Prescripción de las cuotas concordatarias

Miguel Eduardo Rubín

Ni la ley de Concursos y Quiebras, ni el régimen legal anterior a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, tenían previsto un plazo legal de prescripción para las obligaciones que el deudor asumía como consecuencia del acuerdo preventivo ante los acreedores reconocidos judicialmente .
Empero, el art. 55 LCQ dispone que la homologación concursal produce la novación de las deudas del cesante , extinguiéndose las obligaciones originarias y naciendo una nueva proveniente del acuerdo homologado .
Por lo tanto, a los fines de la prescripción de la acción de cobro de dicha obligación no resultan de aplicación los plazos establecidos por Ley para cada crédi-to verificado, sino el que corresponde a ese nuevo derecho personal generado por la homo-logación del concordato .
En algunos precedentes jurisprudenciales resueltos en tiempos de vigencia del Código Civil de Vélez, se supuso que era de aplicación a esa especie el plazo de prescripción de cinco años (art. 4027 CCiv) o el de cuatro años (art. 847 CCom) referi-dos a lo que debe pagarse por años o plazos periódicos más cortos. Pero ese criterio fue dejado de lado cuando se comprendió que tales preceptos no rigen respecto de las deudas únicas pagaderas en cuotas, como son las de los planes de pago del acuerdo preventivo . Por ello la Jurisprudencia pasó a emplear el régimen general establecido por el art. 846 CCom, es decir, el plazo de prescripción de diez años .

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Ahora, el art. 2560 CCyC dispone un plazo genérico de prescripción de cinco años en lugar del de diez años del ordenamiento anterior, mas debe tenerse en cuenta que, conforme el art. 2537 2º párrafo del nuevo plexo legal, cuando este último norma un plazo menor de prescripción,la situación se debe regir por el Código derogado .

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Vale aclarar que respecto de los supuestos de pago en cuotas hubo controversia en la Doctrina y en la Jurisprudencia: para algunos, desde el vencimiento de cada cuotacomienza un plazo de prescripción independiente.
En cambio, para otra corriente, siguiendo a Borda , hay que hacer una distinción: si cada cuota es, en el espíritu de las partes, una obligación autónoma, cada una de ellas empieza a prescribir desde la fecha de su vencimiento; pero si se trata de una deuda única dividida en su exigibilidad para conveniencia del deudor, debe reputarse que la prescripción empieza a correr, para todas las cuotas, recién cuando vence la última.
En esta última hipótesis encuadra la acreencia derivada de un acuer-do preventivo homologado: se trata de una prestación única fraccionada en el tiempo en cuotas . Así lo entiende la Jurisprudencia capitalina .

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Si el acuerdo preventivo fija una fecha para el pago de la cuota con-cordataria esa fecha debe ser considerada como el dies a quo del plazo de prescripción, sin que sea necesario requerimiento alguno (antes: art. 509 primer párrafo CCiv; hoy: arts. 886 a 888 CCyC) .

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En esta materia, como en otros ámbitos, es importante determinar si uno o más acreedores reconocidos en el concurso preventivo hubieran realizado actos ju-diciales equiparables a una demanda con miras a interrumpirválidamente el plazo legal, extremo que han valorado tanto la Jurisprudencia como la Doctrina .
Es que la prescripción, con el régimen legal pretérito, se interrumpía por demanda y se suspendía, por una sola vez, por la constitución en mora del deudor, efectuada en forma auténtica. Esta suspensión sólo tenía efecto durante un año o el menor término que pudiere corresponder a la prescripción de la acción (art. 3986 CCiv, conf.ley 17711). La regla era aplicable en materia Comercial .
El nuevo Código Civil y Comercial (art. 2546) mantiene el criterio del Código Civil de Vélez, aunque con mayor amplitud pues, además de la demanda, inte-rrumpe la prescripción“…toda petición del titular del derecho ante autoridad judicial que traduce la intención de no” abandonar el derecho, “..aunque sea defectuosa, realizada por persona incapaz, ante tribunal incompetente, o en el plazo de gracia previsto en el orde-namiento procesal aplicable”.
Sin embargo, no hubo (ni hay) en nuestro ordenamiento legal otros actos que el acreedor pueda llevar a cabo fuera de la sede judicial que sirvan para inte-rrumpir la prescripción, como ocurre en algunos regímenes del Derecho Comparado .

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Es importante tener en cuenta que las obligaciones que genera el acuerdo preventivo no son mancomunadas pues, si bien el acuerdo se celebra con una plu-ralidad de acreedores, el objeto no consiste en una sola prestación (art. 690 CCiv, ahora: art. 827 CCyC) sino en tantas prestaciones como acreedores y cuotas haya.
Por lo tanto, a diferencia de lo que ocurre con los acreedores que sí están vinculados por la mancomunidad (antes: arts. 695 y 696 CCiv; ahora: arts. 825 y 826 CCyC) los actos de uno solo de ellos dirigidos a interrumpir o suspender la prescripción, no aprovechan a los otros acreedores (antes: art. 3994CCiv; ahora: art. 2549 CCyC).
Así las cosas, la interrupción de la prescripción causada por reclamo judicial no aprovecha sino al quien la ha entablado, y a los que de él tengan su derecho (antes: art. 3991 CCiv; ahora: arts. 851 ap. “e”, 2546 y 2549 CCyC).

Publicado el pasado viernes 12 de mayo de 2017 en Microjuris.