TEMA DE LA COMISIÓN:

 NEGOCIACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DEL ACUERDO

 

SUBTEMA:

HOMOLOGACIÓN DEL ACUERDO

Tema de la ponencia:

PRESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES NACIDAS DEL ACUERDO PREVENTIVO HOMOLOGADO  

 

Subtítulo:

Con especial referencia al plazo aplicable

 

 

Autores: Ariel A. Germán Macagno y Alberto F. G. Misino (h)

 

Sumario: La presente ponencia sostiene que las obligaciones emergentes del incumplimiento del acuerdo preventivo carecen de plazo prescriptivo específico establecido en la legislación de fondo, razón por la cual se impone el plazo decenal genérico, cualquiera sea(n) la(s) obligación(es) nacida(s) del acuerdo preventivo homologado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES NACIDAS

DEL ACUERDO PREVENTIVO HOMOLOGADO

Con especial referencia al plazo aplicable

 

Autores: Ariel A. Germán Macagno y Alberto F. G. Misino (h)

 

 

                        Tal como surge de la norma del art. 59, últ., parte, LCQ., a instancia del deudor y previa vista al controlador del acuerdo (en este caso, la sindicatura) el juez resolverá la declaración de acuerdo cumplido. Para llevar adelanta tal cometido, el concursado deberá probar con la correspondiente documental (v. gr.: recibos o cartas de pago) que han sido satisfechos los acreedores comprendidos en el acuerdo, en la medida de lo concordado. El cumplimiento del acuerdo importa la extinción por pago de las obligaciones que nacieron a partir de la homologación. Esto, porque a partir de la homologación de la propuesta concordataria, la obligación del concursado en lo que respecta a los acreedores comprendidos en el acuerdo, es la que nace de este último por efecto de la novación legal (art. 55, LCQ.); luego, y por lógica inferencia, es éste el que ha de servir de causa fuente y determina la calidad de la prestación, el objeto, su magnitud y las modalidades. Dichos con otras palabras, se extingue la obligación originaria y nace una obligación que tiene como causa (art. 499, CC.) el concordato homologado entre el deudor y sus acreedores (art. 52, LCQ).

                        En el sistema legal concursal, las consecuencias del incumplimiento del acuerdo por parte del concursado, están estipuladas por la norma del art. 63, del mismo cuerpo legal, motorizándose cuando el concursado no cumpla con las obligaciones nacidas del acuerdo, o cuando no se constituyan las garantías ofrecidas para ello, lo que trasunta en un incumplimiento. Como regla, y como única alternativa posible, frente al incumplimiento de lo acordado en el concordato, la ley ha dispuesto que sea decretada la quiebra indirecta del concursado a instancia del acreedor interesado, o de los controladotes del acuerdo, incluso si el propio deudor concursado manifiesta la imposibilidad de cumplir el acuerdo en lo futuro (art. 63). Los acreedores concursales comprendidos en el acuerdo no recobran sus acciones individuales, ni siquiera en la medida de la nueva obligación nacida de la novación legal derivada de la homologación del acuerdo (art. 55, ibid.), porque persiste el estado de insolvencia de su deudor. Por ello, si dicho estado no puede ser superado a través del cumplimiento del mentado acuerdo, poniendo en evidencia (a modo indiciario) la subsistencia del estado de cesación de pagos del cual ya no es posible salir (cfr.: Heredia Pablo D. -Tratado Exegético de Derecho Concursal. Tomo 2- Edit. Ábaco, Bs. As., año 2000, pág. 340) sólo resta transitar el procedimiento liquidativo de la quiebra, ámbito que se alza (valga reiterarlo) como la única chance (a más de exigir el cumplimiento) que otorga el sistema legal en resguardo de la paridad entre los acreedores (art. 63, ibid.).

                        Sabido es que, la prescripción liberatoria ha sido definida en las normas de los arts. 3947, 3949 y 4017 CC., de cuya interpretación sistemática se colige que se trata de un medio de extinción de las acciones derivadas de un derecho, por su abandono por el titular (inacción) durante el tiempo que la ley determine. De ello es dable apreciar que, la prescripción descansa sobre la base de dos elementos. Uno, representado por el transcurso del tiempo (objetivo); otro, por la inactividad del titular por el plazo que la ley dispone para ello (subjetivo). Por ello, el sólo devenir temporal no es suficiente per se para que la prescripción liberatoria produzca sus efectos. Es menester, además, que medie inactividad de los sujetos que son partes en la relación jurídica obligatoria. Resta por acotar que, la prescripción es inseparable de la acción porque comienza desde que ésta existe; desde que el crédito devino exigible (cfr.: Borda Guillermo A. –Tratado de Derecho Civil. Tomo II –obligaciones. 9° Edic. Edit. La Ley, Bs. As., año 2008, pág. 11).

