si no satisficiesen – antes de que éstos fuesen abonados- los importes que hubiesen sido necesarios para lograr ese propósito. (Lloveras, Néstor Luis en “El privilegio de los gastos de justicia y la nueva ley de concursos”  E.D. 45 1973 pág. 887 y sgtes., con cita de Llambías).————————————————

 

—–La jurisprudencia se ha hecho de tal distinción afirmando:  “… el gasto de justicia escapa a todo conflicto, está por encima de todo privilegio, porque es más que un privilegio, es una preferencia de carácter especialísimo otorgada a ciertos créditos, frente a determinados acreedores a quienes esos gastos les han sido útiles” (Cám. Civ. y Com. Trab y Fam. De Cruz del Eje, 5-5-94 “Barzán, M. C/ Panadería La Argentina”, L.L.C. N° 10, 1995, p 898).——————————————————–

 

—–Incluso el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación ha sostenido esta diferenciación al sostener: “ …los créditos del concurso no constituyen privilegio, sino una categoría ajena y extraconcursal, pues su régimen de satisfacción no sigue la marcha del proceso colectivo, atendiéndose los respectivos reclamos inmediatamente y en el supuesto de insuficiencia de fondos está previsto el prorrateo y no la preferencia de algunos créditos respecto de otros” (C.S.J.N., 6.4.1993, E.D. 154-577, el resaltado nos pertenece).———

 

—–Ahora bien, no obstante que el Estatuto concursal ubica incorrectamente a los gastos de conservación y justicia en el capítulo de los privilegios, ha destacado importantes diferencias entre ambas categorías, efectuando un importante aporte técnico en materia de prioridades no excluyentes. En tal sentido dispone las siguientes diferencias a saber: a. Pago inmediato: El pago de estos créditos debe hacerse cuando resulten exigibles; b. Devengamiento de intereses: Se han ensayado dos argumentos para justificar el devengamiento de intereses a saber: por  tratarse de créditos prededucibles, el incumplimiento de la obligación al tiempo de la exigibilidad produce el devengamiento de intereses; o bien, como lo ha sostenido la justicia nacional comercial,   los intereses se devengan  porque la suspensión prevista en el art. 129 L.C.Q. no alcanza a estos créditos contra el concurso c.-Innecesariedad de verificación: No están sometidos al proceso de verificación, d.- Prorrateo: La ley también dispone que no alcanzando los fondos para satisfacer estos créditos, la distribución se hace a prorrata entre ellos.——————————————————-

 

—–En cuanto a la vía por la que se pueden hacer efectivos las respuestas de la doctrina no son pacíficas, habiéndose ensayado distintas posturas.———————————

 

—–Algunos autores sostienen que, dada la extraconcursalidad de estos créditos, no están alcanzados por el fuero de atracción, consecuentemente “…previa utilización de los cauces concursales de cobro, y ante su inutilidad, podrá acudirse en procura de la tutela jurisdiccional por ante el juez competente”, de conformidad a las reglas generales (Iglesias, Los créditos del concurso, T. I p. 237).—————————————————

 

—–Otros, opinan que mientras el concurso no esté concluido, el acreedor del concurso debe presentarse ante el juez concursal y solicitar el reconocimiento de su crédito. Consideran que no se trata de una acción individual que no genere costas, sino de una mera presentación  que las evitará cuando no haya cuestiones controvertidas. Fundan esta postura en que: “…aunque la ley ha previsto su pago inmediatamente que se hacen exigibles, no ha declarado la absoluta “extraconcursalidad” (Kemelmajer de Carlucci, trabajo cit. p. 190).——————————————————–

 

—–Ahora bien, sobre el “quid” que plantea el presente recurso, la ley ha regulado insuficientemente la cuestión y la doctrina nacional no se ha expedido con contundencia a su respecto.—————————————————-

 

—–Esta comprobación nos evoca las palabras pronunciadas por el magistrado Doménico Mazzoca, recordadas por  Aída Kemelmajer de Carlucci al sostener que existe una laguna legal frente a la cual: “…En la materia, al menos desde el punto de vista sistemático, casi nada es seguro, o cuanto menos pacífico. Lo único cierto es que todo es discutible, desde el concepto hasta los efectos” (Discursos publicados bajo el título “La tutela dei crediti di massa nelle procedure concorsuali” en rev. Il diritto fallimentare e delle societa commercialli, annata LXV, maggio- giuggno de 1990, N° 3 , P 397 pp, citado por Aída Kemelmajer de Carlucci en: “Modificaciones al régimen de prioridades concursales”, Revista de Derecho Privado y Comunitario Tomo II, pag 177).–

 

—–Frente a esta laguna labor de la jurisprudencia consiste en enfrentar la difícil tarea de colmarla adecuadamente.—–

 

