Derecho al olvido: entre las precisiones jurisprudenciales y las imprecisiones administrativas que afectan la información crediticia.

por Alejandro Drucaroff Aguiar

La Ley 9/4/2013, p.4

1. Introducción.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha emitido un nuevo pronunciamiento relativo a la cuestión que aquí tratamos.[1]

Si bien el fallo en cuestión no altera sustancialmente las conclusiones extraídas a partir de anteriores sentencias del Alto Tribunal[2] suscita interés, a nuestro criterio, por dos motivos concretos.

En primer lugar, por el análisis efectuado en el dictamen de la Procuradora Fiscal, que importa desbrozar incluso con independencia de que la decisión de la Corte remite a fundamentos vertidos en las citadas causas previas.

En segundo término por que, al consolidarse la clara conceptualización del Tribunal Supremo con relación al instituto de marras, se hace más marcado el contraste entre sus alcances jurídicos –definidos por la Corte y los Tribunales de grado- y el modo práctico en que opera la registración de datos a los fines de la información crediticia.

Actualizamos pues la problemática involucrada, cuya trascendencia excede con largueza los intereses individuales de los titulares de los datos registrados para involucrar, como repetidamente lo sostuvimos, el interés general.

2. La nueva sentencia de la Corte y la remisión a fallos previos.

De las circunstancias del caso sometido al Tribunal Supremo resulta que:

* La Sala “C” de la Cámara  Nacional en lo Comercial había hecho lugar a la acción de habeas data interpuesta por el actor. A tal efecto consideró como última información significativa reveladora de la existencia de la deuda en cuestión el informe del banco demandado al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que incluía al deudor en la categoría “5” (irrecuperable), por cuanto desde entonces no existía otro dato relevante registrado con relación a la citada deuda. Sostuvo asimismo que si se admitiera como última información adversa la repetición mensual –que el Banco cursaba en cumplimiento de las normas de BCRA- del mismo dato, se desnaturalizaría el derecho al olvido.

* La entidad financiera recurrió la sentencia por arbitraria, cuestionando que se le imputase hacer suministrado información fuera de los plazos legales –lo que negó- y destacando que no hizo en realidad otra cosa que cumplir con las normas de la autoridad de aplicación. Recordó que el cómputo del plazo del derecho al olvido corre desde la fecha de la última información adversa archivada que revele que esa deuda era exigible.

* La decisión de la Corte se limita a desestimar el recurso extraordinario remitiendo a lo resuelto en el caso Napoli, cuyas circunstancias considera sustancialmente análogas.

La conclusión, en lo que a la jurisprudencia del más Alto Tribunal Federal se refiere, es entonces que el fallo se limitó a reproducir el criterio sentado previamente en otros precedentes.

Al respecto señalamos en su momento[3] que la Corte se expidió –en el citado fallos Napoli y en Catania, dictado en la misma fecha- respecto de dos cuestiones concretas en materia de derecho al olvido: la intrascendencia de la exigibilidad de la deuda como parámetro para el cómputo del plazo de cinco años y la definición del concepto y alcances de la última información adversa archivada.

Esta última expresión, como recordaremos más adelante, es parte esencial de la normativa que rige el cómputo del plazo legal y había suscitado debates previos, actualmente superados en la jurisprudencia pero que aún generan situaciones irregulares y, en nuestra opinión, contrarias a derecho, en el registro de los datos bancarios por el BCRA.

La Corte sostuvo en los mencionados precedentes que el hecho de que la deuda fuera o no exigible era irrelevante a los efectos del cómputo del plazo del derecho al olvido.[4] Asimismo estableció que la mera repetición de un dato –como sucede con el registro mensual que las entidades financieras deben remitir al BCRA con relación a sus deudores morosos, en tanto el mismo no varíe de mes a mes- no generaba per se el comienzo de un nuevo plazo ni tenía, en suma, efecto adverso para el curso del término que ya se hubiera iniciado.

A esas definiciones –sin aditamento alguno- se remite en su nuevo pronunciamiento.

Importa hacer constar que, tanto en Catania como en Napoli sólo se discutían los aspectos indicados, pues las defensas de los bancos accionados se fundaban, concretamente, en que los créditos motivo de los registros de datos seguían siendo exigibles y en que cada informe mensual al BCRA implicaba un nuevo dato a partir del cual debía computarse el plazo legal.