                        Tratándose de un proceso concursal, viene a cuento remarcar que se está frente a una legislación de excepción (cfr.: Rouillón Adolfo A. N. –Régimen de los concursos y las quiebras. Ley 24.522; 8° edic.- Edit. Astrea, Bs. As., año 1999; pág. 341); fundamentalmente, un derecho sustancial de excepción, porque responde a las exigencias de la naturaleza misma de una particular situación económica del deudor traducida en su insolvencia. En este contexto, para el supuesto que no se cumpla con el acuerdo y el acreedor no reclame el cumplimiento, la acción para hacerlo, rectius: la acción de pedir la quiebra por incumplimiento prescribe a los diez años (art. 4023, CC.; y art. 846, CCom). Me explico: como ha sido expuesto precedentemente, en un todo de acuerdo a lo previsto en la norma del art. 55, LCQ., la homologación del acuerdo preventivo produce la novación de la deuda, extinguiéndose la obligación originaria y naciendo una nueva consistente en el contenido del acuerdo homologado. Partiendo de ello, para la prescripción de la mentada acción (pedido de quiebra indirecta por incumplimiento -art. 63, LCQ.-) no devienen de aplicación los plazos establecidos legalmente para cada crédito en virtud de la causa originaria que tenían, porque por efecto de la novación derivada de la homologación del acuerdo preventivo, aquélla se ha transformado en una nueva obligación sujeta a los términos de dicho acuerdo que contempla su pago en cuotas de vencimiento escalonado, y cuyo plazo de prescripción no ha sido contemplado legalmente, a diferencia, por ejemplo: de lo que sucede con la nulidad del acuerdo, donde se ha estipulado un plazo de caducidad de seis meses (art. 60, LCQ.). Luego, frente a la inexistencia de un plazo expresamente establecido para la prescripción de las acciones del acreedor fundada en el incumplimiento, mediante la cual queda habilitado para reclamar el cumplimiento del concordato o la facultad de denunciar su incumplimiento solicitando la quiebra (art. 63, ibid.), deviene de aplicación el plazo ordinario de diez (10) años contemplado por la norma de los arts. 4023, CC., y 846, CCom.. Esto, porque lo que prescribe no es la obligación de pagar atrasos (art. 4027, inc. 3, CC.), sino (reitero) la contemplada en la norma del art. 63, LCQ., traducida en la facultad de reclamar el cumplimiento o denunciar lo contrario solicitando la quiebra. Esta interpretación que se propugna ha sido apuntalada por la opinión de prestigiosa doctrina (cfr.: Heredia Pablo D. -Tratado…-, ob., cit., pág. 350; en sentido análogo: CNCom. -Sala A- 26/4/2007, in re: “Frisciotti Guido Horacio s/ concurso preventivo”). Por otro lado, y en un todo de acuerdo con la interpretación estricta que merece el instituto de la prescripción que trasunta en la pérdida de un derecho, rectius: de la acción material para ejercerlo, frente a la duda sobre cuál es el plazo de prescripción que deviene de aplicación al caso, corresponde estar al más favorable al acreedor porque debe preferirse la solución que mantenga vivo el derecho (CSJN., Fallos 312:2352; 316:2325 y 318:879).

                        En concreto, partiendo de la premisa que en el acuerdo preventivo homologado ha sido fijada una fecha determinada para el cumplimiento de la obligación nacida del concordato, cualquiera sea la obligación en que el mismo consista,  es de plena aplicación lo dispuesto en la norma del art. 509, 1, párr., CC., en virtud del cual la mora es automática, sin que sea necesario requerimiento alguno. Entonces, la determinación del diez aquo del cómputo del plazo prescriptivo dependerá de la fecha de vencimiento de la obligación incumplida.

                        Debemos destacar que la solución propiciada produce, a nuestro entender,  una integración del sistema prescriptivo referido al incumplimiento de las obligaciones nacidas de los acuerdos homologados, ello porque dicha hermenéutica es aplicable cualquiera fuese el contenido del acuerdo preventivo, consista en mismo en obligaciones de hacer, de dar cantidad de cosas y/o sumas de dinero de manera periódica o no, o en definitiva,  cualquiera sean las previsiones del mismo, se haya propuesto un solo acuerdo para todos los acreedores, único, con prestaciones alternativas, y/o acuerdos distintos producto de la categorización realizada por el deudor; en definitiva, otra forma de integrar el sistema concursal a través una interpretación a nuestro entender armónica que hace realidad uno de sus principios específicos: la pars conditio creditorum, dando así igual tratamiento a los acreedores nacidos del acuerdo preventivo homologado.