COMPOSICIÓN DEL ACTIVO CONCURSAL: Contrato de leasing. Inmueble en el que la concursada desarrolla su actividad comercial. Improcedencia. Bien intangible conforme al Informe Nº 11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Improcedencia. Readecuación de los honorarios de los profesionales intervinientes en el proceso en el caso de hacerse operativa la opción de compra

“Comercial Frigorífico Puerto Plata SA s/ concurso preventivo” – CNCOM – 04/05/2010

“El contrato de leasing es, en esencia, una operación financiera consistente en facilitar la utilización de maquinarias y equipos a quien carece de capital necesario para su adquisición. Este tipo de operaciones son registradas en las entidades financieras como préstamos, es por ello, que el dador puede reclamar en el concurso del tomador el canon devengado hasta la devolución del bien, el que tendrá el carácter de crédito quirografario. Por lo tanto, difícilmente esta operación financiera pueda constituir un activo cuando es, definitivamente, un pasivo.”

“La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, en su Informe Nº 11, los definió como “…aquellos representativos de franquicias, privilegios u otros similares, que no son bienes tangibles ni derechos contra terceros, y que expresan un valor cuya existencia depende de la posibilidad futura de generar ingresos”, quedando comprendidos dentro de esto los derechos de propiedad intelectual (derechos de autor), las marcas, las patentes, las licencias o franquicias y concesiones, los procesos de investigación y desarrollo, los gastos de organización y reorganización preoperativos, las llaves de negocios, etc. (conf., Arias Caamaño, Fernando A., “El Informe General del Síndico. Análisis actual en orden a las modificaciones introducidas por la nueva legislación”, comentado y supervisado por el doctor Masson, Rogelio Lorenzo, E.D., 6.1.04). O sea, bienes que son susceptibles de generar ingresos por sí mismos, toda vez que se pueden comercializar. Esta situación no se presenta en la especie respecto del inmueble de la calle San Antonio al 1085, en tanto el concursado no resulta ser titular dominial, debiéndose agregarse además, que en el caso de incumplimiento del contrato por parte de éste acarrearía su eventual resolución.”

“En la hipótesis que la concursada ejerciera oportunamente la opción de compra pactada en el contrato de leasing -opción que de conformidad con lo convenido por las partes se hará operativa durante la vigencia del cumplimiento del acuerdo homologado-, correspondería efectuar una readecuación de los estipendios de los profesionales intervinientes en el presente proceso. Sentado ello, corresponde concluir que, ni el contrato de leasing ni el inmueble sito en la calle San Antonio 1085 deben incorporarse al activo de la sociedad concursada; ello porque el primero es un préstamo efectuado por una entidad financiera, y el segundo, porque su titular dominial es otra entidad jurídica distinta a la concursada.”

elDial.com, 16/07/10

SIMULACION. LESION AL CREDITO. CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE CELEBRADO ENTRE FAMILIARES, CONOCIDOS Y AMIGOS. Súbita enajenación de lo adquirido a terceros calificados de buena fe. Operación comercial que tiene como fin sustraer los bienes del patrimonio, impidiendo que sean ejecutados por los acreedores. FRAUDE AL ACREEDOR. Aplicación de los art. 962, 968, 969 y 972 del Código Civil. OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR. Inoponibilidad al actor -acreedor- de las transacciones fraudulentas efectuadas

“Juarros, José Ezequiel c/ Levy, Raúl Jacobo y otros s/ nulidad de acto jurídico” - CNCIV - 26/04/2010

“Martín Erdozain ha manifestado que tanto en la doctrina extranjera como en la nacional la expresión “lesión al crédito” alude al menoscabo patrimonial irrogado al acreedor de una relación obligacional a causa del hecho de un tercero, ajeno a la misma, que perjudica la existencia o exigibilidad del derecho creditorio en cuestión (cf. Erdozain, Martín Luis, “Acerca de la llamada Lesión al crédito”, en Jurisprudencia Argentina, 1968-III, p. 728 y C.N.Civ., sala H, “Interbonos Capital Markets S.A. c/ Toyota Motor Corporation”, del 7/4/05).”

