PRIVILEGIOS. PRIVILEGIOS LABORALES. RECONOCIMIENTO JUDICIAL DEL CARÁCTER QUIROGRAFARIO A UN CRÉDITO PRIVILEGIADO DE CARÁCTER LABORAL. ALCANCE. IRRENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR. PRINCIPIOS GENERALES. FUNDAMENTO. EXCEPCIONES
1. Si bien el reconocimiento del crédito como quirografario no permitiría que el acreedor perciba el pago, al que tendría derecho de acuerdo con el privilegio que la propia ley le reconoce, pero que omitió solicitar al demandar, el Tribunal entiende que resulta acertada la decisión del juez concursal de tratar la acreencia como privilegiada, atento a su naturaleza laboral, pues si bien el crédito proviene del cumplimiento de un contrato de seguro, el daño a indemnizar es producto de un accidente de trabajo.
2. El artículo 12 de la ley 20744 establece la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, al disponer que será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en dicha ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas o los contratos individuales de trabajo, ya sea al tiempo de su celebración o de su ejecución, o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción.
3. El principio de la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador previsto por el artículo 12 de la ley 20744 es plenamente aplicable a los actos unilaterales del trabajador, que pudieren reflejar tácitamente una renuncia.
4. La regla de la irrenunciabilidad de los derechos aparece como el aspecto más relevante del principio protectorio e impide tanto la renuncia anticipada de derechos como la renuncia de derechos ya obtenidos, sea que provengan de la ley, del convenio o del contrato individual.
5. A través de la norma del artículo 15 de la LCT, se reglamenta, de algún modo, la excepción al principio de la irrenunciabilidad de los derechos, cuando se cumplimenten los recaudos por ella previstos, que se circunscriben a la intervención de la autoridad judicial o administrativa, la cual dictará una resolución fundada para evidenciar que mediante el acuerdo potencial o implícitamente liberatorio se ha alcanzado una justa composición de derechos e intereses de las partes, atribuyéndole a esta autoridad una función de garantía en torno a los derechos irrenunciables de los trabajadores.
6. La irrenunciabilidad del derecho del trabajador permite hablar de un orden público laboral que se distingue del orden público civil en que la norma imperativa puede ser desplazada por los individuos o por los convenios colectivos, por otra más favorable al trabajador.
7. “A priori” no debiera interpretarse que las partes puedan modificar tácitamente los derechos establecidos por la ley (art. 12, LCT), y para ello, cuanto menos, debiera intervenir la autoridad administrativa o judicial competente mediante resolución fundada.
8. La ley 17418 protege al damnificado reconociendo a su crédito “privilegio sobre la suma asegurada y sus accesorios, con preferencia sobre el asegurado y cualquier acreedor de este, aun en caso de quiebra o de concurso civil” (art. 118) (del dictamen de la Sra. fiscal de Cámara).
9. Cuando el damnificado es acreedor de una indemnización por accidente de naturaleza laboral, ello conlleva que al privilegio que se le reconoce en el artículo
118 de la LS a los damnificados le sean aplicables los principios que informan en plexo normativo de orden público laboral. Lo contrario haría caer en letra muerta todo el sistema protectorio desarrollado en torno a la cuestión laboral y, también, como veremos, en relación con las personas que padecen discapacidad (del dictamen de la Sra. fiscal de Cámara).
10. En tanto la actividad desarrollada por el damnificado fue reconocida como riesgosa por el propio empleador, quien por ello eligió proteger al trabajador contratando un seguro del cual resultaría beneficiario. De modo que, en dicho contexto, la reparación por accidente no solo implica una deuda que se expresa en una suma de dinero -que compensa la incapacidad futura con causa en el hecho dañoso- sino que pone en juego derechos sustanciales que son inviolables y se vinculan a la persona misma como factor atributivo (del dictamen de la Sra. fiscal de Cámara).
11. Si bien, por un lado, rige la protección del crédito en general como forma de consolidar intereses económicos y sociales indispensables para el desarrollo y crecimiento del país y, por otro, no puede desconocerse el interés social en la protección de las personas con discapacidad y de los trabajadores, lo cual requiere ser atendido en su integralidad, dando así efectiva concreción a las obligaciones reforzadas que, en casos de extrema vulnerabilidad, recaen en cabeza del Estado argentino, toda vez que el crédito tiene causa en un infortunio laboral que determinó una incapacidad permanente para trabajar (del dictamen de la Sra. fiscal de Cámara).
12. La norma del artículo 12 de la LCT no solo veda la posibilidad de la renuncia de los derechos sino que sanciona esa renuncia con la nulidad (del dictamen de la Sra. fiscal de Cámara).
13. Las normas de la LCT, al igual que aquellas que integran el sistema protectorio y que configuran un conjunto normativo de orden público laboral, no son de aplicación exclusiva a los procesos del trabajo sino que deben ser aplicadas en cualquier tipo de proceso en el que esté en juego el alcance y extensión de los derechos derivados de relaciones del trabajo (del dictamen de la Sra. fiscal de Cámara).
14. En el ámbito del derecho del trabajo rigen principios específicos como el principio protectorio -de rango constitucional, art. 14 bis, CN- del cual se derivan, por ejemplo, el principio “pro operario”, el de la norma más favorable, el de la condición más beneficiosa y el de la irrenunciabilidad de los derechos. Estos principios, además, se encuentran receptados en normas específicas de la ley de fondo, como por ejemplo los artículos 7, 9, 11, 12, 14, 23 y 145 de la LCT, entre otras (del dictamen de la Sra. fiscal de Cámara).