—–Abocada a ese “mettier” la magistrada de la anterior instancia adopta la solución que propicia la autora rosarina que cita, quien edifica su pensamiento acerca de la absoluta extraconcursalidad de los gastos del concurso y por tanto la posibilidad de su titular de agredir para obtener el cobro de los saldos insolutos sobre los bienes adquiridos por el fallido con posterioridad a su rehabilitación, sobre la base de la disímil naturaleza de los créditos del concurso.——-

 

—–La autora razona de la siguiente manera: “…Sostenemos que el crédito o su porción insatisfecha, correspondiente a un acreedor del concurso, no resulta alcanzado por los efectos de la liberación por rehabilitación. Por lo tanto, el respectivo acreedor puede intentar por vía individual la satisfacción de su crédito no cubierto, mediante la agresión de bienes que el fallido adquiera luego de su rehabilitación. Ello implica afirmar un tratamiento diferente con relación al resto de los acreedores concursales (concurrentes o no) Pensamos que ello es así, en razón de la disímil naturaleza de los créditos del concurso. La extraconcursalidad que hace a su esencia justifica que no se aplique a su respecto la  generalidad de los efectos que rigen intraconcursalmente: entre ellas la liberación patrimonial por rehabilitación. Por esa diferente naturaleza se ha reconocido su derecho al devengamiento de intereses hasta su pago, la ajenidad a la ley del dividendo, la consecuente inaplicabilidad de la caducidad para el cobro de importes asignados en un proyecto de distribución, la posibilidad de accionar individualmente contra el concurso, etcétera. No parece que deba sostenerse que la garantía patrimonial de los créditos del concurso tenga que resultar la misma que la que ampara a los créditos anteriores a la quiebra, esto es, sólo los bienes desapoderables. Cabe tener en cuenta, además, que esos créditos (los del concurso) podrían surgir con posterioridad a la rehabilitación del fallido” (Silvana Mabel García en: “Extinción de las obligaciones por la quiebra”, Astrea, pág. 246 y sgtes).————————————————

 

—–La solución de la cuestión controvertida impone  adentrarse en la cuestión vinculada a los efectos patrimoniales que provoca la rehabilitación del fallido.—–

 

—–Sabido es que antes de la sanción de la ley 24522, el Estatuto concursal establecía con toda claridad que el fallido  rehabilitado quedaba liberado de los saldos insolutos que quedaran luego de las distribuciones de la quiebra, respecto de los bienes que adquiriera con posterioridad a su rehabilitación, pues así lo establecía expresamente el art. 253 de la Ley 19551.——————–

 

—–El actual ordenamiento concursal (Ley 24522) en cambio, no ha mantenido dicha directiva que libere al fallido de los saldos insatisfechos de la quiebra, lo que ha provocado una diáspora de opiniones a su respecto.————————-

 

—–Sin embargo, la doctrina mayoritaria ha entendido que la omisión legislativa, no impide llegar a idéntica conclusión, aunque con un esfuerzo conceptual, el que  significa interpretar teleológicamente el instituto liquidativo. Así hoy se sostiene que  si se eliminara la liberación del fallido, la quiebra perdería parte de su sentido y consagraría una especie de “muerte civil” para el fallido prohibida por el ordenamiento (art. 103 C.C.) (Truffat Daniel “Desapoderamiento y efectos patrimoniales de la rehabilitación”, Silvana Garcia, opus citada, pág. 183 y sgtes.).—————————————————–

 

—–Por tanto, se admite que de la correcta télesis de los arts.107 y 236 L.C.Q., el cese de la inhabilitación falencial opera de pleno derecho y a partir de ella nace una nueva masa de bienes que los acreedores anteriores (concurrentes y no concurrentes) no podrán agredir, pues solo podrán cobrar sobre los bienes desapoderados (Junyent Bas, Francisco en: “El cese de la inhabilitación: el nacimiento de una nueva masa y la extinción de las obligaciones”, ponencia en la XVI Jornadas de Institutos de Derechop Comercial, Santa Fe, 27 y 28 de agosto de 2009, pág 275 del libro de ponencias).——-

 

—–Ahora bien, de esta conclusión no se deriva derechamente que los acreedores por gastos de conservación y justicia deban quedar atrapados por esta liberación del deudor como consecuencia de su rehabilitación, pues allí es en donde comienza a producir sus efectos diferenciadores la distinta naturaleza de estos créditos.——————————–

 

—–En efecto, las acreencias anteriores a la quiebra solo pueden ser satisfechas con el producido de los bienes desapoderados y sus saldos insolutos se extinguen frente a la inexistencia de bienes suficientes para satisfacerlos. Las acreencias posteriores (generadas con posterioridad a la falencia pero que no han beneficiado al concurso) sólo pueden ser cobradas sobre los bienes que conforman la masa activa pos rehabilitación (art. 104 segunda parte L.C.Q.).———-