“Se resiente la eficacia del crédito, con su lesión consiguiente, cuando la actividad del tercero se concierta con la del deudor para tornar ilusorio el derecho del acreedor, como en los casos típicos de adquisición simulada para sustraer la cosa a la ejecución de los acreedores, o de adquisición fraudulenta con igual finalidad (cf. Llambías, Jorge Joaquín, Código Civil Anotado, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1984, t. II-B, p. 324).-

“En el caso se ha planteado y resuelto concretamente -además de la simulación- la existencia de fraude al acreedor, de allí que en este pleito el reclamo del actor encuentra fundamento ya sea en la lesión al crédito, ya en el instituto del fraude.”

“Resulta, entonces, aplicable la prescripción del art. 972 del Código Civil en cuanto dispone que el que hubiere adquirido de mala fe las cosas enajenadas en fraude de los acreedores, deberá indemnizar a éstos de los daños y perjuicios, cuando la cosa hubiere pasado a un adquirente de buena fe, o cuanto se hubiere perdido.”

“Explica Zannoni que el citado art. 972 contempla un caso de conversión de la obligación restitutoria en obligación indemnizatoria, subsidiaria y ex lege, que está contenida en los efectos de la acción revocatoria o pauliana (Zannoni, Eduardo A., Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos, Astrea, Buenos Aires, 1986, p. 437).”

“Más allá de las alusiones del pronunciamiento a un supuesto de simulación, entiendo, en coincidencia con el fallo, que confluyen en el caso los requisitos necesarios para tener por configurado un supuesto de fraude a los acreedores previsto en el art. 962 del Código Civil: estado de insolvencia, perjuicio de los acreedores a raíz de los actos cuestionados, crédito anterior a dichos actos.”

“Asimismo, ha concurrido en el caso el ánimo fraudulento y la complicidad de los terceros previstos en los arts. 968 y 969 del citado cuerpo legal.”

“En relación con Marcelo Agustín Yiguerimian, más allá del conocimiento que cabe presumir de la situación de Raúl Jacobo Levy por su admitida relación de amistad con su hijo y por el resto de las sugestivas circunstancias aquí expuestas, advierto que no es cierta su reiterada afirmación en cuanto a que desconocía por completo el crédito que hubiera podido tener el actor contra el codemandado (falsedad que ha de ser valorada a la luz de lo establecido en el art. 163, inc. 5, tercer párrafo, del Código Procesal). Ello es así, no sólo porque del informe registral surge la traba de un embargo en relación con el inmueble de la calle La Pampa, anterior a su adquisición por el nombrado Yiguerimian, decretada en el juicio ejecutivo seguido por el actor contra el demandado Raúl Jacobo Levy, sino también porque la existencia de tal proceso y embargo se desprende del mismo texto de la escritura traslativa de dominio.”

“La venta a familiares, conocidos o amigos, junto con la falta de motivos, la enajenación de una gran cantidad de bienes y la proximidad de los actos con la agresión patrimonial del acreedor, circunstancias todas aquí acreditadas, constituyen las presunciones judiciales que desempeñan un importante rol en materia de fraude (cf. Cifuentes, Santos, Negocio Jurídico, Astrea, Buenos Aires, 2004, p. 696; Mosset Iturraspe, Jorge, Negocios simulados, fraudulentos y fiduciarios, Ediar, Buenos Aires, 1975, t. II, p. 204).”

“En definitiva, por haberse verificado que se ha adoptado un esquema permitido para obtener un resultado prohibido, coincido con la sentencia en cuanto a la configuración de un actuar fraudulento que conduce a la inoponibilidad de las transmisiones efectuadas (pues los sucesivos adquirentes Damián Levy y Marcelo Yiguerimian no pueden ser calificados de buena fe) y a la reparación del perjuicio por el crédito impago en los términos del pronunciamiento.”

elDial.com, 14/07/10

 Pago por subrogación ofrecido por un tercero no interesado. Efectos. Obtención de las mayorías necesarias para hacer saber la existencia de acuerdo. Derecho de los subrogantes. Derecho de voto que se atribuía al acreedor originario