15. Los artículos 12 y 277 de la LCT tienden a evitar que el trabajador sea compelido a percibir una suma menor o que por ende no resulte íntegra en relación con aquella que el ordenamiento legal le atribuye y a la vez que buscan impedir que el trabajador se vea compelido a renunciar a los derechos que le reconoce la ley. Y, como se trata de normas de fondo que instrumentan un derecho de raigambre constitucional, cabe apuntar que ellas rigen la relación laboral independientemente de cuál sea el ámbito en el cual la relación es examinada (tribunales del fuero laboral o, como en el presente caso, de otro fuero, organismos administrativos, árbitros, las mismas partes, etc.) (del dictamen de la Sra. fiscal de Cámara).
16. El derecho no puede ser concebido como un conjunto de compartimentos estancos e incomunicados, sino que cada una de sus ramas debe ser estudiada y aplicada en coherencia con las demás. Sostener, por ejemplo, que los principios del derecho laboral carecen de fuerza o ven menguada su importancia solo por el hecho de que deban ser aplicados en un ámbito diferente (“v. gr.”, en un escenario concursal en un fuero distinto a la justicia de trabajo) es equivalente a negar su existencia y a aniquilar un derecho sustancial con fundamento en un aspecto meramente formal o de procedimiento (del dictamen de la Sra. fiscal de Cámara).
17. Las normas laborales, como integrantes del plexo normativo que persigue que el trabajador, en tanto persona humana, pueda desarrollarse conforme a su excelsa dignidad, deben interpretarse a favor de quienes tiendan a alcanzar el bienestar (del dictamen de la Sra. fiscal de Cámara).
18. Al principio “pro persona” o “pro homine”, siendo criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, y a él se habrá de recurrir cuando se trate de determinar, en caso de confluencia normativa, cuál de las normas deberá ser aplicada; y, en el caso de que sea jurídicamente posible más de una interpretación de la ley, cuál habrá de ser escogida. Ello coincide con el rasgo fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es, estar siempre a favor del hombre (del dictamen de la Sra. fiscal de Cámara).
19. La Corte Suprema ha señalado que el orden público laboral traduce en el derecho del trabajo la aplicación del principio de la irrenunciabilidad que lo informa, y supone la imposibilidad de disminuir convencionalmente sus beneficios (Fallos: 306:1799). Ello importa que la renuncia del privilegio reconocido al crédito, en tanto es de naturaleza laboral, fuera de los supuestos contemplados en la ley concursal, sea nula de nulidad absoluta, pues se está vulnerando el orden público (art. 12, LCT) (del dictamen de la Sra. fiscal de Cámara).
20. Aun cuando la ley 24522 dispone la renunciabilidad al privilegio del crédito laboral, el trabajador goza en el proceso concursal de un régimen tuitivo de sus derechos que se funda en un principio esencial del derecho laboral, que es el llamado “principio protectorio”, que resume su objetivo de amparo al trabajador. Por ende, no puede asimilarse la situación del acreedor laboral a la de otros créditos comerciales y denegarle el privilegio porque no fue solicitado en la oportunidad procesal pertinente, o porque se hizo por desconocimiento, bajo un formato contrario a los intereses del trabajador (del dictamen de la Sra. fiscal de Cámara).
21. La LC, teniendo en consideración que quien renuncia al privilegio es un trabajador y que como tal debe estar protegido, establece que en caso de quiebra posterior, el privilegio del trabajador que renunció a él renace, admitiendo la renuncia del privilegio del crédito laboral, pero bajo ciertas condiciones, las que siempre operan en favor del trabajador (del dictamen de la Sra. fiscal de Cámara).
22. No se advierte que resulte compatible con nuestro ordenamiento vigente interpretar que la falta de invocación del privilegio o invocar equivocadamente que se trata de un crédito quirografario lleve a la conclusión de que aquel renunció a ese derecho, pues la ley concursal exige la concurrencia personal del trabajador ante el juez del concurso para renunciar al privilegio (art. 43, LC). Ello así, en tanto se trata de un acto personalísimo y con el objetivo de que el Magistrado pueda cerciorarse de que aquel comprendió el alcance de su accionar (del dictamen de la Sra. fiscal de Cámara).
23. En tanto el crédito nació como consecuencia de un infortunio laboral y se encuentra directamente vinculado a la preservación de la vida y de la salud de una persona que sufre discapacidad permanente y determinante, en ese caso, el pago de la indemnización reclamada por el incidentista tiene por objeto garantizar el goce del derecho a la vida, el disfrute del más alto nivel posible de la salud y la supervivencia, en condiciones de igualdad, derechos que se encuentran reconocidos en los instrumentos internacionales, tal como expresamente los reconocen los artículos 4, 5 y 24 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; los artículos 5, 7, 10, 17, 19, 25 y 28 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; el artículo 7 de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Personas con Discapacidad; el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En suma, el crédito nació como consecuencia de un infortunio laboral y se encuentra directamente vinculado a la preservación de la vida y de la salud de una persona que sufre discapacidad permanente y determinante.
LA URUGUAYA ARGENTINA CÍA. DE SEGUROS SA S/QUIEBRA. INCIDENTE DE VERIFICACIÓN DE CRÉDITO VERA, MARIO ROBERTO Y OTRO - CÁM. NAC. COM. - SALA E - 19/04/2016