Explican Requisitos que Deben Cumplirse para Obtener Judicialmente la Exhibición de los Libros Societarios

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial explicó que la regulación de la exhibición de los libros a través de la actividad jurisdiccional presupone la negativa por parte del ente de permitir el acceso del socio y ello es así en tanto la procedencia de toda actuación en justicia requiere siempre la prueba de la imposibilidad de obtener en forma extrajudicial lo que judicialmente se pide.

El actor apeló la resolución dictada en la causa “Carmuega Daniel Roberto c/ Revista Vivienda S.R.L. y otos s/ exhibición de libro”, mediante la cual el juez de grado había desestimado su pedido tendiente a obtener la exhibición de libros de la sociedad “Revista Vivienda SRL” en los términos del artículo 55 de la Ley de Sociedades Comerciales y del artículo 781 del Código Procesal.

Los magistrados que integran la Sala F explicaron que “no resulta del texto del Código Procesal, 781 que el requirente deba acreditar la negativa de la sociedad a exhibir los libros y documentos o que de algún modo se haya obstaculizado su examen, extremo que ha sido, no obstante, ponderado por ciertos antecedentes jurisprudenciales”.

En tal sentido, los camaristas señalaron que “así se consideró en tanto aquel temperamento del cpr:781 parece enfrentarse con el criterio de prudencia que debe presidir la interpretación de la cuestión, particularmente si se atiende a que el art. 55 de la LSC se orienta a prevenir la obstrucción de la gestión socia”.

Los camaristas remarcaron que en tal orden “esa comprobación bien puede exigirse por el juez, para aventar las dudas que pudiera suscitar el pedido o prevenir el eventual ejercicio disfuncional del derecho del socio al acceso a la documentación y libros sociales”, aclarando que “la controversia que se pueda suscitar no implicaría desnaturalizar el remedio legal ni demoraría desmesuradamente el trámite y al mismo tiempo, resguardaría los derechos del sujeto societario”.

Sin embargo, los magistrados entendieron que “ello no implica negar la esencia de la función jurisdiccional sino impedir la consagración de perjuicios carentes de proporcionalidad”, ya que “ dada la estructura del cpr:781 se aconseja extremar las precauciones y resguardar el equilibrio entre las órbitas de intereses”.

Los jueces explicaron que “el socio, por su calidad de tal, puede examinar los libros y papeles sociales, y recabar del administrador los informes que estimen pertinentes (LSC:55)”, agregando a ello que “el cpr:781 regula el procedimiento a seguir para que ese derecho del socio se haga efectivo, en caso de negativa a su ejercicio; contemplando para así peticionar un procedimiento autónomo y voluntario, de sencillo trámite que no implica retardo ni exigencias formales estrictas que podrían conducir en la práctica a un resultado frustratorio del acceso a la información”.

El  tribunal determinó que “como principio, esta regulación a través de la actividad jurisdiccional presupone la negativa por parte del ente de permitir el acceso del socio”, siendo ello así “en tanto la procedencia de toda actuación en justicia requiere siempre la prueba de la imposibilidad de obtener en forma extrajudicial lo que judicialmente se pide”.

Los camaristas remarcaron que “a ello se refiere la ley 19.550, cuando requiere, previo a la promoción de las actuaciones judiciales que ese ordenamiento prevé, el agotamiento de los recursos previstos en el contrato social (art. 114)”.

Tras destacar que si bien “desde esta perspectiva la resolución del Magistrado se compadece con los antecedentes de este trámite voluntario y en tal sentido es irreprochable”, los jueces tuvieron en consideración que “las cartas documento dan cuenta de ciertos requerimientos formulados por el Sr.Daniel Roberto Carmuega, que si bien no aluden a la exhibición de libros sociales, sí lo hacen en cuanto a cierta información que no le habría sido brindada a la luz de cuanto surge del texto del escrito inicial y antecedentes documentales aportados”.

En el fallo del 11 de octubre de 2012, la mencionada Sala resolvió que “si bien el cpr:781 no se refiere a ese supuesto -es decir que la sociedad brinde información- sino sólo a la falta de exhibición de libros y documentación social, no advierte óbice esta Sala para disponer la medida pretendida exclusivamente con ese alcance (Nissen, Ricardo, Ley de Sociedad Comerciales, Ed. Abaco, 1996, T° 1, pág.375)”.

En base a ello, el tribunal concluyó que “conforme con ello es que se estima pertinente que el a quo disponga, sea directamente a través del socio gerente o en su defecto designando un experto contable, el aporte de aquella información solicitada en las cartas documento antes referidas”, por lo que fue admitiro parcialmente el recurso de apelación interpuesto.

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