“Fabricaciones Textiles Argentinas SA s/ concurso preventivo” – CNCOM – 19/04/2010

“El pago por subrogación ofrecido por un tercero no interesado encuadra en la llamada “subrogación legal” por lo que el acreedor no podría repudiarlo (arg. arts. 729 y 768 Cpcc.) en tanto resultaría abusivo negarse a recibirlo si de ello se deriva un perjuicio. Desde esa perspectiva no se comparte la referencia efectuada por el Magistrado a quo al art. 730 del Cód. Civ. pues es cierto que dicha normativa se refiere en forma expresa a las obligaciones “de hacer”. En ese marco, y considerando que el caso concreto no existe invocación de fraude, de lo dicho derivará para la concursada la obtención de las mayorías necesarias para hacer saber la existencia de acuerdo. Ello pues, la subrogación, que opera la transmisión del crédito, y proyecta sus efectos independientemente de las voluntades del deudor concursado y de los acreedores originarios.”

elDial.com, 14/07/10

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 Forma en que han de enajenarse los bienes de la quiebra. Resolución judicial. Inapelabilidad. Locatario. Propuesta de mecanismo de venta. Llamado a mejora de oferta. Rechazo. Falta de previsión en la legislación concursal

“Edyma S.A. s/ quiebra s/ queja” – CNCOM – 30/04/2010

“La resolución sobre la forma en que han de enajenarse los bienes de la quiebra, es privativa del juez que entiende en ella y, como principio, inapelable.”

“…el mecanismo de venta propuesto por el apelante -vgr. “mejora de oferta”- no está previsto por la legislación concursal. Si bien la práctica judicial registra su aplicación en procedimientos liquidativos de esta naturaleza, no parece objetable que el juez de la quiebra decida la enajenación en el orden que le impone el artículo 204 L.C.Q., a fin de garantizar la transparencia del proceso liquidativo. A lo dicho se agrega que ningún perjuicio causa al quejoso la decisión que le disconformó, porque nada obsta a que en el quicio de la subasta, él oferte la compra del inmueble.”

elDial.com, 13/07/10

QUIEBRAS. Honorarios profesionales. Abogados. PACTO DE CUOTA LITIS. Pretensión de que el pago del IVA sea soportado por los acreedores verificados que suscribieron el pacto de cuota litis. Improcedencia

“Prestaciones Médico Asistenciales SA s/ quiebra s/ incidente de apelación (por Dres N. Y L.)” – CNCOM – 20/05/2010

“Siendo que los acreedores aquí involucrados y los apelantes acordaron el pago de los honorarios de estos últimos mediante un porcentaje de “los valores” que aquéllos reciban, es claro que los convenios en cuestión configuran pactos de cuota litis, pues se encuentra presente el elemento aleatorio propio de este tipo de convenios. Ello impide que sean considerados como acuerdos de locación de obra simple, como sugieren los quejosos en el memorial, habida que en este último supuesto, lo que se establece es el pago de una suma fija si el pleito es ganado (esta CNCom, esta Sala A, 7/6/89 “Weber Dora c/ S.A.D.E. Soc. Americana de Electricidad SA s/ sumario s/ inc. de ejecución de pacto de cuota litis”).”

“Si el profesional ha suscripto con su cliente un pacto de cuota litis, no corresponde que este último abone el I.V.A. por la suma que ha de percibir el letrado en función del referido convenio; la aplicación del criterio contrario conduciría a que los acreedores tuvieran que abonar, en definitiva, más que lo compremetido contractualmente, debiendo tenerse presente, además, que en el marco del pacto bajo examen, los letrados son, en tanto prestadores de servicios gravados, los sujetos pasivos del tributo, sin que corresponda trasladar esa obligación al cliente no condenado en costas (esta CNCom., Sala Integrada, 21.06.04, “Del Norte SA c. Autolatina Argentina SA s. Ordinario”; en igual sentido, CNCiv., Sala D, 29.10.99, “Duarte Silvia Leonor c. Centro Materno Infantil Textil María Eva s. Sumario”).”