 

—–Por el contrario los gastos de conservación y justicia, pese a que constituyen créditos devengados con posterioridad a la quiebra, no solo están autorizados a cobrarse sobre los bienes desapoderados (por así disponerlo expresamente el art. 240 L.C.Q.), sino que también pueden agredir los bienes que conforman la masa activa post rehabilitación, por  ausencia de norma concursal que excluya esta posibilidad.————-

 

—–A ello se suma que no se trata de deudas preconcursales que deben ser pagadas conforme la ley del dividendo, sino de deudas que ha asumido el fallido con posterioridad a la declaración de su quiebra (y solo excepcionalmente anteriores) que se sustraen a las leyes del concurso y por tanto no se encuentran limitadas en su cobro al producido de los bienes desapoderados, sino que pueden cobrarse de todos los bienes presentes y futuros del fallido.——————

 

—–En ese sentido parece inclinarse Ragusa Maggiore, citado textualmente por Kemelmajer de Carlucci cuando sostiene: “No existen deudas de la masa en sentido estricto, existen deudas del fallido que deben ser pagadas en moneda falimentaria y deudas del fallido que se sustraen a las leyes del concurso; la naturaleza jurídica de ambas es idéntica; salvo la extensión, el fallido responde con todos sus bienes, presentes y futuros; ninguna limitación de responsabilidad esta prevista para estas obligaciones desde que la ley quiere que sean cumplidas en su integralidad ( Ragussa Maggiore, “Relazione generale,” en rev Il Diritto fallimentarie annnata LXV , maggio giugno de 1990, n° 3 p 407, en el orden nacional, en sentido concordante, Iglesias José Antonio ,“Los privilegios en la Ley de Concursos y los créditos del concurso” en R.D.C.O, Año 21, 1988-222, “Los créditos del concurso” en Doctrina Societaria y Concursal,  Errepar, Buenos Aires, 1988, T I, p 235).—————————–

 

—–En suma, pese a que la norma establece el pago a prorrata de los créditos de conservación y justicia, sobre los bienes desapoderados, lo que es de toda lógica pues esta labor se ha realizado en beneficio de la generalidad de los acreedores, ello no conlleva, como parece entender el fallido, que su rehabilitación importe liberación de los saldos insolutos de este tipo de acreencias generadas  en beneficio de todos los acreedores,  desde que la distinta naturaleza de estos créditos y su condición de créditos correspondientes a una categoría “ajena y extraconcursal” conforme los términos de mismísima  la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sumada a la ausencia de una directiva legal expresa que establezca la liberación del deudor de asumir los saldos insatisfechos con los bienes post rehabilitación, me inclinan por confirmar el temperamento sostenido por la magistrada de la anterior instancia en cuanto autoriza la agresión de bienes adquiridos por el fallido con posterioridad al cese de la inhabilitación.——

 

—–Sin perjuicio de ello estimo que las costas generadas en esta Alzada deben ser distribuidas por el orden causado atento lo novedoso de la cuestión controvertida y la ausencia de una norma expresa que de solución clara al litigio, lo que pudo razonablemente  estar en la causa de que el fallido se haya creído con derecho para traer la cuestión a esta Alzada (art. 130 in fine C.P.C.).———————————–

 

—–A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR MARIO RAÚL LESCANO, DIJO: ————————————-—–Que adhiere al voto y fundamentos emitidos por la Vocal preopinante, votando de igual modo.——————–

 

—–A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA SILVANA MARÍA CHIAPERO DIJO:———————————

 

—–En mi opinión corresponde. 1.- Rechazar la apelación y en consecuencia confirmar el resolutorio apelado en todo cuanto decide y ha sido motivo de agravios. Imponer las costas por el orden causado (art. 130 in fine C.P.C.) y no regular honorarios a los profesionales intervinientes, sin perjuicio de sus respectivos derechos (art. 26 contrario sensu Ley 9459).———————————————

 

—–Asi voto.———————————————–

 

—–A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR MARIO RAÚL LESCANO DIJO ————————————-

 

—–Que adhiere al voto y fundamentos emitidos por la Vocal preopinante, votando de igual modo.————————–

 

—–A mérito del acuerdo que antecede, y lo dispuesto por el artículo 382 del C.P.C.C ————————————

 

SE RESUELVE:——————————————————1.- Rechazar la apelación y en consecuencia confirmar el resolutorio apelado en todo cuanto decide y ha sido motivo de agravios. Imponer las costas por el orden causado (art. 130 in fine C.P.C.) y no regular honorarios a los profesionales intervinientes, sin perjuicio de sus respectivos derechos (art. 26 contrario sensu Ley 9459).————————–

 

—————–Protocolícese y hágase saber—————-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silvana María Chiapero                                          Mario Raúl Lescano

 

               Vocal                                                                             Vocal