Fijan Plazo de Caducidad para Solicitar la Verificación del Crédito con una Sentencia Firme Dictada por la Justicia del Trabajo

En el marco de la causa “Clínica Modelo Laferrere S.A. s/ concurso preventivo, incidente de verificación y pronto pago por Alvarez María del Carmen”, la pretensa acreedora apeló la resolución del magistrado de grado que había admitido el planteo de prescripción interpuesto por la concursada en los términos del artículo 56 de la Ley de Concursos y Quiebras, y desestimó la insinuación impetrada.

Al analizar el presente caso, los jueces que integran la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial explicaron que el texto legal del artículo 56 de la ley 24.522 informa la existencia de dos plazos distintos  existiendo “uno, para aquellos créditos que no tenían promovido proceso judicial alguno, ni tampoco estaban autorizados a hacerlo -la excepción son ahora los procesos laborales-, y cuya única vía de ingreso era directamente la verificación en el concurso, rige la prescripción establecida por la ley 24.522 de dos años desde la fecha de presentación en concurso preventivo”.

A ello, los jueces añadieron que existe “otro, en el caso de aquellos créditos exceptuados del fuero de atracción, como lo son los procesos laborales, procesos de conocimiento en trámite al momento de la apertura del concurso, y aquellos en que el deudor es demandado como parte de un litisconsorcio pasivo necesario, el mismo se extiende a los seis meses posteriores a la fecha de haber quedado firme la sentencia dictada por el tribunal competente. Vencido dicho plazo, si han transcurrido los dos años desde la presentación en concurso, el crédito está prescripto”.

En base a ello, los camaristas remarcaron que “según el actual sistema, los acreedores que continuaron con el proceso de conocimiento (art. 21, ley 24.522) no quedan excluidos de la prescripción bianual (art. 56), de modo que desde la fecha de presentación en concurso del deudor les corre dicho plazo a todos los acreedores, incluso a quienes han obtenido sentencia en el juicio de conocimiento continuado y luego ocurren al cauce concursal”.

En tal sentido, los magistrados destacaron que “en ese caso, la ley considera que mientras se desarrolla el trámite de ese proceso individual existe una imposibilidad de hecho de presentarse a verificar (imposibilidad que podría extenderse más allá de los dos años), razón por la cual otorga un plazo de seis meses desde la firmeza de la sentencia, para que el acreedor requiera verificación para quedar liberado de las consecuencias de la prescripción concursal cumplida durante el impedimento (arg. art. 3980 , Código Civil)”.

Por el contrario, el tribunal remarcó que “si transcurridos los dos años, el acreedor no se presenta a verificar en ese período complementario de seis meses (desde que quedó firme la sentencia) su acción estará prescripta. Vale agregar, que parte de la doctrina ha calificado ese plazo de seis meses como de “caducidad”; de manera que no sería susceptible de interrupción ni de suspensión, y sólo se salva con el cumplimiento del hecho impeditivo que no es otro que la promoción del incidente de verificación tardía”.

En la sentencia del 10 de agosto de 2012, la mencionada Sala concluyó que “dado que desde la fecha en que la demandante contó con sentencia firme que la habilitó para ocurrir por esta vía verificatoria (aproximadamente a principios de febrero de 2009) hasta que finalmente lo hizo (29.9.09), transcurrió objetivamente el plazo de seis meses supra referido”, correspondía desestimar la apelación presentada y confirmar la sentencia de grado.
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