elDial.com, 13/07/10

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CONCURSOS y QUIEBRAS. Apertura del CRAMDOWN. Art. 48 Ley 24.522. Norma de carácter imperativo. No resulta disponible por la concursada el trámite del proceso concursal. PEDIDO DE QUE SE DECRETE LA PROPIA QUIEBRA. Improcedencia

“Productos Textiles S.A. s/ concurso preventivo s/ incidente de apelación art. 250 CPCC” – CNCOM – 13/05/2010

“La deudora pretende la declaración de su quiebra, sin que previamente se abra el procedimiento establecido por el Art. 48 LCQ, fundando su pretensión en la preservación de la empresa y de los activos de ésta. No se advierte pertinente el argumento esbozado por la recurrente pues no puede obviarse que la finalidad de la quiebra es justamente la realización inmediata de los activos de la sociedad. Es cierto que el juez del concurso puede, si se dan los presupuestos del art. 189 LCQ, ordenar la continuación de la empresa y aún la enajenación de ésta en marcha, sin embargo no se aprecia que aún en este supuesto se pudiera evitar la circunstancia aludida por la concursada, esto es, que ciertos acreedores se hagan con dichos activos. Sentado ello, se comparten los fundamentos de la Sra. Fiscal General en cuanto a que no resulta disponible por la concursada el trámite del proceso concursal.”

“Aún en casos como el de autos, en donde se rechazó la homologación de la propuesta primigeniamente formulada, otorgándole a la concursada un nuevo plazo para su reformulación y consiguiente aceptación por los acreedores, el pedido de propia quiebra al vencimiento de ese nuevo lapso, con la única finalidad de frustrar el mecanismo de salvataje expresamente contemplado en el art. 48 por la ley concursal -ordenamiento de naturaleza iuspublicistica-, resulta improcedente.”

“El sistema del art. 48 LCQ está plasmado en una norma de carácter imperativo, tanto para los sujetos del cramdown como para el juzgador, sin que sea menester instancia de parte para ordenar, tanto su apertura y como su desarrollo.”

“La sociedad concursada no puede oponerse a la apertura del procedimiento, requiriendo su propia quiebra, ni el juez denegarla.”

“Por tales razones, no se advierte procedente la pretensión de la concursada de saltear el procedimiento expresamente contemplado por la ley concursal y que se proceda derechamente al decreto de quiebra.”

elDial.com, 08/07/10

 Incidente de incompetencia deducido por la fallida. Presentación extemporánea. Iniciación una vez transcurrido el plazo previsto por el Art. 100 de la Ley 24.522

“Saint John Hilda Ines s/ quiebra (inc. de apelacion)” – CNCOM – 09/04/2010

“El incidente de incompetencia deducido por la fallida ha sido iniciado tardíamente, esto es una vez transcurrido el plazo contemplado por el art. 100 de la LCQ. En el caso, ese lapso (cinco días) hay que calcularlo desde que la aquí recurrente tomó conocimiento -o estuvo en condiciones de tomar conocimiento- de la existencia del decreto de quiebra.”

“…A tal circunstancia se añade, como dato corroborante del criterio de que esta quiebra debe seguir su trámite en esta jurisdicción, que se halla en un avanzado estadio procesal, ya que se presentaron los informes del síndico suministrados en los términos de los arts. 35 y 39 de la LCQ, mediando resolución verificatoria.”

“En la causa hay indicios graves de que la principal actividad económica de la fallida se vinculó con negocios llevados adelante en esta jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires, aun cuando en determinado momento haya instalado un negocio (agencia de venta de pasajes) también en la provincia de Buenos Aires. Ello conduce a mantener la competencia del juzgado de este Fuero (art. 3, inc. 2, LCQ). Si se entendiera que se dio en la especie una situación de duda acerca de cuál es el juez territorialmente competente, hay que resolverla en el sentido de considerar tal al tribunal comercial que ya viene interviniendo en autos (art. 3, inc. 2, cit.).”