Igualmente es relevante volver a señalar que, en ambos fallos, la Corte no consideró como momento inicial del plazo la fecha de mora de las obligaciones adeudadas, por cuanto en cada uno de ellos existían datos archivados posteriores a los que correspondía atribuir el carácter de última información adversa. En Catania el plazo se computó desde la sentencia dictada en el juicio promovido por el acreedor en procura del cobro de su crédito. En Napoli se partió del pase de la deuda a situación 5, un año después de ocurrida la mora.

 

3. El dictamen de la Procuración.

Aunque lo dictaminado por la Procuradora Fiscal no haya sido, al cabo, tratado por la Corte, interesa resumirlo porque enriquece el análisis de la cuestión.

Se refresca allí que el artículo 26 inciso 4º de la Ley 25.326 restringe el archivo, registro o cesión de datos personales significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados durante los últimos cinco años, plazo que se reduce a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación.

También que, conforme al decreto reglamentario respectivo –Nº 1558/2001 art. 26- a efectos de apreciar la solvencia económica financiera de una persona se debe tener en cuenta toda la información disponible desde el nacimiento de cada obligación hasta su extinción. En ese marco, el plazo de cinco años se cuenta a partir de la fecha de la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible.

El dictamen hace hincapié en la preeminencia que debe darse al espíritu de las normas y su juego armónico con el ordenamiento jurídico. En tal sentido, resalta la finalidad explícita de la Ley que es reunir en las bases de datos autorizadas, durante un tiempo determinado, toda la información exacta, actualizada y significativa para apreciar la solvencia económico financiera de una persona, información que deberá estar disponible mientras la obligación subsista.

Sostiene que la norma y su reglamentación son claras en cuanto a que, con relación a las obligaciones exigibles, el plazo de cinco años corre desde la última información adversa archivada, citando el dictamen del propio Ministerio Público en “Napoli”.

Enfáticamente subraya la Procuración que no existe referencia alguna en las normas examinadas que conduzcan a concluir que tal cómputo comience a contarse desde la producción de la mora. Añade que una interpretación contraria desnaturaliza el propósito de la norma, ya que carece de razonabilidad teniendo en cuenta la finalidad ya mencionada, eliminar datos veraces, actualizados archivados y ciertos de deudas exigibles, en la medida que medie una adecuada diligencia del informante.

Concluye reseñando los distintos cambios de categoría informados por el banco acreedor al BCRA y apuntando que, tales sucesivos registros, instrumentan el cumplimiento por la entidad de su obligación legal impuesta por el organismo de control, cuyo fin es dar a conocer la situación económica financiera de una persona para evaluar adecuadamente su solvencia.

Podemos concluir que, con independencia de las particularidades de la causa –que, como queda expuesto, no aportan demasiada novedad desde lo jurisprudencial- el dictamen referenciado es terminante en cuanto al cómputo del derecho al olvido, validando –una vez más- la necesidad de contarlo a partir del registro del último dato adverso que se hubiera archivado, con arreglo al artículo 26 inciso 4º y su reglamentación.

 

4. La información crediticia y el interés general.

Al abordar cualquier cuestión relativa al derecho al olvido, dejamos siempre planteada la necesidad de contextualizar su análisis en el marco de la información crediticia, cuya fluidez y certeza interesa al conjunto social. [5]

En tal sentido no puede dudarse de la importancia de contar con información crediticia veraz y actual, la cual eleva de forma sustancial la eficiencia en materia de otorgamiento de crédito, tanto por el sistema financiero como en el ámbito de los negocios de las personas  físicas y jurídicas. No hay sociedad moderna que funcione adecuadamente sin el respaldo de datos confiables al respecto.

Está igualmente fuera de debate la relevancia creciente del crédito como herramienta para el desarrollo económico y como objetivo de política social para habilitar a todas las personas el acceso al consumo. A efectos de asignarlo de una manera eficiente, los antecedentes de cada persona en orden al cumplimiento de las obligaciones contraídas constituyen una información indispensable.

Hemos expuesto también la relación entre la buena fe –como principio general del ordenamiento jurídico privado-, la transparencia y la publicidad de tales datos que ilustran, al cabo, sobre el modo de obrar de las personas en el ámbito crediticio.