elDial.com, 06/07/10

 Emplazado de quiebra. Ofrecimiento a embargo de un rodado. Valor inferior a la cuantía de la deuda invocada. Depósito de la suma necesaria para cubrir la brecha de valores existente entre el automotor y la liquidación pretendida por el accionante. Idoneidad del ofrecimiento como indicio grave de la ausencia de un estado de cesación de pagos. Rechazo del pedido de quiebra

“Valle Nestor Alberto s/ pedido de quiebra por (Jordan Morrison SRL)” – CNCOM – 09/04/2010

“La ley concursal persigue como fin prioritario, no la liquidación de los bienes del deudor, sino evitar la declaración de quiebra, fin perseguido por casi todas las legislaciones concursales del mundo. Es por eso que, como tiene dicho esta Sala en no pocos antecedentes, declarar la quiebra podría equipararse a un medio alternativo de la ejecución individual, siendo el cobro de la deuda posible aún por vías distintas a la ejecución colectiva (v. resolución del 23.3.10, en “Scrigna, Jorge Alberto s/pedido de quiebra por Albornoz, Graciela” [Fallo en extenso: elDial - AA5F47] , entre otros).”

“Desde tal perspectiva, aun cuando es cierto que no se cuenta en autos con una constatación del valor económico del rodado ofrecido a embargo, tampoco hay elementos que hagan dudar con un razonable fundamento de la idoneidad de tal ofrecimiento como indicio grave de la ausencia en el caso de un estado de cesación de pagos.”

“…como constancia objetiva presente en el expediente, obra a fs. 141 una boleta de depósito por $7.161,53, monto desembolsado por el requerido de quiebra con el fin de cubrir la brecha de valores entre el del automotor y la liquidación pretendida por el accionante. Entre el valor del vehículo y el del depósito quedaría cubierto el monto pretendido de cobro por la firma peticionante de la falencia.”

“…la sumatoria del embargo y del depósito echan severas dudas sobre la imputación de un estado de cesación de los pagos.”

elDial.com, 05/07/10

]]> http://www.blogdesindicatura.com.ar/2010/09/09/pedido-de-quiebra-2/feed/ http://www.blogdesindicatura.com.ar/2010/09/09/contrato-de-locacion-restitucion-de-inmueble-a-su-titular-dominial/ http://www.blogdesindicatura.com.ar/2010/09/09/contrato-de-locacion-restitucion-de-inmueble-a-su-titular-dominial/#comments Thu, 09 Sep 2010 19:13:41 +0000 María Luisa Benítez Jurisprudencia http://www.blogdesindicatura.com.ar/2010/09/09/contrato-de-locacion-restitucion-de-inmueble-a-su-titular-dominial/ QUIEBRAS. CONTRATO DE LOCACIÓN. Restitución de inmueble a su titular dominial. Fallida que no ostenta la posesión del bien. Inaplicabilidad de los Arts. 138 y 188 de la Ley 24.522. INCOMPETENCIA DEL MAGISTRADO CONCURSAL para disponer la restitución de un inmueble sujeto a un contrato de locación en el cual la fallida no es locadora ni locataria

“Raf Argentina SRL s/ quiebra – CNCOM – 19/05/2010

“El objeto de la acción de separación prevista en la LCQ 138 comprende exclusivamente a las cosas que se encontraban en posesión del fallido “al tiempo de la quiebra”, tal como lo expresa el art. 188 (Heredia, P., ob. cit., t. 4, p. 980 ). Tal circunstancia no se halla configurada en el sub lite ya que se encuentra incontrovertido que el inmueble cuya restitución se persigue no resulta ser propiedad de la fallida, pero también que la quebrada no ostenta la posesión del bien.”

“Si bien la clausura preventiva del inmueble fue dispuesta por el juez del proceso falimentario, lo cierto es que tal medida se dispuso en el marco de un incidente de investigación promovido por la sindicatura con el solo fin de resguardar ciertos bienes muebles que podrían integrar el patrimonio de la deudora. En tal contexto, júzgase que las relaciones entre el locador y el locatario -ambos ajenos a este proceso universal-, no pueden ventilarse y resolverse en el trámite de autos, sino que deberán, en su caso, dirimirse por la vía pertinente y ante los estrados competentes. En todo caso, el magistrado concursal podrá, si así lo considera, disponer el levantamiento de la clausura oportunamente dispuesta, mas no disponer la restitución del inmueble sujeto a un contrato de locación en el cual, reitérase, la fallida no es locadora ni locataria.”