Del mismo modo resaltamos que las consecuencias de una escasa o insuficiente información son claramente negativas para la economía por cuanto generan –o, cuando menos, contribuyen a generar- directa e inevitablemente, la restricción del crédito y su encarecimiento.

Eventualmente, el otorgamiento basado en información errónea o parcial conduce a un incremento de la mora, la cual –una vez más- es factor forzoso de más restricciones y aumentos de tasas de interés.

Esas conocidas implicancias perjudiciales afectan el interés general, pero, ante todo, las sufren los sectores más postergados –en lo económico y social- de la población. Es un hecho que el crédito comienza a restringirse primero en esos segmentos de menores recursos y posibilidades y que lo propio sucede cuando crece el costo de la financiación.

Las conclusiones sucintamente enunciadas ratifican que, en materia de derecho al olvido, está latente un conflicto entre los intereses individuales de las personas cuyos datos crediticios negativos se encuentran registrados en bases de datos y el interés general de la sociedad en contar con adecuada información crediticia.[6] Desde ya que esto no afecta la legitimidad del derecho al olvido –en los términos que las normas lo han instituido-, pero ello no implica que se pueda propiciar un criterio extensivo del mismo, soslayando que, como contrapartida, juega el requerimiento de atender al bien común.

Sostenemos que a la hora de dilucidar cada situación concreta y encauzarla en el marco legal y reglamentario que la rige, es preciso tener presente la tensión planteada entre esos derechos, de algún modo contrapuestos, para preservar con razonabilidad la legítima limitación del acopio de datos sin afectar el espíritu legal ni otorgar estímulos al incumplimiento.

5. La jurisprudencia y el cómputo del plazo del derecho al olvido.

Actualmente no hay mayor debate en el terreno jurisprudencial acerca de la interpretación de la normativa aplicable al derecho al olvido y al modo en que debe computarse su plazo. Tras algunos debates iniciales, existe consenso en torno al instituto en base a argumentos similares a los que resume el dictamen de la Procuración antes aludido.

La Ley establece el contexto a cumplir para la evaluación de la solvencia de una persona, aspecto a cuya relevancia social hicimos previa mención. A esos fines corresponde considerar toda la información de que se dispone, desde que cada obligación nace y hasta que se extingue.

Por supuesto lo que se analiza es la conducta de la persona, durante el plazo legal, con relación a las obligaciones contraídas por ella, lo que –huelga decirlo- comprende el comportamiento, durante ese lapso, relativo a todas las deudas exigibles, aunque su origen haya sido previo.

La norma establece un límite para el acopio de datos, en procura de que el individuo –se lo ha dicho muchas veces- no quede preso de su pasado. Por eso instituye el derecho al olvido que, por definición, se refiere a cada uno de esos datos y se computa de manera individual.

El plazo de cinco años –al cabo de cuyo transcurso el dato no puede continuar siendo registrado- se cuenta, como explícitamente lo dice el Decreto Reglamentario, desde la fecha de la última información adversa archivada que revele la exigibilidad de la deuda.

La jurisprudencia –tanto la de la Corte como la de los Tribunales inferiores, en especial la Cámara Nacional en lo Comercial que es quien, por lógica y dada su especialidad, ha aportado la mayor cantidad de precedentes conocidos- ha profundizado estas pautas y desbrozado situaciones que, en su momento, se debatieron.

En especial nos referimos a cuestiones de importancia que hoy pueden considerarse aclaradas:

* Se ha establecido –como lo recuerda la Corte en su referencia a Napoli- que la existencia de una deuda exigible no es relevante con relación al transcurso del plazo. Esto implica que el derecho al olvido puede materializarse respecto de una deuda aunque élla siga siendo exigible, bastando que, desde la última información adversa, el término legal se haya cumplido.

* La última información adversa archivada debe ser significativa. Vale decir, debe tratarse de un dato demostrativo de la persistencia de una conducta incumplidora del deudor no obstante haber ocurrido esa nueva circunstancia registrada, que acredita la existencia y exigibilidad de la acreencia en su contra.[7]

La precisión que aquí formulamos se vincula directamente con la consecuente irrelevancia de un dato repetido, como puede ser la información mensual cursada –a requerimiento del BCRA- por las entidades financieras, siempre que ese dato mensual sea la simple repetición de que el deudor está incurso en mora en una categoría determinada (lo que ocurre a partir de su calificación en situación 5).

* Hay múltiples datos que han sido considerados como significativos por la jurisprudencia. Ya recordamos que la Corte entendió como tales el dictado de sentencia (Napoli) o el cambio de calificación como deudor (Catania). Entre muchos otros se definieron también como tales el pase del caso a contencioso, el inicio de juicio, la traba de medidas cautelares o ejecutorias, la ejecución de la sentencia, la subasta y otros actos análogos.[8]

* Finalmente –y como con acierto lo enfatiza el Dictamen de la Procuración reseñado supra- no hay argumento legal que permita postular el inicio del plazo del derecho al olvido desde la mora del deudor, salvo, claro, que esa sea la última información adversa archivada reveladora de que la deuda es exigible.

6. La reglamentación del BCRA para el registro de datos sobre deudores morosos se opone a la Ley, a su Decreto reglamentario y a la interpretación jurisprudencial.

Las entidades financieras deben informar mensualmente a su autoridad de aplicación respecto de la situación que presenta cada uno de sus clientes en cuanto al cumplimiento de las obligaciones que tienen contraídas con ellas.

Es conocido el carácter público de tal información, registrada por el BCRA y de la cual, además, se munen las diversas bases de datos que brindan información crediticia. Se trata de la principal herramienta pública existente en nuestro país a los fines de evaluar el comportamiento de quienes operan con el sistema financiero.

Con arreglo a la Comunicación “A” 4757, de enero de 2008, puede interpretarse –y de hecho así ocurre en la práctica- que las entidades deben informar a la base del BCRA exclusivamente las deudas con antigüedad no mayor a cinco años, plazo que –establece la citada comunicación- corresponde computar desde la fecha en que aquellas se hicieron exigibles. Se alude en ella a lo dispuesto por el artículo 26 inciso 4º de la Ley 25.326, aunque sin mayor precisión ni claridad expositiva.[9]

Ahora bien, los términos en los cuales se registra la información en el BCRA implican una indebida extensión del derecho al olvido que, como resultado de una interpretación jurídica errónea en la sede administrativa, limita la información crediticia disponible del sistema financiero, con claro perjuicio para el interés general.

En efecto, explicitamos en los puntos anteriores lo dispuesto por el artículo 26 inciso 4º de la Ley 25.326 y su reglamentación, en cuanto al cómputo del plazo de cinco años para que se materialice aquel derecho, que corresponde contar desde la fecha de la última información adversa archivada que demuestre que la deuda era exigible.

Quedó aclarado que esa interpretación es la única coherente con el texto del Decreto Nº 1558/2001 y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha validado tal encuadre. El consenso jurisprudencial en la materia, lo dijimos, es amplio y consistente.

Pese a ello, la referida disposición del BCRA tiene como efecto concreto ignorar, lisa y llanamente, lo prescripto por la reglamentación de la Ley 25.326, Decreto éste que ni siquiera ha sido impugnado o cuestionado, en el ámbito administrativo ni por sentencia judicial alguna.

Por el contrario, tanto el más Alto Tribunal como los demás órganos jurisdiccionales valoran el Decreto reglamentario a los fines interpretativos, según surge de los variados pronunciamientos que hemos citado.

Abundando, el Dictamen de la Procuración en el último fallo de la Corte ratifica que lo normado con relación a la última información adversa archivada perdería todo sentido si el plazo de cinco años debiera computarse –como lo presume la Comunicación del BCRA mencionada- desde la mora del deudor.

Por eso interesa volver a remarcar que la actual instrumentación del registro de la información sobre deudores del sistema financiero no hace más que premiar el incumplimiento de las obligaciones y, sobre todo, beneficia a aquellos que persistieron en su conducta a pesar de los nuevos datos significativos y adversos, los que resultan soslayados en clara oposición con el régimen legal vigente.

En la dirección indicada, planteamos[10] la necesidad de adecuar la modalidad de registración por el BCRA de las deudas en situación de mora. A tal fin deben reformularse las disposiciones de la autoridad de aplicación para que las entidades financieras, en su informe mensual, incluyan a todos los clientes que registren, dentro de los últimos cinco años previos a cada informe, un dato novedoso y significativo que permita valorar la conducta del afectado con relación al cumplimiento de sus obligaciones, con independencia de la fecha de mora que podrá o no ser coincidente.