“La solución prevista en la LCQ 138 recibe aplicación solamente en materia de locación de cosas muebles, pues tratándose de arrendamiento de inmuebles, como en el caso, la cuestión queda aprehendida por la LCQ 157: 2° a 4° (Heredia, ob. cit. t.4, p. 988).”

Citar: [elDial.com - AA6272], 03/08/10 

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“Kachmaryk, Daniel s/ Quiebra” - CÁMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE MAR DEL PLATA (Buenos Aires) - 24/08/2010

“El art. 236 de la L.C.Q. dispone que la inhabilitación del fallido, cesa “de pleno derecho” al año de la fecha de la sentencia de quiebra, o en que quede firme la resolución que fija el momento inicial del estado de cesación de pagos (art. cit. de la ley 24.522).”

“La Corte Suprema de la Nación -en reciente fallo-, ha establecido que el cese de la inhabilitación del fallido opera automáticamente, sin necesidad de resolución judicial, salvo que se configuraran los supuestos de reducción o prórroga al que alude el art. 236 de la L.C.Q. (C.S.J.N.; in re “Barreiro, Angel s/quiebra” del 2/2/2010 -por mayoría-; en el mismo sentido: Cam. Nac. Com., Sala D in re “Lynch, J.M. s/quiebra” [Fallo en extenso: elDial.com - AA4A48] del 5/6/2008, pub. en La Ley Online; Cfr. Garcia, Silvana M., Régimen de inhabilitaciones por quiebra, Edit. La Ley, Cdad. de Bs. As., 2002, pág. 68 y ssgtes.).”

“El fallido adquirió, la posesión de los bienes que componen el acervo hereditario desde del día del fallecimiento de su padre, hecho acaecido luego de haber transcurrido el lapso anual computado desde la fecha de la sentencia de quiebra. En consecuencia, y valorando que el desapoderamiento de los bienes del fallido no puede ir más allá de los bienes existentes a la fecha de la declaración de quiebra y a los adquiridos hasta su rehabilitación, entendemos que el decisorio en crisis se encuentra ajustado a derecho (arts. 236 y 107 de la ley 24.522).”

“El mencionado artículo 236 de la L.C.Q. en su 3er. párrafo establece que la inhabilitación se prorroga o retoma su vigencia si el fallido es sometido a proceso penal, trasladando dichos conceptos al sub lite, advertimos que, a la fecha, no se ha procedido a decretar la clausura del procedimiento, ante lo cual, hasta tanto ello suceda no podemos afirmar que el fallido se encuentre inmerso en la presunción de fraude establecida por los arts. 232 y 233 de la ley 24.522 y prorrogar la inhabilitación de éste.”

Citar: [elDial.com - AA6261], 02/09/10 

“Barreiro, Ana Laura s/ pedido de quiebra promovido por Estigarribia Miriam” - CNCOM - 16/06/2010

“En efecto, los fallos sucesivos en diverso sentido de una misma Sala resultan inidóneos para fundar el recurso sub examine ya que sólo importan un cambio de criterio que excluye cualquier contradicción doctrinaria.”

Citar: [elDial.com - AA625D]

Publicado el 01/09/2010

“Transportes Metropolitanos Belgrano Sur SA. s/ pedido de quiebra (por Chejo Carlo Jorge)” – CNCOM – 03/06/2010

“De acuerdo con las normas de la ley concursal, los concursos mercantiles deben tramitarse ante los jueces con competencia ordinaria en lo comercial que resulten competentes en razón del territorio. Así, tratándose de una sociedad comercial, regularmente constituida, entiende el juez del lugar del domicilio social inscripto, que fija su asiento legal subsistente, a todos sus efectos, mientras su modificación no sea debidamente asentada por ante la autoridad de registro.”

“Si bien durante la secuencia fáctica de esta causa comenzó por parte de la sociedad demandada el iter del cambio de su sede social a otra jurisdicción, no es menos cierto que al promoverse esta petición falencial su domicilio figuraba registrado en esta Ciudad siendo el centro de su administración y de su vinculación con sus acreedores. Además, su citación fue instrumentada -con éxito- en ese lugar pues, por aquél entonces, los datos inscriptos ante la IGJ aún no habían sido dados de baja.”

“…Al tiempo de iniciación de esta petición de quiebra aquélla aún poseía domicilio social inscripto en esta jurisdicción, con lo cual, al tiempo del emplazamiento, que fija la actuación procesal de la sociedad requerida, aún se encontraba la sede de la administración de sus negocios, en esta Ciudad. En esas condiciones, luce razonable que el proceso siga su tramitación en este ámbito jurisdiccional (cfr. esta CNCom., Sala B., in re: “Jovis S.R.L pedido de quiebra promovido por Banca Nacionale del Lavoro S.A”, del 14.3.06; Sala B., in re: “Microómnibus Norte S.A s. pedido de quiebra por Aguilera Carlos”, del 05.9.07; Sala E., in re: “Zanella Hnos y Cía SA pedido de quiebra por Gustavo Adrián Galanter”, del 25.3.09).”

Citar: [elDial.com - AA6228], 31/08/10 

“Prophos SA s/ concurso preventivo s/ incidente de verificación (por D. B. S. R. y otro)” – CNCOM – 15/06/2010

“El art. 75 CPCC prescribe que en los casos de litisconsorcio las costas se distribuirán entre los litisconsortes, salvo que por la naturaleza de la obligación correspondiere la condena solidaria.”

“No existe solidaridad en la imposición de costas, ya que como principio general, cada litisconsorte actúa independientemente, por lo que las costas se distribuyen según el resultado que cada uno obtenga en la sentencia. Tal postulado, tal como se indicó en el fallo impugnado, se conforma con el derecho de fondo -arts. 674, 691 y 700 CCiv.-, que establece que la solidaridad -para que exista como tal- debe surgir de la ley, de la voluntad de las partes o de decisión judicial, en forma explícita. Caso contrario, la correspondiente obligación deberá considerarse simplemente mancomunada (esta CNCom, esta Sala A, 03.09.09, “Achaval Rodríguez Alejandro José y Otros c. Ideas Cellular Argentina SA s. despido”; íd., 30.09.09, “Dana Carlos Miguel Aimar c. Juncal Compañía de Seguros SA y Otros s. Ordinario”; íd., Sala B, 30.09.03, “Parada Rojas Jorge Enrique y otros c/ Cooperativa Gaucho Rivero de Trabajo Ltda. s/ sumario).”

“El importe de la condena en costas se divide por el número de litisconsortes, y cada uno de ellos es individualmente responsable por el pago de la correspondiente fracción, siendo admisible la responsabilidad solidaria solamente en el supuesto de que también tenga ese carácter la derivada de la obligación controvertida en el proceso (esta CNCom, esta Sala A, 19.07.07, “Ticafin S.A. s/ quiebra s/ incidente de verificación por Profim Cia. Finac”).”

“El art. 31 LCT establece que las empresas que constituyan un conjunto económico de carácter permanente serán, a los fines de las obligaciones contraídas por cada una de ellas con sus trabajadores, “solidariamente responsables”, mas siempre y cuando “hayan mediado maniobras fraudulentas o conducción temeraria”.”

“La condena respecto de ambas sociedades no halló fundamento en que estas últimas no fueran jurídicamente diferentes, no tuvieran personalidad jurídica propia o que hubieran sido constituidas con el objeto de aparentar figuras jurídicas no laborales (véase Altamira Gigena, “Ley de Contrato de Trabajo”, T° I, p. 282 y ss.), sino en que el trabajador prestó servicios para ambas empresas, quienes le pagaban el salario en partes iguales, es decir, en la existencia de una suerte de “empleador múltiple”.”

“En este marco, ha de tenerse presente que aún en este último supuesto la operatividad de la solidaridad consagrada por la norma analizada se encuentra supeditada al carácter permanente del grupo y, fundamentalmente, a la acreditación de maniobras fraudulentas o conducción temeraria (Vázquez Vialard Antonio, “Ley de Contrato de Trabajo”, T° I, p. 336), extremos que, se reitera, no fueron declarados por la sentencia laboral.”

“Ello, sumado a la ausencia de pronunciamiento judicial expreso en el sentido pretendido, la solución adoptada en la anterior instancia en punto al carácter mancomunado de las obligaciones objeto de esta verificación, no se evidencia pasible de reproche alguno.”

Citar: [elDial.com - AA622C], 30/08/10

CONCURSO PREVENTIVO. Pedido de autorización de bien inmueble (cochera). Destino de los fondos: Actividad profesional del concursado y pago de cuota concordataria. Conformidad de la sindicatura. Acuerdo preventivo homologado. Concurso concluido. Mantenimiento de la inhibición general de bienes. Art. 59, 2° parr. Ley 24.522. Procedencia de la autorización. Control del síndico

“Bulcourf de Racana Fernanda Elena s/ concurso preventivo” – CNCOM – 25/06/2010

“La concursada ofrece destinar parte de los fondos que se obtengan de la venta a constituir una garantía para el cumplimiento de las cuotas concordatarias, lo cual se compadece con el régimen del art. 59 de la LCQ y justifica que se adopte un mecanismo de control del destino de los fondos, que se colocará a cargo del síndico.”

“A priori el juez concursal no puede determinar con certeza qué grado de cumplimiento tendrá el acuerdo, pero la ley concursal alienta, no sólo la satisfacción de los créditos, sino también evitar la quiebra, dos finalidades que pueden conjugarse autorizando que la deudora obtenga fondos de su propio capital para cancelar sus obligaciones derivadas del acuerdo. Ello importaría, además, evitar el financiamiento por vía del crédito, que podría menoscabar las posibilidades de superación del estado de cesación de pagos.”

“La deudora no se encuentra fallida, por lo tanto no puede considerarse que pese sobre ella una inhabilitación que disminuya su capacidad civil para contratar (conf. art. 1160, in fine, Cód. Civil).”

“En tales condiciones, estímase razonable y prudente autorizar la venta, sin perjuicio del mantenimiento de la inhibición general de bienes durante el tiempo del cumplimiento del acuerdo, salvo el levantamiento que deberá ordenar la Sra. juez de primera instancia al solo efecto de la venta aquí autorizada.”

Citar: [elDial.com - AA6223], 27/08/10

CONCURSO PREVENTIVO. Verificación. Derecho Marítimo. Art. 476 inc. “c” de la Ley 20.094. CRÉDITOS ORIGINADOS EN LA FALTA DE PAGO DE PEAJE. Utilización de tramo concesionado de vía navegable. Servicio prestado por una persona jurídica privada. PRIVILEGIOS. Art. 241 inc. 6° de la Ley 25.522

“Yacimientos Carboníferos Río Turbio SA s/concurso s/ incidente de verificación (por Hidrovia SA)” – CNCOM – 22/06/2010

“La ratio iuris del art. 476 inc. c) de la ley 20.094 -cuyos antecedentes inmediatos reconoce en las Convenciones de Bruselas de 1926 y 1967-, comprende todo tipo de prestaciones, sean créditos por servicios, aprovisionamientos, o desembolsos en favor de la navegación o explotación comercial del buque, sin consideración a que el prestador del servicio sea una persona pública o privada, o se trate de un precio, tasa o tarifa.”

“Con tal comprensión interpretativa, debe reconocerse el privilegio especial del art. 241 inc. 6° LCQ a los créditos originados en la falta de pago del peaje, en tanto se corresponde con servicio prestado por el concesionario, en el marco de la obra pública por dragado y balizamiento de la vía navegable utilizada.”

Citar: [elDial.com - AA6226], 27/08/10

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